La urgente reforma de las AFP: propuesta para debatir

Las AFP han mostrado ser, aquí y en el propio Chile cuyo modelo copiamos, auténticas instituciones extractivistas. Siempre ganan, pero pagan pensiones muy por debajo de los ingresos percibidos antes de la jubilación. La tasa de reemplazo (proporción de la remuneración promedio cubierta por la pensión) en el año 2014 fue de 40%. Lo más probable es que, debido a su alta varianza, la tasa de reemplazo sea inferior al 20% para por lo menos el 50% de sus afiliados. En Chile, para este mismo porcentaje de afiliados con pensión, la tasa de reemplazo no supera el 15%.

 

De acuerdo al estudio de Cruz Saco, Mendoza y Seminario, profesores de la Universidad del Pacífico, «las comisiones son tan elevadas que la rentabilidad de las AFP es más de cuatro veces la de los fondos que administran desde el 2000. (…) El rendimiento de las AFP está vinculado estrechamente a las comisiones de administración cuyo pago es independiente de la evolución del valor cuota de los fondos. Ello implica que aún durante situaciones de crisis financiera, las AFP continúan recibiendo ingresos por comisiones mientras que los rendimientos de los fondos podrían ser negativos».

 

El carácter rentista o extractivista de las AFP es evidente. Son instituciones diseñadas para «extraer ingresos y bienestar» de los trabajadores y pensionistas en beneficio de sus propietarios. El intento de alargar la esperanza de vida de sus afiliados y con ello aumentar sus beneficios y reducir las pensiones, en colusión con la SBS, fue otra muestra bochornosa de su rentismo. La pensión promedio que otorgan estas instituciones, según información de 2014, es de 977 soles, solo 30% más que el salario mínimo.

 

La propuesta de reforma que no se discutió

 

Las AFP no participan activamente en el desarrollo del mercado de capitales en soles, ni en la generación de cambios tecnológicos en sentido amplio, y menos en las innovaciones que requiere el propio sistema financiero. Su carácter extractivista le hace daño al desarrollo y al bienestar de la población. Urge transformarlas radicalmente construyendo un sistema de pensiones redistributivo, solidario y de carácter fundamentalmente público. Prolongar su existencia no tiene sentido.  

 

Es bueno recordar la propuesta de reforma que hicimos en el Plan La Gran Transformación 2011-2016. Según esta propuesta el sistema de pensiones debía sustentarse en dos pilares (página 173):

a.    Un pilar público que garantice pensiones de jubilación para todos y que esté constituido por dos componentes: a) El contributivo-obligatorio (base de este primer pilar) en el que se otorgue una pensión de acuerdo a la edad y al número de cuotas aportadas. La afiliación en este sistema contributivo sería obligatoria para todos los trabajadores activos, tanto asalariados como independientes cuya aportación estaría en función de sus salarios o ingresos; y, b) el no contributivo, en el que se otorgaría una pensión básica para todos los adultos mayores de 65 años. Esta opción sería financiada básicamente por impuestos.

b.    El pilar privado, complementario y no alternativo al primero, totalmente voluntario. Estaría basado, como es ahora, en cuentas de capitalización individuales para trabajadores asalariados e independientes. Los aportes se determinarían en función del nivel de ingresos que excede al tope establecido para determinar las contribuciones al pilar público.

 

De acuerdo con esta propuesta, entonces, a la pensión del sistema público se le adicionaría una pensión complementaria en función de lo aportado y del rendimiento del fondo de su cuenta de capitalización. Pero, además, el sistema de pensiones propuesto tendría una cobertura universal porque tiene un componente  no contributivo, Pensión 65, focalizado precisamente en sectores de la población más vulnerables.

 

Modificaciones a esta propuesta de reforma

 

Lo que debe guiar esta reforma es el carácter público que debe tener todo sistema de pensiones, carácter que ha sido desvirtuado por las AFP. La sociedad en su conjunto se beneficia cuando los jubilados y las personas de sectores vulnerables perciben pensiones que les permite vivir su vejez con decencia y dignidad.

 

Con este fin planteamos una modificación de la propuesta anterior, incorporándole las medidas de cambio que se han sugerido en el reciente debate sobre el tema. Se mantendría Pensión 65 con una cobertura mayor y un monto de pensiones más alto. El monto de la pensión inicialmente planteado fue de 250 soles, pero este gobierno lo redujo a la mitad.

 

En primer lugar, se debe reformar el actual sistema público contributivo que gestiona la ONP para que el pilar público propuesto se constituya en parte fundamental del sistema de pensiones. Su reforma puede contemplar la introducción de  una administración con un directorio independiente, con un buen gobierno corporativo y con equipos de inversión especializados y calificados. Su objetivo debería ser rentabilizar y acrecentar el fondo, para que la tasa de reemplazo se ubique por encima del 80%. Se puede subastar periódicamente la administración financiera de este fondo, con normas que aseguren su autonomía frente a los gobiernos de turno.

 

En segundo lugar, el pilar privado, complementario y totalmente voluntario, puede tener dos opciones. Las cuentas individuales de capitalización como las que hay ahora y el ahorro individual en cuentas bancarias a plazo fijo abiertas periódicamente mediante subastas en el sistema bancario con el propósito de conseguir la más alta tasa de interés.

 

En tercer lugar, en el período de transición, de llevarse a cabo la reforma, deben liberarse los fondos acumulados por las actuales AFP en un porcentaje de determinen los propios aportantes, en los siguientes casos: a) cuando sus afiliados cumplan los 65 años y/o cuando decidan jubilarse; b) cuando el afiliado sufra una enfermedad terminal; y, c) cuando el afiliado menor a los 65 años desee invertir su dinero en la compra de una vivienda.

 

A modo de conclusión

 

Esta propuesta de reforma es para debatir. Con las críticas, comentarios y otras propuestas complementarias se puede mejorar. Lo que sí no podemos permitir es que un sistema fracasado siga afectando a sus afiliados.

 

 

 

 

 

 

Publicado en el Diario UNO el sábado 28 de noviembre. 

 

Degradación de la democracia y de la Ciudadanía: ¿Qué hacer?

Con la caída del muro de Berlín (1989) los partidos políticos quedaron huecos de contenido ideo-político. De pronto –como dice Eloy García—se extendió a todos «los confines de la tierra (…) las ideas de la Constitución, derechos del hombre, legalidad y juridicidad del poder, representación, partidos y elecciones libres». Pero en ese mismo momento «en las democracias constitucionales comenzaba a evidenciarse una creciente degradación en los valores, en las normas, en las instituciones, en lo político y en lo jurídico».

En realidad, esta degradación aumenta en intensidad con la imposición del neoliberalismo desde inicios de los años ochenta. La política se convirtió en propiedad privada de las «oligarquías políticas» («clase política», le dicen) «que operan siguiendo una lógica ajena a la idea democrática», y sus partidos devinieron –por lo menos, en nuestro país-- en «grupos de interés» constituidos por un caudillo y su entorno, unos con algo de historia pero que ya no les sirve y otros que aparecen solo en las coyunturas electorales. La democracia para estas oligarquías es un acto procedimental de elecciones periódicas que usan para confiscar el aparato institucional del Estado.

Neoliberalismo, Corrupción y pérdida de ciudadanía

Con el neoliberalismo, entonces, la política fue sustituida por la economía, lo público por lo privado y el interés común por el individualismo. Así, el camino hacia la corrupción por el que transitan las facciones oligárquicas se hizo más directo y descarado. La corrupción, y no la virtud cívica, se convirtió en una forma de gobernar y de hacer «política». Piénsese en los actuales candidatos punteros en las encuestas, y en los caciques regionales y locales. Todos han pervertido el sentido original de la política, enajenándola completamente al quitarle su propiedad de ser práctica social orientada al bien común. Cuando se pierde interés por lo público, también se pierde el comportamiento ético y, por lo tanto, el sentido de la política como práctica de la virtud cívica, como la participación de la ciudadanía en los asuntos colectivos, como «un espacio de convivencia y de creación junto a los otros» (Abellán López, 2014).

En nuestro país, las reformas y políticas neoliberales de los noventa generaron el contexto institucional apropiado para que la corrupción alcanzara su máximo nivel, y se propagara a todos los poderes y organismos del Estado. No hay que olvidar que en el año 2000, Alberto Fujimori fue re-relegido en segunda vuelta con el 74% de los votos (ganándole a un recién llegado a la «política») y que luego renunció por fax (21-11-2000) tras divulgarse evidencias de actos de corrupción durante los años en el que estuvo usufructuando  el poder del Estado. Lo que siguió después no fue, como dicen algunos, una transición a la democracia, pero sí fue un momento desperdiciado porque nadie tenía un esquema institucional, con un sistema de partidos políticos de nuevo tipo, para rescatar el sentido original de la democracia. Y, ciertamente, no se podía rescatar el sentido original de la democracia, con un modelo económico que subordinaba la política a la economía y hacia elogio del individualismo.

En los años que siguieron al «fujimorato» la democracia procedimental se adecuó al neoliberalismo. Los ciudadanos aparecen solo durante los procesos electorales, para después, pasada la votación, dejar de serlo. Pero, ni siquiera en el momento de depositar el voto en las ánforas son «ciudadanos libres», porque --como dice Eloy García—lo impide el control mediático de la sociedad. No hay ciudadanos, hay electores limitados en su libertad de elegir. Además, la práctica política de las oligarquías, viejas o de nuevo cuño, bloquean el desarrollo de la ciudadanía, de la misma manera como la concentración del poder económico, la concentración de la información  y la privatización de la política impiden el desarrollo de la democracia.

La corrupción y la impostura son las características del actual Estado Constitucional Neoliberal en nuestro país y que atentan contra la esencia misma de la  democracia: «el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo». Piénsese en el magistrado del CNM recientemente vacado para quien «Haber cobrado 100 dólares por expediente será inmoral, pero no es delito»; o en el «político que roba, pero hace obras» elegido alcalde; o en el actual «candidato que indultó a delincuentes y narcos»; o en la candidata fujimorista que aprendió de su padre cómo se hace «política»; o, en fin, en el candidato propietario de universidades que declara ganar adeptos regalando artefactos domésticos y dinero. La experiencia nos dice que estos y sus entornos, una vez elegidos (presidente y congresistas), sirven a los grupos de poder económico que los «ayudaron».

Por último, hay politólogos y «políticos» que defienden la reelección de los que ejercen la representación por elección popular. Pero, la reelección es contraria al principio democrático de rotación, principio que es fundamental para promover la participación y el ejercicio ciudadano de la virtud cívica. Sin rendición de cuentas ni mecanismos directos de control ciudadano, la representación y su mecanismo de reelección le quitan legitimidad a la democracia. Los ciudadanos dejan de ser los verdaderos sujetos políticos, pues su participación se limita al acto periódico de votar.

¿Qué hacer para construir ciudadanía y democracia?

Nuestro país requiere una democracia con participación ciudadana y una concepción de la política como «ejercicio público de un mandato colectivo». Esta es la democracia republicana, que se funda en la participación directa de los ciudadanos en todos los ámbitos de su vida en comunidad; que supone limitar y controlar el poder de los elegidos, mediante mecanismos institucionales explícitos (desde las revocatorias bien reguladas, la rendición de cuentas, la rotación o la no reelección, las listas abiertas, etc.); pero, que también exige un diseño institucional que impida la injerencia de  los grupos de poder. De otro lado, los partidos, sobre todo los que tienen un pasado de izquierda, deben convertirse en «escuelas» de ciudadanía; en verdaderos «cauces fundamentales de representación, mediación y participación política». Hay dos ciudadanos que, si los elegimos, pueden llevar adelante estas reformas con un nuevo contrato social: Gonzalo García y Verónika Mendoza, Verónika Mendoza y Gonzalo García. Ninguno tiene el lastre de las oligarquías políticas.

 

 

 

Publicado sin la última parte por el Diario UNO, el sábado 21 de noviembre.

Las AFP son auténticas instituciones extractivistas

Para entender lo que ocurre con el mercado, la democracia, los procesos políticos y el desarrollo, lo que importa es la calidad de las instituciones --no si son débiles o fuertes. Hay instituciones fuertes, pero que promueven la concentración de poder y favorecen la presencia de oligarquías rentistas en la economía y en la política que impiden el desarrollo social. Con este tipo de instituciones, que Acemoglu denomina extractivistas (o extractivas), la democracia pierde su sentido original, la impostura se convierte en característica de la política y la concentración del poder económico desaparece toda posibilidad de igualdad de oportunidades. Las oligarquías que dominan las instituciones extractivistas, se oponen por todos los medios a los cambios económicos, sociales y políticos. No promueven la innovación y se «asustan» ante la posibilidad de una destrucción creativa porque les puede desestabilizar su poder político y económico.

 

Las AFP están estructuradas para practicar el rentismo

 

Las AFP fueron creadas durante el «fujimorato». Su autor Carlos Boloña, ministro de economía en ese entonces, fue «nominado», tan pronto dejó la cartera, presidente de la AFP Horizonte. Desde su origen fue entonces una institución extractivista. Su creación afectó gravemente al sistema público de pensiones porque le quitó gran parte de sus afiliados y sus fondos. Las AFP nacen como un sistema alternativo al público, no como un sistema complementario.

 

El reciente desplome de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) revelóa que los aportes acumulados de los afiliados de las AFP se redujeron en cerca de 6 mil millones soles (de S/.121.388 millones en julio de este año bajó a S/.115.406 millones en octubre). Frente a este hecho las autoridades respondieron afirmando que este problema era de corto plazo y que, por tanto, se resolvía en el largo plazo. La mala gestión fue justificada apelando al ciclo, pero no dijeron si estas eran fluctuaciones sobre una tendencia de capitalización creciente. Pero tampoco les importó mencionar si se les compensaría a los afectados que les toca jubilarse entre este año y el próximo.

 

En el colmo del extractivismo, Luis Valdivieso, presidente de la Asociación de AFP, propuso que los afiliados realicen aportes voluntarios desde que ingresan al sistema de pensiones o se incremente la edad de jubilación, como una forma de atenuar efecto de la reciente elevación de la esperanza de vida de los aportantes en tres años y cuyo efecto sería la reducción de las pensiones entre 3% y 5%. 

 

Los propietarios de las AFP nunca pierden, siempre ganan, y su ganancia es básicamente rentista porque administran fondos que provienen de un descuento compulsivo de nuestros ingresos que el Estado les trasfiere sin condiciones. Desde su origen fueron estructuradas para beneficiarse de la extracción de recursos de los trabajadores. No protegen el derecho de propiedad de nuestros «ahorros forzosos», concentran el poder en un grupo financiero, especulan en el mercado cambiario, son rentistas y no contribuyen al crecimiento diversificado de nuestra economía.

 

Los que defienden a las AFP tiene argumentos contradictorios. Luis Valdivieso, por ejemplo, dice que «la recuperación de la rentabilidad de los fondos dependerá de la coyuntura internacional»; pero otros como el viceministro de economía piden que el límite de sus inversiones en el exterior se eleve para enfrentar en mejores condiciones la volatilidad de la BVL (Hasta agosto de este año las AFP tenían invertidos en el exterior cerca del 40% de su portafolio). Sin embargo, nadie recuerda la teoría que le dio origen, según la cual el sistema de capitalización es mejor que el de reparto, porque los fondos capitalizados contribuyen a aumentar la tasa de acumulación de capital.

 

Se puede «buscar una mayor diversificación y rentabilidad para las inversiones que hacen las AFP», no solo elevando el límite de sus inversiones en el exterior, sino también diversificando y expandiendo el mercado de capitales doméstico. Pero, ciertamente esta innovación es incompatible con el carácter extractivista de las AFP.

 

Urge destrucción creativa en el sistema privado de pensiones

 

Tenemos que pasar a un sistema que no cree desigualdades empobreciendo a los viejos y que respeten la propiedad de nuestros ahorros. No es verdad, como señala Stiglitz, que después de lo ocurrido en 2008, los fondos de pensiones sean mejor gestionados por los privados. Él recomienda una reforma como la que planteamos en el Plan La Gran Transformación. Un sistema multipilar con «bajos costos de transacción y muy buen servicio al cliente» como el que existe en los Países Bajos y Noruega, o que incorpore el modelo de fondo gubernamental canadiense con «independencia, altos retornos, baja volatilidad y costos de transacción, e, incluso, inmune a la influencia política».

 

Nosotros proponíamos los pilares público y privado complementarios y no alternativos. Un pilar público con un componente contributivo obligatorio (donde se determina una pensión básica) y otro no contributivo y redistributivo; y, un segundo pilar privado que sirva de complemento al primero, voluntario y basado en cuentas individuales como el actual.

 

A modo de conclusión

 

Hay que iniciar un debate sobre esta y otras propuestas. En la coyuntura actual urge la necesidad de transformar todas las instituciones extractivistas, en instituciones inclusivas. Nuestro país requiere una «distribución amplia y pluralista del poder» para emprender definitivamente la ruta del desarrollo.

 

 

 

Publicado en el Diario UNO, el sábado 07 de noviembre.

Los problemas económicos que deja Humala

El presidente Ollanta Humala afirmó recientemente que su gobierno «ha roto con el viejo poder de los poderes económicos» y que él trabaja para los de abajo. Este fue una lapsus línguae; una mala jugada de su inconsciente que, siguiendo a Freud, diríamos que revela precisamente una impostura. Es verdad que fue elegido por los de abajo, pero los traicionó al gobernar con el programa de los que perdieron las elecciones. Es verdad que en la campaña electoral fue vilipendiado por los grupos de poder económico, pero después se sometió a sus designios. El carácter indigno de este sometimiento ha hecho que estos mismos grupos de poder lleguen a aborrecerlo, como lo hicieron con Sánchez Cerro.

 

Las políticas macro y el crecimiento económico

 

Humala recibió una economía en crecimiento y la mantuvo en piloto automático. La economía siguió creciendo impulsada por factores externos favorables, a pesar de las políticas macroeconómicas que se aplicaron desde el MEF y el Banco Central. Durante el período 2003-2013 creció a una tasa de 6.1% promedio anual, excepto el año 2009, en el que la tasa baja hasta 0.9%. En 2014, año en el que se acentúa el enfriamiento, la tasa de crecimiento se redujo a 2.35% y, es altamente probable que en este año y en el próximo se sitúe por debajo de 3% promedio anual debido a que el contexto externo cambió de signo.

El crecimiento durante 2003-2013  no tuvo que ver ni con los tratados de libre comercio ni la política cambiaria. Las «políticas» cambiaria y comercial le quitaron competitividad a la producción y exportación de transables, en particular a la manufactura, al mismo tiempo que provocaron una notable penetración de importaciones en el mercado interno. Entre julio de 2006 y abril de 2013 los tipos de cambio real bilateral y multilateral cayeron 25.6% y 14.1%, respectivamente. (Entre 2002 y 2006 hubo un manejo más sensato de la política cambiaria). Las importaciones como porcentaje del PBI manufacturero aumentaron de 87.2% en 2002 a 146.2% en 2013. Ni la apertura comercial ni el atraso cambiario fueron, entonces, el motor del crecimiento.

El crecimiento tampoco tuvo que ver con las políticas fiscal y monetaria. En la década 2003-2013, la generación de superávit primario alcanzó el 2.6% del PBI, no obstante que el ratio de deuda a PBI había disminuido significativamente. Los cálculos del déficit estructural también muestran la práctica de una política fiscal contractiva. En plena desaceleración económica, desde 2014 se siguen generando superávit primarios. Este fue  de 2.1% en el primer semestre de 2015.

La política monetaria tampoco fue directamente pro-crecimiento. Creció el crédito doméstico estimulado por el contexto financiero externo favorable, pero se promovió su dolarización junto a una reducción sistemática del tipo de cambio real. Cerca de 32% del crédito doméstico total esta dolarizado, lo que genera un descalce de monedas que dificulta un manejo eficiente de las políticas monetaria y cambiaria durante la actual desaceleración del crecimiento.  

Los problemas económicos que deja Humala

No hay relación directa entre las políticas macro descritas y el crecimiento económico. Esas políticas (y las elevadas tarifas de los servicios públicos) fueron contrarias al desarrollo industrial y a la diversificación productiva, y le hicieron perder competitividad a los productores privados en los mercados internacionales.

Humala deja una economía camino a la recesión. Con el fin del súper ciclo de las materias primas, deja una economía relativamente menos productora de transables y, por tanto, menos industrial. La producción manufacturera como porcentaje de la demanda interna bajó de 17.5% en 2003 a 13.8% en 2014.  Además, esta producción está cayendo sistemáticamente desde julio de 2014 a una tasa de 2.6% promedio mensual anualizada.

No creció la capacidad productiva per cápita al ritmo necesario para crear puestos de trabajo adecuados y con ingresos decentes. Esta es la razón por la cual el 73.7% de los trabajadores son informales. Los salarios reales prácticamente se mantuvieron estancados: entre  2001 y 2013 crecieron a la tasa de 1% anual. La situación laboral tiende a empeorar debido a la notable desaceleración del crecimiento del empleo en empresas de 10 y más trabajadores. La tasa de crecimiento anualizada de los últimos meses está por debajo del 1%, cifra ocho veces menor que el promedio registrado en los meses de enero a abril de 2011.

Aumentó la vulnerabilidad de la economía frente a los shocks externos y la  dependencia de la economía de las importaciones y de la inversión extranjera. En plena desaceleración económica aumenta el déficit comercial y el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. En el año 2014 estos déficit fueron de 0.6% y de 4.0% del PBI, y de 2.1% y 4.5% en el primer semestre de este año, respectivamente. Se descapitalizó al país acrecentando el déficit de la balanza de servicios financieros privados.

Por último, el actual gobierno ha debilitado la presión tributaria con la reducción del impuesto a la renta  que ha favorecido fundamentalmente a las grandes empresas, y con la imposición de un gravamen enteramente favorable a las empresas mineras. Humala dejará una presión tributaria relativamente menor de la que encontró cuando asumió el poder, lo que sin duda afectará el financiamiento de los programas sociales en plena recesión económica.

A modo de conclusión  

El próximo proceso electoral, a diferencia de los dos anteriores, se realizará en el contexto de una economía que tiende a la recesión o al estancamiento. Será entonces un proceso en el que se debatirá la continuidad o el cambio del modelo económico neoliberal.

 

 

Publicado en el Diario UNO, el sábado 31 de octubre