¿Está el Banco Central combatiendo realmente el alza del dólar?

Nota sobre los determinantes de la reciente inflación

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana aumentó 1.01% en julio del 2021. Con esta tasa, la inflación acumulada entre agosto 2020 y julio 2021 asciende a 3.81%, mayor al límite superior de rango meta de 1% a 3%. No es la primera vez que se supera este límite. En marzo de 2017 la inflación fue de 1.30%, y la inflación acumulada entre abril del 2016 y marzo del 2017 fue de 3.97%.

Hay dos factores que explican la reciente inflación: uno externo y otro interno

En primer lugar, el aumento del precio del petróleo y de los precios de otros commodities (como el trigo, la soya, el maíz, etc.) en los mercados internacionales. Este choque de oferta se trasmite a los precios de los alimentos, de los combustibles, de la electricidad, del transporte, etc., porque aumenta sus costros de producción.

La inflación importada recoge el efecto de la evolución de los precios internacionales en la inflación. Entre estos precios se encuentran los precios de los commodities, los mismos que impactan directamente en los costos de los bienes de la canasta de consumo. La inflación importada empezó a crecer sostenidamente desde fines del mes de abril del presente año, dando lugar a una inflación importada acumulada, en los últimos tres meses, de 7.3%, muy por encima de la inflación acumulada, en el mismo periodo, de 1.8%. Es importante señalar, además, que la inflación importada se situó por encima de la inflación desde diciembre de 2020 (véase Gráfico 1).

Gráfico 1

¿Por qué suben los precios de los commodities? La explicación, según varios analistas internacionales, estaría en los «cuellos de botella en la oferta» debido a la rápida recuperación de la economía mundial, luego de los confinamientos obligados por la pandemia. Se dice que estas restricciones serán temporales, «lo que implica que el pico inflacionista desaparecerá pronto».

El segundo factor es el alza del precio del dólar, que también impacta en el costo de los insumos y bienes importados, y en el resto de precios de la canasta de consumo. El tipo de cambio, después de registrar su nivel más bajo en enero de 2013 (2.55 soles promedio), empezó a subir hasta alcanzar los 3.51 soles en febrero de 2016. Desde este último mes, registró una tendencia decreciente hasta llegar a 3.21 soles en enero de 2018. Después creció sostenidamente, llegando a 3.60 soles en diciembre de 2020, 3.70 soles en abril de 2021, y acaba de superar los 4 soles. Su tasa de crecimiento se aceleró en los últimos cuatro meses (Véase Gráfico 2).

 Gráfico 2

 

Algunos economistas sostienen que la tendencia alcista del tipo de cambio desde el año 2013, en nuestro país y en otros de América Latina, se debería al fortalecimiento de la moneda norteamericana debido al importante crecimiento de su economía y a su rápida recuperación post pandemia. Pero, la explicación, en nuestra opinión, tiene que ver más con factores internos.

En una economía primario exportadora como la nuestra, el tipo de cambio sube cuando los términos de intercambio o el precio de las exportaciones (que son predominantemente materias primas), disminuyen. En efecto, como puede verse en el Gráfico 2, esto ocurrió claramente en el periodo que va de enero de 2013 a febrero de 2016. El comportamiento opuesto del tipo de cambio respecto a los precios de las exportaciones (y los términos de intercambio) se repite hasta el inicio del último trimestre de 2018. Después, ambos, el tipo de cambio y el precio de las exportaciones, siguen una tendencia alcista, que se hace más evidente desde abril de 2020. El coeficiente de correlación entre el precio de las exportaciones y el tipo de cambio, para el período octubre-2018 a junio-2021, es de 88.9 con un estadístico t = 10.6622; y, para el periodo abril-2020 a junio-2021 es de 95.7% con un estadístico t = 11.4315. Ambos tienen un alto nivel de significancia.

Se puede afirmar, entonces, que, desde octubre de 2018, el alza del dólar tiene que ver fundamentalmente con factores internos. La incertidumbre política, que se acentúa desde abril-mayo de 2021, habría causado salidas de capitales de los tenedores de riqueza local, dando lugar a un creciente aumento del tipo de cambio, a pesar de los crecientes precios de las exportaciones (véase Gráfico 2) y a la existencia de bajísimas tasas de interés en los mercados internacionales. Es un hecho estilizado que los precios altos de los commodities que exportamos y las tasas de interés bajas en los mercados internacionales, siempre generan un dólar barato en nuestro país. La fuga de capitales que hace que este hecho estilizado no se cumpla, con más intensidad en el periodo más reciente, se debe a los resultados electorales de la primera y segunda vuelta que favoreció al profesor Castillo con su mensaje de transformación.

El alza del dólar y el papel del Banco Central

Desde que se reformó el esquema institucional de la política monetaria entre los años 2001-2003, el Banco Central (BCRP) cuenta con una regla de intervenciones esterilizadas en el mercado cambiario, cuyo objetivo es morigerar las fuertes fluctuaciones en el precio del dólar para, de esta manera, neutralizar su impacto sobre la inflación: cuando el tipo de cambio aumenta, el Banco Central reduce su posición de cambio vendiendo dólares al mercado, y viceversa.

Esta regla se aplicó escrupulosamente hasta fines de 2018. Por ejemplo, entre julio de 2008 y febrero de 2009, el precio del dólar aumentó 13.7% y el BCRP vendió 27.0% de su posición de cambio. Entre abril y agosto de 2013, el tipo de cambio aumentó 7.8% y el BCRP vendió 11.4% de su posición de cambio. En abril de 2013 la posición de cambio ascendía a 49,403 millones de dólares.

Sin embargo, durante los meses de incertidumbre política —que curiosamente coincide con el aumento del precio de las exportaciones—, el alza del precio del dólar no ha sido combatido por el BCRP con el mismo esmero que mostró en ocasiones anteriores. De octubre de 2018 a julio de 2021, ambos, el precio del dólar y la posición de cambio aumentaron en 18.2% y 50.8%, respectivamente. Es importante señalar que, durante los meses de octubre de 2018 a marzo de 2021, la posición de cambio aumentó sostenidamente, incrementándose en 56.3%. En este mismo periodo el precio del dólar, con algunas leves fluctuaciones, aumentó en 11.2%. Nótese que la posición de cambio del BCRP, registrada en marzo de este año, ascendió a la cifra de 60,325 millones de dólares.

Es verdad que en los cuatro últimos meses el BCRP aplicó la regla antes mencionada, pero lo hizo tímidamente. De marzo al 12 de agosto de este año, el BCRP vendió solo 3.9% de su posición de cambio —que ahora asciende a cerca de 58 mil millones de dólares—, mientras el precio del dólar aumentó 10.0%.  El alza del dólar de estos últimos cuatro meses, no fue combatido por el BCRP como en ocasiones anteriores, no obstante contar con un alto nivel de posición de cambio.  Los que se han favorecido con el alza del tipo de cambio son los que tienen ingresos o riqueza en dólares y son deudores en soles.  Es el caso, por ejemplo, de la empresa Buenaventura. Su deuda tributaria con el Estado ascendía a 2,134 millones de soles, que con un tipo de cambio de 3.33 soles de octubre de 2018 equivalía a 640.8 millones de dólares; con el tipo de cambio de 4.08 soles, su deuda se redujo a 523.0 millones de dólares. 

Publicado en Otra Mirada, el 18-08-2021

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Vientos de cambio regionales contra el centralismo limeño

26. 05. 2021

Por: 

Félix Jiménez, Economista Ph.D. Profesor Principal de la PUCP

José Matos Mar, en su libro «Perú: Estado Desbordado y Sociedad Nacional Emergente» (2011), describía la existencia de Otro Perú constituido por la población serrana y amazónica, pobre y discriminada por el poder metropolitano de Lima, por el Perú Oficial básicamente costeño. 

Las peripecias del Otro Perú

En la década de 1940 los campesinos de la costa y sierra del Otro Perú se alzaron demandando modernización económica y mejores relaciones sociales. Pero, fracasaron. Y, como alternativa de cambio, optaron por migrar. «Casi como una guerra de desplazados en la vida nacional, comenzaron las migraciones del Otro Perú» a las ciudades más desarrolladas y modernas de la «costa, de preferencia a Lima, en busca de una vida promisoria» para «abatir su precariedad y pobreza». 

Sin embargo, contrariamente a lo que esperaba Matos Mar, este proceso de casi siete décadas, también fracasó. No condujo a cerrar la brecha histórica entre los dos Perú. Los intentos del Otro Perú, desde hace 70 años, por integrarse social y culturalmente al país, como camino alternativo a la modernidad conservadora de la metrópoli, fueron inútiles. Nuestros compatriotas del Otro Perú tropezaron con barreras, impuestas desde el poder central Limeño mediante ajustes estructurales que abrieron el camino a un estilo de crecimiento extractivista y dependiente.

Cuarenta años de neoliberalismo empobrecedor —que desmantelaron la ruta modernizadora abierta desde arriba por Juan Velasco Alvarado—, cerraron la posibilidad de integración social y económica del Otro Perú y, frustraron su «demanda de trabajo formal, de educación de calidad, de servicios de salud, de agua potable y alcantarillado y, sobre todo, de un Buen Gobierno dispuesto a realizar los cambios estructurales requeridos y necesarios», como anhelaba Matos Mar.

La hazaña de Pedro Castillo: otra alternativa de cambio

Los procesos sociales y políticos dan sorpresas, sobre todo cuando ocurren en coyunturas críticas. Tuvo que fracasar el neoliberalismo globalizador en casi todo el mundo, para que nuestros compatriotas del Otro Perú opten por el camino electoral en busca de una vida promisoria. No importa si Pedro Castillo tenía o tiene conciencia de esta nueva alternativa de cambio. Lo que importa es que él encarna la esperanza del Otro Perú. No encarna la protesta, como creen algunos, sino el sueño recurrente durante 200 años de modificar su situación de discriminación y dominación. Fracasaron las rebeliones campesinas de fines del siglo XIX; los levantamientos de los años 1940; se frustraron los objetivos de las migraciones de los últimos 70 años; y, por fin ahora, en plena crisis pandémica y del neoliberalismo, los postergados desde 1821, se aproximan a ser gobierno en vísperas del bicentenario. Si lo logran, podría iniciarse, en democracia, los sueños independentistas e integradores del Otro Perú. Puede ser el inicio de la construcción de una Democracia Republicana, de la libertad sin dominación, de un Estado auténticamente republicano, gestado por un movimiento liberador desde las regiones, desde los cinturones de miseria de las grandes ciudades, con protagonismo propio liderado por un maestro agricultor de sombrero y ojotas. 

No será fácil. Habrá conflictos y disputas con el poder económico y sus instituciones extractivistas, con los defensores del estilo de crecimiento primario exportador. De un estilo de crecimiento que descuidó el desarrollo de mercados internos, la integración de la economía con la geografía y demografía del país, y que se subordinó a la idea de la «complementación económica y política para incorporarnos y actuar ante el mundo». Esta propuesta neocolonial, de subordinación al capital transnacional y contraria a los intereses de las mayorías, corresponde a la ideología neoliberal que considera a nuestros países un campo de inversión, sin condiciones, para el capital transnacional. 

A modo de Conclusión

El gobierno de Castillo podría ser el fin del modelo exportador basado en el cholo barato, que no permite que los trabajadores y las poblaciones, rural y nativas, mejoren su calidad de vida y el inicio del Buen Gobierno —que soñaba Matos Mar—, para culminar la construcción de la Nación, cambiar el actual estilo de crecimiento mediante el desarrollo de mercados internos, cuidar el medio ambiente, eliminar el centralismo de Lima y fortalecer la democracia y el Estado de Derecho. 

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Política Monetaria y condiciones financieras para el cambio estructural

OTRA MIRADA 11. 03. 2021

Por: 

Félix Jiménez*

Las enormes brechas sociales, la informalidad, la falta de oportunidades de empleo de calidad y la estructura productiva sesgada a los servicios de baja productividad —puestos al desnudo por la pandemia— fueron el resultado de la orientación que tomaron las inversiones en el marco legal neoliberal de los últimos 30 años. Estas inversiones configuraron un estilo extractivista de crecer y acumular capital. Reproducir este mismo estilo extractivista, después del dramático desplome de la producción y el empleo durante la pandemia, sería contraproducente, social y políticamente (véase Otra Mirada, 04-02-2021). Se agravaría no solo el conflicto social, sino también la desconfianza en las instituciones de la democracia.

En nuestros artículos anteriores (Otra Mirada, 10-02-2021 y 18-02.2021) hemos propuesto medidas para iniciar la transformación del modo de crecer y acumular capital. Dos son las propuestas centrales, más allá de las acciones prioritarias inmediatas mencionadas en nuestro articulo Otra ruta de crecimiento y desarrollo es posible (Otra Mirada, 10-02-2021).

Estas son: a) el Programa Concursable de Empleo y Diversificación Productiva (PEDP); y, b) el plan de inversiones públicas en infraestructura económica y social. La renta básica para los trabajadores desempleados y en situación de pobreza operaría como un seguro de desempleo. La idea central es orientar las inversiones privadas hacia la diversificación productiva, el empleo digno, el respeto del medio ambiente y la desconcentración geográfica de la economía. El Estado, con un plan de inversiones en infraestructura y de reordenamiento territorial, ampliaría y crearía mercados internos para la inversión productiva privada; y, con la política macroeconómica — cuidando la estabilidad y sostenibilidad fiscal—, facilitaría este proceso de transformación. 

Cómo iniciar el cambio estructural y el estilo de crecimiento

Estas dos propuestas serían acompañadas por un esquema institucional de política fiscal basado en el aumento de la presión tributaria mediante la reforma del sistema impositivo; en la adopción de un impuesto temporal a la riqueza acumulada para garantizar los créditos del (PEDP) y acotado de tal manera que no afecte a la clase media; en la aplicación de la «regla de oro de la inversión pública»;  en el aumento del límite del endeudamiento público a 35% del PBI para hacerle espacio a las inversiones públicas; y, la imposición —como meta de mediano plazo— de un límite a la deuda en moneda extranjera de 20% de la deuda publica total. La operatividad de este esquema requiere, ciertamente, de algunas modificaciones de las respectivas normas legales. No se proponen cambios en el marco institucional y legal de la política monetaria.

Sobre el PEDP. Superados los confinamientos, su propósito es proporcionar financiamiento barato, fundamentalmente a las MYPES y medianas empresas, para poner en marcha proyectos de inversión generadores de empleo con protección social y que no dañen el medio ambiente en las distintas regiones del país. Esto proyectos pueden ser agrícolas y agroindustriales, de transformación de productos mineros y, en general, de producción industrial (máquinas, equipos y herramientas, etc.) para mejorar la productividad de la agricultura y de la propia industria manufactura.

El PEDP operaría igual que “Reactiva Perú”; pero difiere de este último, porque el otorgamiento de los créditos sería condicionado al tipo de proyectos de inversión mencionados, debido a que estos serían potencialmente riesgosos para las entidades financieras. Precisamente para reducir el riesgo asociado a estos proyectos innovadores, los créditos —cuyos plazos pueden ser de 3 a 5 años— serían garantizados por el Estado y, por consiguiente, con bajas tasas de interés de mediano y largo plazos. Se proporcionaría liquidez al sistema financiero y se mantendría sólida la cadena de pagos, al mismo tiempo que se iniciaría la transformación productiva creando oportunidades de empleo en las distintas regiones del país. 

Pero, esta no sería la única modalidad de financiamiento del PEDP. Las empresas que decidan llevar adelante un proyecto de inversión productiva podrían colocar bonos en el mercado, individualmente o en asociación con otras, con garantía del Estado. En este caso la garantía también haría posible obtener financiamiento de mediano y largo plazos, a bajas tasas de interés. Esta modalidad de financiamiento ayudaría a dinamizar el mercado de capitales en moneda local, y también aseguraría la influencia de la tasa de referencia del BCRP en las tasas de interés de mediano y largo plazos. 

El BCRP, además de su tasa de política monetaria, puede ampliar «el impulso monetario mediante medidas cuantitativas no convencionales de política monetaria». Lo hizo mediante «operaciones de repo de valores y de monedas, con el objetivo de reducir las tasas de interés a lo largo de la curva de rendimiento».1 Como sabemos, esta reducción de tasas disminuiría el costo de financiamiento no solo para el sector privado, sino también para el sector público. 

Sobre las inversiones en infraestructura. Las inversiones públicas en infraestructura económica y social ejecutadas con un plan de mediano plazo permitirán integrar económica, social y espacialmente al país. Solo la brecha de acceso básico a la infraestructura de corto plazo asciende a 15.4% del PBI. De esta brecha, el 23.5% corresponde a salud y el 30.7% a transportes. La brecha de acceso básico a la infraestructura en el largo plazo (a 20 años), representa el 47.7% del PBI del año 2019.2  Cuando se cierran estas brechas en el marco de un nuevo ordenamiento territorial, se impulsa la creación y expansión de mercados internos. La inversión en infraestructura es — como decía Adam Smith en la Riqueza de la Naciones— la base de la economía de mercado y de su integración con la geografía y demografía.

Hemos propuesto la aplicación gradual de la «regla de oro» para que las inversiones públicas en infraestructura (y su mantenimiento), se excluyan de la contabilidad de déficit fiscal y que el endeudamiento público sea solo para financiarlas. Esto significa liberar a las inversiones públicas de las presiones contractivas o de austeridad cuando los ingresos fiscales disminuyen durante la fase recesiva del ciclo. Las modalidades de ejecución de las inversiones pueden ser varias. Lo que nos importa destacar aquí es el costo del financiamiento cuando el Estado es el responsable directo, es participante de una concesión cofinanciada o tiene que otorgar una garantía financiera en una concesión. 

Política monetaria y sus consecuencias para la sostenibilidad fiscal

El entorno externo durante los próximos años estará caracterizado por costos de financiamientos bajos, debido a que tomará tiempo la recuperación de los niveles de empleo y producción en gran parte de las economías del mundo, y porque nadie sabe cuándo terminará definitivamente la pandemia.3 Por lo tanto, este contexto es favorable para impulsar el crecimiento económico con cambio estructural en nuestro país. 

El BCRP ha anunciado que mantendrá su tasa de política en 0.25% todo el año 2021. En abril de 2020 la redujo de 1.25 a 0.25%. Es altamente probable —dada las restricciones recientes por la segunda ola del virus— que el BCRP también mantenga esta tasa durante el año 2022. A esta postura expansiva hay que sumarle los créditos garantizados del Programa de Empleo y Diversificación Productiva (PEDP) —que debería reemplazar a “Reactiva Perú” para iniciar la diversificación productiva y el desarrollo de motores internos del crecimiento. 

La política monetaria expansiva debería disminuir el costo de financiamiento en todos los tramos de la curva de rendimiento. Sin embargo, cuando no existe un mercado de capitales profundo y líquido, la tasa de política no influye lo suficiente en las tasas de interés de mediano y largo plazos. Por esta razón, es importante recurrir a medidas cuantitativas «no convencionales» entre las que podrían incorporarse la compra en el mercado secundario de bonos del tesoro y/o de las corporaciones privadas, de mediano y largo plazos, generando así condiciones de financiación favorables para las inversiones. Es importante señalar que sería mucho mejor que el BCRP realizara operaciones de mercado abierto con los bonos soberanos y no con sus certificados de depósitos.  

Una consecuencia de la política monetaria expansiva es que ayuda a la sostenibilidad fiscal. Como se sabe, esta depende de la capacidad de pago del servicio de la deuda pública y del crecimiento económico. La política monetaria influye directamente en la capacidad de pago porque al reducir las tasas a lo largo de la curva de rendimiento de los bonos, disminuye el costo de financiamiento también para el sector público. La sostenibilidad fiscal no estará en riesgo si el tesoro puede acceder al mercado a tasas de interés bajas. Con costos de financiamiento mas bajos puede servir y aumentar el nivel de la deuda sin poner en riesgo las cuentas públicas.

Asimismo, si la demanda privada de consumo e inversión aumenta estimulada por el bajo costo de financiamiento, entonces, la política monetaria también influye positivamente en el crecimiento económico. Además, el crecimiento también es impulsado por la expansión de los mercados internos y, consecuentemente, por el efecto “atracción” (crowding in) de la inversión pública en infraestructura sobre la inversión privada. Cuando una economía crece, el nivel de los impuestos aumenta, lo que favorece a la sostenibilidad de la deuda y crea espacio fiscal para atender sin dificultades el servicio de la deuda o estimular aún más el crecimiento económico. 

No perdamos esta oportunidad para reconstruir la capacidad de servicio público del Estado y sentar las bases de una economía de mercado más sostenible, innovadora e inclusiva. Empecemos a cambiar la orientación del dinamismo de la economía impulsando el desarrollo agrícola e industrial y ejecutando un plan de inversiones en infraestructura económica y social para crear y desarrollar mercados internos. Este es el elemento esencial para integrar socialmente al país y culminar la construcción de la nación.

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1 Véase BCRP, Reporte de Inflación, junio de 2020, página 100 y 103.
2 Véase BID, Brecha de infraestructura en el Perú: estimación de la brecha de infraestructura de largo plazo 2019-2038. Monografía del BID, 2020
3 La FED anunció, en enero de este año, que mantendrá las tasas de interés cercanas a cero hasta al menos 2023, y prometió seguir comprando bonos a un ritmo mensual de al menos $ 120 mil millones hasta que se haya logrado un "progreso sustancial adicional" hacia las metas de empleo máximo y una inflación del 2%. Bloomberg Economics sostiene que el despegue de las tasas de interés recién ocurrirá en 2025.

Por una nueva política fiscal responsable (III)

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Por una nueva política fiscal responsable

OTRA MIRADA 18. 02. 2021

Por: 

Félix Jiménez

Economista Ph.D. Profesor Principal de la PUCP 

La crisis financiera del 2008-2009 y la crisis ecológica-social a escala mundial, ya habían mostrado los límites del neoliberalismo. Sin embargo, tuvimos que pasar por la terrible experiencia del Covid19, para recién reconsiderar el papel del Estado en la economía. Dominados durante 30 años por la ideología del mercado autorregulado, los gobiernos de nuestro país, sin excepción alguna, precarizaron los servicios públicos de salud, educación y seguridad social, deterioraron la infraestructura y la conexión moderna del país convirtiendo a la inversión pública en un factor de ajuste fiscal, e hicieron de la austeridad un fin en sí mismo.  

La solidez engañosa de las cuentas públicas

Cuando el déficit fiscal comenzó a crecer después del fin del superciclo de las materias primas 2003-2013 llegando a -3.0% del PBI en 2017, el MEF anunció que iniciaría en el año 2019 la consolidación fiscal (reducción gradual del déficit con recortes presupuestales) hasta alcanzar un déficit de -1.0% en el año 2021 (Marco Macroeconómico Multianual 2019-2022 de agosto de 2018). En 2019 el déficit se redujo a -1.6% y la tasa de crecimiento del PBI bajó a 2.2%, menor que la proyectada de 4.0%. En el periodo 2003-2013 el PBI había crecido a la tasa de 6.2% promedio anual y en los años 2014-2018 lo hizo solo a la tasa de 3.2% anual. La consolidación fiscal debilitó el magro crecimiento de la economía.

En plena pandemia, en el MMM 2021-2024 de agosto de 2020, luego de señalar que el año terminaría con un déficit fiscal de -10.7% del PBI, el MEF anunció la reducción del déficit a -6.2% en 2021 hasta llegar a -1.0% en 2025. Esta propuesta de consolidación fiscal no consideraba la posibilidad de una segunda ola de la pandemia ni la incertidumbre sobre la adquisición de la vacuna y mucho menos la fecha en la que el 70% u 80% de la población estaría vacunada. 

La prisa por la consolidación fiscal —sin conocer los efectos de la relajación de las medidas contra el contagio que acompañaría a la cuarta y última fase de la reactivación— dejó de lado la urgencia de una rápida ampliación y mejora de la capacidad médica y hospitalaria, medida que hubiera ayudado a enfrentar en mejores condiciones la segunda ola de contagios. No hay suficiente oxígeno, no hay adecuada infraestructura hospitalaria y tampoco hay certeza de cuando se terminará de vacunar a la mayoría de la población. El sistema de salud está al borde del colapso.

Cada vez que iniciaba un proceso de consolidación fiscal, el MEF ofrecía adoptar medidas para aumentar los ingresos tributarios. Sin embargo, la presión tributaria es increíblemente baja. En el periodo 2000-2019 su valor promedio fue de 15.1% del PBI ¡con un coeficiente de variación de 9%! Aumentó en los años del superciclo de las materias primas 2003-2013, alcanzando un promedio de 15.7%; pero, después, en los años 2014-2019 se redujo a 14.8%. Según información para el año 2019, la presión tributaria promedio en América Latina fue de 23.1% y en los países de la OCDE de 34.2%. El PBI del Ecuador es 47.4% del PBI de Perú, pero tiene una presión tributaria 39.2% mayor.  

El mantenimiento de déficits fiscales relativamente bajos con los recurrentes procesos de consolidación fiscal, se exhiben como ejemplo de solidez macroeconómica. Sin embargo, se trata de una solidez engañosa, porque se logra a costa de la precarización de los servicios públicos, con un comportamiento cuasi cómplice con un régimen tributario regresivo, perforado con exoneraciones atemporales y con un alto porcentaje de evasión y elusión. 

Nuevo esquema de financiamiento para la sostenibilidad fiscal

La solidez macroeconómica no puede divorciarse de la justicia social. Mantener cuentas públicas sostenibles con justicia social debe ser un compromiso con la democracia. Esto significa recuperar el papel del Estado para, mediante la política fiscal, contribuir activamente a la solución de los problemas sociales y económicos, e iniciar el cambio del estilo de crecimiento y acumulación de capital en función del bien común. Este compromiso de la política fiscal supone: 

a) Apoyar a familias y empresas durante el tiempo que dure los confinamientos para disminuir la tasa de letalidad de la segunda ola y quizá de una tercera ola del virus;

b) Promover la producción nacional de equipamiento médico, la ampliación de la infraestructura hospitalaria y la investigación en ciencias básicas y aplicadas; 

c) Ejecutar un plan de inversiones públicas en infraestructura para conectar mejor la economía con la demografía y geografía del país, y desarrollar mercados internos;

d) Apoyar el desarrollo del Programa de Garantías Concursable de Empleo y Diversificación Productiva (PEDP); y, 

e) Proporcionar una renta básica —lograda la «inmunidad de rebaño»— para los trabajadores desempleados, la población de ingresos bajos y a los pobres.  
Los gastos asociados a estas tareas requieren de un nuevo esquema de financiamiento.  (Afortunadamente no se parte de «cero recursos», pues el Estado tiene 75.2 mil millones de soles depositados en los bancos nacionales). Los componentes de este nuevo esquema son: 

a. Reforma integral del sistema tributario para hacerlo menos regresivo y aumentar la presión tributaria en cuatro o cinco puntos del PBI.  Se debe tomar medidas drásticas contra la evasión y elusión tributaria, y eliminar todas las exoneraciones otorgadas durante el periodo neoliberal. Puede incorporarse un nuevo sistema de exoneraciones y subsidios temporal, de acuerdo al objetivo de diversificación productiva con desarrollo de mercados internos.  

b. Aplicación de un impuesto temporal a la riqueza acumulada para garantizar los créditos del programa de empleo y diversificación productiva (PEDP).

c. Endeudamiento público en soles para financiar el plan de inversiones públicas en infraestructura económica y social.  Se debe implementar progresivamente la aplicación de la «regla de oro de la inversión pública» según la cual el endeudamiento debe destinarse sólo a financiar el gasto de inversión y no el gasto corriente. 

d. Incrementar el límite del endeudamiento público a 35% del PBI. El apuro por las medidas de consolidación fiscal proviene de los incrementos significativos de la deuda como resultado de la caída de la producción. El aumento del límite permitirá un manejo más flexible del gasto para superar los efectos de la pandemia y financiar las inversiones en infraestructura. Además, se debe poner un límite a la deuda pública en moneda extranjera: no debería sobrepasar el 20% de la deuda pública total. 

e. Garantizar el endeudamiento privado mediante emisiones de bonos en soles. Aparte de los créditos garantizados de la banca comercial, el PEDP contempla la emisión de bonos en soles de mediano y largo plazos, garantizados por el Estado, por parte de las pequeñas y medianas empresas de las distintas regiones del país, individualmente o asociadas, y eventualmente de las grandes empresas.  Las condiciones para el otorgamiento de las garantías pueden ser: inversiones para la producción agroindustrial y la industrialización de algunos recursos minerales; generación de empleo con derechos sociales; e inversiones dirigidas al desarrollo industrial manufacturero (metalmecánica, máquinas y herramientas para la agricultura y otras actividades productivas generadoras de empleo con protección social, etc.).

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Otra ruta de crecimiento y desarrollo es posible (II)

OTRA MIRADA, 10. 02. 2021

Por: 

Félix Jiménez

Economista Ph.D. Profesor Principal de la PUCP 

La pandemia del COVID19 ha revelado el fracaso del modelo económico neoliberal. El rechazo a la intervención del Estado, la defensa del mercado desregulado y el discurso a favor del individualismo, condujeron a la precarización de la infraestructura y servicios de salud, educación y protección social. El Estado, tomado por los grupos de poder económico, subordinó el interés público al interés privado y aplicó políticas que configuraron un estilo de crecimiento primario exportador y una economía menos agrícola e industrial, y sesgada al comercio y servicios donde se concentra el empleo informal de baja productividad, de baja calificación y de bajos ingresos. Los patrocinadores de este modelo que se impuso en los años 1990, favorecieron a la inversión extranjera dirigida a actividades extractivas de exportación que no promueven el desarrollo de mercados internos y que generan problemas ambientales. Es importante señalar, por lo tanto, que la informalidad, la desigualdad, la pobreza, la precariedad del empleo, y tipo de estructura productiva descrita, fueron el resultado de las decisiones de inversión e innovación de las empresas, cuya orientación, en el marco legal neoliberal, determinó el modo extractivista de crecer y acumular capital.

Cómo iniciar el cambio de modelo económico

Aumentar el empleo y reducir significativamente la informalidad y el subempleo, no se puede hacer reactivando el mismo modelo económico. El crecimiento será sostenible social y políticamente, si se inicia la transformación de la estructura productiva y el modo de crecer y acumular capital, con dos objetivos fundamentales: a) generación de empleo con derechos sociales; y, b) descentralización y diversificación del aparato productivo y de la actividad privada empresarial. La idea es desarrollar motores internos para morigerar nuestra dependencia de la exportación de materias primas. ¿Cómo hacerlo? Para empezar esta transformación, proponemos lo siguiente:

1. Crear un Programa de Garantías Concursable de Empleo y Diversificación Productiva (PEDP). Su objetivo sería financiar inversiones productivas para la generación de empleo con protección social y para iniciar la diversificación productiva, financiando proyectos en sectores prioritarios y que no dañen el medio ambiente en las distintas regiones del país. Estaría dirigido principalmente a las medianas y pequeñas empresas productivas y, eventualmente, a empresas grandes que presenten proyectos agroindustriales y manufactureros (como la industrialización de minerales) para desconcentrar geográficamente el aparato productivo. En la administración del Programa deben participar el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Trabajo. Con la puesta en marcha del PEDP debe desaparecer el denominado programa de obras por impuestos. El PEDP es un programa de créditos garantizados (como lo era Reactiva Perú), pero que serían concedidos siempre que los proyectos cumplan el objetivo del programa. Además, las garantías procederían de un impuesto a la riqueza acumulada y/o de la colocación de un bono perpetuo en moneda local en los mercados interno y/o externo.
2. Formular y ejecutar un plan de inversiones públicas. Acompañar la transformación de la estructura productiva con un plan de inversiones públicas, de corto y mediano plazo. Este plan debe contemplar un incremento sustancial de la inversión en infraestructura económica y social, con un enfoque descentralizado y una perspectiva interregional cuyo objetivo último de mediano plazo debe ser la formación de macrorregiones. La construcción de represas y de canales de riego, silos, carreteras, puentes, ferrocarriles, electrificación, agua y desagüe, fibra óptica y acceso universal a internet, etc., son fundamentales para aumentar la productividad agropecuaria y generar condiciones de atracción de inversiones privadas para el desarrollo agroindustrial e industrial en las distintas regiones del país. Estas inversiones deben constituirse en el principal mecanismo de conexión de la economía con la demografía y geografía del país —es decir, de desarrollo de mercados internos. Sin este tipo de inversiones públicas no será posible superar la heterogeneidad tecnológica ni alcanzar la integración económico-espacial del país.
3. Otorgamiento de una renta básica de subsistencia a los trabajadores desempleados, a la población de ingresos bajos y a los pobres. La pérdida de empleos y el aumento de la pobreza exige un fuerte y sostenido impulso de la política fiscal. Para apoyar el proceso de diversificación productiva, el gobierno debe asegurar una renta básica de subsistencia de esta población; es decir, para asegurar su derecho básico a la sobrevivencia. Si se reactiva la oferta de producción, también debe aumentarse la demanda sobre todo si gran parte de la producción se orienta o se orientará al mercado interno. La renta básica cumpliría este objetivo. 

Las acciones prioritarias inmediatas

La segunda ola de contagios vuelve a mostrar la vergonzosa precariedad del sistema de salud pública. Por esta razón, es impostergable la reconstrucción y modernización de este sistema (y también del sistema de educación pública) a nivel nacional, con un enfoque descentralizado, con infraestructura hospitalaria, equipamiento y capacidad médica. Se debe adoptar como política de Estado, la promoción y desarrollo de la producción nacional de equipamiento médico: equipos de protección para los trabajadores del sistema de salud, ventiladores para tratar las dificultades respiratorias, mascarillas quirúrgicas y no quirúrgicas, guantes, plantas de oxígeno, etc. El incentivo para que las empresas privadas produzcan estos equipos, serían las compras del Estado. Igualmente, debe ser política de Estado el apoyo financiero a la investigación en ciencias básicas y aplicadas que desarrollan las universidades, sobre temas relacionados con la salud, el medioambiente, la energía, la producción, entre otros. El Estado puede fomentar modelos asociativos universidad-empresa —como ocurre en otros países— para el desarrollo de programas de investigación específicos, como, por ejemplo, el desarrollo de vacunas para enfrentar epidemias o pandemias. 

El tiempo neoliberal del Consenso de Washington ha pasado. En todas partes se aconseja un gran estímulo fiscal para superar el impacto social y económico de la pandemia; con mayor razón si se trata de cambiar la manera de crecer y acumular capital.  Sobre esta responsabilidad de la política fiscal trataremos en el siguiente artículo.