De
manera intermitente aparecen comunicados de supuestos defensores de la
Democracia, pero que son, paradójicamente, los responsables de la pérdida de su
legitimidad. Es decir, son las oligarquías «partidarias» que, en el fondo
defienden solo el procedimiento del «voto popular» (muchas veces fraudulento),
para acceder al Poder y luego usufructuarlo en función a sus intereses
particulares y no en beneficio del interés nacional. Esta vez han reaccionado,
al parecer ante supuestos rumores de golpe, cuando son los que en el Poder y en
sus propias organizaciones se comportan con una lógica ajena al principio
democrático, comportamiento que, por lo demás, siguen algunas organizaciones de
la llamada izquierda tradicional.
Crisis del Estado constitucional democrático
Soslayar
la existencia de este comportamiento ajeno al principio democrático, desvía la
atención del problema que realmente existe en la democracia en nuestro país. Los
que lo hacen, implícitamente aceptan que el marco constitucional de la
democracia no está en crisis. Más allá, entonces, de los rumores, en nuestro
país, hay una crisis del Estado constitucional democrático. Aunque crisis similar
existe en muchos otros países, en el nuestro adquiere connotaciones especiales
por el grado generalizado de corrupción en todos los niveles de la
institucionalidad democrática. Por lo tanto, la fórmula de la legitimidad democrática
«se halla sumida, como dice Eloy García, en un gigantesco proceso de
degeneración en el que sin que medie un rechazo frontal de la idea que la
fundamenta, las cosas no son lo que dicen ser».
La
fórmula de legitimidad está alejada de la realidad política y social. Por
ejemplo, esta fórmula no incluye el respeto a los derechos de las comunidades
nativas y a la preservación ecológica de su ambiente y territorio, ni hace de
la consulta previa y la licencia social para la ejecución de proyectos extractivos, los fundamentos de la legitimidad
de la democracia. La ruptura entre la teoría y la práctica del
constitucionalismo democrático es tal que el principio democrático ha sido
abandonado no solo por los gobiernos y representantes elegidos con el «voto
popular», sino también por los «partidos políticos». Los gobiernos operan
abiertamente burlando la separación de poderes, penetrando y corrompiendo al
poder judicial, y vulnerando las aspiraciones de la comunidad nacional que los
eligió. En otras palabras, la praxis «política» de los elegidos es un activo
desconocimiento y transgresión del principio esencial de la democracia: «un
gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo». El desconocimiento
deliberado de este principio de legitimidad de la democracia, al ser convertido
en principio estructural del ejercicio del Poder, conduce a la corrupción.
«La
corrupción --dice Eloy García, citando la Historia
de Florencia de Maquiavelo—es un estadio sociológico de ruina o degradación
de la naturaleza original de los ordini
en que se articula una comunidad política. (…) La corrupción significa una
escisión ontológica entre el ser y sus manifestaciones, inducida por la acción
humana. Surge de una mutación del patrón que identifica la conducta social,
provocada por un obrar cotidiano que no responde a las prescripciones de sus ordini. La existencia política no se
reconoce en una manera de operar que, a la vez, no guarda correlato con lo que
dice contener dentro».
Precisamente
este tipo de conducta corrupta de los «elegidos» que se aleja del principio
democrático, vacía de contenido a la democracia. Con el neoliberalismo se
exacerba esta degeneración de la praxis política. Los estados, como diría
Todorov, se ponen al servicio de la economía de «libre mercado, con lo cual lo
único que queda de democracia es el nombre, porque ya no es el pueblo el que
detenta el poder, sino las oligarquías económicas y políticas.
Esta
ruptura entre la teoría y la praxis ha propiciado la profesionalización de la
política, dando lugar al surgimiento de una «clase política cuya sola
existencia –dice Eloy García—ataca la esencia misma de la democracia, causa su
degeneración y se convierte en el mayor enemigo de los principios que en teoría
debieran inspirar el Estado Constitucional Democrático». Con el neoliberalismo
se favorece aún más esta profesionalización. Se despolitiza y privatiza la vida
pública, lo que acentúa la existencia de ciudadanos como sujetos pasivos de
derechos. No hay reconocimiento de derechos diferenciales para comunidades
diversas, ni respeto a la pluralidad cultural.
Los ejes de la reforma política
Si
se parte de este diagnóstico, entonces no es difícil imaginar reformas
político-constitucionales que reivindiquen el principio democrático que felizmente
«continúa vivo y que es la sustancia de la fórmula de legitimidad democrática».
Los ejes de estas reformas, son los siguientes:
1)
Como
«la legitimidad democrática se expresa y compendia en la Constitución», hay que crear condiciones institucionales y
legales mediante un cambio de la Constitución, para que la legitimidad del
poder político provenga del pueblo. Ello implica, entre otras cosas, incorporar
mecanismos explícitos de comunicación y control ciudadano sobre los elegidos
por el voto popular.
2)
Reivindicar
el principio de la participación política, desarrollado ciudadanos como sujetos
activos de derechos y deberes. No puede haber ciudadanos súbditos, ni
gobernantes soberanos ni representantes elegidos que practican la
impostura. El ciudadano, como
propietario de su soberanía, debe tener canales para asegurar su participación
activa en la discusión y toma de decisiones que atañen a la colectividad, a su vida
en sociedad.
3)
Transformar
el modelo neoliberal. Se tiene que crear un contexto económico y social que
haga posible la justicia, libertad, la preservación ecológica, y que funde la
legitimidad de la democracia en la licencia social para explotar los recursos
naturales.
A modo de conclusión
Específicamente,
las medidas de reforma política (véase nuestro artículos del 14/03/2015 y
del y 21/03/2015), serían:
a.
Fortalecer
a los partidos sin quitarle poder a los ciudadanos.
b.
Desprofesionalizar
la política, y fortalecer la ciudadanía y la política.
c.
Fortalecer
la independencia de los poderes del Estado e introducir el control
constitucional de los elegidos.
d.
Institucionalizar
la vigilancia permanente de la ciudadanía a sus representantes.
Publicado por el Diario UNO, el sábado 19 de setiembre.