El proceso electoral, que aún no
termina, ha revelado la profunda degradación de la democracia. Las razones son las siguientes:
1) Las autoridades electorales (JNE y
JEE) usurparon nuestro derecho a elegir y violentaron el principio de igualdad
ante la ley. Estas autoridades tuvieron un desempeño totalmente cuestionable que
ha llevado a calificar a estas elecciones como «semidemocráticas». Afectaron
nuestra libertad de elegir y no actuaron con neutralidad ni con estricto
respeto a nuestros derechos constitucionales. Excluyeron a dos candidatos que
en conjunto tenían alrededor de 20 % de adherentes. A uno (Julio Guzmán) se le
excluyó por una infracción administrativa y al otro (César Acuña) por entregar
dinero en plena campaña electoral y en aplicación de la Ley N.° 30414, que fue promulgada
a menos de tres meses del día de la votación. Pero, esta ley no se le aplicó a
Keiko Fujimori no obstante las evidencias de prácticas similares en los días
posteriores de su puesta en vigencia. La razón (ilegal) que se adujo para
exonerarla fue que no entregó dinero de su propiedad. Las autoridades
electorales decidieron, entonces, por quienes deberíamos votar y por quienes
no. A todo esto hay que sumarle los problemas «administrativos» generados por
la ONPE (la introducción del voto electrónico que operó con fallas y el
incremento en más de 50 % en el número de personas por mesa) que retardaron y
complicaron el proceso de votación, restándole credibilidad.
2) El JNE cometió otra violación de la
ley. Menos de veinticuatro horas antes de la votación del 10 de abril decidió
no aplicarle al APRA la misma Ley N.° 30414 que le aplicó al señor Acuña y que
en su artículo 2 aumenta la valla electoral en 1 % de los votos válidos a los
partidos que participan en alianzas electorales. Las encuestas señalaban que el
APRA no pasaría la valla de 7%, lo que significaría su anulación como organización
política. Para evitar este hecho el JNE le bajó la valla a 5% con el argumento
de la irretroactividad de las normas. El JNE aplicó el principio de
irretroactividad discriminatoriamente, con interpretaciones que solo le han
hecho perder autoridad moral.
3) Desde que se abandonó la dictadura
«fujimorista», los sucesivos gobiernos, no obstante que surgieron de procesos
electorales continuos, contribuyeron a la degradación de las instituciones
democráticas. Estas fueron convertidas en meros instrumentos de poder, con la
ausencia de instituciones independientes con capacidad de impedir el fraude y
la corrupción. El sistema electoral
nacido de la dictadura, y con insustanciales reformas efectuadas por los
posteriores gobiernos elegidos, se convirtió en un filtro para cerrarle el paso
a organizaciones políticas críticas, llamadas «antisistema», y que no son parte
de las oligarquías políticas y económicas. Estas oligarquías han penetrado
ideológica y políticamente en casi todas las instituciones del Estado.
4) En los procesos electorales y, en
general, en la vida política del país participa como otro poder los medios de
comunicación (radio, televisión y prensa escrita). Estos medios concentrados
conspiran contra la democracia porque no permiten que las ideas, puntos de
vista, e ideologías diversas, circulen libremente. La libertad de crítica y el
pluralismo político, consustanciales a la democracia, son bloqueados por los
grandes medios de comunicación que han absorbido a los pequeños e
independientes. Las organizaciones políticas que defienden el statu quo económico «compiten» en los
procesos electorales con el apoyo de los grupos de poder y de los grandes
medios de comunicación. Procesos electorales de este tipo y que son administrados
por las oligarquías políticas, alejan a la democracia del principio en que se funda:
la soberanía del pueblo, la comunidad de ciudadanos.
5)
El
neoliberalismo ha acompañado, como ideología económica, a la dictadura
«fujimorista» y a los siguientes gobiernos surgidos del «voto popular». La
competencia política, según los defensores del mercado autoregulado, no debe poner en riesgo el
modelo económico. Creen, como Hayeck,
que «a partir del momento en que se permite que los políticos intervengan en el
orden espontáneo del mercado», se inicia un proceso que conduce a la
«dominación sin cesar, ampliada, de la política sobre la economía». No es
casual, por eso, que las oligarquías políticas y los poderes, económico y
mediático, se preocupen por «colocar el orden espontáneo del mercado a
resguardo de las urnas». En estas
condiciones, ¿qué valor tiene el derecho a elegir?.
A modo de conclusión
No obstante esta revelación de la
degradación de la democracia, el proceso electoral actual ha mostrado que el
discurso claro y de espíritu transformador y auténticamente democrático —como
el de la candidata del FA, Verónika Mendoza—, tiene impacto en la población y
puede expandirse; que el sueño de una comunidad de ciudadanos es realista; que
otra manera de hacer política es posible. Pero, el camino hacia este objetivo
es conflictivo y difícil. Tenemos que
vencer a los intentos oligárquicos y autocráticos que degradan a la democracia,
a sus instituciones, y que la han alejado de los principios que la inspiran. La
derrota de los mercaderes que trafican con ella, sobre todo durante los
procesos electorales, hará que sea posible restituirle su esencia: de gobierno
del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
Publicado en el Diario UNO, el sábado 23 de abril.
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