Las
diferencias en las propuestas económicas de las dos agrupaciones —Fuerza
Popular (FP) y Peruanos por el Kambio (PPK)— que compitieron en el balotaje,
pasaron a un segundo plano. Keiko Fujimori quiso convertir esta competencia en
una disputa entre los intereses de las pequeñas y medianas empresas, cuya
representación ella se adjudicó, y los intereses de las grandes empresas que
según ella defendía PPK; pero esta treta no le dio resultado, pues traía una
historia —su directa vinculación con la dictadura corrupta de su padre— que se reveló
intacta con la denuncia de que el secretario general de su «partido» y
principal financista de su campaña, Joaquín Ramírez, es investigado por la DEA
por lavado de activos y narcotráfico. A esto se agregó la práctica «montesinista»
de alterar un audio para tratar de desmentir esta denuncia, con la
participación nada menos que de su candidato a la vicepresidencia, José
Chlimper.
La
defensa de la democracia
Las
agrupaciones FP y PPK se revelaron, entonces, como dos opciones políticas
contrapuestas con relación a la democracia. Los electores tenían que optar, en
consecuencia, por una candidatura —la de Pedro Pablo Kuczynski— que representaba
la defensa del régimen democrático y la otra —la de Keiko Fujimori— antidemocrática,
contraria a la virtud cívica por sus prácticas descaradamente clientelares. El
fujimorismo organizado en FP aparecía como la negación de un régimen donde los «todos
los ciudadanos tienen iguales derechos y son igualmente Dignos».
Con la
elección de PPK, entonces, triunfó la Democracia y perdió la opción que hizo de
la mentira una forma de hacer política; perdió la opción vinculada al narcotráfico
y al crimen, adornada con un discurso populista. Podemos decir, por otro lado,
que el resultado del balotaje es histórico no solo porque revela la existencia
en nuestro país de una población (y de una juventud) mayoritariamente
democrática, sino también porque es la primera vez que la izquierda liderada por
Verónika Mendoza optan por la defensa de la Democracia. Esta es una aceptación abierta
de que la transformación del orden social puede y tiene que hacerse en democracia
y fortaleciendo la democracia.
Cambios políticos
e institucionales
La
participación exitosa del conjunto heterogéneo de fuerzas democráticas en el
balotaje puede convertirse, o podemos
convertirla, en el inicio de un proceso político conducente al cambio radical en
la forma de gobernar y también en la forma de hacer política en nuestro país.
El
objetivo de este proceso de este proceso debe ser fortalecer la Democracia o,
más precisamente, iniciar una transición verdadera a la Democracia. Primero
debe impulsarse una reforma política integral que cierre la posibilidad del retorno
de otra amenaza contra ella (como la penetración de la corrupción y el
narcotráfico en las organizaciones políticas, las violaciones de los derechos y
libertades, el clientelismo como modalidad de organización política, la
constitución de oligarquías políticas, etc.). Por otro lado, exigir la práctica
de la consulta, el diálogo y la rendición de cuentas como forma de gobernar. El
respaldo de la población y sus organizaciones sociales, será indispensable para
impedir una oposición intransigente desde el Congreso.
Gobernar
a espaldas del pueblo y mediante componendas con el «liderazgo» del fujimorismo
que controla el poder legislativo, conspirará más temprano que tarde contra la
gobernabilidad. Las condiciones están dadas para gobernar con independencia de poderes
(legislativo, ejecutivo y judicial), pero introduciendo mecanismos y reformas
institucionales que aseguren que el Estado no solo brinde equitativamente
servicios, sino que sea garante absoluto de la legalidad democrática. No habrá
seguridad ciudadana ni Estado de Derecho si no se elimina la corrupción en
todos los poderes del Estado, en especial en el Poder Judicial y el Ministerio Público.
Para
completar la transición democrática se requiere de una descentralización basada
en un nuevo esquema de regionalización. Este esquema debe ser macro-regional y resultado
de un ordenamiento territorial que asegure una integración armoniosa de la
economía, con la geografía y la demografía. La regionalización actual (que es
idéntica a división departamental del país) ha generado más problemas que
soluciones. El crecimiento es desequilibrado y desigual, porque no se
aprovechan plenamente las potencialidades de áreas geográficas y económicas que
traspasan las fronteras de las actuales regiones. Estas son compartimentos
estancos que no ayudan a aprovechar las externalidades de las inversiones
públicas ni a su gestión eficiente.
Cambios
en las propuestas económicas
Se puede
empezar con el diseño de la macro-región del sur, para masificar el uso
doméstico e industrial del gas, renegociando los contratos respectivos. Es una
gran oportunidad para desarrollar industria vinculada a la explotación del gas.
No es difícil que el nuevo gobierno encuentre un consenso rápido sobre este
tema, incluso dentro del propio congreso, pues también fue una propuesta
electoral del fujimorismo.
El nuevo
gobierno recibirá una economía cuasi-estancada, con varios desequilibrios y
desajustes estructurales, con una menor presión tributaria y con una
espectacular penetración de importaciones. El principal reto entonces será articular
la gestión del corto plazo (políticas macro) con las políticas orientadas a la
diversificación productiva. El objetivo debe ser reducir la dependencia del
crecimiento de la expansión de la demanda externa y altos precios de materias
primas.
A modo de
conclusión
Finalmente,
la coyuntura económica actual, interna y externa, es propicia para poner en
debate el papel del tipo de cambio como instrumento de cambio estructural, por
su impacto directo en la expansión de las actividades transables y, en
especial, de las industrias manufacturera y agroindustrial.
Publicado en el Diario UNO, el sábado 18 de Junio.