Notas para leer el Plan La Gran Transformación (II): La propuesta de Democracia Republicana

Los dos primeros capítulos del Plan LGT corresponden al análisis crítico del «contexto político», pues es en este «contexto» que se configuran las instituciones económicas. El discurso va de la crítica a la propuesta. No se puede aspirar a una economía inclusiva si las instituciones políticas no lo son. Por eso también empezamos con una propuesta política.

La crisis de la democracia liberal

Las políticas del Consenso de Washington que se aplicaron en nuestros países en los últimos treinta años, deterioraron la legitimidad democrática en lugar de fortalecerla. Los regímenes «democráticos» optaron por la globalización y renunciaron a la autodeterminación nacional, acentuando la crisis de los sistemas de partidos y fomentando el abandono de los deberes del Estado en el ámbito público. Los que ejercen el poder se olvidan «de los principios éticos, igualitarios y equitativos que deberían regir en una democracia». Los procesos electorales se privatizan y los electores no tienen responsabilidad ciudadana, es decir, están lejos de ser ciudadanos activos.

Pero, el neoliberalismo con su propuesta de neutralidad y minimización del Estado, solamente acentuó la práctica clientelista y patrimonialista que caracterizó al Estado peruano desde la colonia. Hizo de la impostura el «principio vertebrador del poder», abriendo la puerta a la corrupción.

Por eso dijimos que «la disputa política en el Perú actual no es entre demócratas y las fuerzas del cambio que son motejadas de antisistemas. Es entre quienes utilizan la democracia para defender los intereses del gran capital nacional y transnacional, y los que creemos en una democracia republicana. Es la disputa entre los que defienden el pasado vergonzante y los que pugnan por el nacimiento de una patria nueva, de una comunidad política de ciudadanos libres e iguales, con un Estado independiente y soberano, respetuoso de los derechos humanos».

La propuesta de democracia republicana

El Plan propone instituir una democracia republicana de gobierno, con mecanismos explícitos de evaluación y control constitucional de los gobernantes. «Esta democracia no solo debe garantizar la separación de poderes y la vigencia plena de los derechos civiles, sociales, políticos y humanos, sino también la generación de condiciones materiales de existencia a los pueblos de la sierra y de la selva, excluidos, discriminados y maltratados desde la colonia. Este es el requisito para el ejercicio pleno de la libertad».

«La práctica de la evaluación y control constitucional de los gobernantes elegidos por el pueblo, impedirá que estos gobiernen en función de los intereses de minorías económicas que no tienen la legitimidad del voto popular. Con este ejercicio corrupto de la función de gobierno se perpetuaron la desigualdad y la desarticulación económica, social y política del país. Se requiere poner en práctica un modo de gobernar participativo sujeto a la Constitución, que penalice a los representantes de gobiernos inconstitucionales y establezca mecanismos de evaluación de los informes presidenciales con apego estricto a las normas constitucionales».

«El gobierno republicano, por definición, debe asegurar el ejercicio pleno de la libertad, dotando de condiciones materiales de existencia a todos los que carecen de ellas. Cambiará así el modo de hacer política restituyéndole el carácter de instrumento de la justicia. El resultado será el desarrollo de una verdadera sociedad civil (o la vida social civilizada) donde la libertad republicana se hace efectiva».

Las diferencias con los demócratas neoliberales

Como se comprenderá, nuestra propuesta es democrática; pero nuestra concepción de libertad es distinta a la liberal porque se inscribe en el pensamiento republicano. Para muchos neoliberales inspirados en la ideas de Isaiah Berlin, la libertad es una noción «negativa», es decir, es ausencia de interferencias o intromisiones por parte del Estado en la vida de cada uno los individuos. Por eso abogan por un Estado neutral frente a las actividades económicas de los individuos, y que debe limitarse a garantizar el ejercicio de esta libertad y sus consecuentes derechos.

En la concepción de republicana de la democracia, la libertad individual se asegura –como dicen Ayala y Martinez, citando Philip Petit, en Socialdemocracia y republicanismo cívico: el renacer de las ideas republicanas -- cultivando las virtudes políticas y consagrándose a una vida de servicio público». Esta concepción de libertad supone la ausencia de dominación. No se puede ser libre si estamos sometidos a la «voluntad arbitraria de otro». Por lo tanto, para ser libre hay que estar dotado de condiciones materiales de existencia.

A modo de conclusión

Para que la democracia republicana sea una realidad se requiere –de acuerdo con el Plan-- «transformar el Estado con una nueva Constitución para hacerlo descentralizado y participativo; promotor del desarrollo social y de los derechos sociales universales; regulador de la economía de mercado; promotor de la institucionalidad democrática y de una gestión gubernamental descentralizada en base a regiones transversales, y defensor de la soberanía nacional. Esta es la herramienta para construir una nación para todos, una comunidad de ciudadanos iguales en derechos y obligaciones. Es decir, desarrollaremos nuestra identidad nacional con respeto por la diversidad étnica y cultural, y fomentaremos la interculturalidad y la pluralidad».

 

Publicado en el diario La Primera, el sábado 23 de febrero

Notas para leer el Plan La Gran Transformación (I)

Se ha dicho y escrito mucho en contra del Plan La Gran Transformación, y sin embargo los jóvenes y trabajadores de diversas partes del país –en conferencias y congresos-- lo enarbolan como símbolo de agitación e identidad política. Desafortunadamente sus detractores han opacado lo poco que se ha escrito explicitando el sustrato filosófico y político de sus propuestas de democracia republicana; de moralización de la política; de Estado regulador y promotor del desarrollo económico, político y social;  de la libertad y de los derechos sociales; y, de la concepción del mercado como institución social. El Plan, como veremos en una breve serie de artículos cuya publicación iniciamos hoy, está lejos de ser sólo un documento programático; sus propuestas económicas no tienen –como algunos lo creen— un sesgo keynesiano; y, su concepción del desarrollo es contraria al extractivismo económico y político.

El origen del Plan La Gran Transformación

El Plan como obra colectiva, puede tener errores, vacíos y desarticulaciones; pero hay un pensamiento filosófico y político que le da consistencia. Sin embargo, hay que decirlo, no todos sus defensores o adherentes actuales se percatan de este hecho. Algunos creen que el Plan sólo resume las banderas de la nación, la justicia social y la democracia (o lo que vagamente se menciona como «profundización» de la democracia). Otros, más osados, piensan que el Plan es economicista. Para todos estos no hay filosofía política y menos una nueva concepción de la transformación social.

Una explicación de la heterogénea interpretación de sus adherentes se encuentra en el propio origen del Plan. Su primera versión se elabora bajo el liderazgo de Gonzalo García Núñez, por un equipo amplio de profesionales e intelectuales entre los meses de enero y febrero del año 2006. Ningún integrante del Partido Nacionalista tiene arte ni parte en este trabajo intelectual. (Es importante señalar aquí que Walter Aguirre, también convocado por Gonzalo García, se hace militante del PNP después). 

Gonzalo pertenecía a un equipo de economistas de izquierda que acababa de tener experiencia de gobierno en el Banco Central y en el MEF, y él me encargó responsabilizarme de la parte económica del Plan. La versión del Plan 2006-2011 se denominó La Gran Transformación, en homenaje a la obra, con el mismo título, de Karl Polanyi. En esta obra, Polanyi señala que la puesta en práctica del liberalismo económico habría destruido las bases materiales y políticas de la sociedad moderna (mediante las guerras mundiales y el surgimiento de nuevos proyectos políticos totalitarios). Polanyi es pues contrario al capitalismo autoregulado.

Ollanta Humala hace suyo el Plan, pero pierde las elecciones. Muchos «izquierdistas» se mantuvieron al margen de la elaboración de este Plan. No ocurrió así cuando en el año 2010 asumí la responsabilidad de dirigir la Comisión de Plan 2011-2016. Yo pertenecía a Ciudadanos por el Cambio, organización que surgió del equipo de profesionales responsable de la primera versión del Plan y al que se sumaron nuevos integrantes, esta vez de las filas de las «izquierdas». Ollanta Humala, como ocurrió antes, tuvo escaso contacto con el equipo del Plan. No hay una sola sección del Plan que sea de su autoría. Por lo tanto, el Plan pertenece a Ciudadanos por el Cambio.

La crisis de la legitimidad democrática

El desconocimiento del Plan por parte del candidato presidencial era inverosímil. No era posible saber si estaba o no de acuerdo con la idea de que el «nacionalismo constituye una alternativa democrática a la actual modernización neoliberal excluyente y desnacionalizadora». Tampoco podíamos saber si sabía cómo implementar, desde el poder, una democracia republicana y menos cómo eliminar de los mercados  a los grupos de poder que impiden la innovación y la competencia. Por eso no es sorprendente que haya abandonado, tan pronto llegó al poder, las banderas de la gran transformación. Precisamente en relación a este hecho, en el Plan se dice «Nuestra democracia es precaria porque está acosada permanentemente por poderes fácticos, tanto nacionales como internacionales, que nadie elige, nadie controla y nadie fiscaliza».

Los gobernantes que hacen lo contario a lo que ofrecieron en la campaña electoral, se deslegitiman y son la causa de la crisis de legitimidad de la democracia. Cuando la impostura se constituye en el «principio vertebrador del poder», se transita, como dirían los politólogos de la Escuela de Cambridge, hacia la «degeneración de los principios», es decir, hacia la corrupción. Hay pues una relación entre la mentira política y la corrupción. Una de las razones del fracaso de las democracias y de la representación política, es la práctica de la mentira que, bajo el llamado «realismo político», abandona los ideales y los principios. 

A modo de conclusión

«Proponemos --se dice en el Plan La Gran Transformación-- moralizar la política y combatir la corrupción. La corrupción se ha convertido en parte del sistema político y de gobierno. El pueblo legitima a sus gobernantes mediante su voto, pero los elegidos gobiernan en función de los intereses de minorías económicas que no han sido elegidas por el voto popular. Con este ejercicio corrupto de la función de gobierno se asegura la reproducción de sus intereses, y se perpetúan la desigualdad y la exclusión».

 

 

 

Publicado en el diario La Primera, el sábado 16 de febrero.

El tipo de cambio y el crecimiento exportador

Llama la atención, por decir lo menos, que economistas de distintas posiciones ideológicas recién estén expresando su preocupación por la notable caída del tipo de cambio real multilateral o, lo que es lo mismo, por la notable apreciación de nuestra moneda respecto de la canasta de monedas de nuestros socios comerciales. Lo que más sorprende es que tanto el MEF como el BCR, que hasta hace poco se mostraban indiferentes ante la creciente apreciación monetaria, han iniciado la búsqueda y aplicación de un conjunto de medidas para evitar una mayor caída del tipo de cambio real.

Los límites del crecimiento exportador

Los neoliberales apostaron por los mercados externos en detrimento de los mercados internos. Alineados con la globalización que tendía a incrementar la importancia relativa de los mercados externos, adhirieron a la estrategia de aprovechamiento del mercado mundial mediante el impulso de las exportaciones, de la inversión extranjera directa y de los flujos de capital internacional.

Para acrecentar la participación de nuestras exportaciones en el mercado mundial, los neoliberales se apoyaron en el aumento de la competitividad mediante la reducción de los costos por unidad producida. El principal instrumento de esta reducción fue la flexibilización del mercado laboral, las restricciones al aumento de los salarios y las limitaciones al derecho de sindicalización y huelga por parte de los trabajadores. De otro lado, para atraer inversiones extranjeras, se recurrieron a las privatizaciones, a las concesiones favorables al capital extranjero en servicios de alta tecnología y en el sector minero, a las congelaciones tributarias y otras medidas que menoscabaron la soberanía nacional.

La crisis internacional de 1998-1999 fue la primera indicación de que el crecimiento exportador, liderado no por los productos mineros sino por los productos no-tradicionales, enfrentaba como límite no solo el estancamiento de nuestros principales socios comerciales, es decir, el estancamiento de su capacidad de compra, sino también la mayor productividad y grado de industrialización de otros competidores que como la China acrecentaban a mayor velocidad su participación en los mercados internacionales.

La crisis internacional de 2008-2009 y su consecuencia, el largo estancamiento económico de los principales países industrializados, han convertido en insuperables, para el modelo exportador, a los dos límites señalados anteriormente. Peor aun cuando ya no se puede ganar más competitividad abaratando el costo del trabajo. En estas condiciones, la caída del tipo de cambio real que hasta hace un año no era motivo de preocupación de las autoridades económicas, ha pasado a ser un tema de urgente atención.        

La naturaleza del mercado cambiario

La caída del tipo de cambio real no es un fenómeno reciente. Es importante recordar que durante el gobierno de Alejandro Toledo, es decir, de julio de 2001 a julio de 2006, el tipo de cambio real multilateral aumentó en 7%. El equipo económico de este período estaba convencido que un tipo de cambio real, estable y  competitivo,  era el principal instrumento para diversificar la economía. No es casual que durante ese gobierno se dio impulso a las exportaciones no tradicionales. Pero, desde agosto del 2006, cuando Alan García puso como presidente del BCR a Julio Velarde, el tipo de cambio real multilateral inició su caída sistemática: de julio de 2006 a diciembre de 2012,  se redujo en 14.9%.

En un mundo de economías abiertas y en el que se han descartado los aranceles como instrumento de diversificación productiva, el tipo de cambio real es uno de los instrumentos idóneos para estimular la industrialización: un tipo de cambio real estable y competitivo abarata las exportaciones con valor agregado y contenido tecnológico, al mismo tiempo que encarece las importaciones. Pero desde julio de 2006 ha ocurrido lo contrario: se han encarecido nuestras exportaciones no-tradicionales y se han abaratado las importaciones.

Algunos economistas dicen que aunque todavía no es claro que el tipo de cambio se «esté alejando de sus fundamentos», es preciso «atacar flujos específicos de capitales» para detener su caída. Estos economistas razonan con el enfoque de equilibrio de flujos, incapaz de explicar la volatilidad del tipo de cambio. Esta volatilidad tiene que ver con una nueva realidad caracterizada por una creciente  movilidad internacional de capitales, por la integración de mercados financieros y el mayor reconocimiento al papel de las expectativas en la toma de decisiones de los inversionistas que operan en los mercados financieros.

El enfoque del mercado de activos es el más apropiado para explicar lo que ocurre con el tipo de cambio en esta nueva realidad. El tipo de cambio se comporta como el precio de un activo financiero. Por lo tanto, se determina por las condiciones de equilibrio de stocks existentes de activos financieros, sus ajustes se producen con extrema rapidez ante la llegada de nueva información y está dominado por las expectativas acerca de su valor futuro. En estas condiciones, el mercado cambiario es dominado por la especulación. Se especula tanto al alza como a la baja del tipo de cambio.

A modo de conclusión

No se puede decir entonces que el tipo de cambio depende solo de sus fundamentos, sino también de los valores de estos fundamentos esperados por los especuladores. La extrema volatilidad del mercado hace, por lo tanto, indispensable la intervención de la autoridad monetaria.

 

 

 

Publicado en el diario La Primera, el sábado 09 de febrero

Notas sobre el extractivismo peruano (final): ¿Quiénes conspiran contra la democracia?

Gastón Soto Vallenas, Pablo Talavera Elguera, Luis Maezono Yamashita, Vladimir Paz de la Barra, Luz Marina Guzmán Díaz y Máximo Herrera Bonilla --consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), los mismos que nombraron jefe de la ONPE al concursante que obtuvo la nota mínima aprobatoria en el examen escrito--, acaban de cometer un acto de injuria a la justicia y a la moral pública. Estos seis consejeros han acordado archivar la investigación al abogado Javier Villa Stein por rebajar la condena a los miembros del Grupo Colina cuando fungía de presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. El ingeniero Gonzalo García Núñez --también consejero del CNM-- fue el único que votó en contra, mostrando nuevamente su integridad moral y su compromiso de defender la legalidad en el país.

Abuso de poder e irrespeto al Estado de Derecho  

Estos seis consejeros archivaron el caso, no obstante tener conocimiento de que la misma Sala Penal de la Corte Suprema anulara la sentencia a favor del Grupo Colina, luego de la protesta nacional e internacional. Sabían, también, que Villa Stein y Josué Pariona, sostuvieron que ese Grupo no habría cometido delitos de lesa humanidad, en clara oposición a la opinión de los jueces Jorge Salas, Baltazar Morales y Francisco Molina. Por lo tanto, las razones para realizar una investigación y abrirle proceso disciplinario a Villa Stein eran todas justificadas. Además, los citados seis miembros del CNM no acataron los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Grupo Colina, fallos que deben respetarse y tomar en cuenta, en mérito a los compromisos asumidos soberanamente por el Estado Peruano en el derecho internacional.

La decisión de los seis consejeros es absolutamente contraria a la misión del CNM, que consiste en «fortalecer el sistema de administración de justicia, nombrando y ratificando a jueces y fiscales probos y eficientes y destituyendo a los que transgredan sus responsabilidades, contribuyendo de ese modo a mejorar la administración de justicia y la defensa de la legalidad en el país». Estos consejeros están, asimismo, atentando contra la visión del CNM, tomando decisiones sobre «la incorporación y separación de magistrados y autoridades civiles-administrativas», que no son justas ni transparentes, y que le restan credibilidad y legitimidad a la institución que representan.

El CNM es parte de la institucionalidad del sistema democrático; por lo tanto, las decisiones de sus autoridades, cuando no son justas ni transparentes, y cuando violentan la justicia y la legalidad, debilitan la democracia y corrompen o vician el sistema político y de gobierno. Este tipo de decisiones son las que caracterizan a las instituciones políticas y económicas extractivistas, que según James Robinson, coautor junto con Acemoglu del libro Why Nations Fail, «fomentan el clientelismo político, los monopolios y la violencia como enemigos del progreso y el desarrollo»

No hay desarrollo con instituciones extractivistas

En nuestro país la corrupción ha penetrado el sistema político y de gobierno; se pervierten o vician la naturaleza de las instituciones, impunemente. Participamos en la elección de nuestras autoridades, pero éstas una vez en el cargo, se desempeñan en función de los intereses de minorías que no han sido elegidas por el voto popular. Esta práctica extractivista debilita y desprestigia a la democracia representativa y al propio Estado de Derecho, porque no se respetan los derechos de los ciudadanos. No hay mecanismos de acción popular ni de fiscalización de las autoridades penetradas por los grupos de poder que han convertido a las instituciones del Estado en clientelista y patrimonialista.

Cuando no se respetan los derechos ciudadanos ni la separación de poderes y el orden constitucional, se fomenta el conflicto social y político; y, esta práctica de las autoridades no puede ser inclusiva ni política ni económicamente. Con este tipo de institucionalidad no es posible hacer de la cultura ciudadana el fundamento de la convivencia pacífica. El extractivismo genera un círculo vicioso que perpetúa la desigualdad, la  violencia y la exclusión.

Según Acemoglu y Robinson, las instituciones económicas se configuran desde el «contexto político». Por lo tanto, no hay manera de transitar hacia instituciones económicas inclusivas --que fomentan la innovación, la competencia y el empleo--, si no se erradica la corrupción y el clientelismo en las instituciones de la administración del Estado. No son pues las llamadas políticas sociales las que definen el carácter inclusivo de  un modelo de desarrollo.

Lo que nuestro país requiere –como se señala en el plan La Gran Transformación— es erradicar la corrupción y el narcotráfico para «transformar el modo de hacer política, restituyéndole el carácter de instrumento al servicio de la justicia».  Necesitamos una cura moral y practicar la decencia como el «supremo valor moral en toda clase de relación –personal, social, política y profesional».  No hay otra manera de hacer de la política «una acción de servicio social y no de provecho propio».

A modo de conclusión

La corrupción y el clientelismo son uno de los enemigos íntimos de la democracia en nuestro país.  Luchar contra este enemigo es, la mismo tiempo,  luchar por una forma republicana y democrática de gobierno, con mecanismos explícitos de evaluación y control constitucional de los gobernantes.

Publicado en el diario La Primera, el sábado 02 de febrero.