Durante los tres últimos años del gobierno fujimorista, es decir, en el período de recesión 1998-2000, se aplicó una política monetaria restrictiva en soles, orientada a neutralizar las presiones al alza del tipo de cambio, y una política fiscal contractiva procíclica que redujo significativamente el gasto de inversión pública. Ambas políticas se mantuvieron en lo sustancial durante todo el Gobierno de Transición.
La recesión de esos años no podía terminar por sí sola, de muerte natural, como decíamos en un trabajo publicado en su oportunidad por el CIES. Tenía que cambiar el sistema neoliberal de políticas, fiscal y monetaria. En efecto, con el gobierno actual cambió radicalmente la política monetaria. Se adoptó un nuevo esquema consistente en: a) una meta de inflación para anclar las expectativas inflacionarias de los agentes económicos; b) una regla de Taylor que fija la tasa de interés en función de la brecha de la inflación y la brecha del producto; y, c) una regla de intervención esterilizada de compra-venta de dólares para morigerar la volatilidad del tipo de cambio.
Este nuevo esquema de política monetaria es en esencia contra cíclico y, por supuesto, contrario a la dolarización del portafolio bancario. Sus instrumentos tasa-de-interés y compra-venta-de-dólares, se combinan para influir conjuntamente sobre la inflación, el nivel de actividad y, eventualmente, sobre la posición de cambio y el nivel de reservas internacionales. Como resultado de la aplicación de estos instrumentos, se configuró una estructura de precios relativos favorable a la reactivación de la economía: bajaron las tasas de interés, mejoró el tipo de cambio real multilateral, y se estabilizó la inflación en niveles inferiores al 3.5% anual. Al mismo tiempo, la nueva política monetaria contribuyó a reducir significativamente la volatilidad de la economía ante eventos internos y externos adversos: estimuló la desdolarización y se acumularon reservas internacionales.
Mientras cambió radicalmente la política monetaria, no ocurrió lo mismo con la política fiscal. Por el lado del gasto, se contrajo la inversión pública y, por tanto, se redujo su contribución al crecimiento. Esta inversión disminuyó de 3.1% del PBI en el año 2001 a 2.8% en el 2004. La evidencia empírica muestra que el tipo de inversión pública que necesita nuestro país, no desplaza a la inversión privada (crowding out); por el contrario, la complementa (crowding in). Por el lado de los ingresos, no se emprendió una reforma tributaria integral: los ingresos tributarios del gobierno general pasaron de 12.8% del PBI en el año 2001 a sólo 13.6% en el año 2004. Ni siquiera se alcanzó el promedio del período 1994-2000, que fue de 13.7%, y menos el 14.5% registrado en el año 1997. Con ingresos relativos más bajos, en los cuatro años del actual gobierno se generó, en promedio, un déficit fiscal de 1.9% del PBI, menor que el déficit de 2.1% del periodo 1994-2000.
Lo que sí cambió notablemente fue una parte del esquema institucional de la política fiscal. El programa de creadores de mercado de deuda pública interna en soles, los modelos de sostenibilidad y programación de la deuda, y el programa de reperfilamiento de la deuda, modernizaron la gestión fiscal, pero no alteraron su carácter procíclico. A la propuesta fallida de una regla contracíclica que acompañó a nuestro trabajo sobre la sostenibilidad, se juntaron otras que tampoco fructificaron: la separación de los gastos de inversión pública de la contabilidad del déficit, la regla de endeudamiento sólo para gastos de inversión (Golden Rule) y la indexación de los pagos de los servicios de la deuda al ciclo económico con las instituciones financieras internacionales.
De todas las reformas mencionadas, hay que destacar los efectos del programa de creadores de mercado, por su vinculación con los efectos de la nueva política monetaria. Este programa estimuló la expansión del mercado doméstico de capitales en soles, promovió la desdolarización y, consecuentemente, fortaleció el mecanismo de transmisión de la política monetaria. No sólo bajaron relativamente las tasas de interés durante los dos últimos años, sino también la vulnerabilidad de la economía, al haber propiciado, junto con la política monetaria, un mayor uso de instrumentos financieros denominados en moneda local. La nueva política monetaria y el programa de creadores de mercado iniciaron así la creación de las condiciones para que la inversión productiva privada local encuentre financiamiento de mediano y largo plazos en el mercado doméstico de capitales.
Gestión, Diario de Economía y Negocios
Wednesday, March 30, 2005
Tuesday, March 29, 2005
Historia Reciente del Crecimiento Económico (I)
La tasa promedio de crecimiento económico de los últimos tres años fue de 4.6%. En realidad ya son 42 meses de crecimiento sostenido. ¿Quienes son los autores de este éxito económico? ¿Es la cosecha, como dicen algunos, de la siembra neoliberal de la década de los noventa? ¿Cómo se superó la recesión de los años 1998-2000? ¿El gobierno actual continuó aplicando las mismas políticas económicas de esos años? Para responder a estas preguntas nos circunscribiremos al examen de las políticas monetaria y fiscal, porque son éstas las que configuran una estructura de precios relativos, a partir de la cual se puede inferir el patrón de asignación de recursos y, por tanto, de crecimiento económico. Lo que buscamos es contribuir a evitar que nuestra corta memoria termine por confundir a los autores de este éxito económico, con sus apropiadores.
Para empezar, hay que recordar que el carácter insostenible del modelo neoliberal reprimarizador y de sus políticas macroeconómicas fue puesto en evidencia por la crisis financiera internacional de los años 1997-1998. La política monetaria de esa época fue responsable de la magnitud del efecto nocivo que tuvo esta crisis sobre el producto y el empleo. Fomentó el endeudamiento externo de la banca comercial y, por tanto, acrecentó la vulnerabilidad de la economía ante eventos internacionales adversos, mediante la aplicación de encajes efectivos diferenciales: 0% para las líneas de créditos externas y cerca de 44% para los depósitos domésticos en dólares. La política fiscal fujimorista, por su parte, fue fundamentalmente procíclica y se aplicó en un contexto de crecimiento del nivel de actividad. Los gastos aumentaron pari pasu con los ingresos, y se generaron déficit fiscales que en los años 1992-1997 alcanzaron un promedio de 2.7% del PBI. Estos déficit se financiaron con endeudamiento externo y con recursos de la privatización. El monto utilizado de estos recursos, durante ese mismo período, fue equivalente al 2.1% del PBI.
¿Cómo enfrentó el neoliberalismo el efecto recesivo iniciado por la crisis asiática de julio de 1997 y agravado después por la crisis rusa de setiembre de 1998? Por el lado de la política monetaria, se respondió disminuyendo progresivamente el encaje de los depósitos domésticos en dólares. Pero esta reducción no produjo el aumento esperado en la liquidez para créditos al sector privado, debido a la creciente morosidad y a la urgencia de los bancos por repagar su deuda externa de corto plazo. El sistema bancario fue socorrido, además, por los depósitos que efectuó el gobierno en moneda nacional y extranjera desde el año 1997. El socorro gubernamental también incluyó un subsidio implícito durante el aumento del tipo de cambio: el gobierno disminuía sus depósitos en dólares y aumentaba sus depósitos en soles favoreciendo a los bancos con el diferencial cambiario, al mismo tiempo que disminuía la tasa de encaje de los depósitos en moneda extranjera. Entre setiembre de 1998 y fines del año 2000, se redujo el encaje para depósitos domésticos en dólares en aproximadamente 10 puntos, de 44% a 34.1%
La recesión económica, como era de esperarse, repercutió negativamente sobre las cuentas fiscales. Aumentó el déficit; con un plus en el año 1999 por la campaña electoral reeleccionista. Precisamente a fines de ese año, el gobierno optó por un drástico ajuste fiscal bajo el liderazgo del entonces ministro Boloña. La ausencia de recursos de la privatización y de financiamiento externo, obligó al gobierno a bajar el encaje en moneda extranjera de 37.2% a 34.1%, para, de este modo, enfrentar el desequilibrio fiscal postelectoral mediante el retiro de sus depósitos del sistema bancario. Este ajuste procíclico provocó una recesión dentro de la recesión, que fue posteriormente exacerbada por las sucesivas disminuciones del gasto, en especial el destinado a inversiones públicas.
En resumen, la política monetaria de los años noventa fomentó la dolarización de los créditos, con lo cual creó las condiciones para que la fuga de capitales que siguió a la crisis rusa, provocara una corrida bancaria. Entre setiembre de 1998 y diciembre de 1999, los bancos República y Banex quebraron y cerraron; el banco Latino fue rescatado directamente con recursos del gobierno y, por último, el banco Wiese se fusionó, mediante directo auspicio del gobierno, con un banco extranjero. Finalmente, el tipo de contracción fiscal postelectoral aplicado en setiembre del año 2000, generó una recesión dentro de la recesión que también provocó una corrida bancaria. Dos bancos chicos, directamente afectados por el retiro de los depósitos del gobierno, el NBK y Nuevo Mundo, quebraron en el mes de octubre de ese año.
Gestión, Diario de Economía y Negocios
Para empezar, hay que recordar que el carácter insostenible del modelo neoliberal reprimarizador y de sus políticas macroeconómicas fue puesto en evidencia por la crisis financiera internacional de los años 1997-1998. La política monetaria de esa época fue responsable de la magnitud del efecto nocivo que tuvo esta crisis sobre el producto y el empleo. Fomentó el endeudamiento externo de la banca comercial y, por tanto, acrecentó la vulnerabilidad de la economía ante eventos internacionales adversos, mediante la aplicación de encajes efectivos diferenciales: 0% para las líneas de créditos externas y cerca de 44% para los depósitos domésticos en dólares. La política fiscal fujimorista, por su parte, fue fundamentalmente procíclica y se aplicó en un contexto de crecimiento del nivel de actividad. Los gastos aumentaron pari pasu con los ingresos, y se generaron déficit fiscales que en los años 1992-1997 alcanzaron un promedio de 2.7% del PBI. Estos déficit se financiaron con endeudamiento externo y con recursos de la privatización. El monto utilizado de estos recursos, durante ese mismo período, fue equivalente al 2.1% del PBI.
¿Cómo enfrentó el neoliberalismo el efecto recesivo iniciado por la crisis asiática de julio de 1997 y agravado después por la crisis rusa de setiembre de 1998? Por el lado de la política monetaria, se respondió disminuyendo progresivamente el encaje de los depósitos domésticos en dólares. Pero esta reducción no produjo el aumento esperado en la liquidez para créditos al sector privado, debido a la creciente morosidad y a la urgencia de los bancos por repagar su deuda externa de corto plazo. El sistema bancario fue socorrido, además, por los depósitos que efectuó el gobierno en moneda nacional y extranjera desde el año 1997. El socorro gubernamental también incluyó un subsidio implícito durante el aumento del tipo de cambio: el gobierno disminuía sus depósitos en dólares y aumentaba sus depósitos en soles favoreciendo a los bancos con el diferencial cambiario, al mismo tiempo que disminuía la tasa de encaje de los depósitos en moneda extranjera. Entre setiembre de 1998 y fines del año 2000, se redujo el encaje para depósitos domésticos en dólares en aproximadamente 10 puntos, de 44% a 34.1%
La recesión económica, como era de esperarse, repercutió negativamente sobre las cuentas fiscales. Aumentó el déficit; con un plus en el año 1999 por la campaña electoral reeleccionista. Precisamente a fines de ese año, el gobierno optó por un drástico ajuste fiscal bajo el liderazgo del entonces ministro Boloña. La ausencia de recursos de la privatización y de financiamiento externo, obligó al gobierno a bajar el encaje en moneda extranjera de 37.2% a 34.1%, para, de este modo, enfrentar el desequilibrio fiscal postelectoral mediante el retiro de sus depósitos del sistema bancario. Este ajuste procíclico provocó una recesión dentro de la recesión, que fue posteriormente exacerbada por las sucesivas disminuciones del gasto, en especial el destinado a inversiones públicas.
En resumen, la política monetaria de los años noventa fomentó la dolarización de los créditos, con lo cual creó las condiciones para que la fuga de capitales que siguió a la crisis rusa, provocara una corrida bancaria. Entre setiembre de 1998 y diciembre de 1999, los bancos República y Banex quebraron y cerraron; el banco Latino fue rescatado directamente con recursos del gobierno y, por último, el banco Wiese se fusionó, mediante directo auspicio del gobierno, con un banco extranjero. Finalmente, el tipo de contracción fiscal postelectoral aplicado en setiembre del año 2000, generó una recesión dentro de la recesión que también provocó una corrida bancaria. Dos bancos chicos, directamente afectados por el retiro de los depósitos del gobierno, el NBK y Nuevo Mundo, quebraron en el mes de octubre de ese año.
Gestión, Diario de Economía y Negocios
Sunday, March 06, 2005
El carácter de la crisis y el actual modelo de crecimiento
Tres años de crecimiento sostenido (4.6% promedio anual) en un contexto político permanentemente adverso, pone en evidencia, a mi juicio, la dramática desconexión entre el modelo actual de crecimiento económico y la manera de hacer política en el país. Es dramática, porque las diferentes manifestaciones de la política son más que un ruido recurrente. El sistema político e institucional es retrógrado y, por tanto, contrario al nuevo modo de crecer, es decir, a un proceso económico que está abriendo la posibilidad de reconstruir e integrar al país como nación. La visión fragmentada, socialmente caritativa y conceptualmente centrífuga de los partidos políticos tradicionales, puede hacer fracasar este nuevo germen de desarrollo nacional, el segundo en los últimos 50 años. Mientras la economía crece de modo distinto a sus antecedentes históricos, un elevado porcentaje de la población manifiesta no interesarse en la política y, peor aún, la identifica con corrupción, engaño, mentira, robo y beneficio personal.
Esta desconexión que opera como rémora o como lastre de la nueva economía, es la que le da el carácter de crisis a la coyuntura actual. Es impredecible el producto de su culminación. Un posible desenlace puede ser el retorno a una relativa estabilidad política basada en un consenso en torno al estado de derecho, junto con una bastardización de ese nuevo germen de desarrollo como ocurrió con el proceso sustitutivo de los años sesenta. Otra vez se confirmaría que la economía y la política pueden seguir caminos distintos o contradictorios. No se legitimaría el Estado ante la población mayoritariamente pobre y, ciertamente, no se soldaría la democracia con el desarrollo nacional. Esta es la ruta que pintan los que desean exportar nuestros ahorros, los que no entienden la actual política monetaria, los lobbies económicos, los neoliberales patrimonialistas (que todavía usufructúan del Estado) y... en fin, los que condicionan el futuro del país a la firma del TLC. No está muy lejos el proceso sustitutivo de importaciones para recordar que devino en espurio por el dominio de una oligarquía financiera sobre un estado de derecho de corta duración. La secuela de ese proceso bastardo fue el dominio del Estado bajo un régimen militar: la dictadura.
Pero hay otro desenlace posible: la superación de la actual desconexión mediante la refundación de la política con visión de país. Desde hace ya más de dos décadas (desde el fracaso del proceso sustitutivo y la crisis de la deuda externa, pasando por el fracaso del modelo neoliberal patrimonialista, hasta nuestros días), no se ha construido una concepción de desarrollo nacional que oriente la forma de hacer política en el país. Empleo temporal, crédito barato, banco agrario, tarifas públicas y medicinas a bajos precios, disminución de sueldos de congresistas y altos funcionarios, reformas de segunda generación, etc., son parte de tantos listados inconexos de lavandería que acostumbraron a ofrecer y aún ofrecen los partidos tradicionales.
Por la carencia de visión de país, las políticas del Consenso de Wa-shington, fueron impuestas por la dictadura fujimorista con el apoyo de unos y la indiferencia de otros. Esta dictadura reprimarizó la economía, hizo dependiente al sistema bancario del capital extranjero de corto plazo, fomentó la especulación crediticia, exacerbó el desequilibrio externo, promovió la dolarización y restó capacidad a la política monetaria para administrar el ciclo, atrasó el tipo de cambio conspirando contra la competitividad, pervirtió la política fiscal con una práctica procíclica, empeoró la calidad de vida de la inmensa mayoría de la población y, en suma, sacrificó el crecimiento a favor de objetivos de corto plazo en medio de una corrupción organizada desde el Estado que no tuvo precedentes en la historia del país.
Cuando los partidos políticos se sumaron al movimiento por la democracia, el modelo económico neoliberal y el propio régimen fujimorista habían sido heridos de muerte por la crisis financiera internacional de 1997-1998. Se evidenció su fragilidad y su vergonzante dependencia del capital extranjero. Aquí se originó la crisis que aún no termina. Triunfó la democracia, pero disociada de una concepción de desarrollo para un país pobre y con una economía desconectada de su geografía y demografía. Para soldar la democracia con el desarrollo, hay que refundar la política mediante una agenda de crecimiento integrador del país. Este es el camino del “compromiso democrático” (que anhela Nicolás Lynch), pero de compromiso con un desarrollo que no sea excluyente y que, por tanto, incorpore la erradicación de la pobreza en un nuevo modo de crecer y acumular riqueza. En el Perú actual, esto implica basar la concepción del desarrollo nacional en ese nuevo modo de crecer, cuidando su autenticidad. Este es distinto al neoliberal patrimonialista porque está creando mercados internos y aumentando más el empleo en las provincias; está incorporando al mercado a la población pobre y provinciana del país; está avanzando hacia adentro sin cerrarse al mundo y sin crear déficit externos ni presiones inflacionarias; ya no es adicta al dólar; y, su financiamiento no depende de los flujos de capitales extranjeros.
Diario La República
Esta desconexión que opera como rémora o como lastre de la nueva economía, es la que le da el carácter de crisis a la coyuntura actual. Es impredecible el producto de su culminación. Un posible desenlace puede ser el retorno a una relativa estabilidad política basada en un consenso en torno al estado de derecho, junto con una bastardización de ese nuevo germen de desarrollo como ocurrió con el proceso sustitutivo de los años sesenta. Otra vez se confirmaría que la economía y la política pueden seguir caminos distintos o contradictorios. No se legitimaría el Estado ante la población mayoritariamente pobre y, ciertamente, no se soldaría la democracia con el desarrollo nacional. Esta es la ruta que pintan los que desean exportar nuestros ahorros, los que no entienden la actual política monetaria, los lobbies económicos, los neoliberales patrimonialistas (que todavía usufructúan del Estado) y... en fin, los que condicionan el futuro del país a la firma del TLC. No está muy lejos el proceso sustitutivo de importaciones para recordar que devino en espurio por el dominio de una oligarquía financiera sobre un estado de derecho de corta duración. La secuela de ese proceso bastardo fue el dominio del Estado bajo un régimen militar: la dictadura.
Pero hay otro desenlace posible: la superación de la actual desconexión mediante la refundación de la política con visión de país. Desde hace ya más de dos décadas (desde el fracaso del proceso sustitutivo y la crisis de la deuda externa, pasando por el fracaso del modelo neoliberal patrimonialista, hasta nuestros días), no se ha construido una concepción de desarrollo nacional que oriente la forma de hacer política en el país. Empleo temporal, crédito barato, banco agrario, tarifas públicas y medicinas a bajos precios, disminución de sueldos de congresistas y altos funcionarios, reformas de segunda generación, etc., son parte de tantos listados inconexos de lavandería que acostumbraron a ofrecer y aún ofrecen los partidos tradicionales.
Por la carencia de visión de país, las políticas del Consenso de Wa-shington, fueron impuestas por la dictadura fujimorista con el apoyo de unos y la indiferencia de otros. Esta dictadura reprimarizó la economía, hizo dependiente al sistema bancario del capital extranjero de corto plazo, fomentó la especulación crediticia, exacerbó el desequilibrio externo, promovió la dolarización y restó capacidad a la política monetaria para administrar el ciclo, atrasó el tipo de cambio conspirando contra la competitividad, pervirtió la política fiscal con una práctica procíclica, empeoró la calidad de vida de la inmensa mayoría de la población y, en suma, sacrificó el crecimiento a favor de objetivos de corto plazo en medio de una corrupción organizada desde el Estado que no tuvo precedentes en la historia del país.
Cuando los partidos políticos se sumaron al movimiento por la democracia, el modelo económico neoliberal y el propio régimen fujimorista habían sido heridos de muerte por la crisis financiera internacional de 1997-1998. Se evidenció su fragilidad y su vergonzante dependencia del capital extranjero. Aquí se originó la crisis que aún no termina. Triunfó la democracia, pero disociada de una concepción de desarrollo para un país pobre y con una economía desconectada de su geografía y demografía. Para soldar la democracia con el desarrollo, hay que refundar la política mediante una agenda de crecimiento integrador del país. Este es el camino del “compromiso democrático” (que anhela Nicolás Lynch), pero de compromiso con un desarrollo que no sea excluyente y que, por tanto, incorpore la erradicación de la pobreza en un nuevo modo de crecer y acumular riqueza. En el Perú actual, esto implica basar la concepción del desarrollo nacional en ese nuevo modo de crecer, cuidando su autenticidad. Este es distinto al neoliberal patrimonialista porque está creando mercados internos y aumentando más el empleo en las provincias; está incorporando al mercado a la población pobre y provinciana del país; está avanzando hacia adentro sin cerrarse al mundo y sin crear déficit externos ni presiones inflacionarias; ya no es adicta al dólar; y, su financiamiento no depende de los flujos de capitales extranjeros.
Diario La República
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