El proceso electoral que culmina el
próximo 5 de octubre, ha revelado no solo la persistencia de la fragmentación
«política» (muchos candidatos para una misma presidencia regional o para una misma
alcaldía), sino también la presencia de un alto porcentaje de candidatos con
antecedentes de conducta corrupta, de violaciones a la legalidad o con vinculaciones con el narcotráfico. La
pregunta que surge de este dato real es: ¿qué deficiencia muestra la democracia
peruana para que en una contienda electoral predomine este tipo de candidatos
sobre otros con antecedentes honorables? ¿Por qué este tipo de candidatos (que «roban
pero hacen obras») logran el apoyo de vastos sectores de la población? El caso
paradigmático, conocido por todos, es el del candidato Castañeda a la alcaldía
de Lima Metropolitana denunciado por el
caso Comunicore y, después, sorprendentemente absuelto. Este candidato es el
favorito de la población frente a la candidata a la reelección Susana Villarán,
con una gestión proba, no corrupta, pero a diferencia del primero vilipendiada
por la derecha desde que asumió el cargo.
Dos explicaciones insuficientes
Entre lo que se ha escrito sobre esta
situación hay dos explicaciones, a nuestro juicio, insuficientes. En primer
lugar, está la explicación más sofisticada, pero circunscrita a Lima Metropolitana.
Ese tipo de candidatos tiene el apoyo –aunque solo sea un apoyo bastante
pasivo--, porque junto con no afectar a un vasto sector informal de la ciudad,
atiende las necesidades básicas de sus sectores populares. La explicación de
este apoyo no está ni en la naturaleza corrupta del candidato, ni en la
incapacidad de votar «bien» de parte de los sectores que lo apoyan; sino en el
hecho que el candidato con sospechas de corrupción y de actos ilícitos, ha sido
capaz de «recoger las necesidades de los sectores populares para transformarlas
en políticas públicas».
Los que sostienen esta explicación se
adelantan a responder otra pregunta: ¿por qué el honesto y que hace obras (como
Susana Villarán, por ejemplo) no tiene el apoyo popular? Se responden, porque
no hay partidos ni políticos con «propuestas sostenibles de reformas que hayan
logrado involucrar a esos sectores mayoritarios». Pero, no dicen por qué no hay
esos partidos ni esos políticos.
La segunda explicación, es trivial y
contradictoria. No obstante que los sectores populares saben que su candidato
es corrupto, están dispuestos a votar por él. ¿Por qué? Porque no hay élites políticas
ni administrativas dignas de imitar ni instituciones inclusivas e
igualitarias. En el Perú las «élites
nunca han tenido un comportamiento ejemplar; son excluyentes, prepotentes y
abusivas con los sectores populares. Practican la separación social, una forma
de «convivencia» paralela con estos sectores populares «informales». La
consecuencia es que estos sectores viven entre la legalidad y la ilegalidad, y
como no pueden “derrotar a esas elites”, se unen a ellas. Se sienten incluidos identificándose con el
candidato corrupto a través de la mediación de las obras que éste hace. Este
nexo entre las elites corruptas y los informales es «lo único que la política
puede hacer». Pero, adelantándose a una crítica inmediata, los que sostienen
esta explicación dicen: «pensar que todo está perdido sería un error», porque «los
excluidos, los discriminados, votan por aquellos candidatos que critican el
sistema político y económico y que
cuestionan las desigualdades sociales». ¿En qué quedamos?
Una explicación alternativa a modo de
hipótesis
En nuestro país, candidatos y elegidos,
ministros, jueces y magistrados, y otros altos funcionarios, en connivencia con
sujetos privados, se benefician de los recursos públicos o practican la
política de la «puerta giratoria» degradando con este tipo de conducta la
naturaleza de la función pública. Esta práctica se hizo más visible y zafia desde
los años noventa del siglo XX, con el «fujimorato» que introdujo las reformas y
políticas neoliberales. Pero, el inicio del período neoliberal en nuestro país
coincidió con la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, hechos
que tuvieron un efecto fulminante en las ideologías y que, en países como el
nuestro, generó un profundo vacío interpretativo de sus problemas y fenómenos
reales. Ser importadores de doctrinas ideo-políticas, nos dejó desvalidos, acelerando la crisis de
sus principales usufructuarios, los partidos políticos; de todos los partidos,
porque esa crisis también puso en evidencia las debilidades de la
institucionalidad democrática de nuestros países.
Por lo tanto, cuando el funcionamiento
real de la democracia constitucional choca
con los principios que lo inspiran, «una ola de desafección por los mecanismos
y prácticas políticas», invade a las democracias. «En semejante contexto --dice Eloy García— se
multiplican los episodios individuales de violación de las reglas de conducta
de los gobernantes, en un tiempo en que la perdida de ideología de los partidos
convierte a la vida política en una lucha por el botín del poder».
A modo de conclusión
La crisis política por la que
atraviesa nuestro país tiene que ver, entonces, con la ausencia de principios ideo-políticos
sólidos provocada por la crisis de las ideologías y con la pérdida del sentido
de la política y de su arraigo en la población.
Publicado en el Diario UNO el sábado 4 de octubre
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