El 14
de julio de 2011, Julio Velarde declaró, en tono aranero, que el aumento del
salario mínimo «ahuyentaría a las empresas; subir fuertemente el sueldo mínimo –dijo--
es sencillamente decirles vete a otro país». También se pronunció en contra del
impuesto a las sobreganancias mineras argumentando que «traería retraso en el
flujo de inversiones de la pequeña y mediana minería». Pocos días después, Velarde
fue ratificado por Ollanta Humala en el cargo de presidente del Banco Central. Más
tarde, Velarde y Castilla, convencieron a Humala a subir el salario mínimo en
dos tramos de 75 soles cada uno: el primero, el 28 de julio de 2011 y el segundo
en el año 2012. Cuando este año en vísperas del día del trabajo el presidente
Humala declaró «nosotros tenemos pendiente todavía una segunda etapa del
cumplimiento con la remuneración mínima vital que lo vamos a hacer», el
poderoso ministro Castilla sentenció que su elevación «debería estar ligada a
la productividad de las empresas que a una decisión política».
No han
quebrado empresas ni se han ido a otro país
Desde
junio de este año la remuneración mínima ya es de 750 soles. En contraste con
las conjeturas tremendistas e irresponsables de Velarde y Castilla, el actual
ministro de trabajo José Villena dijo «Ninguna empresa quebró con el segundo
tramo del aumento de la remuneración mínima vital, que pasó de S/.675 a S/.750
en junio pasado». Afirmó, además, «que las micro y pequeñas empresas (mypes) se
han desarrollado más tras la implementación de esa medida y descartó que este
incremento estimule la contratación informal en un mediano plazo».
El
discurso vacío sobre este tema de los Velarde y Castilla, es también el
discurso del Banco Mundial. En su informe titulado El Mercado Laboral Peruano durante el Auge y Caída (BM, 2010), se
dice que «los altos costes salariales no laborales y el salario mínimo
obligatorio, en particular, promueven la informalidad de la mano de obra». Hay
evidencias –dice-- de que en Perú el salario mínimo y sus incrementos tienen
efectos negativos sobre el empleo formal».
Estos
defensores del neoliberalismo deberían leer al neoclásico John Bates Clark.
Este autor de la teoría de la distribución del ingreso basada en la
productividad marginal, escribió: «La disciplina del hambre descalifica al
trabajador para hacer una negociación exitosa, y si el empleador está en total
libertad de contratar a los hombres que, bajo tal presión, individualmente
podrían ofrecerse a trabajar, él puede conseguirlo por muy poco» (Clark, 1913).
La
capacidad productiva del trabajador como activo social
Los
trabajadores, como cualquier persona de la sociedad, deben ser alimentados, tener
alojamiento, estar protegidos y educados, y tener buena salud. Su capacidad
productiva y su talento humano, constituyen un activo de la sociedad. El deterioro
de este activo constituye un costo para toda la sociedad. Cuando los
trabajadores perciben salarios inadecuados para satisfacer sus necesidades
indispensables, se genera un costo social que alguien lo tiene que cubrir.
Así,
los bajos salarios que contribuyen al deterioro de la capacidad productiva de
los trabajadores, son trasladados a la sociedad. Esto es lo que está ocurriendo
con el actual estilo de crecimiento de la economía peruana: la precariedad del
empleo y los bajos salarios que pagan las empresas es asumido por el Estado con
programas sociales que no restituyen la depreciación de su activo social.
Los
que se oponen al salario mínimo no toman en cuenta este efecto. El costo social
que genera la precariedad del salario y del empleo, se expresa en una baja calidad
de las condiciones de vida de la población que, por lo tanto, repercute negativamente
en la capacidad productiva y el talento de las generaciones futuras. John
Maurice Clark (el otro Clark) decía que el salario mínimo se paga así mismo en
el largo plazo mediante el aumento de la eficiencia de los trabajadores.
La
importancia del salario mínimo para combatir la precariedad del empleo
Aproximadamente
el 79.4% de la PEA ocupada de nuestro país, es informal, es decir, trabajan
como asalariados fuera de planilla o en empresas no registradas jurídicamente o
son trabajadores por cuenta propia. La gran mayoría son de baja calificación,
baja productividad y bajísimos ingresos. La precariedad de este empleo es el
resultado del desmantelamiento de los estándares laborales básicos por las
políticas neoliberales.
Por
esta razón, el salario mínimo (concebido
como costo básico de una vida decente, determinado por la comunidad) no solo se
justica éticamente como medida de inclusión social, sino también como una
medida económicamente favorable a la sociedad, porque los trabadores
calificados y sanos, son más productivos. Según J. M. Clark, «una industria que
no paga un salario digno, realmente está pasando parte de sus costos a otras
industrias». Si estas otras industrias no asumen estos costos, se produce «una
pérdida de capacidad productiva que cae como una carga generalizada en la
sociedad, a menudo afectando a las futuras generaciones» (J. M. Clark, 1929).
Por eso, J. M. Clark sostenía que los costos sociales de la mano de obra deben
ser asumidos directamente por las empresas en la forma de una garantía de
salario mínimo.
A modo
de conclusión
El
actual estilo de crecimiento primario exportador, basado en salarios y empleos
precarios, no conduce al desarrollo debido a sus escasos eslabonamientos con el
resto de la economía: Necesitamos endogenizar el desarrollo para lo cual, como
dice Palley, se requiere «salarios crecientes y una mejor distribución del
ingreso. Juntos generan un circulo virtuoso de crecimiento donde un aumento de
los salarios estimula el desarrollo del mercado doméstico y el desarrollo del
mercado domestico estimula el crecimiento de los salarios. Buenos estándares
laborales y democracia son, ambos, la clave de este nuevo modelo».
Publicado en el diaro La Primera, el sábado 25.