Monday, March 30, 2015

Neoliberalismo y estancamiento de la inversión privada nacional

La desaceleración de la economía internacional ha puesto al descubierto los problemas estructurales de la economía peruana que le impiden mantener el ritmo crecimiento que registró en los años de altos y crecientes precios de los minerales. No hay motores internos que por sí solos, sin la intervención del Estado, reemplacen al motor externo que hoy se encuentra apagado. Las políticas y reformas neoliberales aplicadas en los últimos 24 años, fueron las responsables de estos problemas. La economía peruana, aparte de haberse reprimarizado, se hizo menos industrial y agrícola, y más productora de servicios con trabajadores de la variedad que Kalecki denominaba de «picos y palas», es decir, de baja calificación y con poco equipamiento de capital por trabajador. Este tipo de estructura productiva se expresa en un alto porcentaje de trabajadores informales, en el subdesarrollo del agro donde se encuentra el 30.7% de los trabajadores, y en una industria que ha perdido competitividad y mercados.
 
Promesas neoliberales incumplidas
 
La liberalización comercial provocó una notable penetración de importaciones que le quitó mercado interno a la producción nacional. Esta penetración fue exacerbada por la sistemática apreciación del tipo de cambio real asociada a la liberalización financiera, y por la ineficiencia en la aplicación de la regla de intervenciones cambiarias por parte del Banco Central. Se frenó o desaceleró la desdolarización del sistema financiero y aumentó el endeudamiento externo privado. Además, las entradas de capitales estimularon el consumo más que las inversiones.  
 
En veinticuatro años de neoliberalismo no se han superado las restricciones que enfrenta la inversión privada nacional para expandirse a lo largo y ancho país. El predominio del extractivismo impidió que crezca significativamente el empleo de calidad. Se limitó el gasto en educación y salud, y se descuidó el mantenimiento y la generación de nueva infraestructura económica y social acumulando un  déficit que se acerca al 50% del PBI. 
 
La confianza en la inversión extranjera más que en la inversión nacional, provocó el estancamiento de esta última (véase gráfico). La inversión privada nacional como porcentaje del PBI se mantuvo, durante los años del neoliberalismo, por debajo del porcentaje (16.3%) que alcanzó en los años 1980-1984. Es verdad que aumentó la inversión privada total en términos relativos, pero esto se debió al peso creciente que registró la inversión extranjera en los años 1995-1999 y 2005-2014. Tómese en cuenta, además, el predominio de la inversión en construcción frente a la inversión en maquinaria y equipo, con lo cual las inversiones en la industria y la agricultura no fueron capaces de generar un cambio estructural caracterizado por la absorción de fuerza de trabajo en actividades de alta productividad y que crecen más rápido que el promedio.
 
 
Durante el período neoliberal, la inversión privada nacional alcanzó un promedio de 12.2% del PBI y un máximo de solo 15% en los últimos cinco años (2010-2014). El resultado de este estancamiento fue la expansión de sectores terciarios (comercio y servicios) caracterizados por la presencia de trabajadores de baja calificación y productividad. El cambio estructural provocado por el extractivismo neoliberal fue, entonces, regresivo: en lugar de desarrollar la industria, y de diversificar y modernizar el aparato productivo, provocó la expansión de los sectores terciarios de baja productividad y que absorbieron los excedentes de trabajo.
 
Mercados internos e inversión nacional
 
Los neoliberales sostienen que en los países como el nuestro hay «enormes» oportunidades de inversión que no se aprovechan por falta de fondos. Como los ahorros son escasos, se requiere, dicen, del concurso creciente de los capitales extranjeros. Pero, esto no es cierto. En la economía peruana no existe una limitación al crecimiento por el lado del ahorro.
 
El ahorro nacional (público y privado) como porcentaje del PBI se mantuvo sistemáticamente por encima de la inversión privada nacional. Los porcentajes más altos de ahorro nacional se registraron en los años 2005-2009 (21.5%) y 2010-2014 (23.3%), mientras la inversión privada nacional alcanzó porcentajes menores (11.9% y 15%, respectivamente). Lo que elevó el porcentaje de la inversión privada total durante esos años fue la inversión extranjera, que alcanzó el 4.7% y el 4.9% del PBI, respectivamente.  
 
No es, entonces, por el lado del ahorro donde se encuentra la restricción a la expansión de la inversión nacional. Sabemos que la inversión extranjera se dirige a las actividades con alta renta natural (como la minería) y a sectores con mercados cautivos (como la telefonía). Esto no ocurre con la inversión nacional. No hay demanda de esta inversión porque no hay mercados en expansión. En una economía con un alto déficit de infraestructura, con pocas conexiones de la economía con la geografía y demografía, no pueden surgir nuevos mercados internos ni ampliarse los que ya existen.
 
«Lo que induce a invertir, a construir capacidad productiva, dice Edward Nell, es el crecimiento anticipado de los mercados. Si los mercados están creciendo rápidamente, las decisiones de invertir se tomarán rápidamente, incluso si la rentabilidad esperada es baja. Si los mercados están estancados, sin embargo, incluso si es rentable, habrá pocas razones para plantearse incrementar la capacidad y, por ello, las decisiones de invertir serán escasas».
 
A modo de conclusión  
 
Para endogenizar el crecimiento se tienen que crear mercados internos. Y, la gran transformación que esto significa supone una nueva relación del Estado con el mercado.
 
 
 
 
 
Publicado en el Diario UNO, el sábado 28 de marzo.

Saturday, March 21, 2015

Crisis de la Democracia y Reforma Política (final)

Las marchas y logros del movimiento juvenil en la actual «coyuntura crítica» por la que atraviesa el país han  creado, decíamos en nuestro artículo del 14-03-2015, un «momento democrático» que abre la posibilidad de rescatar el sentido original de la política entendida como lazo de conexión social e instrumento de justicia. Es un «momento» que crea la oportunidad de «desprofesionalizar la política», promoviendo la participación activa de los ciudadanos en los asuntos públicos y legitimar la democracia emancipándola del dominio del individualismo y del interés privado. 

Crisis de legitimidad de la democracia liberal

Hay crisis de legitimidad debido al funcionamiento de la democracia liberal divorciado del principio democrático de participación de los ciudadanos en las decisiones políticas. Sus instituciones y la llamada «clase política», actúan en contra de la esencia de la  democracia como «el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo». Los gobiernos y representantes elegidos, no rinden cuentas de sus acciones y quedan fuera del control de los ciudadanos. Las expresiones de esta crisis de legitimidad pueden resumirse en:

1)     La práctica de una concepción individualista de la política y de la sociedad fomentada por el discurso liberal y neoliberal que reivindica el espacio privado frente a la acción política para ejercer la libertad y los derechos individuales, sin interferencias ajenas. En estas condiciones, como  nos recuerda Abellán López, la democracia liberal no requiere de ciudadanos con virtudes cívicas y activa participación política;
2)     La práctica oligárquica de los partidos políticos. Estos fueron concebidos «como los cauces fundamentales de representación, mediación y participación política». Pero, según Katz y Mair, se han convertido en «partidos cartel» porque: no dependen de su base militante; no tienen posturas ideo-políticas definidas; dependen de líderes caudillos; practican la componenda y la repartija; rechazan las elecciones primarias internas; y, dependen de empresas y grupos económicos;
3)     La práctica de una representación que aleja a la ciudadanía de la participación política. La democracia moderna es representativa, pero una representación desvinculada del control de la ciudadanía es un sustituto de la democracia que le quita soberanía al pueblo, a los electores; y,
4)     La reducción del congreso en «órgano que sirve de correa de transmisión y caja de resonancia del poder ejecutivo y, particularmente, del presidente», como señala Rodríguez Guerra. Esto desvirtúa el objetivo de la división de poderes del Estado en legislativo, ejecutivo y judicial, para que se limiten mutuamente.

El contenido de la reforma política

Para recuperar el sentido del proyecto democrático, las medidas de reforma política deben apuntar a solucionar los cuatro problemas mencionados. Medidas de este tipo, entre otras, son las siguientes:

1)  Fortalecer a los partidos sin quitarle poder a los ciudadanos:
§  Eliminar el voto preferencial. Este voto desdeña al partido y es contrario al principio de rotación. En su lugar debe incluirse el voto por una lista del partido, confeccionada en elecciones internas, y solo después el elector puede votar por el candidato de su preferencia y que se encuentra en dicha lista.
§  Financiamiento uniforme a los candidatos de los partidos durante la campaña electoral. Se debe constituir un Fondo Público, administrado con tal fin por el organismo electoral competente, con reglas para la rendición de cuentas y sanciones a sus infractores. Un porcentaje de este financiamiento puede destinarse al partido para gastos de administración durante el período electoral.
§  Todo partido debe tener candidatos para no perder su inscripción. Esto evitará la existencia de los «vientres de alquiler».  
2)  Desprofesionalizar la política, y fortalecer la ciudadanía y la política:
§  Eliminar la reelección inmediata del cargo de congresista, al igual que de los cargos de presidentes regionales y alcaldes;  y, fijar un máximo de dos mandatos para estos cargos y el de Presidente de la República. La reelección frena la renovación de cuadros e impide el fortalecimiento de la  política. 
§  Establecer para los congresistas el derecho a desafiliarse del partido que traiciona sus principios y el programa presentado en la campaña electoral. Este derecho se funda en el respeto al elector o ciudadano. 
3)  Fortalecer la independencia de los poderes del Estado y la democracia:
§  Pérdida del mandato cuando un congresista es nombrado ministro por el poder ejecutivo. Su objetivo es fortalecer la independencia de poderes.
§  Control constitucional del poder ejecutivo mediante la evaluación del informe anual del Presidente ante el pleno del Congreso. Esta evaluación debe incidir en las acciones de impacto nacional realizadas por el gobierno, las cuentas de los gastos del poder ejecutivo y las propuestas de acciones para al año siguiente.
4)  La representación debe contribuir a que el pueblo ejerza su soberanía:
§  Institucionalizar la vigilancia permanente de la ciudadanía a sus representantes y canalizar las denuncias de los casos en el que se «desvirtúa la promoción del interés general» y las prácticas corruptas en el ejercicio del cargo.
§  Reforzar la institución de la rendición de cuentas (semestrales o anuales) para erradicar la corrupción, ante asambleas de los representantes con los electores.
§  Abolir la inmunidad parlamentaria que fomenta la irresponsabilidad de los representantes.

A modo de conclusión


Estas y otras medidas deben situar a la democracia en la ruta del  republicanismo hasta anclar en una nueva constitución, sin olvidar que devolver el protagonismo de la vida política al ciudadano –como dice Andrés de Francisco—no es posible si no se garantiza la existencia social de los individuos. El pensamiento republicano es contrario a la concentración del poder y a la usurpación del espacio político por las oligarquías.     




Publicado en el Diario UNO el sábado 21 de marzo.

Saturday, March 14, 2015

Crisis de la Democracia y Reforma Política (I)

Hemos dicho que el agotamiento del modelo económico neoliberal coincide con la persistente degradación de la democracia constitucional liberal, y que esta coincidencia ha configurado una coyuntura crítica donde el signo de cambios profundos es el movimiento juvenil que, con sus marchas contra la Ley Pulpín y el logro de su derogatoria, ha abierto el camino hacia el origen de la política como lazo de conexión e instrumento de justicia social.
 
Este signo de un nuevo momento democrático para el país no ha sido todavía aprehendido por los que se dedican a la «política» y creen que esta es una tarea de una clase especial y no parte de la vida activa de los ciudadanos. En este esquema de razonamiento, la democracia no requiere para funcionar de la participación política de ciudadanos comprometidos con virtudes cívicas, sino de profesionales de la «política».
 
Democracia y neoliberalismo
 
Según la concepción liberal de la democracia, los derechos individuales están asegurados mediante la profesionalización de la política. Se prescinde de la participación política de los ciudadanos, porque se desconfía de ellos, de su capacidad para tomar decisiones. Con el neoliberalismo, que se impuso en el mundo desde la década de los ochenta del siglo XX,  la legitimidad de la democracia se ha deteriorado aún más, debido a su sometimiento al «orden espontáneo del mercado». Se fomenta el individualismo o la dedicación de los individuos a sus actividades privadas, porque se considera que las tareas de la gestión pública son responsabilidad de la «clase política». Por eso, las políticas públicas han sido penetradas por el interés privado y los procesos electorales se han privatizado (hay compra-venta de «vientres de alquiler» y de votos).
 
Con el modelo económico neoliberal el interés público y, por lo tanto, la democracia, se ha subordinado al interés privado. En las propias organizaciones llamadas «partidos políticos», las prácticas democráticas han desaparecido. Con la crisis de las ideologías estas organizaciones actúan como grupos de interés privado; no les importa desarrollar ciudadanía, sino llegar al poder para usufructuarlo, siguiendo una lógica ajena a la idea democrática. No es solo el distanciamiento de los elegidos y los electores, lo que revela el fracaso de la representación política, sino su profunda penetración por intereses privados mercantiles. Los «partidos» y los elegidos no fomentan las virtudes cívicas, no persiguen el interés general, y tienen una praxis oligárquica que deslegitima a la democracia representativa.    
 
Cuando no se confrontan ideologías el debate político es sustituido por el debate sobre trivialidades y, como afirma Eloy García, este debate es dirigido por expertos en comunicación que solemnizan lo obvio y «que hacen de la política un gigantesco mercado en el que se lucha por un poder que ha perdido toda coloración. Es el reino del marketing donde la imagen se hace sustancia, en el que lo conveniente es no decir nada que signifique compromiso irrenunciable y donde un agujero en el zapato puede dar lugar a una pérdida de las elecciones».
 
La reforma política ¿para qué?
 
Con la penetración de los intereses privados en el ámbito de la gestión pública, la democracia ya no es «el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo», como la definió Abraham Lincoln. Las prácticas y decisiones de los poderes del Estado, que son las instituciones de la democracia constitucional liberal, están lejos del control de los ciudadanos. 
 
Sin embargo, esta pérdida de legitimidad de la democracia, la profunda desafección ciudadana hacia las instituciones denominadas democráticas, no ha socavado el principio democrático, el ideal democrático de la participación política en sociedad o la implicación de los ciudadanos en las decisiones políticas. Se precisa, entonces, de una reforma política que haga posible la vigencia de la democracia republicana, que permita revitalizar las virtudes cívicas y reivindicar una nueva manera de hacer política. En fin, se precisa una reforma política para que sea posible cultivar la virtud cívica superando las reglas de la neutralidad neoliberal o del ciudadano pasivo; para revalorar el espacio público y enfrentar la corrupción; para institucionalizar la vigilancia permanente y el control ciudadano de los representantes elegidos y de los poderes públicos, y para enfrentar de otra manera los problemas colectivos.
 
Pero la reforma política que reclamamos no puede prescindir de la gran transformación económica y social. No es la prédica ni las nuevas reglas o instituciones que harán que surjan ciudadanos motivados a actuar a favor del bien común; es necesario un contexto social que permita mejorar la calidad de la democracia bajo los principios de la justicia social y económica, del interés general y de la libertad política. Hay que evitar que el carácter progresivo de la reforma política encuentre su muerte en el «orden espontáneo del mercado».   
 
A modo de conclusión
 
La virtud ciudadana es la condición sine qua non de la democracia republicana. Como dice Eloy García, « Es en el espíritu y no en las leyes, en el respeto del actuar cotidiano a los postulados de principio y no en los órganos del Estado, donde reside el remedio a la corrupción y con él, la última y mejor esperanza de la Democracia. Si el Poder es una realidad humana y si la política se define como el arte de actuar colectivamente en la (sociedad), no cabe hablar de Democracia sin ciudadanos dispuestos a obrar virtuosamente, a elevar el vivere civile a la condición de virtù
 
 
 
 
 
Publicado en el Diario UNO, el sábado 14 de marzo.