La ex candidata de la derecha, Lourdes Flores, acaba de pedirle al próximo gobierno el control del BCR, del INDECOPI, de la SBS y de los organismos reguladores, para de esta manera –dice--, realizar una «oposición moderna». Su pedido se suma a la propuesta de modificación de la ley orgánica del BCR y a la ratificación del TLC por el actual Congreso de la República. Todos estos hechos, en conjunto, definen el rumbo económico y político que, según la derecha, debe adoptar el próximo gobierno. Para ello desarrollaron desde la segunda vuelta electoral, una campaña de descrédito de la oposición nacionalista, con la directa colaboración del gobierno de Toledo y de los medios de comunicación.
Hay continuidad en el carácter de los regímenes políticos de Fujimori y de Toledo. Aunque el primero fue un régimen de excepción que contó con los medios de comunicación como instrumento de «cohesión» social y política, ambos fueron regímenes de transacción con el poder económico transnacional. Peor aun, el gobierno de Toledo que nació de un proceso electoral democrático, frustró el proceso de transición a la democracia iniciado por el breve gobierno del Valentín Paniagua. En lugar de consolidar la democracia, Toledo gobernó, al igual que Fujimori, con la derecha neoliberal. Recordemos que en el siglo XIX los emisarios del gobierno de Washington venían a «presionar» por la liberación de los puertos, la disminución de aranceles o la firma de tratados comerciales; hoy, ese gobierno tiene a Toledo como su emisario «especial». Por otro lado, el crecimiento económico que exhibe Toledo como éxito de su gobierno, no le pertenece. El nuevo esquema institucional de política monetaria y el escenario internacional de precios favorables, son los que explican dicho crecimiento. ¿Habría crecido la economía si el BCR dejaba de intervenir en el mercado cambiario y aumentaba a 20% el límite operativo de las inversiones en el exterior de las AFP? Al respecto, es importante señalar que el ministro Pedro Pablo Kuczynski intentó varias veces copar el directorio del BCR con economistas neoliberales y que, ciertamente, no hizo nada destacable para reducir de la pobreza cuando se desempeñó como ministro de economía.
Mantener este es el tipo de régimen de transacción fue el objetivo de la conspiración de la argentocracia contra el nacionalismo en la segunda vuelta electoral. A los hechos mencionados anteriormente, hay que agregarle la aceptación de García Pérez de no renegociar los contratos de «estabilidad jurídica y tributaria» y de otros firmados violando los intereses nacionales, es decir, de no cambiar las reglas que impuso el fujimorismo económico. Como señalamos en otro artículo, se ha optado por la mediatización del cambio económico, social y político, es decir, se ha renunciado a promover una autentica justicia e integración social y, por lo tanto, a desarrollar la democracia en la sierra y la selva del país. Según el racista Pedro Pablo Kuczynski, «esto de cambiar las reglas, cambiar los contratos, nacionalizar que es un poco una idea de unas partes de los Andes, lugares donde la altura impide que el oxígeno llegue al cerebro, es fatal y funesto» (Gestión, 10 julio).
Estamos entrando entonces a un régimen político que no es de ruptura con el modelo neoliberal. El gobierno de Toledo permitió el cinismo como forma de reciclaje de los fujimontesinistas. Por eso Kuczynski fue capaz de afirmar que la economía crece porque se mantuvo «lo bueno de Fujimori». La perversión de la transición es la que hoy domina el escenario político. Este tipo de régimen obstaculiza la democracia concebida como «sistema para la dinámica de la sociedad, que exige una actitud proclive a la aceptación del cambio social». No hay transición a la democracia si se frena no sólo el progreso, sino el «el proceso lógico de cambio que la sociedad, como organismo móvil, suscita reiteradamente».
Por las razones anteriores, la oposición política nacionalista debe ser leal a la democracia como proceso de cambio social. Esta lealtad no se riñe con la confrontación a un régimen que no está dispuesto a «recibir lo nuevo y a darle una estructura formal mediante leyes». Confrontar, en este sentido, es «hacer audible» las propuestas de cambio ante el resto de los conciudadanos y ante el nuevo gobierno. Para entender a cabalidad este planteamiento, es importante reconocer que los países como el nuestro siguen lógicas económicas, sociales y políticas distintas a las de los de los países del centro. Estos tienen sociedades y economías más homogéneas. Por ello, en nuestros países el problema fundamental de la economía y de su desarrollo se encuentra en el tipo de orientación de la asignación de los recursos productivos. Y, el tipo de orientación que sigue dicha asignación de recursos, es el que determina la manera cómo se crece, cómo se acumula capital y, ciertamente, cómo se distribuyen sus frutos.
Publicado en el Diario La República
Tuesday, July 25, 2006
Tuesday, July 11, 2006
La conspiración de la argentocracia: BCR y TLC
Tres hechos caracterizan la coyuntura política actual: la arremetida oficiosa y mediática contra la oposición nacionalista; el proyecto de modificación de la ley orgánica del BCR impulsado por el APRA y la ratificación del TLC o Acuerdo de Promoción Comercial. Los dos últimos son parte, sin duda, del pago puntual a los grupos de poder que conspiraron contra el proyecto nacionalista, para hacer posible la elección del señor García Pérez. Curiosamente, analistas de canteras opuestas coinciden en culpar a Ollanta Humala de la polarización política de estos días, como si esta no hubiera sido fruto de la conspiración del dinero durante la segunda vuelta electoral. La cortedad de este punto de vista es evidente porque no toma en cuenta el editorial irrespetuoso e insidioso de El Comercio en contra de Ollanta ni el saludo del APRA al tránsfuga Carlos Torres Caro como ejemplo de valentía democrática.
¿Qué pretende el APRA y la derecha con la modificación de la Ley Orgánica del BCR? «Castigar» a sus actuales directores y abrirle el paso a un ex presidente con fama, pero poco calificado, para luego quitarle al BCR la facultad de fijar el límite operativo de las inversiones en el exterior de las AFP. El lector recordará que al inicio de la campaña electoral, en la segunda mitad del año pasado, la especulación de estas instituciones contra la moneda nacional fue parada en seco por el BCR y con serias pérdidas de dinero para ellas y sus cómplices. Se habló del efecto Humala y, cuando les salió «el tiro por la culata», se acusó al directorio del BCR de ser cómplice del nacionalismo. El APRA está jugando con fuego al querer disminuir las atribuciones de la autoridad monetaria en el mercado cambiario. Su ignorancia lo lleva a no reconocer que el crecimiento económico de los últimos años se debe, en gran parte, al nuevo esquema de política monetaria introducido en mayo del año 2002 por el actual directorio del BCR.
Por otro lado, ¿por qué el Congreso ratificó el TLC de madrugada, con un debate breve y a espaldas del pueblo? El lector recordará que en plena segunda vuelta del proceso electoral se restauró la argentocracia, heredera de los librecambistas del siglo XIX entre cuyos integrantes destacaban los comerciantes y cónsules extranjeros que abogaban, con la presión de los Estados Unidos, por la apertura de los puertos y la firma de tratados comerciales. La bancada aprista del Congreso tenía que pagar los servicios conspirativos de la nueva argentocracia y de sus medios de comunicación contra el nacionalismo.
García Pérez faltó a su palabra al apoyar una ratificación que, al igual que el pacto infame APRA-UNO, mediatizará el cambio social y económico que enarboló el nacionalismo. Se ratificó una evidente expresión de engaño al pueblo, porque desde el inicio se mintió. Se dijo que no firmarlo significaría la pérdida de un millón de empleos formales y de 5 millones de dólares de exportaciones a los Estados Unidos, pues en diciembre culminaría el ATPDEA. Nada de esto fue ni es verdad. Con una PEA ocupada de 13 millones 367 mil personas, un tasa de subempleo de 65 %, un 20% del empleo ubicado en el sector exportador y coeficientes sectoriales de empleo iguales, el número de puestos de trabajo formales generados por las actividades exportadoras (tradicionales y no tradicionales) asciende a 930 mil personas. De este total, 279 mil empleos adecuados corresponden a las exportaciones no tradicionales y solo 116 mil pertenecen a las exportaciones no tradicionales dirigidas al mercado de los Estados Unidos. Por lo demás, si con el ATPDEA se duplicaron las exportaciones y el empleo, entonces se habrían creado únicamente 58 mil puestos de trabajo adecuados y no el millón que divulgaron para «persuadirnos» de las bondades del TLC. Se mintió igual cuando se dijo que perderíamos 5 mil millones de exportaciones a los Estados Unidos. Esta cifra corresponde al total de las exportaciones dirigidas a ese mercado, de las cuales solo el 36% corresponde a las exportaciones no tradicionales.
El TLC entrega nuestro mercado interno a productos agrícolas subsidiados de manera permanente por el gobierno norteamericano. Frente a ellas, las compensaciones aprobadas por el Congreso de nuestro país, son ridículas (112 millones de soles anuales y solo por un lapso de 5 años, para el algodón, el maíz amarillo duro y el trigo). El enfoque estático adoptado no toma en cuenta las sustituciones en la producción y el consumo que generaría la libre importación de productos norteamericanos y que, a la larga, atentaría contra la seguridad alimentaria de nuestro país.
Por último, el TLC es más que un acuerdo de promoción del comercio, porque incorpora temas que no han sido motivo de acuerdos en las negociaciones dentro de la OMC como propiedad intelectual y patentes, solución de controversias y tratamiento de inversiones. En especial, el capítulo de inversiones limita la capacidad soberana del Estado para dictar normas tributarias o para exigir requisitos de desempeño a las empresas transnacionales, so pena de ser demandado en los tribunales internacionales con el argumento de «expropiación indirecta» por supuestamente habérseles afectado sus expectativas de ganancia futura. El TLC, por lo tanto, bloquea la posibilidad de un cambio en el modelo de crecimiento y desarrollo de nuestro país, al atarnos a la dinámica de la economía norteamericana cuyo futuro, por lo demás, no es nada promisorio.
Diario La República
¿Qué pretende el APRA y la derecha con la modificación de la Ley Orgánica del BCR? «Castigar» a sus actuales directores y abrirle el paso a un ex presidente con fama, pero poco calificado, para luego quitarle al BCR la facultad de fijar el límite operativo de las inversiones en el exterior de las AFP. El lector recordará que al inicio de la campaña electoral, en la segunda mitad del año pasado, la especulación de estas instituciones contra la moneda nacional fue parada en seco por el BCR y con serias pérdidas de dinero para ellas y sus cómplices. Se habló del efecto Humala y, cuando les salió «el tiro por la culata», se acusó al directorio del BCR de ser cómplice del nacionalismo. El APRA está jugando con fuego al querer disminuir las atribuciones de la autoridad monetaria en el mercado cambiario. Su ignorancia lo lleva a no reconocer que el crecimiento económico de los últimos años se debe, en gran parte, al nuevo esquema de política monetaria introducido en mayo del año 2002 por el actual directorio del BCR.
Por otro lado, ¿por qué el Congreso ratificó el TLC de madrugada, con un debate breve y a espaldas del pueblo? El lector recordará que en plena segunda vuelta del proceso electoral se restauró la argentocracia, heredera de los librecambistas del siglo XIX entre cuyos integrantes destacaban los comerciantes y cónsules extranjeros que abogaban, con la presión de los Estados Unidos, por la apertura de los puertos y la firma de tratados comerciales. La bancada aprista del Congreso tenía que pagar los servicios conspirativos de la nueva argentocracia y de sus medios de comunicación contra el nacionalismo.
García Pérez faltó a su palabra al apoyar una ratificación que, al igual que el pacto infame APRA-UNO, mediatizará el cambio social y económico que enarboló el nacionalismo. Se ratificó una evidente expresión de engaño al pueblo, porque desde el inicio se mintió. Se dijo que no firmarlo significaría la pérdida de un millón de empleos formales y de 5 millones de dólares de exportaciones a los Estados Unidos, pues en diciembre culminaría el ATPDEA. Nada de esto fue ni es verdad. Con una PEA ocupada de 13 millones 367 mil personas, un tasa de subempleo de 65 %, un 20% del empleo ubicado en el sector exportador y coeficientes sectoriales de empleo iguales, el número de puestos de trabajo formales generados por las actividades exportadoras (tradicionales y no tradicionales) asciende a 930 mil personas. De este total, 279 mil empleos adecuados corresponden a las exportaciones no tradicionales y solo 116 mil pertenecen a las exportaciones no tradicionales dirigidas al mercado de los Estados Unidos. Por lo demás, si con el ATPDEA se duplicaron las exportaciones y el empleo, entonces se habrían creado únicamente 58 mil puestos de trabajo adecuados y no el millón que divulgaron para «persuadirnos» de las bondades del TLC. Se mintió igual cuando se dijo que perderíamos 5 mil millones de exportaciones a los Estados Unidos. Esta cifra corresponde al total de las exportaciones dirigidas a ese mercado, de las cuales solo el 36% corresponde a las exportaciones no tradicionales.
El TLC entrega nuestro mercado interno a productos agrícolas subsidiados de manera permanente por el gobierno norteamericano. Frente a ellas, las compensaciones aprobadas por el Congreso de nuestro país, son ridículas (112 millones de soles anuales y solo por un lapso de 5 años, para el algodón, el maíz amarillo duro y el trigo). El enfoque estático adoptado no toma en cuenta las sustituciones en la producción y el consumo que generaría la libre importación de productos norteamericanos y que, a la larga, atentaría contra la seguridad alimentaria de nuestro país.
Por último, el TLC es más que un acuerdo de promoción del comercio, porque incorpora temas que no han sido motivo de acuerdos en las negociaciones dentro de la OMC como propiedad intelectual y patentes, solución de controversias y tratamiento de inversiones. En especial, el capítulo de inversiones limita la capacidad soberana del Estado para dictar normas tributarias o para exigir requisitos de desempeño a las empresas transnacionales, so pena de ser demandado en los tribunales internacionales con el argumento de «expropiación indirecta» por supuestamente habérseles afectado sus expectativas de ganancia futura. El TLC, por lo tanto, bloquea la posibilidad de un cambio en el modelo de crecimiento y desarrollo de nuestro país, al atarnos a la dinámica de la economía norteamericana cuyo futuro, por lo demás, no es nada promisorio.
Diario La República
Subscribe to:
Posts (Atom)
