Thursday, September 13, 2012

La inclusión social no es una prioridad en el presupuesto para el año 2013


El proyecto de presupuesto para el año 2013 tiene una meta de superávit fiscal de 1.1% del PBI. El titular del MEF, Luis Miguel Castilla, acaba de presentarlo ante el Congreso de la República, sin rendir cuentas de la ejecución del presupuesto actual. Tampoco rindió cuentas de la ejecución del presupuesto de 2011 cuando presentó el presupuesto para el año 2012. Recordemos que anunció para el presente año un superávit de 1.0% del PBI, pero sólo en el primer semestre ya se ha generado un superávit de 7.1%. En la presentación del proyecto de presupuesto para el año 2011, se anunció un déficit de 1.0% del PBI, pero el año terminó (con Castilla de viceministro y después de ministro) con un superávit de 1.9% del PBI.

Para el ministro Castilla el ajuste es la mejor política fiscal preventiva frente a la incertidumbre y la agudización de la crisis internacional. Además, como parte de un gobierno que enarbola la bandera de la inclusión social, él brilla como buen cicatero que disfruta de la política de ajustes fiscales. El Marco Macroeconómico Multianual (MMM) (base del presupuesto de 2012), tenía metas de superávit fiscal de 1.0% del PBI para 2012, de 1,4% para 2013 y de 1,8% para 2014. Estas metas de superávit fueron ligeramente cambiadas en el nuevo MMM (base del presupuesto de 2013): 1.1% del PBI para 2013, de 1.3% para 2014 y de 1.5% para 2015. Como no practica la transparencia, el ministro tampoco informó sobre las razones de estos cambios.

No hay cambios importantes en la estructura del gasto fiscal

La estructura del gasto fiscal es casi la misma de presupuestos anteriores. El gasto total del sector público no financiero del año 2011, según el presupuesto respectivo, representaba 18.3% del PBI. En el proyecto de presupuesto para el año 2013, el porcentaje de este gasto sube a 18.8% del PBI. El gasto corriente en 2011 era equivalente al 8.9% del PBI, y según el actual proyecto de presupuesto actual este porcentaje aumenta a solo 9.4% del PBI. Los gastos de capital como porcentaje del PBI tampoco cambian mucho: de 4.5% del PBI en 2011 pasan a 5.2% en 2013. El aumento no llega al 1% del PBI. ¿Cómo se pueden atender las justas demandas de los trabajadores del Estado y superar los déficits de infraestructura en las distintas regiones del país, con una estructura de gasto que se mantiene casi constante?

El presupuesto sigue reproduciendo la estructura centralista del gasto. El gobierno parece haber renunciado a utilizar el presupuesto como instrumento de integración de la economía con la geografía y demografía del país. El 67% del gasto presupuestado es para el gobierno nacional, el 16% para los gobiernos regionales y el 17% para los gobiernos locales. Prácticamente es la misma distribución de los gastos presupuestados para 2012 y 2009.  En realidad, el centralismo en la distribución del gasto ha sido una constante en todos los años del neoliberalismo.

Por último, la distribución del gasto total no prioriza la atención a las regiones más pobres del país. Lima y Tacna (con niveles de pobreza de 15.8% a 16.6%) concentran el 37.1% del gasto presupuestado; y, a las regiones con niveles de pobreza superiores al 35.0% se les destina sólo el 29.1% de este gasto. Entre estas regiones se encuentran Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica y Huánuco, con niveles de pobreza de 52.7% a 57.0%; y, Amazonas, Loreto, Pasco, Piura y Puno, con niveles de pobreza entre 35.2% y 48.1%.  Es importante señalar que la población de estos dos grupos de regiones representa el 29.5% de la población total del país. Por otro lado, el 22.9% del gasto presupuestado se dirige a las regiones con niveles de pobreza de 24.1% a 31.0% y que tienen una población equivalente al 22.9% de la población total (Ancash, Cusco, Junín, La libertad, Lambayeque y San Martin).

La inclusión social es sólo un «botoncito» de muestra

La ausencia de criterio social en la formulación del presupuesto se nota más cuando analizamos el denominado gasto social.  Castilla parece decir que para mostrar que la inclusión social es una prioridad en el presupuesto, es suficiente un «botoncito».  Efectivamente, el gasto presupuestado para los programas emblemáticos de este gobierno (Pensión 65, Juntos, Beca 18, Cuna Más y SAMU) representa sólo el 0.37% del PBI. Ni siquiera medio punto porcentual del PBI; es decir, es un «botoncito» de muestra.

Por el lado del gasto social (saneamiento, vivienda y desarrollo urbano, salud, educación y protección social) tampoco hay cambios importantes. De 5.7% del PBI en el año 2012 ha subido a 6.5%. Hay un pequeño aumento de un  poco más de medio punto porcentual del PBI. Llama mucho la atención que  el porcentaje del gasto en educación y salud siga casi constante: 2.9% y 1.7% del PBI, respectivamente. Hace ya bastante tiempo que el gasto en estos rubros no aumenta de manera sustantiva. Por otro lado, según un reciente estudio de la CAF  el programa Juntos tiene poco impacto redistributivo debido a su bajo presupuesto. En efecto, el gasto presupuestado para Juntos y Pensión 65 equivalen a solo el 0.262% del PBI, ni siquiera 0.5% del PBI. En la Argentina, por ejemplo, este tipo de gastos equivale a cerca de 2% de su PBI.

A modo de conclusión

La política del piloto automático también se aplica en la formulación del presupuesto. Este piloto no tiene sentido del cambio ni emoción social. Es el piloto por el que apuesta Ollanta Humala. Esperemos que no lo lleve al despeñadero político y social.



Publicado en el diario La Primera, el sábado 8 de setiembre
 

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