Saturday, February 13, 2016

El valor de la ciudadanía y de la No Reelección


En un notable artículo titulado El Valor del Voto publicado en el diario La República (31-01-2016), Steven Levitsky sostiene que la persistente desvinculación entre «las promesas de campaña y las políticas de gobierno» es peligrosa para la democracia, porque «si la gente percibe que las políticas del gobierno no tienen nada que ver con los resultados electorales, va a concluir, tarde o temprano, que su voto vale poco. Que votar es inútil. ¿Para qué sirve el voto si el gobierno abandona sus promesas y hace lo que quiere? ¿Para qué sirve la democracia?». Esta práctica de la impostura que da lugar al repudio de los peruanos a sus «políticos» tendría como una de sus causas –dice--, «la ausencia de rendición de cuentas electorales». Sin rendición de cuentas es mucho más probable el divorcio entre «las promesas de campaña y las políticas de gobierno» o la pérdida del nexo entre el «voto y el gobierno». Esto es verdad, pero no es una condición suficiente. 
 
El origen real del divorcio entre «el voto y el gobierno»
 
En América Latina, desde las crisis de los años 1980 y 1990, la relación entre el voto y el gobierno, se debilita, afirma Levitsky. En los años 2000 se restablece en algunos países, pero no en el Perú básicamente –dice-- porque a la élite limeña no le preocupa tanto esta conexión como la oferta electoral de cambio del modelo económico. El establishment limeño exige «casi a gritos» que se abandone esta oferta, porque para ella el «peligro es el estatismo, no las promesas electorales».  
 
A partir de esta contundente descripción de la realidad que nos hace Levitsky, se puede afirmar que, efectivamente, desde la crisis de la deuda externa, las políticas neoliberales de ajuste y estabilización patrocinadas por el FMI y el Banco Mundial menoscabaron el valor del interés público, de las políticas públicas y, por lo tanto, del papel del Estado. En Perú este rechazo a lo público y a la intervención del Estado fue acentuado por la gestión económica desastrosa y manifiestamente corrupta del gobierno de Alan García de 1985-1990. La ideología del anti-Estado y del individualismo, contraria al interés general o al bien común, se consolidó durante los años 1990, la década del fujimorato, con la aplicación del recetario neoliberal del Consenso de Washington y de la práctica de la corrupción y la impostura como forma de gobierno.       
 
Las políticas neoliberales fueron, entonces, las responsables de la desconexión mencionada por Levitsky. La defensa del mercado auto-regulado y la privatización de lo público, no solo erosionaron el  sentido original de la política y la democracia, sino también la soberanía del Estado subordinándolo a los intereses del poder económico nacional y  transnacional. En el contexto de una economía destruida y de un gobierno que hizo de la corrupción una forma de gobierno, las políticas neoliberales acentuaron la desintegración social y la disminución del sentido de pertenencia a una comunidad que es la base de la virtud cívica. El terrorismo fue un factor adicional que empeoró esta situación y que tuvo como caldo de cultivo el daño causado a la calidad de los servicios públicos por las políticas de ajuste y la ruina económica de fines de los años 1980.
 
Desde estos años, entonces, la democracia se redujo a un acto procedimental donde los votantes son vistos como ofertantes de un servicio (el voto) que hay que «comprar». Los votantes no promueven ni ratifican las leyes; los «elegidos» lo hacen a sus espaldas. Parafraseando a Rousseau, podríamos decir que «el elector peruano piensa que es libre y se engaña: lo es solamente durante la elección del presidente y de los congresistas: tan pronto como éstos son elegidos, vuelve a ser esclavo, no es nada».
 
Democracia y «clase política»
 
Desafortunadamente Levitsky hace después un brusco viraje en su razonamiento. Luego de preguntarse «¿de dónde viene el nexo entre electores y gobierno?, afirma que «los políticos suelen cumplir con sus electores cuando están pensando en futuras elecciones. Un político que sabe que necesita su base en el futuro estará menos dispuesto a traicionarla». ¿Qué hacer entonces? Los partidos y la «carrera política», dice, son los dos mecanismos que extienden el horizonte de tiempo. Concluye: se requieren partidos que se «preocupen por candidaturas en todo el país y, sobre todo, por futuras elecciones» y políticos de carrera que precisamente por serlo no tienen el incentivo para incumplir «sus promesas electorales».
 
En el Perú –dice-- «los políticos de carrera están en extinción» y «una gran mayoría de congresistas elegidos carece de carrera política». Pero no dice que precisamente estos políticos (como los del APRA y el PPC) son los que institucionalizaron la «ley de hierro de la oligarquía», contraviniendo el principio original de la democracia. Los dirigentes, que son pocos, ejercen su liderazgo priorizando sus intereses particulares. Parafraseando a Robert Michels diríamos que la longevidad de estos partidos está en relación inversa con el grado de democracia interna que practican.
 
De otro lado, no es negativo para la democracia que la mayoría de congresistas carezcan de carrera política, como tampoco lo es que la tasa de congresistas reelegidos sea baja. La democracia presupone la existencia de ciudadanos políticamente activos, es decir, comprometidos con «el destino de la comunidad en la que viven». La política no puede ser el coto cerrado de unos políticos «profesionales», sino una actividad humana practicada por todos. Hay que reivindicarla como «lazo de conexión social» y  «una manera de entender y de vivir la democracia». En esta concepción de la democracia y de la política, no cabe la reelección. La práctica del principio de rotación asegura que los ciudadanos sean «parte activa en los asuntos públicos».
 
A modo de conclusión
 
Levitsky piensa en el «valor del voto» cuando dice que «es imprescindible que los ciudadanos castiguen a los políticos que no cumplen con su palabra». No es suficiente. Se requiere una reforma del Estado Constitucional liberal introduciendo mecanismos que aseguren que la democracia no sea sustituida por los «representantes»; es decir, que aseguren que «el pueblo ejerza su soberanía, real y efectiva».
 
 
 
 
Publicado en el Diario UNO, el sábado 13 de febrero

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