Notas sobre el actual proceso electoral: La degradación de la política y la democracia

El actual proceso electoral está caracterizado por la presencia de candidatos presidenciales que agravian la convivencia moral sustentada en valores y principios, y que son indispensables para representar a la nación. Tenemos agresores; plagiarios; coimeros; indultador de narcos; lobistas; violadores de derechos humanos y de los derechos de las poblaciones nativas; defensores de las esterilizaciones forzadas; usufructuarios del dinero robado al Estado; violadores del Estado de Derecho; cómplices del chuponeo,  del rastreo y del chantaje;  en fin, candidatos que han envilecido la política y convertido a la democracia en un engaño. Varios de estos candidatos lideran las encuestas y en conjunto tienen entre el 60 y 70 por ciento de apoyo del electorado. Los decentes, que son pocos, tienen un apoyo minoritario. Afamados representantes de la sub-cultura compiten por dirigir el país. ¿Qué nos ha conducido a esta situación? ¿Desde cuándo hemos perdido las obligaciones morales que tenemos con respecto a nuestra sociedad para tener entre nuestras preferencias a estos candidatos?

 

Los efectos de las políticas neoliberales

 

En los años 1980-1990 ocurrieron varios hechos que «informalizaron» la política y demolieron la base ideológica de los partidos políticos.

 

1)  La crisis de la deuda externa que fue enfrentada en toda la región –también en nuestro país--, con políticas de ajuste y estabilización patrocinadas por el FMI y el Banco Mundial. Los Estados Nacionales perdieron su carácter de centro básico de decisiones soberanas sobre sus economías; y, recularon hasta convertirse en espectadores mientras el comercio libre y la transnacionalización definieron nuestra ubicación en la economía globalizada. El resultado de la aplicación de estas políticas –que inutilizaron las ideologías y programas de los partidos políticos--, es hoy conocido como la «década perdida de América Latina».    

 

2)  El gobierno de Alan García de 1985-1990 que aparentemente se desvió del recetario neoliberal, pero desacreditó a la política pública y al papel del Estado. Produjo una brutal contracción del PBI per cápita (-30.2%) y de la productividad (-26.0%). Los hogares por debajo de la línea de pobreza pasaron de 16.9% a 44.3%; el consumo per cápita se redujo en 47%; los sueldos y salarios reales cayeron en 53%; la presión tributaria se derrumbó hasta el 4.0% del PBI; y, el porcentaje de trabajadores informales aumentó hasta cerca del 80%. A todo esto se sumaron las evidencias de corrupción y de enriquecimiento ilícito que le hicieron perder credibilidad a las instituciones del Estado.    

 

3)  El gobierno dictatorial de Fujimori de los 1990 que profundizó la aplicación de las políticas neoliberales con las privatizaciones, la liberalización comercial y financiera, la dolarización de los créditos, el recorte de los derechos laborales y la flexibilización del mercado de trabajo, junto a un manejo corrupto del dinero público y a violaciones de los derechos humanos y del Estado de Derecho. La adopción del dogma del mercado «libre» (auto-regulado) dio curso al individualismo «criollo» y a la reproducción de la informalidad en la economía y en la política. La dictadura fujimorista practicó el clientelismo, controló los medios de comunicación, utilizó los diarios «chicha» para calumniar a sus opositores, compró congresistas y estimuló la práctica del transfuguismo; en fin, el fujimorismo hizo del fraude, la corrupción y el delito, una forma de gobernar. Envileció la política y convirtió la democracia en una burla.  

 

4)  El otro hecho a tomar en cuenta es el terrorismo de los años 1980-1992.  La violencia que lastimó fundamentalmente a los campesinos indígenas de la sierra, puso en evidencia tanto la existencia de dos Perú (el Oficial y el Otro Perú), como la ausencia de Estado precisamente en el Otro Perú, olvidado y discriminado del interior del país. Sin embargo, hay que afirmar con energía que el terrorismo destruyó parte importante la infraestructura pública y también violó derechos humanos y el Estado de Derecho. Asesinaron a alcaldes y a comunidades enteras. Desafortunadamente ahora la informalidad en la política ha llegado también hasta los poderes regionales y locales.

 

Política y Democracia durante el neoliberalismo

 

Podemos decir entonces que tanto la destrucción de la economía por el primer gobierno de Alan García y el terrorismo, como el neoliberalismo criollo de los noventa, junto a la práctica de la corrupción en la gestión de los todos poderes del Estado, fueron los creadores de la «cultura de la informalidad» --del vivo, del rentista, del aprovechador, del privatizador de lo público, etc.--, que ha envilecido a la política y ha convertido a la democracia en una burla. Es lo que yo llamo la «subcultura de la yuca» que hoy practican los llamados emprendedores neoliberales y los usufructuarios de la corrupción, entre los que se encuentran varios candidatos y también el diario de la «concentración» que editorializa a favor del libre mercado, pero mantiene una posición de dominio.

 

Esta «subcultura» que proviene del desmantelamiento del Estado, de la caída brutal de la producción y de los ingresos reales, de la penetración de la corrupción en casi toda la administración gubernamental del Estado, de la compra de los medios de comunicación y de la desregulación de los mercados que es consustancial al modelo económico neoliberal extractivista o rentista, es la que explica la pérdida de nuestras obligaciones morales con respecto a la sociedad de la que somos parte.

 

La «subcultura» de la informalidad, extractivista o rentista, está extendida. También pertenecen a ella las empresas que especulan contra la moneda local, que aprovechan su posición de dominio para aumentar los precios, que especulan con el gas pagando al Estado una regalía ridícula, y el taller «informal» donde nos roban una pieza del carro...

 

A modo de conclusión

 

En nuestro país la política se disoció de las ideas y se alejó absolutamente de la ética. Necesita una cura moral. Pero esta cura moral será imposible si no cambia el actual modelo neoliberal que depreda recursos y ecosistemas; y, que beneficia a reducidos grupos de poder que se auto-reproducen y auto-legitiman controlando los distintos poderes del Estado.

 

 

Publicado en el Diario UNO, el sábado 20 de febrero.

El valor de la ciudadanía y de la No Reelección

En un notable artículo titulado El Valor del Voto publicado en el diario La República (31-01-2016), Steven Levitsky sostiene que la persistente desvinculación entre «las promesas de campaña y las políticas de gobierno» es peligrosa para la democracia, porque «si la gente percibe que las políticas del gobierno no tienen nada que ver con los resultados electorales, va a concluir, tarde o temprano, que su voto vale poco. Que votar es inútil. ¿Para qué sirve el voto si el gobierno abandona sus promesas y hace lo que quiere? ¿Para qué sirve la democracia?». Esta práctica de la impostura que da lugar al repudio de los peruanos a sus «políticos» tendría como una de sus causas –dice--, «la ausencia de rendición de cuentas electorales». Sin rendición de cuentas es mucho más probable el divorcio entre «las promesas de campaña y las políticas de gobierno» o la pérdida del nexo entre el «voto y el gobierno». Esto es verdad, pero no es una condición suficiente. 

 

El origen real del divorcio entre «el voto y el gobierno»

 

En América Latina, desde las crisis de los años 1980 y 1990, la relación entre el voto y el gobierno, se debilita, afirma Levitsky. En los años 2000 se restablece en algunos países, pero no en el Perú básicamente –dice-- porque a la élite limeña no le preocupa tanto esta conexión como la oferta electoral de cambio del modelo económico. El establishment limeño exige «casi a gritos» que se abandone esta oferta, porque para ella el «peligro es el estatismo, no las promesas electorales».  

 

A partir de esta contundente descripción de la realidad que nos hace Levitsky, se puede afirmar que, efectivamente, desde la crisis de la deuda externa, las políticas neoliberales de ajuste y estabilización patrocinadas por el FMI y el Banco Mundial menoscabaron el valor del interés público, de las políticas públicas y, por lo tanto, del papel del Estado. En Perú este rechazo a lo público y a la intervención del Estado fue acentuado por la gestión económica desastrosa y manifiestamente corrupta del gobierno de Alan García de 1985-1990. La ideología del anti-Estado y del individualismo, contraria al interés general o al bien común, se consolidó durante los años 1990, la década del fujimorato, con la aplicación del recetario neoliberal del Consenso de Washington y de la práctica de la corrupción y la impostura como forma de gobierno.       

 

Las políticas neoliberales fueron, entonces, las responsables de la desconexión mencionada por Levitsky. La defensa del mercado auto-regulado y la privatización de lo público, no solo erosionaron el  sentido original de la política y la democracia, sino también la soberanía del Estado subordinándolo a los intereses del poder económico nacional y  transnacional. En el contexto de una economía destruida y de un gobierno que hizo de la corrupción una forma de gobierno, las políticas neoliberales acentuaron la desintegración social y la disminución del sentido de pertenencia a una comunidad que es la base de la virtud cívica. El terrorismo fue un factor adicional que empeoró esta situación y que tuvo como caldo de cultivo el daño causado a la calidad de los servicios públicos por las políticas de ajuste y la ruina económica de fines de los años 1980.

 

Desde estos años, entonces, la democracia se redujo a un acto procedimental donde los votantes son vistos como ofertantes de un servicio (el voto) que hay que «comprar». Los votantes no promueven ni ratifican las leyes; los «elegidos» lo hacen a sus espaldas. Parafraseando a Rousseau, podríamos decir que «el elector peruano piensa que es libre y se engaña: lo es solamente durante la elección del presidente y de los congresistas: tan pronto como éstos son elegidos, vuelve a ser esclavo, no es nada».

 

Democracia y «clase política»

 

Desafortunadamente Levitsky hace después un brusco viraje en su razonamiento. Luego de preguntarse «¿de dónde viene el nexo entre electores y gobierno?, afirma que «los políticos suelen cumplir con sus electores cuando están pensando en futuras elecciones. Un político que sabe que necesita su base en el futuro estará menos dispuesto a traicionarla». ¿Qué hacer entonces? Los partidos y la «carrera política», dice, son los dos mecanismos que extienden el horizonte de tiempo. Concluye: se requieren partidos que se «preocupen por candidaturas en todo el país y, sobre todo, por futuras elecciones» y políticos de carrera que precisamente por serlo no tienen el incentivo para incumplir «sus promesas electorales».

 

En el Perú –dice-- «los políticos de carrera están en extinción» y «una gran mayoría de congresistas elegidos carece de carrera política». Pero no dice que precisamente estos políticos (como los del APRA y el PPC) son los que institucionalizaron la «ley de hierro de la oligarquía», contraviniendo el principio original de la democracia. Los dirigentes, que son pocos, ejercen su liderazgo priorizando sus intereses particulares. Parafraseando a Robert Michels diríamos que la longevidad de estos partidos está en relación inversa con el grado de democracia interna que practican.

 

De otro lado, no es negativo para la democracia que la mayoría de congresistas carezcan de carrera política, como tampoco lo es que la tasa de congresistas reelegidos sea baja. La democracia presupone la existencia de ciudadanos políticamente activos, es decir, comprometidos con «el destino de la comunidad en la que viven». La política no puede ser el coto cerrado de unos políticos «profesionales», sino una actividad humana practicada por todos. Hay que reivindicarla como «lazo de conexión social» y  «una manera de entender y de vivir la democracia». En esta concepción de la democracia y de la política, no cabe la reelección. La práctica del principio de rotación asegura que los ciudadanos sean «parte activa en los asuntos públicos».

 

A modo de conclusión

 

Levitsky piensa en el «valor del voto» cuando dice que «es imprescindible que los ciudadanos castiguen a los políticos que no cumplen con su palabra». No es suficiente. Se requiere una reforma del Estado Constitucional liberal introduciendo mecanismos que aseguren que la democracia no sea sustituida por los «representantes»; es decir, que aseguren que «el pueblo ejerza su soberanía, real y efectiva».

 

 

 

 

Publicado en el Diario UNO, el sábado 13 de febrero