En nuestro artículo del 16/07/16
señalamos la propuesta económica de PPK plantea dos posibles caminos. El
primero sería de estancamiento económico, con reducción de la inversión pública
y con aumentos de la informalidad y el subempleo, si se decide mantener (o reducir)
el déficit fiscal de 3% del PBI proyectado para este año. Este camino parece
haber sido ya descartado por el ministro designado Alfredo Thorne. El segundo y
el más probable, sería de un crecimiento cercano al 4%, con fuertes
desequilibrios macroeconómicos. Los gastos en el fortalecimiento de los
programas sociales y la universalización de los servicios básicos (como agua, alcantarillado
y otros), conducirían a un déficit fiscal que puede superar el 5% del PBI, con
el consecuente aumento de la deuda pública. El aumento de la demanda interna,
sólo estimularía el crecimiento de actividades terciarias de baja
productividad. No hay otras fuentes de crecimiento que impliquen la superación
de su dependencia del ciclo de las materias primas.
Alfredo Thorne cree que las nuevas fuentes
de crecimiento aparecerán cuando se «destraben proyectos que se encuentran
atracados —como los 60 mil millones de dólares de inversiones en
el sector minero— y cuando se reduzca la informalidad en 50%». De los tres
millones de nuevos empleos ofrecidos en la campaña —dice—, la mitad
corresponderá a los puestos de trabajo que crearán los proyectos destrabados y
la otra mitad a la formalización». Nada de esto, desafortunadamente, será posible.
El contexto externo ya no es el mismo y la informalidad no se debe a problemas
tributarios ni a problemas legales.
Desequilibrios macroeconómicos y mayor
endeudamiento público
La segunda ruta que implica un aumento
notable del déficit fiscal presupone: o un fuerte endeudamiento público o una
modificación de la ley de responsabilidad y transparencia fiscal en acuerdo con
el congreso. No hay aumento posible de la recaudación tributaria de acuerdo con
la propuesta económica de PPK. Cambiar la ley es inviable políticamente; por lo
tanto, el gobierno optaría por el aumento de la deuda pública y, específicamente,
externa. Es verdad que el ratio de deuda a PBI es de los más bajos de la región
(está en 23% del PBI). Por eso, aumentarla en dos o tres puntos, dicen algunos,
no haría mucha diferencia. Pero, en la actualidad la deuda pública externa más
la deuda privada externa suma el 33% del PBI; nada menos que 144% más que las
reservas internacionales (o posición de cambio) del Banco Central.
Esta es, entonces, la ruta de la
reactivación del aparato productivo cuya composición menos industrial y menos
agrícola es el resultado del estilo de crecimiento primario exportador. Con un
sector manufacturero en recesión, con exportaciones que se desaceleran y una
alta penetración de importaciones en el mercado interno, el aumento de la
demanda interna puede traducirse en presiones inflacionarias y en un mayor
desequilibrio externo. Dado el estancamiento económico externo, no hay
posibilidades de crecimiento sostenido si el Estado no se involucra
directamente en la generación de condiciones para cambiar el estilo de
crecimiento. Lo que tendríamos, entonces, es una economía que crece sin fuentes
internas sólidas y con importantes desequilibrios macroeconómicos: un
déficit en la cuenta corriente de la
balanza de pagos que puede superar el 5% del PBI, un alto endeudamiento externo
privado y público, y un alto déficit fiscal. La presión tributaria puede bajar
porque se mantendrían las medidas tributarias regresivas dictadas por el
gobierno de Humala y se reduciría en un punto del IGV, junto a la disminución
de la tributación minera. De otro lado, en el año 2017 terminaría el
crecimiento de la producción minera que proviene de inversiones pasadas (las
Bambas, Toromocho y la ampliación de Cerro Verde). No hay ni habrá nuevas
inversiones mineras como las que se hicieron durante el superciclo de las
materias primas.
Lo que exige el nuevo estilo de
crecimiento
Si no se desea terminar con un ajuste económico
y financiero notable, tiene que iniciarse la modificación del estilo de
crecimiento, cambiando la manera cómo se acumula capital y cómo se crece: pasando
el liderazgo en la acumulación de capital y en el crecimiento económico de los
sectores primarios extractivos a los sectores secundarios como la manufactura. Lo
que a su vez significa, por un lado, sustituir el liderazgo de la inversión
extranjera en sectores extractivos por el liderazgo de la inversión privada,
sobre todo nacional, en el desarrollo de la industria, la agroindustria y la
agricultura; y, por otro, adecuar las políticas macroeconómicas a este fin.
Primero, hay que eliminar las
restricciones a la expansión de la inversión privada nacional y de la capacidad
privada empresarial y, consecuentemente, de los mercados internos. Para ello es
importante implementar un plan de inversiones en infraestructura, pública y/o
en asociación con el sector privado —carreteras,
ferrocarriles, represas, canales de riego, centrales de energía, etc.— con un
criterio macroregional y bajo un nuevo ordenamiento territorial. Estas inversiones
generan mercados y estimulan el crecimiento de inversiones industriales
privadas indispensables para diversificar el aparato productivo y para asegurar
que la innovación tecnológica eleve la productividad de toda la economía. Puede
empezarse con el desarrollo de la macroregión sur para el cual el gobierno
entrante ha ofrecido el gasoducto, una planta de fertilizantes y la
industrialización de nuestros recursos naturales.
La inversión privada nacional enfrenta
restricciones no solo de infraestructura y de mercados, sino de financiamiento
y capital humano. «La disponibilidad de capital y de habilidades suficientes —dice
Rodrik— son claves para que el sector innovador se expanda en forma rápida y
continua». Hay que expandir el mercado de capitales en soles para que las
empresas pequeñas y medianas financien sus inversiones con deuda. El Estado
puede, al inicio, garantizar las emisiones privadas a plazos prudenciales, y
condicionadas al desarrollo industrial y agroindustrial. Además, se tiene que
invertir en la creación de institutos tecnológicos y de facultades de
ingeniería y agronomía de punta, y fomentar la investigación y el desarrollo de
capacidades.
Finalmente, las políticas
macroeconómicas deben responder al objetivo de cambio del estilo de
crecimiento. Primero hay que desdolarizar las deudas para flexibilizar la
gestión de la política monetaria. Segundo, se tiene que adoptar medidas que
regulen el movimiento de capitales, para hacer posible una gestión cambiaria
que incentive la producción de transables. Tercero, eliminar los frenos legales
para utilizar los ahorros del tesoro sólo en inversión pública. Cuarto, evitar
el endeudamiento externo, reduciendo al máximo el riesgo cambiario de la deuda externa
y de esta manera asegurar la sostenibilidad de la política fiscal. Quinto,
eliminar las medidas tributarias regresivas y no tocar el IGV. Hay más, pero es
suficiente para iniciar un debate sobre las posibilidades de cambio que abre el
triunfo de la democracia con la elección de PPK.
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