El FMI —a través del artículo
«Neoliberalismo: sobrevendido?» escrito por sus funcionarios Jonathan D. Ostry,
Prakash Loungani y Davide Furceri, y publicado en la edición de junio de este
año de su revista Finance &
Development—, acaba de reconocer que
las principales reformas y políticas neoliberales han tenido efectos
contraproducentes en la sostenibilidad del crecimiento y en la distribución del
ingreso. Pero este mea culpa no
incentiva a sus autores a explicitar aquellas políticas que debieron adoptar
países como el nuestro para superar las restricciones al crecimiento y
fortalecer la democracia. Tampoco hay un recuento de los daños que esas
reformas y políticas hicieron a nuestras economías y a la institucionalidad
democrática.
Los ejes del programa neoliberal
Los dos ejes principales del programa
neoliberal fueron: a) el aumento de la competencia mediante la desregulación y
la apertura de los mercados nacionales —incluidos los mercados financieros— a
la competencia extranjera; y, b) la reducción del papel del Estado, mediante la
privatización de las empresas públicas y la limitación de la capacidad de los
gobiernos para gestionar el déficit fiscal y la deuda pública.
¿Qué políticas no dieron los
resultados esperados, según sus patrocinadores? Los autores del artículo
señalan que hay dos políticas cuyos efectos económicos y sociales fueron
negativos. La primera, la política orientada a la eliminación de las
restricciones a los movimientos del capital internacional (o la liberalización
de la denominada cuenta de capital); y, la segunda, la política de austeridad
(denominada también de consolidación fiscal) orientada a reducir el déficit
fiscal y los niveles de la deuda pública.
Los autores reconocen que los efectos
de estas políticas, primero, no fueron beneficiosos para apuntalar el
crecimiento económico de «un amplio grupo de países»; segundo, sus «costos en
términos de aumento de la desigualdad [fueron] prominentes»; y tercero, el aumento de la «desigualdad
afectó el nivel y la sostenibilidad del crecimiento». En general, el registro
de estos efectos es correcto, sobre todo si pensamos en nuestro país. Se creció
en función a los ciclos de la demanda mundial y precios de las materias primas;
y aumentó la desigualdad en la distribución funcional del ingreso junto al
desmantelamiento de los derechos de los trabajadores.
Lo que no dice ni reconoce el FMI
Se suponía que la libre movilidad de capitales canalizaría los ahorros del
resto del mundo hacia actividades productivas en países como el nuestro. Pero,
según el FMI esto se cumplió sólo en el caso de la Inversión extranjera directa
(mediante la cual se transfirió —dice—tecnología y capital humano) y no en el caso de los otros capitales —fundamentalmente
de corto plazo— que se dirigieron a inversiones de cartera, a endeudamiento
externo de los sistemas bancarios nacionales y a otras inversiones de carácter
especulativo.
Lo que no se dice dice en el artículo, es que, con la liberalización
comercial y financiera, las inversiones extranjeras se dirigieron básicamente
hacia actividades de alta renta natural (materias primas) y/o hacia actividades
con mercados cautivos (como la telefonía y la electricidad). Estas inversiones
generaron, por un lado, una economía especializada en la producción de materias
primas y de bienes no transables, junto a un proceso de desindustrialización
asociado a la «enfermedad holandesa» (sistemática apreciación cambiaria); y, por
otro lado, un aumento en el costo de producción por el aumento de las tarifas
públicas proveniente de las empresas privatizadas.
La apertura financiera también permitió la práctica del «carry trade» por parte de los bancos
nacionales. Se endeudaron en el exterior para prestar en moneda extranjera a
empresas y familias locales con ingresos en moneda nacional. La consecuente
dolarización de los créditos fue la causa de una crisis bancaria por el salto
del tipo de cambio provocado por la crisis asiática y rusa; y, en los dos
últimos años, ha provocado una «pérdida» masiva de reservas internacionales del
Banco Central para impedir un nuevo salto cambiario durante la crisis de
2008-2009 y durante el período que siguió al anuncio de una política monería
menos laxa por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos. El FMI no
dijo nada durante el proceso de dolarización de los créditos en los años 1990 y
del que ocurrió a partir de julio de 2006. Tampoco dijo nada respecto al
proceso de desindustrialización y a la expansión de los sectores terciarios
donde se encuentra el grueso de los trabajadores con baja productividad y
calificación.
Finalmente, la privatización y los recortes de gastos para reducir el
déficit fiscal y la deuda pública, tuvieron un costo económico y social
elevado. Disminuyeron los presupuestos
de educación, salud, seguridad social como porcentaje del PBI; se desmanteló el
sistema de planificación de las inversiones públicas; y se redujeron los gastos
en mantenimiento de la infraestructura económica y social. El FMI y Banco
Mundial, fueron los responsables de la década perdida de América Latina (los
años 1980); y, en nuestro país, del deterioro de la calidad de la educación, de
la salud, de la infraestructura y de las instituciones que conforman la
administración gubernamental del Estado.
A estas dos instituciones que participaron activamente en la renegociación
de la deuda externa, nunca se les ocurrió crear un mercado interno de deuda en
moneda local para pre-pagar la deuda externa y eliminar el riesgo cambiario y
de tasas de interés de la deuda pública. Era y es la manera de asegurar la
sostenibilidad fiscal.
A modo de conclusión
No solo había que recuperar soberanía en la política cambiaria mediante
restricciones al movimiento internacional de capitales, sino también desarrollar
el mercado de deuda publica en soles. El tipo de cambio debió convertirse en el
principal instrumento de industrialización y el mercado de deuda pública «solarizada»
contribuiría no solo a la sostenibilidad fiscal, sino también al desarrollo del
mercado de capitales.
Publicado en el Diario UNO, el sábado 4 de Junio
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