La conspiración de la argentocracia: BCR y TLC

Tres hechos caracterizan la coyuntura política actual: la arremetida oficiosa y mediática contra la oposición nacionalista; el proyecto de modificación de la ley orgánica del BCR impulsado por el APRA y la ratificación del TLC o Acuerdo de Promoción Comercial. Los dos últimos son parte, sin duda, del pago puntual a los grupos de poder que conspiraron contra el proyecto nacionalista, para hacer posible la elección del señor García Pérez. Curiosamente, analistas de canteras opuestas coinciden en culpar a Ollanta Humala de la polarización política de estos días, como si esta no hubiera sido fruto de la conspiración del dinero durante la segunda vuelta electoral. La cortedad de este punto de vista es evidente porque no toma en cuenta el editorial irrespetuoso e insidioso de El Comercio en contra de Ollanta ni el saludo del APRA al tránsfuga Carlos Torres Caro como ejemplo de valentía democrática.

¿Qué pretende el APRA y la derecha con la modificación de la Ley Orgánica del BCR? «Castigar» a sus actuales directores y abrirle el paso a un ex presidente con fama, pero poco calificado, para luego quitarle al BCR la facultad de fijar el límite operativo de las inversiones en el exterior de las AFP. El lector recordará que al inicio de la campaña electoral, en la segunda mitad del año pasado, la especulación de estas instituciones contra la moneda nacional fue parada en seco por el BCR y con serias pérdidas de dinero para ellas y sus cómplices. Se habló del efecto Humala y, cuando les salió «el tiro por la culata», se acusó al directorio del BCR de ser cómplice del nacionalismo. El APRA está jugando con fuego al querer disminuir las atribuciones de la autoridad monetaria en el mercado cambiario. Su ignorancia lo lleva a no reconocer que el crecimiento económico de los últimos años se debe, en gran parte, al nuevo esquema de política monetaria introducido en mayo del año 2002 por el actual directorio del BCR.

Por otro lado, ¿por qué el Congreso ratificó el TLC de madrugada, con un debate breve y a espaldas del pueblo? El lector recordará que en plena segunda vuelta del proceso electoral se restauró la argentocracia, heredera de los librecambistas del siglo XIX entre cuyos integrantes destacaban los comerciantes y cónsules extranjeros que abogaban, con la presión de los Estados Unidos, por la apertura de los puertos y la firma de tratados comerciales. La bancada aprista del Congreso tenía que pagar los servicios conspirativos de la nueva argentocracia y de sus medios de comunicación contra el nacionalismo.

García Pérez faltó a su palabra al apoyar una ratificación que, al igual que el pacto infame APRA-UNO, mediatizará el cambio social y económico que enarboló el nacionalismo. Se ratificó una evidente expresión de engaño al pueblo, porque desde el inicio se mintió. Se dijo que no firmarlo significaría la pérdida de un millón de empleos formales y de 5 millones de dólares de exportaciones a los Estados Unidos, pues en diciembre culminaría el ATPDEA. Nada de esto fue ni es verdad. Con una PEA ocupada de 13 millones 367 mil personas, un tasa de subempleo de 65 %, un 20% del empleo ubicado en el sector exportador y coeficientes sectoriales de empleo iguales, el número de puestos de trabajo formales generados por las actividades exportadoras (tradicionales y no tradicionales) asciende a 930 mil personas. De este total, 279 mil empleos adecuados corresponden a las exportaciones no tradicionales y solo 116 mil pertenecen a las exportaciones no tradicionales dirigidas al mercado de los Estados Unidos. Por lo demás, si con el ATPDEA se duplicaron las exportaciones y el empleo, entonces se habrían creado únicamente 58 mil puestos de trabajo adecuados y no el millón que divulgaron para «persuadirnos» de las bondades del TLC. Se mintió igual cuando se dijo que perderíamos 5 mil millones de exportaciones a los Estados Unidos. Esta cifra corresponde al total de las exportaciones dirigidas a ese mercado, de las cuales solo el 36% corresponde a las exportaciones no tradicionales.

El TLC entrega nuestro mercado interno a productos agrícolas subsidiados de manera permanente por el gobierno norteamericano. Frente a ellas, las compensaciones aprobadas por el Congreso de nuestro país, son ridículas (112 millones de soles anuales y solo por un lapso de 5 años, para el algodón, el maíz amarillo duro y el trigo). El enfoque estático adoptado no toma en cuenta las sustituciones en la producción y el consumo que generaría la libre importación de productos norteamericanos y que, a la larga, atentaría contra la seguridad alimentaria de nuestro país.

Por último, el TLC es más que un acuerdo de promoción del comercio, porque incorpora temas que no han sido motivo de acuerdos en las negociaciones dentro de la OMC como propiedad intelectual y patentes, solución de controversias y tratamiento de inversiones. En especial, el capítulo de inversiones limita la capacidad soberana del Estado para dictar normas tributarias o para exigir requisitos de desempeño a las empresas transnacionales, so pena de ser demandado en los tribunales internacionales con el argumento de «expropiación indirecta» por supuestamente habérseles afectado sus expectativas de ganancia futura. El TLC, por lo tanto, bloquea la posibilidad de un cambio en el modelo de crecimiento y desarrollo de nuestro país, al atarnos a la dinámica de la economía norteamericana cuyo futuro, por lo demás, no es nada promisorio.

Diario La República