La renuncia de Castilla y el carácter de la actual coyuntura

La renuncia del ministro Castilla se produce en una coyuntura especial. Hay una confluencia de hechos económicos y político-institucionales que podría ser el inicio de una crisis de gobernabilidad de envergadura.

La naturaleza de la actual coyuntura

Por un lado, hay una espectacular caída del crecimiento económico cuyo origen se encuentra en la crisis y el posterior estancamiento de la economía internacional, y en el fin del incremento sostenido de los precios de los minerales que exportamos. El enfriamiento del mercado externo ha puesto en evidencia los límites y debilidades del modelo económico impulsado por las políticas neoliberales. Al efecto negativo sobre el crecimiento del actual contexto externo adverso, se suma la abrupta contracción de la inversión pública en el segundo trimestre de este año. La industria y la agricultura están debilitadas y sin capacidad para impulsar y sostener el crecimiento. La caída sistemática del tipo de cambio real ocurrida en los últimos ocho años, les hizo perder competitividad, al mismo tiempo que produjo una masiva penetración de importaciones que les redujo el mercado interno.

Por otro lado, en país experimenta una profunda crisis institucional, solo comparable a los años en que se puso en evidencia la corrupción del gobierno de Fujimori y Montesinos. Hay evidencia de que se gobierna con ministros que  favorecen a empresas privadas y grupos de poder económico (véase los Cornejoleaks). Pero existe, además, evidencia de corrupción en el poder judicial con el involucramiento de fiscales para favorecer a gobernantes regionales corruptos. Por el lado del Congreso hay una nueva correlación de fuerzas que no favorece al actual gobernante. A todo esto se agrega un proceso electoral para presidentes regionales y alcaldes teñido de participantes indecentes y denuncias de corrupción que llegan hasta los asesinatos de algunos candidatos. El país enfrenta entonces una crisis de su modelo económico y de su institucionalidad democrático-constitucional.

La privatización de la función pública

En el contexto descrito, Castilla, el ayer ministro y tercer personaje más poderoso del país, renuncia para proteger su imagen de ministro «estrella» y no mellar sus vínculos con la «pareja presidencial». Su renuncia fue una forma de  cubrirse y liberarse de una posible censura por parte del Congreso. El señor Castilla estaba en serios problemas. Presentó un proyecto de ley dentro del «paquete reactivador» que favorecía a la Corporación Lindley, representante en el Perú de Coca Cola Company, copiando los argumentos que esta Corporación utilizó en un proceso contra la Municipalidad de Lima. Este proyecto modificaba la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, favoreciendo económicamente a dicha Corporación y perjudicando a SERPAR (Servicios de Parques de Lima). De otro lado, el exministro Castilla fue el que impuso el descuento compulsivo de los independientes para las AFP (norma que acaba de ser derogada). Él fue también el autor de los descuentos o condonaciones millonarias de deudas tributarias a grandes empresas, y el que ha transferido la actividad de estudios y propuestas sobre asociaciones público privadas (APP), que era responsabilidad del MEF, a una empresa privada conocida. Hay más, pero es suficiente para mostrar que este ministro fue el que, con el beneplácito de la «pareja presidencial», promovió la privatización del ejercicio de la función pública y empezó privatizándola en su propio ministerio. La privatización del ejercicio de la función pública y su ejercicio con intermediarios que favorecen a grupos privados, es contrario a su objetivo de servir al bien común y al interés nacional.

La medición del crecimiento económico

El exministro no se pronunció sobre los problemas de medición del PBI. O no se interesó por este tema, o estaba perfectamente enterado. Desde que se cambió el año base venimos señalando nuestras dudas sobre la manera cómo se mide el PBI, sobre todo cómo se mide la producción de aquellas actividades cuya información no se basa en encuestas periódicas especializadas. Es el caso, por ejemplo de la producción del sector «Servicios financieros, seguros y pensiones» que registra altas tasas de crecimiento precisamente cuando se está desacelerando la tasa de crecimiento del PBI (véase gráfico). Si se elimina de la contabilidad del PBI la producción de «Servicios financieros, seguros y pensiones», las tasas  de  crecimiento en  los meses de junio y julio  habrían sido,   aproximadamente, de -0.31% y de 0.57%, en lugar de 0.3% y de 1.16%. El Gráfico muestra que desde junio de 2013, se produce una sorprendente divergencia entre la tasa de crecimiento del PBI y la tasa de crecimiento del sector «Servicios financieros, seguros y pensiones». Este hecho debe estar morigerando la desaceleración de la tasa de crecimiento del PBI. 

A modo de conclusión

Al nuevo ministro de economía le toca la tarea de sincerar las estadísticas del PBI, fortaleciendo la capacidad técnica del INEI. La siguiente tarea es parar la privatización de la función pública. Es importante que haya fiscalización y evaluación de las APP aprobadas antes de su gestión. La información de estas evaluaciones debe publicarse en el portal del MEF. Debe, asimismo, gestionar la inversión pública con un plan de inversiones macroregional y local, para facilitar la expansión de las inversiones privadas nacionales y el desarrollo de mercados internos. Debe apoyar el desarrollo de la industria manufacturera, la agroindustria y la agricultura, para diversificar la estructura productiva del país. Asimismo, debe promover una política cambiaria que no perjudique a los sectores de producción de transables.

 

 

 

Publicado en el Diario UNO el sábado 20 de setiembre