Con
la caída del muro de Berlín (1989) los partidos políticos quedaron huecos de
contenido ideo-político. De pronto –como dice Eloy García—se extendió a todos
«los confines de la tierra (…) las ideas de la Constitución, derechos del
hombre, legalidad y juridicidad del poder, representación, partidos y
elecciones libres». Pero en ese mismo momento «en las democracias
constitucionales comenzaba a evidenciarse una creciente degradación en los
valores, en las normas, en las instituciones, en lo político y en lo jurídico».
En
realidad, esta degradación aumenta en intensidad con la imposición del
neoliberalismo desde inicios de los años ochenta. La política se convirtió en propiedad
privada de las «oligarquías políticas» («clase política», le dicen) «que operan
siguiendo una lógica ajena a la idea democrática», y sus partidos devinieron –por
lo menos, en nuestro país-- en «grupos de interés» constituidos por un caudillo y su entorno, unos con algo
de historia pero que ya no les sirve y otros que aparecen solo en las
coyunturas electorales. La democracia para estas oligarquías es un acto
procedimental de elecciones periódicas que usan para confiscar el aparato
institucional del Estado.
Neoliberalismo,
Corrupción y pérdida de ciudadanía
Con
el neoliberalismo, entonces, la política fue sustituida por la economía, lo
público por lo privado y el interés común por el individualismo. Así, el camino
hacia la corrupción por el que transitan las facciones oligárquicas se hizo más
directo y descarado. La corrupción, y no la virtud cívica, se convirtió en una
forma de gobernar y de hacer «política». Piénsese en los actuales candidatos
punteros en las encuestas, y en los caciques regionales y locales. Todos han
pervertido el sentido original de la política, enajenándola completamente al
quitarle su propiedad de ser práctica social orientada al bien común. Cuando se
pierde interés por lo público, también se pierde el comportamiento ético y, por
lo tanto, el sentido de la política como práctica de la virtud cívica, como la
participación de la ciudadanía en los asuntos colectivos, como «un espacio de
convivencia y de creación junto a los otros» (Abellán López, 2014).
En
nuestro país, las reformas y políticas neoliberales de los noventa generaron el
contexto institucional apropiado para que la corrupción alcanzara su máximo
nivel, y se propagara a todos los poderes y organismos del Estado. No hay que
olvidar que en el año 2000, Alberto Fujimori fue re-relegido en segunda vuelta
con el 74% de los votos (ganándole a un recién llegado a la «política») y que
luego renunció por fax (21-11-2000) tras divulgarse evidencias de actos de corrupción
durante los años en el que estuvo usufructuando
el poder del Estado. Lo que siguió después no fue, como dicen algunos,
una transición a la democracia, pero sí fue un momento desperdiciado porque
nadie tenía un esquema institucional, con un sistema de partidos políticos de
nuevo tipo, para rescatar el sentido original de la democracia. Y, ciertamente,
no se podía rescatar el sentido original de la democracia, con un modelo
económico que subordinaba la política a la economía y hacia elogio del
individualismo.
En
los años que siguieron al «fujimorato» la democracia procedimental se adecuó al
neoliberalismo. Los ciudadanos aparecen solo durante los procesos electorales,
para después, pasada la votación, dejar de serlo. Pero, ni siquiera en el
momento de depositar el voto en las ánforas son «ciudadanos libres», porque
--como dice Eloy García—lo impide el control mediático de la sociedad. No hay
ciudadanos, hay electores limitados en su libertad de elegir. Además, la
práctica política de las oligarquías, viejas o de nuevo cuño, bloquean el desarrollo
de la ciudadanía, de la misma manera como la concentración del poder económico,
la concentración de la información y la
privatización de la política impiden el desarrollo de la democracia.
La corrupción
y la impostura son las características del actual Estado Constitucional Neoliberal
en nuestro país y que atentan contra la esencia misma de la democracia: «el gobierno del pueblo, por el
pueblo y para el pueblo». Piénsese en el magistrado del CNM recientemente
vacado para quien «Haber cobrado 100 dólares por expediente será inmoral, pero
no es delito»; o en el «político que roba, pero hace obras» elegido alcalde; o
en el actual «candidato que indultó a delincuentes y narcos»; o en la candidata
fujimorista que aprendió de su padre cómo se hace «política»; o, en fin, en el
candidato propietario de universidades que declara ganar adeptos regalando
artefactos domésticos y dinero. La experiencia nos dice que estos y sus
entornos, una vez elegidos (presidente y congresistas), sirven a los grupos de poder
económico que los «ayudaron».
Por
último, hay politólogos y «políticos» que defienden la reelección de los que
ejercen la representación por elección popular. Pero, la reelección es
contraria al principio democrático de rotación, principio que es fundamental para promover la participación y el ejercicio
ciudadano de la virtud cívica. Sin rendición de cuentas ni mecanismos directos de
control ciudadano, la representación y su mecanismo de reelección le quitan
legitimidad a la democracia. Los ciudadanos dejan de ser los verdaderos sujetos
políticos, pues su participación se limita al acto periódico de votar.
¿Qué
hacer para construir ciudadanía y democracia?
Nuestro
país requiere una democracia con participación ciudadana y una concepción de la
política como «ejercicio público de un mandato colectivo». Esta es la
democracia republicana, que se funda en la participación directa de los
ciudadanos en todos los ámbitos de su vida en comunidad; que supone limitar y
controlar el poder de los elegidos, mediante mecanismos institucionales
explícitos (desde las revocatorias bien reguladas, la rendición de cuentas, la
rotación o la no reelección, las listas abiertas, etc.); pero, que también exige un diseño institucional que impida la injerencia de los grupos de poder. De otro lado, los
partidos, sobre todo los que tienen un pasado de izquierda, deben convertirse
en «escuelas» de ciudadanía; en verdaderos «cauces fundamentales de
representación, mediación y participación política». Hay dos ciudadanos que, si
los elegimos, pueden llevar adelante estas reformas con un nuevo contrato
social: Gonzalo García y Verónika Mendoza, Verónika Mendoza y Gonzalo García. Ninguno
tiene el lastre de las oligarquías políticas.
Publicado sin la última parte por el Diario UNO, el sábado 21 de noviembre.
No comments:
Post a Comment