Imagino que nadie duda, ni políticos ni aficionados a la economía, que la inversión privada es uno de los determinantes más importantes del crecimiento en una economía de mercado. Además, es posible que no exista empresario ni ciudadano que no crea en la importancia que la estabilidad jurídica y política tiene en las decisiones de inversión privada. Pero, ciertamente, la estabilidad no agota la explicación de la dinámica de esta inversión. Ella es parte del contexto institucional-legal de una economía de mercado, que se supone dado cuando se analizan las decisiones económicas de los agentes privados. Por tanto, otras son las restricciones a la inversión privada que, en economías como la nuestra, adquieren especial relevancia: en primer lugar, el tamaño y diversidad de mercados, factor que influye en su rentabilidad; y, en segundo lugar, la existencia de financiamiento de mediano y largo plazo. Estos dos factores son fundamentales en la teoría de la demanda de inversión.
Restricciones a la inversión privada
Hay dos tipos de inversión privada: la dirigida a la producción para el mercado externo y la dirigida a la producción para el mercado doméstico. La primera, que en nuestro país es básicamente extranjera, no tiene, en general, problemas de financiamiento y su rentabilidad está casi siempre asegurada por la existencia de mercados. Piénsese, por ejemplo, en la inversión extranjera dirigida a la producción de commodities, aunque también hay en la producción de servicios para el mercado interno cuya oferta, poco competitiva, tiene una demanda asegurada por la escasa posibilidad de sustitución.
No ocurre lo mismo con la inversión privada, no extranjera, dirigida a la producción para el mercado interno. Esta inversión enfrenta las dos restricciones. La restricción de financiamiento en moneda local es mayor para plazos medios y largos cuando los sistemas financieros como el nuestro se encuentran dominados por la intermediación bancaria. La solución no es de corto plazo porque significa expandir significativamente el mercado doméstico de capitales. El gobierno ha empezado esta tarea mediante el crecimiento ordenado del mercado de deuda pública interna, en soles, a renta fija y a diferentes plazos: cortos, medios y largos. La curva de rendimientos de esta deuda, al constituirse en referencia de tasas de interés, estimulará a las empresas y corporaciones privadas a emitir deuda en la misma moneda.
La otra restricción es el tamaño y la poca diversidad del mercado nacional. Es harto sabido que entre la economía y la geografía del país no existe vinculación estrecha. Las relaciones entre la agricultura y la industria son débiles porque los espacios geográficos y demográficos provinciales no fueron incorporados al proceso de industrialización. El crecimiento desarticulado con actividades manufactureras modernas que no generaron encadenamientos con el sector agropecuario, explica la marginación de grandes masas campesinas y ciertamente su atraso tecnológico. Esta economía desarticulada hace imposible crear nuevos mercados en sus vastos espacios geográficos y demográficos provinciales.
Inversión Pública y Creación de Mercados Nacionales
Pero, ¿puede una economía de mercado articularse con la geografía del país al que pertenece, sin la construcción por el Estado de una infraestructura básica, como es, por ejemplo, la infraestructura vial?. Nadie estará en desacuerdo que las posibilidades de ampliar los mercados existentes y de crear otros nuevos, son mayores en un país con buenas conexiones viales entre sus distintas zonas geográficas y demográficas. La disminución del costo de transporte hace posible nuevas líneas de producción, al mismo tiempo que aumenta la demanda para la producción existente. Es verdad, como dice Peyrefitte, que “la movilidad geográfica no basta para explicar el desarrollo, pero jamás ha habido desarrollo sin movilidad de los hombres. Hay que salir del villorrio y no sólo mirar la hora en su campanario: hay que ir a «buscar fortuna»”.
En nuestro país, la superación de la desconexión entre su economía y geografía, tiene que ser resultado de las inversiones del Estado. Las inversiones privadas no van con facilidad allí donde no existen posibilidades rentables de mercado. Por tanto, el papel del Estado, debe ser facilitar la creación de mercados con sus inversiones en obras de infraestructura. Estas inversiones públicas estimulan las inversiones privadas. No la desplazan (no hay crowding out). Las razones son obvias. Las obras públicas de infraestructura expanden y mejoran la distribución de lo que ya se produce y estimulan la generación de nuevas actividades productivas privadas. En otras palabras, tienen efectos multiplicadores en el empleo, los ingresos y la productividad, porque abren la posibilidad de ampliar los mercados existentes y de crear otros en el ámbito nacional en el mediano y largo plazo. Estas inversiones del Estado, en países fracturados y pobres como el nuestro, son las que garantizarán sostenidamente el orden público o la estabilidad jurídica y política para favorecer el trabajo y la generación de riqueza.
Diario La República
Wednesday, March 17, 2004
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