El origen del Plan La Gran Transformación
El Plan como obra colectiva, puede tener
errores, vacíos y desarticulaciones; pero hay un pensamiento filosófico y
político que le da consistencia. Sin embargo, hay que decirlo, no todos sus
defensores o adherentes actuales se percatan de este hecho. Algunos creen que
el Plan sólo resume las banderas de
la nación, la justicia social y la democracia (o lo que vagamente se menciona
como «profundización» de la democracia). Otros, más osados, piensan que el Plan es economicista. Para todos estos
no hay filosofía política y menos una nueva concepción de la transformación
social.
Una explicación de la heterogénea
interpretación de sus adherentes se encuentra en el propio origen del Plan. Su
primera versión se elabora bajo el liderazgo de Gonzalo García Núñez, por un
equipo amplio de profesionales e intelectuales entre los meses de enero y
febrero del año 2006. Ningún integrante del Partido Nacionalista tiene arte ni
parte en este trabajo intelectual. (Es importante señalar aquí que Walter
Aguirre, también convocado por Gonzalo García, se hace militante del PNP
después).
Gonzalo pertenecía a un equipo de
economistas de izquierda que acababa de tener experiencia de gobierno en el Banco
Central y en el MEF, y él me encargó responsabilizarme de la parte económica
del Plan. La versión del Plan 2006-2011 se denominó La Gran Transformación, en homenaje a la
obra, con el mismo título, de Karl Polanyi. En esta obra, Polanyi señala que la
puesta en práctica del liberalismo económico habría destruido las bases
materiales y políticas de la sociedad moderna (mediante las guerras mundiales y
el surgimiento de nuevos proyectos políticos totalitarios). Polanyi es pues
contrario al capitalismo autoregulado.
Ollanta Humala hace suyo el Plan, pero
pierde las elecciones. Muchos «izquierdistas» se mantuvieron al margen de la
elaboración de este Plan. No ocurrió
así cuando en el año 2010 asumí la responsabilidad de dirigir la Comisión de
Plan 2011-2016. Yo pertenecía a Ciudadanos por el Cambio, organización
que surgió del equipo de profesionales responsable de la primera versión del
Plan y al que se sumaron nuevos integrantes, esta vez de las filas de las
«izquierdas». Ollanta Humala, como ocurrió antes, tuvo escaso contacto con el
equipo del Plan. No hay una sola
sección del Plan que sea de su
autoría. Por lo tanto, el Plan
pertenece a Ciudadanos por el Cambio.
La crisis de la legitimidad democrática
El desconocimiento del Plan por parte del
candidato presidencial era inverosímil. No era posible saber si estaba o no de
acuerdo con la idea de que el «nacionalismo constituye una alternativa
democrática a la actual modernización neoliberal excluyente y
desnacionalizadora». Tampoco podíamos saber si sabía cómo implementar, desde el
poder, una democracia republicana y menos cómo eliminar de los mercados a los grupos de poder que impiden la
innovación y la competencia. Por eso no es sorprendente que haya abandonado,
tan pronto llegó al poder, las banderas de la gran transformación. Precisamente en relación a este hecho, en el
Plan se dice «Nuestra democracia es precaria porque está acosada
permanentemente por poderes fácticos, tanto nacionales como internacionales,
que nadie elige, nadie controla y nadie fiscaliza».
Los gobernantes que hacen lo contario a lo
que ofrecieron en la campaña electoral, se deslegitiman y son la causa de la
crisis de legitimidad de la democracia. Cuando la impostura se constituye en el
«principio vertebrador del poder», se transita, como dirían los politólogos de
la Escuela de Cambridge, hacia la «degeneración de los principios», es decir,
hacia la corrupción. Hay pues una relación entre la mentira política y la
corrupción. Una de las razones del fracaso de las democracias y de la
representación política, es la práctica de la mentira que, bajo el llamado «realismo
político», abandona los ideales y los principios.
A modo de conclusión
«Proponemos
--se dice en el Plan La Gran
Transformación-- moralizar la política y combatir la corrupción. La
corrupción se ha convertido en parte del sistema político y de gobierno. El
pueblo legitima a sus gobernantes mediante su voto, pero los elegidos gobiernan
en función de los intereses de minorías económicas que no han sido elegidas por
el voto popular. Con este ejercicio corrupto de la función de gobierno se
asegura la reproducción de sus intereses, y se perpetúan la desigualdad y la exclusión».
Publicado en el diario La Primera, el sábado 16 de febrero.
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