Otra vez está en discusión si se debe
aumentar o no el salario mínimo. Por mandato constitucional (artículo 24) el
Estado es el que se encarga de su regulación con participación de las
organizaciones de los trabajadores y empleadores. Hay, además, leyes que
encargan su determinación al Consejo Nacional del Trabajo, donde participan el
gobierno, los gremios empresariales y las confederaciones de trabajadores. Por
último, existe una fórmula para su regulación periódica que toma en cuenta la
productividad y la inflación. Sin embargo, toda esta institucionalidad es
boicoteada por el propio gobierno y los gremios empresariales.
Por
qué debe aumentar el salario mínimo
El salario mínimo debió haberse
aumentado ya. El último aumento se hizo en el 2011, y en los cuatro años que
han pasado la inflación fue de 11.2%. Esto quiere decir que el actual salario
mínimo ha perdido 11.2% de capacidad de compra. Por lo tanto, es de justicia
que este salario aumente para restaurar su capacidad de compra.
En estos últimos cuatro años también
aumentó la productividad en algo más de 12%. Esto quiere decir que disminuyó el
costo unitario de producción (o lo que es lo mismo, aumentó la ganancia del
capital) en un porcentaje similar. En consecuencia, el salario debe aumentar,
para que ese incremento de la productividad no se vaya todo a manos del
capital.
Los que dicen que el aumento del
salario mínimo es inoportuno debido a la actual desaceleración económica, sin
duda piensan que toda la producción es para exportación y que, por lo tanto, no
importa que se mantenga o reduzca el salario. Es salario es visto solo como
costo de producción. No toman en cuenta que el salario es también parte de la
demanda.
Cuando aumenta el salario, aumenta el
gasto (la demanda) en bienes y servicios, porque los trabajadores no atesoran el
dinero en el bolsillo. ¿Quiénes producen los bienes y servicios que compran los
consumidores? Las empresas. Por lo tanto, cuando sube el salario mínimo, lo más
probable es que haya un incremento de la demanda de aquellos bienes y servicios
que se producen para el mercado interno. Así, el aumento de la demanda puede
más que compensar el incremento del costo de producción, ayudando a la
reactivación de la producción para el mercado interno.
La baja productividad de los
trabajadores
Es verdad que en un amplio sector de
la economía hay trabajadores de baja calificación y baja productividad. Pero esta
situación no es de exclusiva responsabilidad de los trabajadores. Las empresas
pueden aumentar la productividad mediante la innovación y la capacitación de sus
trabajadores. Si no lo hacen o no lo han hecho, no pueden argumentar que es
inoportuno subir el salario mínimo. Además, la productividad en promedio aumentó.
Es importante que el aumento del salario se vea como un incentivo para que las
empresas innoven, hagan cambios técnicos y desarrollen programas de
capacitación de sus trabajadores. Asimismo, las empresas, sobre todo las
medianas y pequeñas, deben proponer fórmulas para que baje el costo de
financiamiento de sus inversiones. Este es el costo que les agobia más que el
costo del trabajo.
Por último, el hecho de que en nuestro
país predomine un alto porcentaje de empresas «de 1 a 10 trabajadores» de baja
productividad, es resultado de la manera cómo crece la economía. Tenemos un
estilo de crecimiento impulsado por la demanda externa de minerales y secundado
por la expansión de actividades terciarias de baja productividad. Ese estilo
del crecimiento tiene que cambiar, para que las empresas tengan la oportunidad
de crecer, de ampliar su tamaño, de innovar y hacer cambios técnicos. Este
cambio implica atender la agricultura e impulsar la industrialización. La
industrialización y la diversificación productiva que el país necesita, debe
partir de la agricultura y del desarrollo agroindustrial.
El salario digno es de interés público
El salario mínimo nace en 1962 como un
instrumento de política de redistribución de ingresos. Cuando aumenta el
salario mínimo, los salarios más bajos de la estructura salarial empiezan a
subir, con lo cual la dispersión salarial disminuye. Y, cuando esto pasa,
mejora el ingreso promedio de los trabajadores. Por eso el salario mínimo es un
auténtico instrumento de redistribución de ingresos.
La controversia sobre el salario
mínimo (así como sobre el salario digno) es una controversia sobre el interés
privado versus el interés público. Los que están en contra de su incremento,
creen que la promoción del interés privado de las empresas es la mejor manera
de asegurar el interés público. Afirman que el aumento del salario mínimo
genera distorsiones en los precios y afecta el empleo. Así, lo que es malo para
el interés privado, es malo para el interés público.
Esta posición privatista no toma en
cuenta que la existencia del salario mínimo previene la explotación extendida
de los trabajadores con baja calificación, por parte de empresas que cuentan
con mayor poder de negociación sobre los salarios. Tampoco toma en cuenta que
los salarios dignos alientan el esfuerzo y, por lo tanto, la productividad de
los trabajadores. Asimismo, cuando aumentan los salarios, aumenta el poder
adquisitivo de los trabajadores y, por lo tanto, la demanda agregada.
A
modo de conclusión
La actualización periódica del salario
mínimo, es de interés público. Su efecto positivo sobre el salario promedio, es
un indicador de mejora del bienestar económico de los trabajadores. Cuando las
empresas pagan menos que el necesario para la subsistencia de los trabajadores,
afectan la futura capacidad productiva de la sociedad. Por eso un salario digno
es simplemente un salario de interés público.
Publicado en el Diario UNO, el sábado 28 de febrero.