En nuestro artículo anterior explicamos que nuestro país se encuentra
en una coyuntura crítica por la confluencia de una tendencia al estancamiento
de la economía y de un proceso de degradación de las instituciones del Estado
de Derecho. En relación al estancamiento y considerando los efectos del llamado
«niño costero», pronosticamos para este año una tasa de crecimiento del PBI de 2
a 2.5% si la inversión pública aumenta
en 10% en términos reales. Si la inversión pública aumenta en solo 5% como está
previsto en el Marco Macroeconómico Multianual, el crecimiento podría ser
incluso mucho menor sobre todo porque no es seguro que la inversión privada
aumente en 5% como espera el MEF.
La pobreza descubierta por
las inundaciones
Los daños del «niño costero» han revelado que veinticinco años de
neoliberalismo no han servido para resolver los problemas estructurales de
pobreza y miseria que afecta a la gran mayoría de la población en casi todas
las regiones del país. Ciudades sin infraestructura adecuada, asentamientos
humanos y zonas periféricas a las
grandes ciudades tugurizadas y con precarios servicios públicos. Las
inundaciones mostraron la pobreza en que viven gran parte de nuestros
compatriotas, que sin duda, son en su mayoría de baja calificación y de bajos
ingresos. Diez años de alto crecimiento
no sirvieron para mejorar las condiciones de vida en la mayoría de nuestras
regiones, aunque ya nos jactábamos de ser los futuros miembros de la OCDE.
No se modernizó la agricultura ni se industrializó el país. El 63.7%
del empleo total se encuentra en los sectores de servicios, comercio y
construcción. Este porcentaje sube a 89.2% si le agregamos la agricultura que sigue
siendo fundamentalmente tradicional. La gran mayoría de los trabajadores de los
cuatro sectores está mal remunerada y es de baja productividad. Estos cuatro
sectores son los que generan 74.2% del PBI, según los datos del INEI para 2015. No olvidemos, además, que cerca del 74%
del total de trabajadores es informal.
La ausencia del motor externo y los desastres naturales, han puesto
al descubierto nuestra miseria y pobreza. Se redujo relativamente la capacidad
productiva per cápita y nuestra economía se hizo menos industrial y menos
agrícola. Siguiendo la lógica del credo neoliberal se subordinó la sociedad y
la política a la economía o a los intereses económicos. Con ello la educación,
los servicios médicos, el mantenimiento de la infraestructura social, la
seguridad social y la propia seguridad pública, fueron sometidos a la lógica
del mercado. No es difícil entender,
entonces, que la práctica de un neoliberalismo de Estado en nuestro país, condujo a la erosión de la democracia y de
sus instituciones.
Sin duda, los daños del «niño costero» que se ha ocurrido precisamente
en plena coyuntura crítica, harán que en la sociedad peruana surja un
movimiento de autoprotección que reivindique al mercado como institución social
y, de este modo, sitúe al país en el camino de la justicia social, de la virtud
cívica y del fortalecimiento de la democracia.
El costo de la reconstrucción
Los daños del «niño costero» deben servir para reflexionar sobre
la necesidad de un cambio en la manera
cómo se hace la política macroeconómica. Hay que priorizar los objetivos
sociales. El Banco Central de Reserva no puede seguir inactivo frente a la desaceleración económica y a la necesidad de
reconstruir los activos perdidos por los desastres naturales. Por su parte el
MEF no puede seguir con su política de meta rígida del déficit fiscal. El
ajuste que hizo en el último trimestre del año 2016, afectó a la inversión
pública y, por supuesto, al crecimiento económico.
Pero, para calificar el sentido del cambio en las políticas
macroeconómicas, tenemos primero que cuantificar el monto en soles de los daños
que, a nivel nacional, han ocasionado los recientes desastres naturales. En una
evaluación rápida con la información proporcionada por Centro de Operaciones de
Emergencia Nacional (COEN) y los costos unitarios respectivos para los diversos
rubros considerados, hemos encontrado que, a nivel nacional, el costo de la
reconstrucción de las viviendas, carretas, canales de riego, puentes y colegios
asciende a 46,761 millones de soles, monto equivalente al 7.1 % del PBI de
2016. Solo la reconstrucción de 3,599 kilómetros de carreteras y de 523 puentes
(cifras a nivel nacional) costaría 41,530 millones de soles, que equivale al
6.3% del PBI. Los costos por unidad respectivos son: 5 millones de soles por km
de carreta y 45 millones de soles por puente. El 0.8% del PBI restante
corresponde a canales de riego destruidos, a colegios afectados e
inutilizables, y viviendas colapsadas e inhabitables
Hay que señalar que estos costos son aproximados y que, sin duda,
los especialistas podrán corregirlos. Pero, estoy seguro que las cifras en
soles aumentarán, en lugar de disminuir, porque como bien se ha dicho, la
reconstrucción no debe ser la restauración de lo viejo. La infraestructura
reconstruida debe tener larga vida, y los colegios y viviendas deben
reconstruirse en zonas sin riesgos, con los respectivos estudios de suelos y con los servicios
públicos necesarios. Además, hay que sumar tanto el costo de la construcción de
muros de contención o de defensa ribereña para impedir el desborde de los ríos
en el futuro, como el costo de reubicación de los miles de damnificados.
A modo de conclusión
En nuestro siguiente artículo trataremos sobre la adecuación de
las políticas monetaria, fiscal y cambiaria, a los objetivos de reconstrucción
y relanzamiento del crecimiento económico.
Publicado en el Diario UNO, el domingo 2 de abril.
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