Se defiende y legitima al mercado, regulándolo

No hay, no puede haber separación de la economía de la política porque el mercado es una institución social.  «Es en las comunidades que compartimos los principales riesgos de la vida económica. Las interacciones sociales entre los individuos —dice John Kay— no son alternativas a las relaciones de mercado: son los medios mediante los cuales las relaciones de mercado funcionan  (véase The Truth About Markets, 2003). No entender que esto es así, daña la legitimidad social y política del mercado.

Tampoco puede haber una reforma política orientada a fortalecer la democracia, sin cambios en la manera cómo se crece, cómo se acumula capital y cómo se distribuye la riqueza que se produce. Los mercados autorregulados generan asimetrías de poder que luego se traducen en injusticias sociales que los deslegitiman. Estas asimetrías, por un lado, permiten la extracción de rentas de los consumidores mediante colusión de precios o su fijación con márgenes de ganancia que reflejan la existencia de un alto poder de mercado y, por otro, dan lugar a una distribución desigual del ingreso.  En consecuencia, el mercado autorregulado al generar condiciones para el ejercicio arbitrario del poder económico y político, puede afectar las condiciones de vida de la sociedad en su conjunto y erosionar la democracia. 

La defensa de la institución del mercado

Pero no se puede rechazar la institución del mercado, sobre todo en un país como el nuestro donde faltan mercados. Los mercados permiten la generación descentralizada de bienes y servicios que sirven al bienestar de la población. «Nosotros podemos alcanzar nuestros objetivos personales o de grupo —dice John Kay— sólo a través de nuestras relaciones con los demás». En este sentido el desarrollo de los mercados puede contribuir también al fortalecimiento de la democracia.

Esto es precisamente lo que buscó el consenso keynesiano de post guerra que permitió un crecimiento continuo desde la segunda mitad de la década de 1940 hasta 1973. Angus Madison llamó a este período el Golden Age de las economías de mercado. ¿Por qué? Porque el ingreso per cápita creció entre 1950 y 1973 en cerca de 3% promedio anual (véase «Growth and Interaction in the World Economy: The Roots of Modernity», 2005).

El Golden Age fue el período en el que, según Paul Krugman, el compromiso entre la democracia y la economía de mercado le otorgó dos papeles al Estado: a) velar por los equilibrios macroeconómicos; y, b) enfrentar las injusticias sociales generadas por el funcionamiento del mercado (véase «The Conscience of a Liberal», 2009). Para este consenso, entonces, defender la economía de mercado significó optar por su regulación con el objetivo de minimizar las externalidades negativas que genera su funcionamiento.

Lo que ocurrió después del Golden Age es conocido por todos. Se impuso el neoliberalismo en el mundo con la creencia de que el desmantelamiento de las regulaciones reduciría la volatilidad de la producción. Se argumentó que las economías de mercado avanzadas habían entrado a un período que algunos llamaron de la Gran Moderación, pero esta afirmación se fue al traste con el pánico financiero de finales del año 2007 y la crisis económica de 2008 cuyas consecuencias aún persisten.

La necesaria regulación de los mercados

En nuestro país las políticas neoliberales acentuaron las externalidades negativas del funcionamiento autorregulado de los mercados (la pobreza, el subempleo, la informalidad, la degradación ecológica, el poder de dominio y el rentismo,  etc.) que —prestándonos la expresión de Eric MacGilvray, 2012— diríamos que ahora se han convertido en «asuntos de  interés público prioritario». No se puede abandonar, entonces, la regulación de los mercados.

Por ejemplo, es urgente que se regulen las fusiones y adquisiciones empresariales para terminar con las concentraciones, monopolios o cuasi monopolios que, por su práctica rentista, afectan a los consumidores, impiden la entrada de nuevos competidores y generan posiciones de dominio que debilitan a la democracia.  Será muy bueno que esta vez se propicie un intenso debate sobre el proyecto de ley respectivo, que ya ha sido anunciado por algunos congresistas. (Véase La República, 03-10-2016).

Debe ponerse en discusión sus principios generales y su modalidad de control preventivo; los modelos de fusiones, integraciones y adquisiciones; la conveniencia o no de un tratamiento diferenciado por tipo de actividades (por ejemplo, servicios financieros vs comercio de alimentos y bebidas); los niveles de participación en el mercado; la autonomía relativa de INDECOPI y su blindaje para impedir su captura por el poder económico (prohibir la política de puerta giratoria); etc. Hay actividades diversas donde se requiere este tipo de regulaciones: el mercado financiero; los medios de comunicación; las AFP; los seguros donde se practica el control vertical que encarece las medicinas y perjudica a los asegurados (véase nuestro artículo del 08/06/2013); el expendio de bebidas y alimentos, etc. Este tipo de regulación, al fomentar la entrada de nuevos competidores al mercado, también fomenta las innovaciones y la creación y expansión de los mercados.  Los mercados concentrados y monopólicos fomentan el rentismo o extractivismo, es decir, la extracción de ingresos y recursos, sin innovaciones ni aumentos genuinos de competitividad.

En general, la regulación es la mejor defensa del mercado. Como señala John Kay «para que los mercados sobrevivan y evolucionen, la estructura de sus instituciones debe tener legitimidad. En ausencia de dicha legitimidad, los ricos se disputan los derechos de propiedad en los tribunales, y la gente pobre lo disputan en las calles. Y si no hay una aceptación general de la justicia de la distribución del ingreso y la riqueza, el poder político se disputa en formas que impiden el desarrollo económico eficaz».

 

 

 

Publicado en el Diario UNO, el sábado 8 de octubre.

Política Económica y Producto Potencial

Las consecuencias de la crisis financiera global de 2008 han originado un intenso debate sobre los efectos de los shocks adversos en el PBI de largo plazo. Diversas investigaciones para los países avanzados muestran que las recesiones impactan negativamente en el PBI tendencial o potencial y que las brechas del producto se cierran con la revisión hacia abajo del producto potencial más que mediante el rápido crecimiento que se piensa podría ocurrir después de la recesión. No se cumple la idea de que el PBI retorna a su nivel potencial previo al shock. La consecuencia es que las predicciones del PBI son revisadas a la baja. Los shocks tienen efectos permanentes. Por lo tanto, se puede decir que los shocks adversos de demanda tienen efectos permanentes porque impactan en el producto de largo plazo. (Véase: Haltmaier; 2012; Reifscheneider, 2013; Ball, 2014; Fatás y Summers, 2015; Martin, Munyan y Wilson, 2015).

Los economistas del «mainstream» han sostenido que el producto tiene una tendencia estacionaria; es decir, que al quitarle su tendencia o evolución de largo plazo, lo que queda es un proceso puramente estacionario. Esta idea es parte de la teoría macroeconómica  dominante en el Estados Unidos. Se sostiene que  el comportamiento de las familias y empresas depende no solo de las condiciones económicas actuales, sino de los que ellas (las familias y empresas) esperan que ocurra en el futuro. Pero como dice Blanchard (2014) en su artículo «Where Danger Lurks», comentando críticamente la concepción sobre las fluctuaciones de esa teoría: «El futuro esperado depende en parte de las decisiones actuales o corrientes. […] Pequeñas perturbaciones [exógenas o de política] pueden tener grandes efectos adversos o podrían dar lugar a depresiones largas y persistentes».

El producto potencial y la política económica

Los shocks que desatan las fluctuaciones no se autocorrigen y tienen efectos de largo plazo; dependiendo de su intensidad. Hay varias razones que explican por qué las recesiones —y, en general, las políticas económicas que se aplican en el período corriente— impactan negativamente en el producto potencial o de largo plazo. La más importante, sin embargo, para propósitos de nuestro artículo, es la caída de las inversiones que, al desacelerar la acumulación de capital o limitar su expansión, impactan negativamente en el crecimiento de la capacidad productiva y, por lo tanto, del producto potencial.

Pero esta relación entre las fluctuaciones y el producto potencial, ha puesto en evidencia otro hecho que los economistas que no pertenecen al «mainstream» ya sabían desde hace tiempo. Esto es, que  las políticas económicas que practican los países, en especial, los países como el nuestro, pueden retrasar o acelerar el crecimiento económico y, por lo tanto, pueden determinar el comportamiento del producto potencial o de su tendencia a largo plazo.

La década perdida de América Latina (las década de 1980) es un ejemplo de esta afirmación. Las políticas de austeridad que privilegiaron el pago de los servicios de la deuda externa y afectaron negativamente los gastos de inversión en infraestructura, en salud y educación, afectaron el crecimiento del producto potencial. Por eso aumentó el subempleo y se aceleró la informalidad, agravando los problemas estructurales de nuestras economías. Los que patrocinaron estas políticas (FMI y Banco Mundial) nunca imaginaron a tiempo las soluciones a nuestros problemas y sólo cuando se produjo la crisis asiática y rusa, algunos economistas empezaron a hablar del pecado original que nuestros países habían cometido al endeudarse en moneda extranjera y en los mercados internacionales. Y, sin embargo, no innovaron nada en materia de política macroeconómica.

¿No hay espacio para una política fiscal expansiva?

Hoy, los herederos criollos de esta ideología económica dan consejos fiscales pontificando que no se debe sobredimensionar el espacio fiscal actual para hacer política expansiva. No caen en la cuenta, por ejemplo, que la apreciación cambiaria propiciada por el Banco Central desde agosto de 2006 y reforzada con la enfermedad holandesa asociada a la exportación primaria, redujeron tremendamente el mercado interno para la producción manufacturera, agroindustrial y agropecuaria orientada al mercado interno; y, que así se limitó la inversión en maquinaria y equipo en estos sectores. En el período de oro del crecimiento (2003-2013), las inversiones en construcción siguieron siendo las dominantes.

Hay varios economistas, incluyendo al propio ministro de economía Alfredo Thorne,  que dicen  que el producto potencial está creciendo a 3.5% anual. Si el PBI —como señalan las estadísticas— está creciendo a la tasa de 4% anual, entonces estamos camino al sobrecalentamiento de la economía. ¡Qué les parece!  ¿Será esta la razón por las que se ha aconsejado la política fiscal de austeridad gradual?

Lo que muestran los estudios mencionados anteriormente es que cuando se produce una fuerte desaceleración económica, la brecha del producto tiende a cerrarse mediante la reducción del producto potencial o del producto tendencial. Y, cuando esto ocurre, puede errarse en el diseño de la política económica y, con ello retrasar aún más la transformación productiva que requiere nuestro país para disminuir el peso del liderazgo primario exportador en el crecimiento. Y esto, sin duda, precisa de una replanteamiento de la políticas macroeconómicas para hacerlas funcionales a la transformación productiva. Sobre esto he escrito varios artículos con el título «Repensando la política económica para el Perú del siglo XXI».

 

 

Publicado en el Diario UNO, el sábado 1 de octubre

Hay otra manera de hacer política fiscal

Alfredo Thorne tiene la oportunidad de pasar a la historia. Él puede ser el iniciador del cambio estructural y de la modernización que requiere nuestro país. Es verdad que para diversificar el aparato productivo (estimular el desarrollo industrial y agroindustrial) no es suficiente la política fiscal, pero es necesaria y puede desatar un proceso que obligue a los otros sectores y al BCR a actuar. Veinticinco años de crecimiento primario exportador no han servido para resolver los problemas estructurales de nuestra economía. El actual estancamiento internacional debe ser, entonces, una oportunidad para reducir su dependencia de las fluctuaciones de los términos del intercambio, mediante un proceso de diversificación productiva que puede empezar con el desarrollo de mercados internos. «No hay que olvidar que el problema central en países con escaso desarrollo industrial y agrícola como el nuestro no está en la magnitud de la inversiones privadas domésticas, sino en la orientación de su asignación» (véase nuestro artículo del 01/08/2015).

 

Política fiscal y estímulo a la inversión privada nacional

 

La política fiscal puede jugar un papel fundamental para orientar la asignación de la inversión privada nacional hacia la diversificación productiva. Lo puede hacer mediante un plan multisectorial de inversiones de mediano y largo plazo en infraestructura económica y social (ferrocarriles, carreteras, represas y canales de riego, puertos, aeropuertos, institutos tecnológicos, hospitales, policlínicos, colegios, agua y desagüe,  electrificación, etc.), desde una perspectiva macro regional y bajo un nuevo ordenamiento territorial. La historia económica enseña que este tipo de inversión pública  es «el mejor mecanismo de atracción de la inversión privada nacional y de creación de mercados internos».

 

Optar por este plan significa reorientar el gasto del Estado priorizando las inversiones. Con este fin se debe introducir la Regla de Oro de la política fiscal, según la cual el endeudamiento del gobierno debe destinarse a financiar solo el gasto de inversión y no el gasto corriente. (Véase capítulo IV de mi libro Reglas y Sostenibilidad de la Política Fiscal, 2008). Ciertamente, no todo el presupuesto de los planes de inversión debe ser financiado con endeudamiento público. En el plan también se debe determinar los proyectos de inversión que requieran de las asociaciones público privadas (APP), con criterios de evaluación de sus efectos distributivos y fiscales. Es indispensable que se determine una unidad especializada dentro del MEF responsable del banco de información y de la evaluación (ex ante y ex post) de los respectivos contratos. (Sobre este tema véase Germán Alarco, Ventajas y desventajas de las APP en América Latina. 2015)

 

El otro mecanismo con el que cuenta el MEF para reorientar su política fiscal hacia el cambio estructural, es el mercado de deuda pública doméstica. El ministro Thorne ya dio una buena señal. Ha dicho que «retirará hasta US$ 6,000 millones de deuda externa en dólares para cambiarla a deuda interna en soles, mediante prepagos, intercambio o canje de deudas y recompras de deudas». Esta operación, como ha explicado Thorne, permitirá «enfrentar de una manera más sólida la posible subida de tasas de la Reserva Federal».

 

La deuda externa (US $  24,671 millones) representa, al 30 de junio de este año, el 55% del total. Esto quiere decir que 55% de la deuda pública está expuesta al riesgo cambiario. Cuando el precio del dólar sube, se requiere más soles para pagar un mismo monto en dólares de servicio de la deuda externa. En realidad el ministro debería contemplar la posibilidad de un plan de sustitución de deuda externa por interna cuyo objetivo sea reducir al máximo el peso de la deuda en dólares y de esta manera liberar recursos (soles) para inversiones. Esto implica no endeudarse más en dólares. Se debe desistir, entonces, de la propuesta de emisión de deuda en dólares por US$ 1,769 millones en el año 2017. «Un gobierno que pueda emitir deuda en su propia moneda —dice Robert Skidelsky— puede fácilmente mantener tasas de interés bajas».

 

En consecuencia hay que darle mayor impulso al programa de creadores de mercado de deuda pública doméstica; hacerlo más líquido y profundo, para contribuir con el desarrollo, en el mismo sentido, del mercado de capitales. Por su parte, el mercado de capitales debe reformarse para darle prioridad a las transacciones en moneda local y para facilitar la emisión de deuda por parte de las empresas medianas y pequeñas, bajo determinadas condiciones. El ministro dice que se «buscará un rol más protagónico del Banco de la  Nación, de COFIDE, de AGROBANCO, y del Fondo mi Vivienda». De acuerdo. Pero sobre la base de esta política, COFIDE, por ejemplo, puede garantizar la emisión de deuda en soles por parte de las pequeñas y medianas empresas (agroindustriales y manufactureras), para modernizar sus procesos de producción y aumentar su productividad. Esta es la mejor manera de caminar hacia la formalización.

 

Lo que no debe hacer el Ministro

 

En primer lugar, el ministro debe olvidarse por un tiempo de la reducción del IGV y gestionar la derogatoria inmediata de la Ley que dispone la disminución del Impuesto a la Renta. En segundo lugar, debe concentrase en el combate a la evasión y elusión tributaria. El particular debe gestionar la puesta en vigencia de la Norma XVI introducida por el Decreto Legislativo 1121 de julio de 2012 para combatir la elusión. Es una norma contra el uso de artificios legales para dejar de pagar impuestos y faculta a la SUNAT a revisar ejercicios fiscales del año corriente y hasta 4 años anteriores. Como nos recuerda Claudia Cisneros, la norma es importante «porque el Perú está decidido a entrar al club de ricos de la OCDE y el combate contra la elusión fiscal es un requisito» (CC: La Republica, 11-09-2016).

 

En tercer lugar, el ministro no tiene por qué sujetarse a la trayectoria del déficit público recomendada por el Consejo Fiscal. Se tiene que revisar la metodología de cálculo del resultado fiscal estructural. Las políticas aplicadas en los últimos veinticinco años han modificado la estructura del aparato productivo y afectado al producto potencial. La economía es menos agrícola e industrial y más productora de servicios de baja productividad (que concentra el grueso de la PEA de baja calificación); y, ha perdido mercado interno por la masiva penetración de importaciones. La especialización primario exportadora afectó negativamente al producto potencial y a su tasa de crecimiento, al sesgar la inversión hacia la construcción y la extracción minera.

 

La disminución relativa de la inversión en maquinaria y equipamiento, contrajo la tasa de acumulación de capital no residencial, bloqueó el desarrollo de actividades que promueven avances tecnológicos y, por lo tanto, afectó negativamente al producto potencial. No hay que olvidar que la política económica puede retrasar o acelerar el crecimiento económico y, por lo tanto, que «las estimaciones del producto potencial siempre siguen a la producción real».

 

 

Publicado en el Diario UNO, el sábado 17.

 

La apuesta riesgosa del ministro Alfredo Thorne

El ministro Alfredo Thorne ha optado por el ajuste fiscal gradual durante todo el período de gobierno de PPK. Propone bajar el déficit a 2.5% del PBI en 2017, a 2.3% en 2018, a 2.0% en 2019 y a 1.0% en 2021. Es, sin duda, un ajuste menos drástico que el propuesto por el ex ministro Segura, como se lee en el MMM 2017-2019 aprobado en abril de este año. Este ex ministro tuvo el descaro de proponer un déficit de 1.8 % del PBI en 2017, de 1.3% en 2018 y de 1.2% en 2019, no obstante haber sido el que provocó un aumento del déficit hasta el actual 3.4% del PBI, al exacerbar, con la reducción del impuesto a la renta, el impacto negativo sobre la recaudación tributaria de la caída de los precios de los commodities.

 

La política fiscal en los últimos años de Humala

 

Los que avalan el ajuste propuesto por Thorne, afirman que gobierno de PPK no puede seguir aplicando una política fiscal expansiva. Dicen que ya hubo un impulso fiscal positivo en los años 2013, 2014, 2015 y 2016; y, como la economía ya está creciendo a 4% promedio anual, la política fiscal –dicen estos sabios-- ya cumplió su rol expansivo. Sin embargo, como vamos a ver, esta afirmación que pertenece a uno de los miembros del llamado Consejo Fiscal, no se condice con los datos.

 

En 2013 la tasa de crecimiento del PBI fue de 5.9% y el 78% de esta tasa fue explicado por Otros servicios, Comercio, Construcción y Minería. Fue el año en el terminó el ciclo de crecimiento alto de la economía. En 2014 el PBI creció a la tasa de 2.4%, mientras la minería decreció en 2.2%. En 2015 la tasa de crecimiento del PBI de 3.3% fue explicada en cerca del 90% por Otros servicios y Minería. Finalmente, más del 50% de la tasa de crecimiento de 4.08% registrada en el primer semestre de este año fue explicada solo por la Minería; si le sumamos Otros servicios, ambos sectores explican cerca del 70% de esa tasa de crecimiento.

 

Exceptuando el año 2013, entonces, el PBI habría crecido aproximadamente a la  tasa promedio de 2.0%, sin considerar la contribución de la minería. Sin minería el crecimiento del primer semestre de este año habría sido de sólo 1.2%. Este sector creció en 2015 a la tasa de 15.5% y este año lo hará a la tasa de 20.1%, pero su crecimiento se reducirá hasta cerca de 1% en 2019.  En consecuencia la tasa de 4% registrada el primer semestre de este año no puede ser adjudicada al impulso fiscal.

 

¿Qué impulso fiscal puede ser este si descontando la contribución de la minería, la tasa de crecimiento se reduce a cerca del 2% promedio anual? ¿Qué efecto positivo importante sobre el producto puede tener un gasto fiscal que se mantuvo casi constante como porcentaje del PBI en los años 2014 (21.5%) y 2015 (21.3%)?  Tómese en cuenta, además, que desde el año 2014 la industria manufactura se encuentra en recesión (registra tasas de variación negativas). Lo que el Consejo Fiscal no dice es que se puede aumentar el espacio para aplicar una política fiscal expansiva, revirtiendo las absurdas medidas tributarias del ministro que los nombró, pero también adoptando otra política de endeudamiento para financiar el déficit que generaría la realización de las ofertas hechas por el presidente PPK (véase mi artículo del 30-07-2016).

 

La opción del ajuste fiscal no es inevitable  

 

El ministro Thorne se ha atado de manos. Con la trayectoria del déficit que el ministro se ha comprometido a respetar, no será posible cumplir con el aumento del gasto en infraestructura económica y social ofrecido por el presidente en su discurso inaugural. Podría incluso ponerse en riesgo esta misma trayectoria si se disminuye el IGV a partir de enero de 2017 y no se deroga la norma que redujo el impuesto a la renta. Con un gasto que crece a tasas moderadas, o se mantiene constante como proporción del PBI, junto a ingresos tributarios que tienden a reducirse, la posibilidad de mayores déficits aumenta y con ellos el endeudamiento público.

 

Con el ajuste fiscal propuesto y sin reformas, el ministro proyecta una tasa de crecimiento que bordea el 4% promedio anual durante el período 2017-2019. No hay explicación de cómo se logrará esta tasa y menos de cómo el crecimiento del PBI no primario se acercará al 5% promedio anual como se menciona en el MMM revisado. El ministro confía, como otros, en el contexto político favorable a los negocios, generado con la elección de PPK. Asimismo, cree que sus propuestas de reforma (como la disminución del IGV; el nuevo marco tributario con un tratamiento especial a las micro, pequeñas y medianas empresas; la reforma de ProInversión; la mayor formalización; y, el destrabe de las inversiones) permitirán incrementar la inversión privada y la tasa de crecimiento del PBI a 5% promedio anual. Pero, con un mercado internacional estancado y con mercados internos poco dinámicos, esto no será posible.

 

Se trata de una apuesta riesgosa. Que el presidente genere más confianza y que se realicen las reformas propuestas por su gobierno, no asegura para nada que la demanda agregada aumente de modo sostenido, para que los empresarios de las distintas actividades aumenten sus inversiones y la producción. Tampoco se puede afirmar que la reducción del IGV y las otras medidas de apoyo a la formalización, realmente disminuyan la informalidad y menos que aumenten la recaudación. La alta tasa de informalidad se debe al lento crecimiento del capital per cápita no residencial registrado en las últimas décadas y al hecho de que el grueso de las inversiones no se orienta a diversificar el aparato productivo (al desarrollo del agro y de la industria, por ejemplo).  

 

Si las propuestas de reforma del ministro Thorne se realizaran en un contexto de auge, no habría mucho problema. El ministro haría bien entonces en olvidarse de la reducción del IGV y concentrarse en lograr la rápida derogatoria de las medidas tributarias del anterior gobierno, en combatir la elusión y evasión tributaria, y en elaborar un programa de inversiones públicas para lograr el objetivo de modernización democrática anunciado por el presidente PPK. Hay, pues, otra manera de hacer política fiscal.  

 

 

 

Publicado en el Diario UNO el sábado 10 de setiembre   

Presupuesto de 2017: el inicio del ajuste fiscal

El gobierno acaba de presentar al congreso de la república el proyecto de presupuesto para el año 2017 que asciende a S/.142,472 millones y representa el 20.1% del PBI. El presupuesto de 2016 fue de S/.138,490 millones y era equivalente al 21.0% del PBI, porcentaje superior al del presupuesto actual. En cifras absolutas el monto del presupuesto de 2017 es mayor que el del año 2016 en solo S/. 3,981 millones. Esta cifra es equivalente al 0.6% del PBI y menor que el 0.8% del PBI que corresponde a la pérdida de ingresos del gobierno por las medidas tributarias del ex ministro Alonso Segura. Sin esta pérdida de ingreso que redujo la presión tributaria, el monto del presupuesto para el año 2017 como porcentaje del PBI, podría haber sido igual o mayor que el del presupuesto de 2016.  

 

El presupuesto presentado al congreso, entonces, no es expansivo, sino el inicio de un proceso de ajuste de gastos que continuará hasta los próximos dos o tres años.. En términos reales, es decir, el presupuesto de 2017 neto de inflación, prácticamente no crece. En efecto, su tasa de crecimiento nominal es de 2.88%, mientras que la tasa de inflación estimada para este año es de 3.1% y la proyectada para el próximo año es de 2.8%.  

No hay política fiscal expansiva

 

El presupuesto revela que el gobierno de PPK finalmente ha optado por el ajuste fiscal. No hay ni habrá política fiscal expansiva en los próximos años. El ex ministro Segura tuvo una gestión desafortunada. Fue incapaz de aumentar ordenadamente la inversión pública y redujo los ingresos del Estado con la reducción del impuesto a la renta que favoreció a las grandes empresas, pero no estimuló, como se pretendía, el crecimiento la inversión privada. El presidente Humala recibió una economía con superávit fiscal y en crecimiento, y, por haber elegido malos ministros de economía, le ha dejado a su sucesor una déficit fiscal (3.3% del PBI), una presión tributaria a la baja (14.5% del PBI, y una deuda pública (23% del PBI) cuya tendencia creciente asusta al FMI y a su remedo criollo denominado Consejo Fiscal.

 

Ciertamente, esta situación fiscal de aparente riesgo no es expresión de una política fiscal expansiva y exitosa aplicada por los ministros de Humala, sino de una desastrosa gestión, que ahora, sus propias creaturas, o más bien engendros, actúan como restricciones a la administración de la política fiscal por parte del actual ministro Alfredo Thorne. En efecto, el 30 de octubre de 2013 el ex ministro Luis Miguel Castilla hizo aprobar la Ley No. 30099 de fortalecimiento de la responsabilidad y transparencia fiscal, en cuyo artículo 23 crea el Consejo Fiscal “como una comisión autónoma, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, cuyo objeto es contribuir con el análisis técnico independiente de la política macrofiscal, mediante la emisión de opinión no vinculante a través de informes, sobre: a) La modificación y el cumplimiento de las reglas fiscales (…); b) Las proyecciones fiscales contempladas en el Marco Macroeconómico Multianual; c) La evolución de corto y mediano plazo de las finanzas públicas; d) La metodología para el cálculo de las cuentas estructurales (…) y del PBI potencial y los precios de exportación de mediano plazo”. A fines del año 2015 el ex ministro Alonso Segura nombró, mediante resolución suprema, a sus integrantes para que ¡emitan opiniones independientes!.

 

Consejo Fiscal, remedo del FMI

 

La existencia de este Consejo Fiscal no tiene sentido alguno, aunque tenga opiniones no vinculantes. Hay una burocracia calificada en el MEF que hace el trabajo técnico sobre los temas que serían materia de evaluación y opinión de este Consejo, y con una especialización mayor que cualquiera de sus actuales integrantes. Por otro lado, el ministro tiene asesores que pueden involucrarse en este trabajo y discutir con sus pares del MEF y con los del BCRP, y también con los del FMI, como se hacía durante el gobierno de Alejandro Toledo.

 

Pues bien, precisamente, es este Consejo el que ha afirmado (según dicen, a pedido del ministro Thorne) que “hay relativamente poco espacio para hacer políticas fiscales expansivas”. Los miembros de este Consejo no se opusieron tajantemente a las medidas tributarias adoptadas por el ex ministro segura, ni pusieron sus cargos a disposición del que los nombró y, sin embargo, ahora dicen que los menores ingresos tributarios no solo de deben al deterioro de los precios de las materias primas y a la desaceleración de la economía internacional, sino también a las “medidas tributarias adoptadas para estimular la economía”.    

 

Este mismo Consejo opina que “según estimaciones de su secretaria técnica” (mini MEF) habría un escenario de riesgo externo extremo, pues “si se mantuviese la senda de déficits proyecta en el Marco Macroeconómico Multianual Revisado, la deuda pública se ubicaría en el año 2019 por encima del límite máximo de 30.0 por ciento del PBI establecido en la ley de fortalecimiento de la responsabilidad y transparencia fiscal”.  

 

¿De dónde saca este Consejo que el límite máximo de endeudamiento público es de 30.0% del PBI? ¿Es igualmente riesgoso, para este Consejo, un endeudamiento público externo o en moneda extranjera de 30.0 % del PBI que un endeudamiento interno en soles de 30% del PBI? 

 

El gobierno de PPK está doblemente atrapado por el fundamentalismo. Por el lado de la política fiscal, está el referido Consejo que asusta al Ministro Thorne, y por el lado de la política monetaria hay un presidente del BCRP que se opone a realizar una política expansiva en serio. Otra vez estamos frente al fantasma del piloto automático y el ministro Thorne ahora solo confía en las velitas que le pone al Congreso para que le den luz verde a sus reformas.

 

 

 

Publicado en el Diario UNO el sábado 3 de setiembre

Bruno Giuffra: Neoliberal extremista

Hay economistas y analistas neoliberales que no ayudan al desarrollo de las ideas ni contribuyen al progreso del país. Son lo que defendían el modelo primario exportador durante la década de alto crecimiento (¡decían que este era el resultado exitoso de las políticas neoliberales!), cuando nosotros insistíamos en que ese era el momento de iniciar la transformación productiva para enfrentar mejor el previsible shock externo de caída de los términos del intercambio y estancamiento de la economía internacional. Defendían la gestión de Julio Velarde  y de los ministros de economía de los dos últimos gobiernos, cuando nosotros planteábamos «repensar la política económica para el Perú del siglo XXI» (véase capítulo V de nuestro libro Otra Ruta de Desarrollo para el Perú, 2016). Recién hoy nos dicen que existe el riesgo de estancamiento económico por el bajo crecimiento de los países desarrollados. Recién se dan cuenta que el gobierno de Humala redujo la presión tributaria en lugar de aumentarla (está en 14.5%) y se lamentan del actual déficit fiscal de 3.3% del PBI que ahora lo consideran riesgoso.

Neoliberal de «hueso colorado»

Entre este tipo de economistas y analistas se encuentra el periodista económico y magister en administración de negocios Bruno Giuffra, nuevo ministro de la producción. Para este señor la crisis de 2008-2009 y sus secuelas no es la demostración de lo que hacen los empresarios en los mercados desregulados. Para este ministro, que se ubica a la derecha de Piero Ghezzi, el actual estancamiento internacional no ha puesto en cuestión al estilo de crecimiento primario exportador seguido por nuestro país en los últimos veinticinco años.

No se entiende como el señor Giuffra llegó a ser ministro de la producción de este gobierno. Hay una clara contradicción entre lo que este ministro afirma y algunas de las propuestas de política del presidente PPK y de su ministro de economía Alfredo Thorne. PPK habla de una revolución social que presupone una mayor acción y presencia del Estado a lo largo y ancho del país. Por su parte, el ministro Thorne habla de «dinamizar a las pymes a través de créditos que serán otorgados por el Banco de la Nación y Agrobanco, con el apalancamiento de COFIDE». Esto es algo que los neoliberales no le permitieron hacer al gobierno de Toledo. Por último, Fernando Zavala, presidente del consejo de ministros, afirma que, «en un contexto externo que nos ha restado dinamismo, es una tarea urgente generar motores internos para el crecimiento de corto, mediano y largo plazo».

Para el ministro Giuffra, sin embargo, no hay nada que hacer por el lado de la oferta ni por el lado de la demanda. Ha dicho, suelto de huesos, que «la diversificación productiva la hacen los empresarios», que «la empresa privada es la que escoge y ve sus oportunidades para embarcarse en nuevas líneas de producción […]. No soy amigo del dirigismo, ni mucho menos. (El Estado se debe) limitar a un rol normativo y dejar que las cosas sucedan lo mejor posible». La diversificación productiva no es, entonces, una tarea que involucra al Estado, sino algo que debe darse «naturalmente desde el sector empresarial».

Giuffra ha rechazado claramente el Plan Nacional de Diversificación Productiva, ejecutado por su antecesor, con lo cual también ha repudiado el argumento, repetido por Piero Ghezzi, de que el Estado debe intervenir allí donde hay fallas de mercado. Giuffra, entonces, es un neoliberal de «hueso colorado». No importa su posterior comportamiento camaleónico frente a sus críticos. Ya sabemos como piensa, aunque después dijo, sin ruborizarse, «es clarísimo como prioridad para mi gestión hacer todos los esfuerzos que encaminen hacia una diversificación productiva sana y saludable. En ese sentido, la diversificación productiva va».

La ideología del fundamentalismo de mercado

Giuffra, como todos los neoliberales criollos, separa la economía del contexto institucional. Por eso dice que el rol del Estado solo debe ser «el de agilizar, el de destrabar», el de eliminar las restricciones a la libre operación de las empresas privadas. No conoce la historia de la creación y desarrollo de los mercados; no sabe, por ejemplo, que las economías de mercado exitosas han tenido o tienen Estados grandes y fuertes (Mariana Mazzucato, 2013; John Kay, 2003). El ministro no sabe que el carácter y la manera como operan los mercados en un país responden a sus especificas instituciones sociales, políticas y económicas. Es la naturaleza del contexto institucional el que explica, por ejemplo, por qué no hay mercados dinámicos en Pampa Cangallo (Ayacucho) o en el distrito de Mangas (Ancash), para mencionar solo dos lugares del interior del país que integran lo que Matos Mar denominó el Otro Perú marginado y discriminado.

¿Por qué, en veinticinco años de neoliberalismo, las empresas privadas (que están en el pensamiento de Giuffra) no decidieron libremente embarcarse a crear mercados y  líneas de producción en esta parte del país, es decir, a diversificar el aparato productivo? ¿Sabrá el Giuffra que las restricciones que enfrenta la inversión privada en países subdesarrollados no son las mismas que enfrenta esta inversión en los países desarrollados? ¿Sabrá que la inversión privada nacional no tiene las mismas restricciones que la inversión extranjera? ¿Sabrá por qué las inversiones privadas nacionales no se orientan a desarrollar agroindustria e industria en el interior del país? Cuando uno no sabe nada de esto, cree que los que proponen la diversificación y, más precisamente, la industrialización del país, apelan a una «varita mágica». Parafraseando una expresión inglesa: «sloppy thinking leads to sloppy language».

Los neoliberales de «hueso colorado» creen que la avaricia individual es la más importante motivación en la economía de mercado, pero, como dice John Kay  en su libro The Truth About Markets: Their Genius, Their Limits, Their Follies (2003), hay otras motivaciones éticamente más atractivas. Estos mismos neoliberales creen que bajando los impuestos se estimula la inversión privada. Pero, no reconocen que esto es válido solo para inversionistas rentistas y no para los empresarios innovadores y creadores de riqueza. Ellos no hacen esta distinción. Dicen que nuestras instituciones políticas y económicas son débiles, pero en realidad son rentistas o extractivistas porque están dominadas por aquellos que no crean riqueza sino que  usufructúan la riqueza natural o creada por otros.

 

 

Publicado en el Diario UNO, el sábado 27 de agosto.

Lectura política y económica del discurso inaugural de PPK (II final)

Los compromisos de gastos y la reducción del IGV en un punto porcentual anunciados por el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) —sumados al mantenimiento de las reformas tributarias regresivas del ex ministro Segura y a la notable reducción de la tributación minera—, aumentarían el déficit fiscal hasta muy por encima del 3% del PBI. No habría, entonces, manera de cumplir con el objetivo anunciado por el ministro Alfredo Thorne de reducir el déficit que se registraría este año, a 2.5% en el año 2017, a menos, claro está, que se renuncie a esos compromisos y/o se recorte gastos. Pero, este no sería el único objetivo que incumpliría el gobierno.

 

Tampoco aumentaría la formalización con la reducción del IGV ni se incrementaría, por lo tanto, la recaudación tributaria. La causa de la informalidad (véase nuestros artículos del 13/09/2014 y del 08/11/2014), no está por el lado tributario ni por el de las supuestas rigideces del mercado laboral. La causa está en el estilo de crecimiento y acumulación de capital primario exportador, dependiente de factores externos, que desaceleró el ritmo de expansión del stock de capital per cápita. Éste creció 43.5% durante el período 1960-1980, pero en período neoliberal 1990-2013 aumentó solo 26.9%. No se expandió la capacidad productiva industrial y agroindustrial, ni se modernizó la agricultura donde se encuentra cerca del 50% del empleo informal, por eso aumentó la participación de los sectores terciarios (comercio y servicios) en la generación de empleo de baja productividad. Esta participación pasó de 36.3% en el período 1960-1980, a 53.9% en el período 1990-2010.

 

Las medidas tributarias de Thorne y el crecimiento

 

No habría, tampoco, un incremento de la presión tributaria, incremento que podría aliviar el creciente déficit fiscal que se generaría con la expansión del gasto anunciada por PPK. La rebaja del IGV (de 18 a 17), la reducción del impuesto a la renta efectuada por el ex ministro Segura (y  que el ministro Thorne dice que evaluará si se mantiene o no) y la notable caída de la tributación minera, darán lugar a reducciones significativas de los recursos del Estado. La recaudación disminuirá, en lugar de aumentar. El ministro Thorne y PPK están ofreciendo una política fiscal con expansión del gasto y reducción de ingresos tributarios. Esta es una apuesta muy riesgosa. La reducción de impuestos, según la evidencia empírica, tiene un casi nulo efecto positivo en el crecimiento del producto. 

 

Las otras medidas tributarias, en su mayoría sensatas y pertinentes, —factura electrónica; modificación de regímenes tributarios de las micro y pequeñas empresas; amnistía para el retorno de capitales peruanos al país; amnistía de moras para la deuda judicializada; revisión de la ley anti-elusión; reemplazo del RUC por el DNI para convertirse en contribuyente; deducciones mayores para el pago del impuesto a la renta; conversión del gasto realizado mediante un POS, en factura; y, la limitación del uso de efectivo para la compra de automóviles e inmuebles— tendrán efectos diferenciados y no de corto plazo en la recaudación. Tómese en cuenta, además, que estas reformas se realizarían en un periodo de estancamiento de la economía internacional y de desaceleración de la economía nacional, que han acrecentado la incertidumbre para las decisiones de gasto del sector privado. Por eso decimos que en el año 2017 será imposible reducir el déficit a 2.5% del PBI, si los gastos anunciados se realizan.

 

El financiamiento de los compromisos de PPK.

 

El ministro Thorne ha dicho que en el año 2017 el ratio de deuda a PBI podría situarse alrededor de 28%; que no pasaría el techo de 30%; y, que este ratio empezaría a bajar a partir de 2018. El ministro está pensando que los déficits de este año (algo más de 3%) y del próximo (2.5%), y que sumados se acercan a 6% del PBI, son los que elevarán el ratio de deuda a PBI hasta cerca de 28%. (El año 2015 terminó con un ratio de deuda a PBI de 23.06%). Sin embargo, por las razones explicadas antes, el déficit fiscal puede elevarse hasta superar el 5% del PBI, con lo cual el ratio de deuda pública pasaría el techo de 30%.

 

¿Con que tipo de deuda se financiará el déficit? Lo más probable es que se financie básicamente con endeudamiento externo. La deuda pública externa representa cerca del 60% de la deuda pública total y es equivalente a aproximadamente el 15% del PBI. La suma de esta deuda con la deuda externa privada, representa el 33% del PBI. Si como acabamos de señalar, el déficit fiscal se aproxima al 5% del PBI, este porcentaje se elevaría hasta situarse alrededor del 40% del PBI. Ciertamente, un ratio de deuda externa, pública y privada, de 40% del PBI, expuesta al riesgo cambiario, conspiraría absolutamente contra la sostenibilidad de las cuentas fiscales. En consecuencia, optar por el endeudamiento externo es alimentar la fragilidad financiera pública y privada.  

 

Fuentes y efectos de la reactivación económica

 

El ministro Thorne sabe que el impacto en el crecimiento de las inversiones en minería efectuadas en el pasado, se acabará en el año 2017. Este impacto equivale a un poco más del 50% de la actual tasa de crecimiento del PBI de 4.0% anual. Para compensar dicho agotamiento y asegurar un crecimiento de 5% como desea el ministro, se requieren otros motores distintos a la minería. El ministro cree que esto será posible con el impulso al crecimiento del consumo y de la inversión que provendría de las reformas y de algunos importantes proyectos de inversión que serían destrabados en los primeros 100 días de gobierno (como la carretera de Ica y la Línea 2 del Metro).  No hay una propuesta integral de diversificación productiva.

 

El aumento del gasto anunciado por el gobierno hará crecer, sin duda, la demanda interna. Pero no todo este crecimiento impulsará la expansión de la producción interna, pues parte importante del mismo se desviará hacia las importaciones. La producción industrial y agrícola ha perdido participación en el mercado interno con la notable penetración de las importaciones. Por lo tanto, la reactivación de la economía mediante el crecimiento de la demanda interna, sin cambios en el patrón de acumulación de capital y con exportaciones en continua desaceleración, incrementará el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos que en la actualidad es de 5% del PBI.

 

En resumen, la estrategia de crecer con aumento de la deuda externa y crecientes desequilibrios macroeconómicos, es muy riesgosa. Puede socavar el objetivo de Modernización Democrática propuesta por PPK. Pero hay tiempo para cambiar de ruta. 

 

 

 

 

Publicado en el Diario UNO, el sábado 6 de agosto.

Lectura política y económica del discurso inaugural de PPK (I)

En el discurso inaugural de su gobierno para el período 2016-2021, el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) anunció que realizará una revolución social para modernizar el país. Con este fin, asumió seis importantes compromisos con la población, señalando que al final de su mandato: 1) todos los peruanos tendrán acceso a agua potable de calidad y a desagüe las 24 horas del día; 2) todos los niños peruanos tendrán acceso gratuito a educación inicial, primaria y secundaria de calidad; 3) el país entero tendrá un Sistema Nacional de Salud, moderno y con acceso universal; 4) el 60% de los puestos de trabajo serán formales; 5) habrá infraestructura para el desarrollo del país (trenes, carreteras, gasoductos, aeropuertos, etc.) y, en especial, la región de Iquitos será conectada por tierra con todo el país; y, 6) la corrupción será erradicada mediante una reforma profunda del sistema judicial.

 

Su concepción de la modernidad

 

Hemos escrito varias veces que el neoliberalismo en lugar de integrar al  país, mantuvo su separación en dos Perú, con uno, el Perú No Oficial, discriminado y sin acceso a la modernidad. Además, el neoliberalismo, con su ideología del individualismo y de la eliminación de las interferencias del Estado y de las regulaciones económicas, promovió un estilo de crecimiento primario exportador que reinstauró en los últimos veinticinco la modernización neocolonial decimonónica. Pero también fomentó el emprendedurismo criollo que se abrió paso sin consideración de la situación de los otros, rechazando el bien común y practicando la elusión tributaria y la informalidad. 

 

Los viajes que hizo PPK durante la campaña electoral sin duda le permitieron conocer de cerca la situación de nuestros compatriotas del Perú marginado. Quizás por eso el ahora presidente PPK ha dicho que desea terminar con esta situación y que anhela “que en cinco años el Perú sea un país moderno, es decir, “un país sin discriminación. Seamos conscientes que somos un país milenario y además cuna de civilización. Con 200 años de República y miles de años de historia. Y una parte de esta historia, nuestra raíz civilizatoria y cultural, ha sido despreciada y marginada. Esto debe cambiar --dijo. Está cambiando, pero debe cambiar más rápido y más profundamente”.

 

De otro lado, la modernización para ser distinta a la neoliberal, no puede olvidar el agro y en general al sector rural del país donde —como mencionó el presidente— “está la mayor cantidad de pobres del Perú […] El agro aporta las dos terceras partes de los alimentos que consumimos los peruanos y da empleo a un tercio de la fuerza laboral. Apoyar a los hombres y mujeres del campo significa llevar la verdadera justicia social a los más pobres del país. Desafortunadamente el presidente no dijo cómo modernizar el agro, como iniciar la industrialización a partir del agro, que es la única manera sostenible de generar desarrollo y diversificación productiva, y oportunidades de empleo e ingresos para los pobres del campo.

 

Esta es una concepción de modernidad que no se condice con el extractivismo ramplón y menos con la ausencia del Estado que nos impuso el neoliberalismo. Si la modernización significa eliminar las desigualdades elevando el ingreso de los más pobres, esto —como ha dicho el presidente— tiene que lograrse “emparejando el acceso a servicios esenciales que hoy son escasos o inexistentes y, por tanto, extremadamente costosos para los más pobres”.  Su concepción de modernidad es económica y social, que no contrapone el Estado con el mercado. No es, a mi juicio, la modernidad de la supremacía del mercado libre; es la modernidad que precisa de un Estado que priorice el bien común, que promueva la virtud cívica (la asignatura de educación cívica será obligatoria), y que busque la complementariedad entre la inversión pública y la inversión privada.

 

No hay ni tiene que haber contradicción entre la búsqueda de este tipo de modernidad y el fortalecimiento de la democracia. Por eso es importante que el presidente haya señalado que respetará la voluntad de los pueblos, que practicará el diálogo y la consulta, y que eliminará la corrupción enquistada como forma de gobernar en nuestro país. No obstante todo lo anterior, hay que señalar que no hubo menciones a la indispensable reforma política y electoral, sobre todo si de aquí en dos años tendremos elecciones regionales.

 

¿Qué políticas económicas acompañarán la modernización?

 

Los compromisos del presidente PPK implican claramente la opción por una política fiscal expansiva. Se harán mejoras y se ampliarán los programas sociales; se “cerrará la brecha en el acceso a la salud y a la seguridad social”; se generarán oportunidades para acceder a la educación básica y “seguir carreras universitarias y técnicas”; y, habrá “mucha más construcción, ampliación y modernización de aeropuertos, puertos, carreteras nacionales, regionales y locales; trenes, el tren de cercanías alrededor de Lima; gasoductos, y la conexión de Iquitos por tierra al resto del Perú”. 

 

Todos estos compromisos implican gastos que no pueden ser el resultado solo del esfuerzo privado; se requerirá de financiamiento y de inversiones públicas. Por lo tanto, importa saber cómo se financiarán estos gastos públicos.  Imposible pensar en un financiamiento mediante la tributación. Al respecto no hay propuesta alguna de reforma tributaria para elevar los ingresos del Estado. Si se baja en un punto el IGV como se ha anunciado, se perderá cerca de 0.5% del PBI en impuestos. Además, si se mantienen las reformas tributarías regresivas del gobierno de Humala, se dejará de recaudar cerca del 1% del PBI. A todo esto hay que sumarle la disminución de la recaudación minera en cerca de 50%. Es claro, entonces, que el aumento consecuente del déficit fiscal requerirá de un mayor endeudamiento público. Sobre este tema y la ausencia de otras políticas económicas que deberían acompañar a la modernización, trataremos en nuestro próximo artículo.

 

 

 

Publicado en el Diario UNO, el sábado 30 de julio

Cómo cambiar el patrón de acumulación y el estilo de crecimiento (Parte II Final)

En nuestro artículo del 16/07/16 señalamos la propuesta económica de PPK plantea dos posibles caminos. El primero sería de estancamiento económico, con reducción de la inversión pública y con aumentos de la informalidad y el subempleo, si se decide mantener (o reducir) el déficit fiscal de 3% del PBI proyectado para este año. Este camino parece haber sido ya descartado por el ministro designado Alfredo Thorne. El segundo y el más probable, sería de un crecimiento cercano al 4%, con fuertes desequilibrios macroeconómicos. Los gastos en el fortalecimiento de los programas sociales y la universalización de los servicios básicos (como agua, alcantarillado y otros), conducirían a un déficit fiscal que puede superar el 5% del PBI, con el consecuente aumento de la deuda pública. El aumento de la demanda interna, sólo estimularía el crecimiento de actividades terciarias de baja productividad. No hay otras fuentes de crecimiento que impliquen la superación de su dependencia del ciclo de las materias primas.

 

Alfredo Thorne cree que las nuevas fuentes de crecimiento aparecerán cuando se «destraben proyectos que se encuentran atracados —como los 60 mil millones de dólares de inversiones en el sector minero— y cuando se reduzca la informalidad en 50%». De los tres millones de nuevos empleos ofrecidos en la campaña —dice—, la mitad corresponderá a los puestos de trabajo que crearán los proyectos destrabados y la otra mitad a la formalización». Nada de esto, desafortunadamente, será posible. El contexto externo ya no es el mismo y la informalidad no se debe a problemas tributarios ni a problemas legales.

 

Desequilibrios macroeconómicos y mayor endeudamiento público 

 

La segunda ruta que implica un aumento notable del déficit fiscal presupone: o un fuerte endeudamiento público o una modificación de la ley de responsabilidad y transparencia fiscal en acuerdo con el congreso. No hay aumento posible de la recaudación tributaria de acuerdo con la propuesta económica de PPK. Cambiar la ley es inviable políticamente; por lo tanto, el gobierno optaría por el aumento de la deuda pública y, específicamente, externa. Es verdad que el ratio de deuda a PBI es de los más bajos de la región (está en 23% del PBI). Por eso, aumentarla en dos o tres puntos, dicen algunos, no haría mucha diferencia. Pero, en la actualidad la deuda pública externa más la deuda privada externa suma el 33% del PBI; nada menos que 144% más que las reservas internacionales (o posición de cambio) del Banco Central.

 

Esta es, entonces, la ruta de la reactivación del aparato productivo cuya composición menos industrial y menos agrícola es el resultado del estilo de crecimiento primario exportador. Con un sector manufacturero en recesión, con exportaciones que se desaceleran y una alta penetración de importaciones en el mercado interno, el aumento de la demanda interna puede traducirse en presiones inflacionarias y en un mayor desequilibrio externo. Dado el estancamiento económico externo, no hay posibilidades de crecimiento sostenido si el Estado no se involucra directamente en la generación de condiciones para cambiar el estilo de crecimiento. Lo que tendríamos, entonces, es una economía que crece sin fuentes internas sólidas y con importantes desequilibrios macroeconómicos: un déficit  en la cuenta corriente de la balanza de pagos que puede superar el 5% del PBI, un alto endeudamiento externo privado y público, y un alto déficit fiscal. La presión tributaria puede bajar porque se mantendrían las medidas tributarias regresivas dictadas por el gobierno de Humala y se reduciría en un punto del IGV, junto a la disminución de la tributación minera. De otro lado, en el año 2017 terminaría el crecimiento de la producción minera que proviene de inversiones pasadas (las Bambas, Toromocho y la ampliación de Cerro Verde). No hay ni habrá nuevas inversiones mineras como las que se hicieron durante el superciclo de las materias primas.

 

Lo que exige el nuevo estilo de crecimiento

 

Si no se desea terminar con un ajuste económico y financiero notable, tiene que iniciarse la modificación del estilo de crecimiento, cambiando la manera cómo se acumula capital y cómo se crece: pasando el liderazgo en la acumulación de capital y en el crecimiento económico de los sectores primarios extractivos a los sectores secundarios como la manufactura. Lo que a su vez significa, por un lado, sustituir el liderazgo de la inversión extranjera en sectores extractivos por el liderazgo de la inversión privada, sobre todo nacional, en el desarrollo de la industria, la agroindustria y la agricultura; y, por otro, adecuar las políticas macroeconómicas a este fin.

 

Primero, hay que eliminar las restricciones a la expansión de la inversión privada nacional y de la capacidad privada empresarial y, consecuentemente, de los mercados internos. Para ello es importante implementar un plan de inversiones en infraestructura, pública y/o en asociación con el sector privado  —carreteras, ferrocarriles, represas, canales de riego, centrales de energía, etc.— con un criterio macroregional y bajo un nuevo ordenamiento territorial. Estas inversiones generan mercados y estimulan el crecimiento de inversiones industriales privadas indispensables para diversificar el aparato productivo y para asegurar que la innovación tecnológica eleve la productividad de toda la economía. Puede empezarse con el desarrollo de la macroregión sur para el cual el gobierno entrante ha ofrecido el gasoducto, una planta de fertilizantes y la industrialización de nuestros recursos naturales.

 

La inversión privada nacional enfrenta restricciones no solo de infraestructura y de mercados, sino de financiamiento y capital humano. «La disponibilidad de capital y de habilidades suficientes —dice Rodrik— son claves para que el sector innovador se expanda en forma rápida y continua». Hay que expandir el mercado de capitales en soles para que las empresas pequeñas y medianas financien sus inversiones con deuda. El Estado puede, al inicio, garantizar las emisiones privadas a plazos prudenciales, y condicionadas al desarrollo industrial y agroindustrial. Además, se tiene que invertir en la creación de institutos tecnológicos y de facultades de ingeniería y agronomía de punta, y fomentar la investigación y el desarrollo de capacidades.

 

Finalmente, las políticas macroeconómicas deben responder al objetivo de cambio del estilo de crecimiento. Primero hay que desdolarizar las deudas para flexibilizar la gestión de la política monetaria. Segundo, se tiene que adoptar medidas que regulen el movimiento de capitales, para hacer posible una gestión cambiaria que incentive la producción de transables. Tercero, eliminar los frenos legales para utilizar los ahorros del tesoro sólo en inversión pública. Cuarto, evitar el endeudamiento externo, reduciendo al máximo el riesgo cambiario de la deuda externa y de esta manera asegurar la sostenibilidad de la política fiscal. Quinto, eliminar las medidas tributarias regresivas y no tocar el IGV. Hay más, pero es suficiente para iniciar un debate sobre las posibilidades de cambio que abre el triunfo de la democracia con la elección de PPK.

 

 

 

 

Publicado en el Diario UNO, el sábado 23.