Una de las características de la actual coyuntura económica –lo
decíamos ya desde nuestro artículo del sábado 19 de mayo—es el freno fiscal al crecimiento
económico. Cuando Humala, al nombrar a Castilla como su ministro de economía, optó
por una gestión conservadora de las finanzas públicas, es posible que no
tuviera idea alguna de que su decisión significaba también dejarle la puerta
abierta al extractivismo económico. Pero, él recordará que se lo advertimos
cuando conversamos varios minutos en nuestra caminata por el patio del local
que el PNUD le cedió para operar como presidente electo. Ningún contrapeso que
él ofreció fue finalmente honrado cuando se trasladó a palacio y ocupó el
sillón presidencial. No objetó en
absoluto el irreverente recorte que hizo este ministro de las metas de las
políticas «de inclusión social», ni cuestionó que se congelara en la práctica
el presupuesto de gasto social (saneamiento, vivienda y desarrollo urbano,
salud, educación y protección social) como porcentaje del PBI.
El superávit fiscal en la lógica del extractivismo
Este ministro, que antes fue viceministro de hacienda en el
gobierno de García, hizo que el año 2011 terminara con un superávit fiscal de
1.9% del PBI (dejó de gastar 9,077 millones de soles). Y, no obstante haber logrado la aprobación de
un presupuesto conservador para un país con innumerables necesidades
insatisfechas, sigue impertérrito generando más superávit en medio de una
desaceleración de la economía internacional. El primer semestre de este año el
superávit del Sector Público No
Financiero llegó a la cifra de 17,743 millones de soles. Este abultado
monto que equivale al 7.1% del PBI, constituye no sólo un frenazo al
crecimiento económico, sino también una agresión al objetivo de «inclusión
social».
El frenazo en cuestión es intolerable en una sociedad con maestros,
militares y policías mal pagados, con una infraestructura de educación y de
salud pública de pésima calidad, y en una economía con 79.4% de sus
trabajadores en situación de informalidad, con empleos precarios, bajos
ingresos y baja productividad. El que ha reducido su gasto en 13.6% en términos
reales, según el estudio No. 46 del BCRP, es el gobierno nacional. El ministro
no puede ahora hacer responsables de este superávit a los gobiernos locales y
regionales, pues estos lo aumentaron en 57.1% y 18.1%, respectivamente. Es
agraviante, además, dado el alto déficit de infraestructura, que el propio
gobierno nacional sea el que haya contraído su gasto de capital en 37.5%, en
términos reales. Los gobiernos locales y regionales impidieron la caída del gasto
de capital total, al aumentar los suyos en 115.3% y 49.3%, respectivamente.
Un gobierno inclusivo no sólo debe apurarse en cerrar la brecha de
infraestructura y en invertir en educación, sino también en construir una
burocracia estatal moderna y eficiente. El ministro Castilla, campeón del
superávit fiscal de los últimos tiempos, mantuvo el presupuesto de educación en
2.8% del PBI y no está mejorando la calidad y los sueldos de la
tecno-burocracia. La opinión pública debe saber que el sueldo promedio real de
los trabajadores del sector público, se mantiene casi constante y muy por
debajo de sus niveles registrados en 1960-1975. Se recuperó luego de su caída
estrepitosa en el período de la hiperinflación, pero después, desde el año
1995, prácticamente se estancó. Su valores promedio de los periodos 1995-2000 y
2001-2011 equivalen al 34.7% y al 36.9%, respectivamente, de su valor
registrado en 1987.
Por más que se acelere el gasto en lo que resta del año, es
altamente probable que terminemos con un superávit mayor al 2.0% de PBI. ¿Se dará cuenta el presidente Humala que su
ministro sigue la lógica del extractivismo y no de la inclusión social? Recuérdese que su gobierno aprobó el Marco
Macroeconómico Multianual 2012-2014 que le presentó Castilla, donde aparece
como meta de su administración alcanzar en 2012 un superávit fiscal de 1,0% del
PBI, elevarlo a 1,4% en 2013 y a 1,8% en 2014. Es decir, su ministro le hizo
aprobar ajustes en un período de incertidumbre y crisis internacional.
Endeudamiento externo injustificado y bloqueo del cambio de la matriz energética
Además de los 17,743 millones de soles que se dejó de gastar en el
primer semestre del año, el gobierno tiene US $ 5,626.6 millones en el Fondo de Estabilización Fiscal. Por lo
tanto, llama la atención que el ministro Castilla siga incrementando la deuda
externa del país. De agosto del año pasado a la fecha, este ministro aumentó la
deuda con el BID en US $ 335 millones. Es deuda con diversos propósitos, desde
mejoramiento de la educación inicial, ampliación de agua potable y saneamiento,
hasta modernización del sistema de justicia y desarrollo de la nueva matriz
energética (!). La deuda con los organismos multilaterales (OM) representa el
39.2 de la deuda externa total y la deuda con el BID representa el 41.5% de la
deuda con los OM. ¿Cuál es el interés de endeudarse con estos organismos, si
tenemos recursos para gastar? Si debe necesariamente endeudarse ¿por qué no lo
hace en el mercado interno, en soles, y de paso estimula la profundidad y
liquidez del mercado de capitales?
El ministro Castilla parece también oponerse al cambio de la
matriz energética. Según diversas informaciones periodísticas, es el artífice
de la sustitución de la idea de construir un gasoducto de Camisea a Ilo y de un
polo petroquímico en este lugar, por la de colgarse al gasoducto de Camisea a
Pisco para desde aquí llevar etano a Ilo, por la costa. Sabemos que el
extractivismo es contrario a la industrialización, a la innovación y a la
competencia. Con ese cambio, los extractivistas que están en el poder favorecen
a los dueños de Camisea (Repsol-Hunt) y, al mismo tiempo, eliminan la
posibilidad de competencia que se produciría (precios más bajos para los
consumidores del sur) al tener dos gasoductos y otra empresa operando en
asociación con el Estado. Castilla estaría así frustrando la esperanza de
industrializar el sur.
A modo de conclusión
«Las instituciones económicas extractivistas --dice Acemoglu-- están sinérgicamente conectadas con las instituciones políticas extractivistas. Estas concentran poder en pocas manos y que tienen los incentivos para mantener y desarrollar instituciones económicas extractivistas para su propio beneficio».
Publicado en el diario La Primera, el sábado el sábado 18 de agosto.
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