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Política Monetaria y condiciones financieras para el cambio estructural

OTRA MIRADA 11. 03. 2021

Por: 

Félix Jiménez*

Las enormes brechas sociales, la informalidad, la falta de oportunidades de empleo de calidad y la estructura productiva sesgada a los servicios de baja productividad —puestos al desnudo por la pandemia— fueron el resultado de la orientación que tomaron las inversiones en el marco legal neoliberal de los últimos 30 años. Estas inversiones configuraron un estilo extractivista de crecer y acumular capital. Reproducir este mismo estilo extractivista, después del dramático desplome de la producción y el empleo durante la pandemia, sería contraproducente, social y políticamente (véase Otra Mirada, 04-02-2021). Se agravaría no solo el conflicto social, sino también la desconfianza en las instituciones de la democracia.

En nuestros artículos anteriores (Otra Mirada, 10-02-2021 y 18-02.2021) hemos propuesto medidas para iniciar la transformación del modo de crecer y acumular capital. Dos son las propuestas centrales, más allá de las acciones prioritarias inmediatas mencionadas en nuestro articulo Otra ruta de crecimiento y desarrollo es posible (Otra Mirada, 10-02-2021).

Estas son: a) el Programa Concursable de Empleo y Diversificación Productiva (PEDP); y, b) el plan de inversiones públicas en infraestructura económica y social. La renta básica para los trabajadores desempleados y en situación de pobreza operaría como un seguro de desempleo. La idea central es orientar las inversiones privadas hacia la diversificación productiva, el empleo digno, el respeto del medio ambiente y la desconcentración geográfica de la economía. El Estado, con un plan de inversiones en infraestructura y de reordenamiento territorial, ampliaría y crearía mercados internos para la inversión productiva privada; y, con la política macroeconómica — cuidando la estabilidad y sostenibilidad fiscal—, facilitaría este proceso de transformación. 

Cómo iniciar el cambio estructural y el estilo de crecimiento

Estas dos propuestas serían acompañadas por un esquema institucional de política fiscal basado en el aumento de la presión tributaria mediante la reforma del sistema impositivo; en la adopción de un impuesto temporal a la riqueza acumulada para garantizar los créditos del (PEDP) y acotado de tal manera que no afecte a la clase media; en la aplicación de la «regla de oro de la inversión pública»;  en el aumento del límite del endeudamiento público a 35% del PBI para hacerle espacio a las inversiones públicas; y, la imposición —como meta de mediano plazo— de un límite a la deuda en moneda extranjera de 20% de la deuda publica total. La operatividad de este esquema requiere, ciertamente, de algunas modificaciones de las respectivas normas legales. No se proponen cambios en el marco institucional y legal de la política monetaria.

Sobre el PEDP. Superados los confinamientos, su propósito es proporcionar financiamiento barato, fundamentalmente a las MYPES y medianas empresas, para poner en marcha proyectos de inversión generadores de empleo con protección social y que no dañen el medio ambiente en las distintas regiones del país. Esto proyectos pueden ser agrícolas y agroindustriales, de transformación de productos mineros y, en general, de producción industrial (máquinas, equipos y herramientas, etc.) para mejorar la productividad de la agricultura y de la propia industria manufactura.

El PEDP operaría igual que “Reactiva Perú”; pero difiere de este último, porque el otorgamiento de los créditos sería condicionado al tipo de proyectos de inversión mencionados, debido a que estos serían potencialmente riesgosos para las entidades financieras. Precisamente para reducir el riesgo asociado a estos proyectos innovadores, los créditos —cuyos plazos pueden ser de 3 a 5 años— serían garantizados por el Estado y, por consiguiente, con bajas tasas de interés de mediano y largo plazos. Se proporcionaría liquidez al sistema financiero y se mantendría sólida la cadena de pagos, al mismo tiempo que se iniciaría la transformación productiva creando oportunidades de empleo en las distintas regiones del país. 

Pero, esta no sería la única modalidad de financiamiento del PEDP. Las empresas que decidan llevar adelante un proyecto de inversión productiva podrían colocar bonos en el mercado, individualmente o en asociación con otras, con garantía del Estado. En este caso la garantía también haría posible obtener financiamiento de mediano y largo plazos, a bajas tasas de interés. Esta modalidad de financiamiento ayudaría a dinamizar el mercado de capitales en moneda local, y también aseguraría la influencia de la tasa de referencia del BCRP en las tasas de interés de mediano y largo plazos. 

El BCRP, además de su tasa de política monetaria, puede ampliar «el impulso monetario mediante medidas cuantitativas no convencionales de política monetaria». Lo hizo mediante «operaciones de repo de valores y de monedas, con el objetivo de reducir las tasas de interés a lo largo de la curva de rendimiento».1 Como sabemos, esta reducción de tasas disminuiría el costo de financiamiento no solo para el sector privado, sino también para el sector público. 

Sobre las inversiones en infraestructura. Las inversiones públicas en infraestructura económica y social ejecutadas con un plan de mediano plazo permitirán integrar económica, social y espacialmente al país. Solo la brecha de acceso básico a la infraestructura de corto plazo asciende a 15.4% del PBI. De esta brecha, el 23.5% corresponde a salud y el 30.7% a transportes. La brecha de acceso básico a la infraestructura en el largo plazo (a 20 años), representa el 47.7% del PBI del año 2019.2  Cuando se cierran estas brechas en el marco de un nuevo ordenamiento territorial, se impulsa la creación y expansión de mercados internos. La inversión en infraestructura es — como decía Adam Smith en la Riqueza de la Naciones— la base de la economía de mercado y de su integración con la geografía y demografía.

Hemos propuesto la aplicación gradual de la «regla de oro» para que las inversiones públicas en infraestructura (y su mantenimiento), se excluyan de la contabilidad de déficit fiscal y que el endeudamiento público sea solo para financiarlas. Esto significa liberar a las inversiones públicas de las presiones contractivas o de austeridad cuando los ingresos fiscales disminuyen durante la fase recesiva del ciclo. Las modalidades de ejecución de las inversiones pueden ser varias. Lo que nos importa destacar aquí es el costo del financiamiento cuando el Estado es el responsable directo, es participante de una concesión cofinanciada o tiene que otorgar una garantía financiera en una concesión. 

Política monetaria y sus consecuencias para la sostenibilidad fiscal

El entorno externo durante los próximos años estará caracterizado por costos de financiamientos bajos, debido a que tomará tiempo la recuperación de los niveles de empleo y producción en gran parte de las economías del mundo, y porque nadie sabe cuándo terminará definitivamente la pandemia.3 Por lo tanto, este contexto es favorable para impulsar el crecimiento económico con cambio estructural en nuestro país. 

El BCRP ha anunciado que mantendrá su tasa de política en 0.25% todo el año 2021. En abril de 2020 la redujo de 1.25 a 0.25%. Es altamente probable —dada las restricciones recientes por la segunda ola del virus— que el BCRP también mantenga esta tasa durante el año 2022. A esta postura expansiva hay que sumarle los créditos garantizados del Programa de Empleo y Diversificación Productiva (PEDP) —que debería reemplazar a “Reactiva Perú” para iniciar la diversificación productiva y el desarrollo de motores internos del crecimiento. 

La política monetaria expansiva debería disminuir el costo de financiamiento en todos los tramos de la curva de rendimiento. Sin embargo, cuando no existe un mercado de capitales profundo y líquido, la tasa de política no influye lo suficiente en las tasas de interés de mediano y largo plazos. Por esta razón, es importante recurrir a medidas cuantitativas «no convencionales» entre las que podrían incorporarse la compra en el mercado secundario de bonos del tesoro y/o de las corporaciones privadas, de mediano y largo plazos, generando así condiciones de financiación favorables para las inversiones. Es importante señalar que sería mucho mejor que el BCRP realizara operaciones de mercado abierto con los bonos soberanos y no con sus certificados de depósitos.  

Una consecuencia de la política monetaria expansiva es que ayuda a la sostenibilidad fiscal. Como se sabe, esta depende de la capacidad de pago del servicio de la deuda pública y del crecimiento económico. La política monetaria influye directamente en la capacidad de pago porque al reducir las tasas a lo largo de la curva de rendimiento de los bonos, disminuye el costo de financiamiento también para el sector público. La sostenibilidad fiscal no estará en riesgo si el tesoro puede acceder al mercado a tasas de interés bajas. Con costos de financiamiento mas bajos puede servir y aumentar el nivel de la deuda sin poner en riesgo las cuentas públicas.

Asimismo, si la demanda privada de consumo e inversión aumenta estimulada por el bajo costo de financiamiento, entonces, la política monetaria también influye positivamente en el crecimiento económico. Además, el crecimiento también es impulsado por la expansión de los mercados internos y, consecuentemente, por el efecto “atracción” (crowding in) de la inversión pública en infraestructura sobre la inversión privada. Cuando una economía crece, el nivel de los impuestos aumenta, lo que favorece a la sostenibilidad de la deuda y crea espacio fiscal para atender sin dificultades el servicio de la deuda o estimular aún más el crecimiento económico. 

No perdamos esta oportunidad para reconstruir la capacidad de servicio público del Estado y sentar las bases de una economía de mercado más sostenible, innovadora e inclusiva. Empecemos a cambiar la orientación del dinamismo de la economía impulsando el desarrollo agrícola e industrial y ejecutando un plan de inversiones en infraestructura económica y social para crear y desarrollar mercados internos. Este es el elemento esencial para integrar socialmente al país y culminar la construcción de la nación.

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1 Véase BCRP, Reporte de Inflación, junio de 2020, página 100 y 103.
2 Véase BID, Brecha de infraestructura en el Perú: estimación de la brecha de infraestructura de largo plazo 2019-2038. Monografía del BID, 2020
3 La FED anunció, en enero de este año, que mantendrá las tasas de interés cercanas a cero hasta al menos 2023, y prometió seguir comprando bonos a un ritmo mensual de al menos $ 120 mil millones hasta que se haya logrado un "progreso sustancial adicional" hacia las metas de empleo máximo y una inflación del 2%. Bloomberg Economics sostiene que el despegue de las tasas de interés recién ocurrirá en 2025.

Por una nueva política fiscal responsable (III)

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Por una nueva política fiscal responsable

OTRA MIRADA 18. 02. 2021

Por: 

Félix Jiménez

Economista Ph.D. Profesor Principal de la PUCP 

La crisis financiera del 2008-2009 y la crisis ecológica-social a escala mundial, ya habían mostrado los límites del neoliberalismo. Sin embargo, tuvimos que pasar por la terrible experiencia del Covid19, para recién reconsiderar el papel del Estado en la economía. Dominados durante 30 años por la ideología del mercado autorregulado, los gobiernos de nuestro país, sin excepción alguna, precarizaron los servicios públicos de salud, educación y seguridad social, deterioraron la infraestructura y la conexión moderna del país convirtiendo a la inversión pública en un factor de ajuste fiscal, e hicieron de la austeridad un fin en sí mismo.  

La solidez engañosa de las cuentas públicas

Cuando el déficit fiscal comenzó a crecer después del fin del superciclo de las materias primas 2003-2013 llegando a -3.0% del PBI en 2017, el MEF anunció que iniciaría en el año 2019 la consolidación fiscal (reducción gradual del déficit con recortes presupuestales) hasta alcanzar un déficit de -1.0% en el año 2021 (Marco Macroeconómico Multianual 2019-2022 de agosto de 2018). En 2019 el déficit se redujo a -1.6% y la tasa de crecimiento del PBI bajó a 2.2%, menor que la proyectada de 4.0%. En el periodo 2003-2013 el PBI había crecido a la tasa de 6.2% promedio anual y en los años 2014-2018 lo hizo solo a la tasa de 3.2% anual. La consolidación fiscal debilitó el magro crecimiento de la economía.

En plena pandemia, en el MMM 2021-2024 de agosto de 2020, luego de señalar que el año terminaría con un déficit fiscal de -10.7% del PBI, el MEF anunció la reducción del déficit a -6.2% en 2021 hasta llegar a -1.0% en 2025. Esta propuesta de consolidación fiscal no consideraba la posibilidad de una segunda ola de la pandemia ni la incertidumbre sobre la adquisición de la vacuna y mucho menos la fecha en la que el 70% u 80% de la población estaría vacunada. 

La prisa por la consolidación fiscal —sin conocer los efectos de la relajación de las medidas contra el contagio que acompañaría a la cuarta y última fase de la reactivación— dejó de lado la urgencia de una rápida ampliación y mejora de la capacidad médica y hospitalaria, medida que hubiera ayudado a enfrentar en mejores condiciones la segunda ola de contagios. No hay suficiente oxígeno, no hay adecuada infraestructura hospitalaria y tampoco hay certeza de cuando se terminará de vacunar a la mayoría de la población. El sistema de salud está al borde del colapso.

Cada vez que iniciaba un proceso de consolidación fiscal, el MEF ofrecía adoptar medidas para aumentar los ingresos tributarios. Sin embargo, la presión tributaria es increíblemente baja. En el periodo 2000-2019 su valor promedio fue de 15.1% del PBI ¡con un coeficiente de variación de 9%! Aumentó en los años del superciclo de las materias primas 2003-2013, alcanzando un promedio de 15.7%; pero, después, en los años 2014-2019 se redujo a 14.8%. Según información para el año 2019, la presión tributaria promedio en América Latina fue de 23.1% y en los países de la OCDE de 34.2%. El PBI del Ecuador es 47.4% del PBI de Perú, pero tiene una presión tributaria 39.2% mayor.  

El mantenimiento de déficits fiscales relativamente bajos con los recurrentes procesos de consolidación fiscal, se exhiben como ejemplo de solidez macroeconómica. Sin embargo, se trata de una solidez engañosa, porque se logra a costa de la precarización de los servicios públicos, con un comportamiento cuasi cómplice con un régimen tributario regresivo, perforado con exoneraciones atemporales y con un alto porcentaje de evasión y elusión. 

Nuevo esquema de financiamiento para la sostenibilidad fiscal

La solidez macroeconómica no puede divorciarse de la justicia social. Mantener cuentas públicas sostenibles con justicia social debe ser un compromiso con la democracia. Esto significa recuperar el papel del Estado para, mediante la política fiscal, contribuir activamente a la solución de los problemas sociales y económicos, e iniciar el cambio del estilo de crecimiento y acumulación de capital en función del bien común. Este compromiso de la política fiscal supone: 

a) Apoyar a familias y empresas durante el tiempo que dure los confinamientos para disminuir la tasa de letalidad de la segunda ola y quizá de una tercera ola del virus;

b) Promover la producción nacional de equipamiento médico, la ampliación de la infraestructura hospitalaria y la investigación en ciencias básicas y aplicadas; 

c) Ejecutar un plan de inversiones públicas en infraestructura para conectar mejor la economía con la demografía y geografía del país, y desarrollar mercados internos;

d) Apoyar el desarrollo del Programa de Garantías Concursable de Empleo y Diversificación Productiva (PEDP); y, 

e) Proporcionar una renta básica —lograda la «inmunidad de rebaño»— para los trabajadores desempleados, la población de ingresos bajos y a los pobres.  
Los gastos asociados a estas tareas requieren de un nuevo esquema de financiamiento.  (Afortunadamente no se parte de «cero recursos», pues el Estado tiene 75.2 mil millones de soles depositados en los bancos nacionales). Los componentes de este nuevo esquema son: 

a. Reforma integral del sistema tributario para hacerlo menos regresivo y aumentar la presión tributaria en cuatro o cinco puntos del PBI.  Se debe tomar medidas drásticas contra la evasión y elusión tributaria, y eliminar todas las exoneraciones otorgadas durante el periodo neoliberal. Puede incorporarse un nuevo sistema de exoneraciones y subsidios temporal, de acuerdo al objetivo de diversificación productiva con desarrollo de mercados internos.  

b. Aplicación de un impuesto temporal a la riqueza acumulada para garantizar los créditos del programa de empleo y diversificación productiva (PEDP).

c. Endeudamiento público en soles para financiar el plan de inversiones públicas en infraestructura económica y social.  Se debe implementar progresivamente la aplicación de la «regla de oro de la inversión pública» según la cual el endeudamiento debe destinarse sólo a financiar el gasto de inversión y no el gasto corriente. 

d. Incrementar el límite del endeudamiento público a 35% del PBI. El apuro por las medidas de consolidación fiscal proviene de los incrementos significativos de la deuda como resultado de la caída de la producción. El aumento del límite permitirá un manejo más flexible del gasto para superar los efectos de la pandemia y financiar las inversiones en infraestructura. Además, se debe poner un límite a la deuda pública en moneda extranjera: no debería sobrepasar el 20% de la deuda pública total. 

e. Garantizar el endeudamiento privado mediante emisiones de bonos en soles. Aparte de los créditos garantizados de la banca comercial, el PEDP contempla la emisión de bonos en soles de mediano y largo plazos, garantizados por el Estado, por parte de las pequeñas y medianas empresas de las distintas regiones del país, individualmente o asociadas, y eventualmente de las grandes empresas.  Las condiciones para el otorgamiento de las garantías pueden ser: inversiones para la producción agroindustrial y la industrialización de algunos recursos minerales; generación de empleo con derechos sociales; e inversiones dirigidas al desarrollo industrial manufacturero (metalmecánica, máquinas y herramientas para la agricultura y otras actividades productivas generadoras de empleo con protección social, etc.).

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Otra ruta de crecimiento y desarrollo es posible (II)

OTRA MIRADA, 10. 02. 2021

Por: 

Félix Jiménez

Economista Ph.D. Profesor Principal de la PUCP 

La pandemia del COVID19 ha revelado el fracaso del modelo económico neoliberal. El rechazo a la intervención del Estado, la defensa del mercado desregulado y el discurso a favor del individualismo, condujeron a la precarización de la infraestructura y servicios de salud, educación y protección social. El Estado, tomado por los grupos de poder económico, subordinó el interés público al interés privado y aplicó políticas que configuraron un estilo de crecimiento primario exportador y una economía menos agrícola e industrial, y sesgada al comercio y servicios donde se concentra el empleo informal de baja productividad, de baja calificación y de bajos ingresos. Los patrocinadores de este modelo que se impuso en los años 1990, favorecieron a la inversión extranjera dirigida a actividades extractivas de exportación que no promueven el desarrollo de mercados internos y que generan problemas ambientales. Es importante señalar, por lo tanto, que la informalidad, la desigualdad, la pobreza, la precariedad del empleo, y tipo de estructura productiva descrita, fueron el resultado de las decisiones de inversión e innovación de las empresas, cuya orientación, en el marco legal neoliberal, determinó el modo extractivista de crecer y acumular capital.

Cómo iniciar el cambio de modelo económico

Aumentar el empleo y reducir significativamente la informalidad y el subempleo, no se puede hacer reactivando el mismo modelo económico. El crecimiento será sostenible social y políticamente, si se inicia la transformación de la estructura productiva y el modo de crecer y acumular capital, con dos objetivos fundamentales: a) generación de empleo con derechos sociales; y, b) descentralización y diversificación del aparato productivo y de la actividad privada empresarial. La idea es desarrollar motores internos para morigerar nuestra dependencia de la exportación de materias primas. ¿Cómo hacerlo? Para empezar esta transformación, proponemos lo siguiente:

1. Crear un Programa de Garantías Concursable de Empleo y Diversificación Productiva (PEDP). Su objetivo sería financiar inversiones productivas para la generación de empleo con protección social y para iniciar la diversificación productiva, financiando proyectos en sectores prioritarios y que no dañen el medio ambiente en las distintas regiones del país. Estaría dirigido principalmente a las medianas y pequeñas empresas productivas y, eventualmente, a empresas grandes que presenten proyectos agroindustriales y manufactureros (como la industrialización de minerales) para desconcentrar geográficamente el aparato productivo. En la administración del Programa deben participar el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Trabajo. Con la puesta en marcha del PEDP debe desaparecer el denominado programa de obras por impuestos. El PEDP es un programa de créditos garantizados (como lo era Reactiva Perú), pero que serían concedidos siempre que los proyectos cumplan el objetivo del programa. Además, las garantías procederían de un impuesto a la riqueza acumulada y/o de la colocación de un bono perpetuo en moneda local en los mercados interno y/o externo.
2. Formular y ejecutar un plan de inversiones públicas. Acompañar la transformación de la estructura productiva con un plan de inversiones públicas, de corto y mediano plazo. Este plan debe contemplar un incremento sustancial de la inversión en infraestructura económica y social, con un enfoque descentralizado y una perspectiva interregional cuyo objetivo último de mediano plazo debe ser la formación de macrorregiones. La construcción de represas y de canales de riego, silos, carreteras, puentes, ferrocarriles, electrificación, agua y desagüe, fibra óptica y acceso universal a internet, etc., son fundamentales para aumentar la productividad agropecuaria y generar condiciones de atracción de inversiones privadas para el desarrollo agroindustrial e industrial en las distintas regiones del país. Estas inversiones deben constituirse en el principal mecanismo de conexión de la economía con la demografía y geografía del país —es decir, de desarrollo de mercados internos. Sin este tipo de inversiones públicas no será posible superar la heterogeneidad tecnológica ni alcanzar la integración económico-espacial del país.
3. Otorgamiento de una renta básica de subsistencia a los trabajadores desempleados, a la población de ingresos bajos y a los pobres. La pérdida de empleos y el aumento de la pobreza exige un fuerte y sostenido impulso de la política fiscal. Para apoyar el proceso de diversificación productiva, el gobierno debe asegurar una renta básica de subsistencia de esta población; es decir, para asegurar su derecho básico a la sobrevivencia. Si se reactiva la oferta de producción, también debe aumentarse la demanda sobre todo si gran parte de la producción se orienta o se orientará al mercado interno. La renta básica cumpliría este objetivo. 

Las acciones prioritarias inmediatas

La segunda ola de contagios vuelve a mostrar la vergonzosa precariedad del sistema de salud pública. Por esta razón, es impostergable la reconstrucción y modernización de este sistema (y también del sistema de educación pública) a nivel nacional, con un enfoque descentralizado, con infraestructura hospitalaria, equipamiento y capacidad médica. Se debe adoptar como política de Estado, la promoción y desarrollo de la producción nacional de equipamiento médico: equipos de protección para los trabajadores del sistema de salud, ventiladores para tratar las dificultades respiratorias, mascarillas quirúrgicas y no quirúrgicas, guantes, plantas de oxígeno, etc. El incentivo para que las empresas privadas produzcan estos equipos, serían las compras del Estado. Igualmente, debe ser política de Estado el apoyo financiero a la investigación en ciencias básicas y aplicadas que desarrollan las universidades, sobre temas relacionados con la salud, el medioambiente, la energía, la producción, entre otros. El Estado puede fomentar modelos asociativos universidad-empresa —como ocurre en otros países— para el desarrollo de programas de investigación específicos, como, por ejemplo, el desarrollo de vacunas para enfrentar epidemias o pandemias. 

El tiempo neoliberal del Consenso de Washington ha pasado. En todas partes se aconseja un gran estímulo fiscal para superar el impacto social y económico de la pandemia; con mayor razón si se trata de cambiar la manera de crecer y acumular capital.  Sobre esta responsabilidad de la política fiscal trataremos en el siguiente artículo. 

Reactivación Económica: ¿continuidad o ruptura? (I)

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Reactivación Económica: ¿continuidad o ruptura? 

OTRA MIRADA 4. 02. 2021

Por: 

Félix Jiménez

Economista Ph.D. Profesor Principal de la PUCP 

La crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID19 ocurrió en pleno estancamiento económico. El PBI había crecido a la tasa de 6.4% promedio anual durante período del superciclo de los precios de las materias primas, 2003-2013. Sin embargo, después, en los siguientes seis años, creció a la tasa de 3.1% promedio anual. En 2019 lo hizo a la tasa de solo 2.2%. Con la crisis sanitaria, la economía pasó del estancamiento a una profunda depresión, cuya duración no es posible determinar, pues nadie sabe si a la actual segunda ola de contagios le seguirá una tercera y tampoco nadie sabe cuándo estará vacunada el 60% o 70% de la población.  

Los efectos en la producción y el empleo

La caída del PBI del año 2020 será mayor que la registrada en 1989. Según pronósticos oficiales, esta caída sería de aproximadamente -12.0%; sin embargo, considerando la caída del empleo y el comportamiento de la productividad media del trabajo, el PBI habría decrecido entre -13% y -14%. Y el pronóstico oficial de un crecimiento de 10% para este año, será imposible. Si la tasa de crecimiento fuera de 7%, el nivel de la producción de 2019 se recuperaría recién en 2023, siempre que en el año 2022 el PBI crezca a una tasa similar a la registrada en el periodo 2014-2019. Ciertamente, estos pronósticos no toman en cuenta el límite social y político al que ha llegado el estilo de crecimiento extractivista configurado en los últimos 30 años. 

El bloqueo de la producción, debido al confinamiento, también produjo una abrupta caída del empleo y del ingreso de los trabajadores. Según el Ministerio de Trabajo, en el año 2019 la PEA habría sido de 17 millones 830 mil 481 personas. Esta PEA se habría reducido a 15 millones 779 mil 200 personas en el tercer trimestre de 2020; es decir, habrían dejado de buscar trabajo 2 millones 51 mil 281 personas. Si a esta cifra se le suma los desocupados (que según el INEI ascendía a 1 millón 22 mil 100 personas), los realmente desempleados a nivel nacional ascendería a 3 millones 73 mil 381 personas —solo en Lima Metropolitana perdieron su empleo un poco más de 1 millón 235 mil personas. Esta cifra de desocupados puede haber variado en el último trimestre de 2020, pero, sin duda, no significativamente. A nivel nacional, entonces, habría una tasa de desempleo de cerca de 19.5%. 

Con una PEA ocupada de más o menos 14.3 millones de personas en 2020, el PBI de este mismo año —manteniendo la productividad media de la PEA ocupada de 2019— habría decrecido en -16.8%. Afirmar que la caída del PBI fue de -12.0%, presupone un aumento de la productividad media del trabajo de 5.8%, lo que es inverosímil. Lo que si puede haber ocurrido es un aumento notable de la tasa de empleo informal, acentuando la tendencia registrada en 2019 de un aumento de la PEA ocupada por un mayor empleo informal. Si la tasa de desempleo, a nivel nacional, resulta menor que 19.5%, será por el aumento de la informalidad. Si por esta razón la PEA ocupada sube a 15.1 millones de personas, la caída del PBI se aproximaría a -12.0%, bajo el supuesto de una productividad media del trabajo constante.

Urge cambiar el estilo de crecimiento

Desde mayo de 2020 se inició la denominada reactivación gradual. Como quebraron muchas empresas, sobre todo micro y pequeñas, era totalmente previsible que esta reactivación sería acompañada con un aumento de la informalidad —de los que se crean su propio empleo—, y también de la pobreza. La estructura económica configurada en los últimos 30 años no generó oportunidades de empleo para una enorme masa de trabajadores y menos lo podía hacer en estos tiempos.  El crecimiento asociado al superciclo de las materias primas no redujo la tasa de informalidad ni mejoró el ingreso promedio mensual de los informales, el mismo que no superaba los S/. 1 200. Como se sabe, el 91.7% de los trabajadores informales se encuentran en los sectores Comercio, Servicios, Agricultura y Construcción, y estos son precisamente los sectores que “más se han reactivado” en los últimos meses. Por lo tanto, no tiene sentido reactivar el mismo modo de crecer y acumular capital; es decir, basarse en el liderazgo de la minería y en el crecimiento de las actividades terciarias donde se concentra el empleo de baja productividad y de bajos ingresos.

Reforzar los programas Reactiva Perú y de bonos familiares no facilitarán el necesario cambio estructural. Durante el gobierno de Vizcarra estos programas, si bien evitaron el colapso económico, también facilitaron la reanudación de actividades productivas con la misma estructura económica de antes de la crisis sanitaria. Recuérdese, además, que los créditos garantizados de Reactiva Perú favorecieron más a las grandes empresas. (Estas representan el 1.3% del total de empresas beneficiadas, pero recibieron el 48.8% del total de créditos concedidos). El gobierno de Sagasti continúa en la misma ruta conservadora, más allá de su bono familiar de S/. 600 —S/. 160 soles menos que el bono de Vizcarra— que representa una afrenta a los millones de desempleados. 

La profundidad de la recesión económica y su duración, agravará la difícil situación social, económica y de falta de derechos que el modo de crecer extractivista generó en más del 70.0% de la población ocupada. Hacer lo mismo que el pasado exacerbará los problemas sociales y ambientales desnudados por la pandemia. Otra ruta es posible. La ruta del desarrollo social creando mercados internos para integrar la economía con la geografía y demografía del país, y con derechos universales a la salud, a la educación y a un empleo digno. Es la ruta para superar las desigualdades regionales, económicas y sociales… Sobre esta ruta trataremos en el siguiente artículo.