El
gobierno de Humala está dispuesto a imponer el proyecto de la empresa Southern Peru Copper Corporation, para explotar los
yacimientos de cobre Tía María y La Tapada que se encuentran en la
cabecera del Valle de Tambo en la provincia
de Islay de Arequipa. El pueblo se opone a este proyecto minero a tajo abierto
porque existe el riesgo de que ocasione erosión ecológica y daños irreparables
a la agricultura del valle.
Obediente
con la Sociedad de Minería, el gobierno de Humala ha enviado un espectacular
contingente de policías para hacer «respetar el orden» y así evitar que la inversión
se detenga. La manifestación pacífica del pueblo durante el reciente paro
solidario con el Valle de Tambo fue reprimida violentamente por la policía provocando
la muerte del agricultor Victoriano Huayna Nina y decenas de heridos. El
gobierno de Humala se opone a la realización de una consulta popular, no quiere
una legítima licencia social, y tampoco desea someter el Estudio de Impacto Ambiental
a un organismo internacional calificado, objetivo y neutral.
La
modernización neocolonial es antinacional
Convencido,
como está Ollanta Humala, de que la gran inversión transnacional es
indispensable para salir del actual enfriamiento económico, su gobierno ha
presentado al Congreso, para su aprobación, el proyecto de ley 3941, denominado
«Ley de promoción de las inversiones para el crecimiento económico y desarrollo
sostenible». Este proyecto sigue la misma línea política de apoyo a la empresa Southern Peru Copper Corporation, por lo que, de
aprobarse, pondría en riesgo el derecho a la tierra de comunidades amazónicas y
andinas que carecen de titulación. Se trata de un proyecto violatorio del
Convenio 169 de la OIT y del principio de la democracia según el cual la
soberanía, en su origen y ejercicio, corresponde a la comunidad de ciudadanos,
al pueblo.
Humala
sigue el camino de la modernización neocolonial que empezó con Alberto Fujimori
y continuó con Toledo y García mediante las concesiones petroleras, gasíferas y
mineras al capital extranjero. Como Alan
García, y su mentor Haya de la Torre, Humala cree que el capital transnacional
sacará de la pobreza y el subdesarrollo a los peruanos. Por eso no cambió el
estilo de crecimiento primario exportador y siguió la pauta de la globalización
neoliberal.
Una
vez que tomó el poder, Humala traicionó al pueblo. No cambió el modelo
económico para, integrando social y políticamente al país, terminar de
construir Nación. Mantuvo la economía en piloto automático, dependiente de la
demanda externa y del aumento de los precios de los minerales. Subordinó la
economía al capital transnacional, afectando los derechos de los pueblos a sus
tierras y territorios. Se olvidó que el nacionalismo, en el mundo actual y en
nuestro país, es una reacción de autodeterminación frente a la presión de la
globalización. Cambió su ideología nacionalista por la ideología neoliberal.
La
modernización neocolonial es antidemocrática
El
pueblo es el que «autoriza a ciertos miembros de su comunidad a gobernar en su
representación». En otras palabras, el poder político proviene del pueblo sobre
el que se ejerce. Y este origen popular del poder exige que los gobernantes lo
utilicen para el bien del pueblo. Estos, en una auténtica democracia –como dice
Ambrosio Velasco--, no pueden actuar con amplia discrecionalidad y sin control
ciudadano. Tienen que procesar la pluralidad de puntos de vista y las distintas
demandas, tratando de lograr consensos incluyentes. La democracia es
integradora, no puede ser excluyente.
Por
lo tanto, un gobierno elegido, como el de Humala, que no respeta la cultura ni
los derechos a sus tierras y territorios de los pueblos amazónicos y andinos,
deteriora su legitimidad. Actuar sin consulta y sin legítima licencia social de
la comunidad, incumpliendo convenios
internacionales como el de la OIT y favoreciendo al capital transnacional, es
traicionar al pueblo que lo eligió. Ollanta Humala no fue elegido para convertir
a nuestra economía en una pieza del modo de producción global.
El
origen popular de la soberanía política y la consulta al pueblo sobre asuntos
que atañen a su vida en comunidad para obtener su consentimiento, son dos
elementos fundamentales que definen una práctica democrática. Es verdad que los
liberales (y neoliberales) se alejan de esta concepción porque –como nos
recuerda Ambrosio Velasco—ellos creen en «la superioridad intelectual y moral
del gobernante; creen que este conoce mejor los intereses del mismo pueblo y
por ello puede decidir sin su consentimiento expreso». Pero, aceptar esta
visión liberal acerca de la naturaleza de los elegidos, es contradecir el
principio de la democracia según el cual «todo poder político proviene del
pueblo; por lo tanto el pueblo es el titular de los derechos de tal poder».
A
modo de conclusión
En
nuestro país persiste una fractura social y política que las elites
empresariales y políticas que detentaron el poder reprodujeron en el tiempo.
Así llegamos a la globalización neoliberal que se impuso en nuestro país con un
estilo de crecimiento que, en lugar de resolver esta fractura, la ha exacerbado
mediante concesiones de territorios amazónicos y andinos al capital
transnacional, sin autorizaciones expresas de los pueblos respectivos.
Nota:
Expreso mi rechazo a la intervención policial en el Valle de Tambo y mi solidaridad con el
pueblo de la provincia de Islay que defiende sus derechos.
Publicado en el Diario UNO, el sábado 25 de abril.