Saturday, March 14, 2015

Crisis de la Democracia y Reforma Política (I)

Hemos dicho que el agotamiento del modelo económico neoliberal coincide con la persistente degradación de la democracia constitucional liberal, y que esta coincidencia ha configurado una coyuntura crítica donde el signo de cambios profundos es el movimiento juvenil que, con sus marchas contra la Ley Pulpín y el logro de su derogatoria, ha abierto el camino hacia el origen de la política como lazo de conexión e instrumento de justicia social.
 
Este signo de un nuevo momento democrático para el país no ha sido todavía aprehendido por los que se dedican a la «política» y creen que esta es una tarea de una clase especial y no parte de la vida activa de los ciudadanos. En este esquema de razonamiento, la democracia no requiere para funcionar de la participación política de ciudadanos comprometidos con virtudes cívicas, sino de profesionales de la «política».
 
Democracia y neoliberalismo
 
Según la concepción liberal de la democracia, los derechos individuales están asegurados mediante la profesionalización de la política. Se prescinde de la participación política de los ciudadanos, porque se desconfía de ellos, de su capacidad para tomar decisiones. Con el neoliberalismo, que se impuso en el mundo desde la década de los ochenta del siglo XX,  la legitimidad de la democracia se ha deteriorado aún más, debido a su sometimiento al «orden espontáneo del mercado». Se fomenta el individualismo o la dedicación de los individuos a sus actividades privadas, porque se considera que las tareas de la gestión pública son responsabilidad de la «clase política». Por eso, las políticas públicas han sido penetradas por el interés privado y los procesos electorales se han privatizado (hay compra-venta de «vientres de alquiler» y de votos).
 
Con el modelo económico neoliberal el interés público y, por lo tanto, la democracia, se ha subordinado al interés privado. En las propias organizaciones llamadas «partidos políticos», las prácticas democráticas han desaparecido. Con la crisis de las ideologías estas organizaciones actúan como grupos de interés privado; no les importa desarrollar ciudadanía, sino llegar al poder para usufructuarlo, siguiendo una lógica ajena a la idea democrática. No es solo el distanciamiento de los elegidos y los electores, lo que revela el fracaso de la representación política, sino su profunda penetración por intereses privados mercantiles. Los «partidos» y los elegidos no fomentan las virtudes cívicas, no persiguen el interés general, y tienen una praxis oligárquica que deslegitima a la democracia representativa.    
 
Cuando no se confrontan ideologías el debate político es sustituido por el debate sobre trivialidades y, como afirma Eloy García, este debate es dirigido por expertos en comunicación que solemnizan lo obvio y «que hacen de la política un gigantesco mercado en el que se lucha por un poder que ha perdido toda coloración. Es el reino del marketing donde la imagen se hace sustancia, en el que lo conveniente es no decir nada que signifique compromiso irrenunciable y donde un agujero en el zapato puede dar lugar a una pérdida de las elecciones».
 
La reforma política ¿para qué?
 
Con la penetración de los intereses privados en el ámbito de la gestión pública, la democracia ya no es «el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo», como la definió Abraham Lincoln. Las prácticas y decisiones de los poderes del Estado, que son las instituciones de la democracia constitucional liberal, están lejos del control de los ciudadanos. 
 
Sin embargo, esta pérdida de legitimidad de la democracia, la profunda desafección ciudadana hacia las instituciones denominadas democráticas, no ha socavado el principio democrático, el ideal democrático de la participación política en sociedad o la implicación de los ciudadanos en las decisiones políticas. Se precisa, entonces, de una reforma política que haga posible la vigencia de la democracia republicana, que permita revitalizar las virtudes cívicas y reivindicar una nueva manera de hacer política. En fin, se precisa una reforma política para que sea posible cultivar la virtud cívica superando las reglas de la neutralidad neoliberal o del ciudadano pasivo; para revalorar el espacio público y enfrentar la corrupción; para institucionalizar la vigilancia permanente y el control ciudadano de los representantes elegidos y de los poderes públicos, y para enfrentar de otra manera los problemas colectivos.
 
Pero la reforma política que reclamamos no puede prescindir de la gran transformación económica y social. No es la prédica ni las nuevas reglas o instituciones que harán que surjan ciudadanos motivados a actuar a favor del bien común; es necesario un contexto social que permita mejorar la calidad de la democracia bajo los principios de la justicia social y económica, del interés general y de la libertad política. Hay que evitar que el carácter progresivo de la reforma política encuentre su muerte en el «orden espontáneo del mercado».   
 
A modo de conclusión
 
La virtud ciudadana es la condición sine qua non de la democracia republicana. Como dice Eloy García, « Es en el espíritu y no en las leyes, en el respeto del actuar cotidiano a los postulados de principio y no en los órganos del Estado, donde reside el remedio a la corrupción y con él, la última y mejor esperanza de la Democracia. Si el Poder es una realidad humana y si la política se define como el arte de actuar colectivamente en la (sociedad), no cabe hablar de Democracia sin ciudadanos dispuestos a obrar virtuosamente, a elevar el vivere civile a la condición de virtù
 
 
 
 
 
Publicado en el Diario UNO, el sábado 14 de marzo.
 
 

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