Transformar el Estado es una apuesta por la libertad
Las políticas de desregulación de los mercados han
reducido el espacio de las políticas públicas y con ello el ejercicio de la
libertad. La concentración de la riqueza en pocas manos y la creciente
desigualdad en la distribución funcional de los ingresos, limitan la libertad
porque generan pobreza y exclusión. La precarización del empleo y de los
ingresos, las pensiones de jubilación inciertas, la privatización de los
servicios públicos, el deterioro de los servicios de educación y salud, el estancamiento de los salarios reales y el
subempleo, han deteriorado las condiciones materiales de existencia de las
grandes mayorías y, con ello, su independencia y libertad. Los que menos tienen
o no tienen nada, pierden autoestima y autonomía, y su existencia material
depende del arbitrio del Estado neoliberal y de su capacidad de financiamiento
de las políticas sociales.
El Estado neoliberal ha perdido soberanía frente a los
grupos de poder económico. Su afán por atraer inversiones extranjeras le impide
reformar el sistema tributario para hacerlo más progresivo y le obliga a
promover «la desnacionalización de los recursos con concesiones que afectan al
interés nacional y sin rigurosos estudios de impacto ambiental de las
inversiones mineras». Así, el Estado neoliberal conspira contra la libertad de
los ciudadanos y aplica políticas sociales sólo como mecanismo de atenuación de
los conflictos y de compensación de los costos sociales que genera. Transformar
el Estado neoliberal es también, por eso, una apuesta por la inclusión y, por lo tanto, la libertad.
En el plan LGT se plantea luchar contra la pobreza
y, en general, contra la precarización de las condiciones materiales de
existencia de las grandes mayorías; pero, también, contra las asimetrías de
poder económico. La concentración de este poder en pocas manos, constituye una
auténtica amenaza a la libertad y a la democracia republicana. Con este fin se
propone, en primer lugar, transformar al Estado para hacerlo «promotor del
desarrollo, regulador de la economía y proveedor de servicios sociales básicos
(educación, salud, justicia, seguridad social, agua y desagüe), con políticas
públicas que tengan alcance universal»; y, en segundo lugar, cambiar
el actual modelo económico rentista y primario exportador.
De la especialización
productiva a la diversificación
El neoliberalismo, además de reducir el espacio de las
políticas públicas, ha propiciado el dominio del capital transnacional orientado
principalmente a la explotación de los recursos minerales y energéticos con mercados
externos relativamente seguros, y hacia actividades de servicios de alta
tecnología con mercados internos cautivos (como la telefonía). El resultado ha
sido la consolidación de un modelo económico rentista, primario exportador, y
el descuido del desarrollo de la agricultura y de la industria manufacturera.
Para pasar de la especialización primario exportadora a
la industrialización y diversificación productiva, según el plan LGT, primero
se tiene que «recuperar nuestro derecho preferencial a la gestión, explotación
y usufructo de los recursos naturales del país, en especial de las fuentes de
energía. Una nación que no controla sus fuentes de energía no controla su
futuro». Esta es la condición necesaria para la diversificación productiva, es
decir, para iniciar el proceso de crecimiento económico diversificado, liderado
por la industria manufacturera y la agricultura, sectores sin los cuales es
imposible generar y multiplicar puestos de trabajo estables y con ingresos
dignos.
La industrialización y diversificación productiva es un
proceso que acompaña a la expansión de los mercados internos mediante
inversiones en infraestructura, en educación y capacitación, en ciencia y
tecnología, y con el desarrollo del mercado de capitales en soles para
financiar las inversiones privadas nacionales. Como se dice en el plan LGT, «el
trato prioritario a la inversión privada nacional y un Estado promotor del
desarrollo y regulador de la economía constituyen la base para institucionalizar
el circuito nacional de generación de demanda e ingresos». Todo esto, sin
embargo, supone cambiar de raíz las instituciones políticas extractivistas que
son las que conspiran contra el desarrollo inclusivo y la libertad
republicana.
A modo de conclusión
La intervención del Estado invirtiendo en
infraestructura, definiendo políticas de ciencia y tecnología, regulando los
mercados, controlando el flujo de capitales para asegurar un tipo de cambio
estable y competitivo, financiando servicios sociales universales, etc., no
tiene por qué afectar la libertad de los ciudadanos. La democracia republicana
que se propone en el plan LGT no solo garantiza esta libertad sino también la
existencia de mecanismos de participación de los ciudadanos en las decisiones
del Estado.