Monday, April 24, 2017

Reconstrucción con trueque y silencio administrativo positivo

El gobierno acaba de presentar al Congreso de la República el Proyecto de Ley Reconstrucción que será sustentado el próximo lunes 24. Según su exposición de motivos este proyecto ley permitirá: 1) Atender en forma rápida a la población; 2) Recuperar prontamente las condiciones de vida y de producción de las zonas afectadas; 3) Planificar las intervenciones generando economías de escala en las contrataciones de bienes y servicios; 4) Planificar integralmente de tal forma de identificar sinergias en los servicios y mejoras en el diseño de la infraestructura; y, 5) Reubicar a la población que habitaba en zonas de riesgo alto y muy alto. Para el logro de estos objetivos se crea una Autoridad a cargo de un Director Ejecutivo con rango de Ministro. Esta Autoridad será entonces responsable de la denominada «Reconstrucción con Cambios».

Las ausencias en el proyecto de Ley

No se entiende cómo se puede diseñar una organización, con un director (con rango de ministro), encargada de reparar los daños causados por los recientes desastres naturales, si no se tiene, aunque sea solo aproximadamente, el costo total de la reconstrucción. El acápite de costos y beneficios solo tiene un listado de dichos daños en la población y sus medios de vida,  pero no hay  una taxonomía del tipo de intervenciones del Estado de acuerdo a si se trata de una obra nueva o de solo una reparación. No era difícil convocar a los técnicos de los distintos ministerios involucrados, para aproximarse al costo total de la reconstrucción.

Contar con información del tipo de obras y de intervenciones del Estado, habría ayudado incluso a definir tipos de responsabilidades burocráticas: no es lo mismo gestionar la reparación de algo que ya existe que  gestionar la construcción de obras nuevas. Por ejemplo, los propios ministerios, con participación de los respectivos gobiernos regionales o locales, se podrían encargar de las reparaciones de colegios, centros salud, carreteras y canales de riego afectados, con una adecuada ampliación presupuestal y con plazos prefijados. De otro lado, la gestión de la construcción de obras nuevas se pudo haber encargado al CEPLAN con un comité técnico integrado por representantes de los respectivos ministerios.

En el proyecto de ley no se define claramente qué es reconstrucción con «cambios».  ¿Dónde identificar los «cambios»? ¿Habrá «cambio» en el control técnico de la calidad de las obras y en la determinación de su vida útil? ¿Quién lo hará? ¿Habrá control previo, control durante la ejecución y el control posterior de los proyectos de obras? ¿El «cambio» estará en la justificación rigurosa, si se opta por una APP, de por qué el proyecto de obra se destina al sector privado y no al sector público? ¿Habrá un modelo de vivienda y de urbanización con todos los servicios que se ofrecerá a los damnificados, reubicados y no reubicados?  ¿Habrán veedores neutrales provenientes de los colegios de ingenieros y de arquitectos?  No sabe dónde identificar los  cambios simplemente porque en el proyecto no se explicitan.

El gobierno argumentará que los cambios están definidos en los objetivos del proyecto. Uno de ellos dice que se planificarán las obras de tal manera que se logren economías de escala en las contrataciones. Pero esto es lo que toda organización eficiente y que planifica, debe hacer. También se dice que se evitará la «urbanización» en zonas de riesgo y se buscará crear sinergias en los servicios públicos y mejoras en la infraestructura. Pero no se dice cómo. No hay criterios orientadores para los que se encarguen de la planificación de la reconstrucción. Por lo demás, el proyecto de Ley prescinde del CEPLAN que se supone que es un organismo especializado en planificación.

Silencio administrativo positivo y obras por terrenos

El «cambio» parece estar en el artículo 8 del proyecto de ley sobre Competencias y facilidades administrativas extraordinarias y temporales. Para atender a la población afectada y reparar sus condiciones de vida en forma rápida, el proyecto apela a procedimientos administrativos simplificados «con un plazo máximo hasta 7 días hábiles» y sujetos a silencio administrativo positivo. ¿Estos «procedimientos administrativos necesarios» (permisos, autorizaciones, registros, inscripciones, etc.), serán anunciados públicamente para que sean fiscalizados por la ciudadanía y los organismos de control? En el citado artículo se dice, además, que «los distintos niveles de gobierno deben poner sus predios a disposición a solo requerimiento de la autoridad», para ejecutar los proyectos de acuerdo al Plan. ¿Estos proyectos serán evaluados financiera y técnicamente antes de ejecutar el «requerimiento de la autoridad»?.

El otro «cambio» podría estar en la novena disposición complementaria que dice: «Dispóngase que la inversión privada en el encausamiento y escalonamiento de los ríos que genere tierras aprovechables, puede ser reconocida de acuerdo a las condiciones y modalidades de retribución o compensación para el inversionista, conforme se determine mediante Decreto Supremo. Las modalidades de compensación incluyen la suscripción de contratos de cesión en uso, arrendamiento, usufructo, superficie u otras modalidades permitidas por la Ley».  Esto es trueque de obras por terrenos. Pero, tampoco hay criterios orientadores para encausar este trueque de manera transparente. ¿No es acaso indispensable definir la participación de los gobiernos regionales o locales en la formulación de los proyectos que impliquen la cesión de sus predios?

A modo de conclusión

La creación de un director ejecutivo de la reconstrucción, existiendo CEPLAN, no parece ser lo más adecuado. Se puede aprovechar esta coyuntura para fortalecer técnicamente a esta institución que, por cierto,  «debe trabajar de la mano con la Presidencia de Consejo de Ministros».





Publicado en el Diario UNO, el domingo  23

Tuesday, April 18, 2017

Desindustrialización prematura en el Perú


La caída de la producción manufacturera desde el año 2014 muestra que los tres últimos gobiernos no aprovecharon la oportunidad abierta por los altos precios de las materias primas para iniciar la construcción una economía diversificada, tecnológicamente más moderna, y sostenible ambiental y socialmente. Todos apoyaron la prédica neoliberal de la especialización en las ventajas comparativas, que, en el caso de nuestro país como en otros de América Latina, fue la especialización en nuestra ventaja natural de productor y exportador de materias primas. Las políticas macroeconómicas que acompañaron a esta especialización, exacerbaron sus efectos negativos sobre la manufactura, acelerando la desindustrialización.

Desindustrialización y Terciarización Prematura

Los últimos 25 años de neoliberalismo, entonces, coinciden con el boom de las exportaciones asiáticas, en especial, de China, competidores de bajos salarios. Con liberalización comercial, desregulación de los mercados y la apreciación cambiaria, se facilitó la masiva penetración de importaciones.  El total de bienes importados pasó de cerca del 80% en 1980 a 157% de la producción manufacturera a precios de 2007 en 2013.      

Este tipo de inserción de nuestra economía a los mercados internacionales condujo a un notable proceso de  desindustrialización; es decir, a la caída de la participación de la manufactura en la generación del PBI y del empleo. La manufactura perdió su capacidad de generar empleo y redujo significativamente su contribución al crecimiento económico. La otra cara de este proceso fue la persistente informalidad y el aumento del empleo de baja calificación y de baja productividad, en las actividades terciarias de comercio y servicios. En otras palabras, la desindustrialización es acompañada por una terciarización con atraso tecnológico.

Esto es lo que Rodrik (2016) llama desindustrialización prematura  porque ocurre en una economía que no ha alcanzado un grado de desarrollo industrial significativo ni ha llegado a niveles de ingreso per cápita similares a la de los países desarrollados. «La manufactura —dice Rodrik— suele seguir una trayectoria en forma de U invertida a lo largo del desarrollo. […] En la mayoría de (los países en desarrollo), la industria manufacturera ha empezado a encogerse (o está encaminada a encogerse) en niveles de ingreso que son una fracción de aquellos en los que las economías avanzadas comenzaron a desindustrializarse. Los países en desarrollo se están convirtiendo en economías de servicios sin haber pasado por una experiencia adecuada de industrialización. Llamo a esto desindustrialización prematura» (Rodrik, 2016)

En general el efecto negativo de las políticas neoliberales y la ausencia de políticas de fomento de la industrialización afectaron notablemente la productividad  de la industria manufacturera. En particular, la apreciación del tipo de cambio junto a la penetración de importaciones, debilitaron el escaso desarrollo industrial. Esta desindustrialización prematura ocurre conjuntamente con una terciarización también prematura porque la mayor parte del exceso de mano de obra que no encuentran trabajo en la agricultura, en la minería y en la propia manufactura, inevitablemente terminan en sectores terciarios informales de baja productividad

Los datos de la desindustrialización peruana

La desindustrialización se expresa justamente como la reducción de la participación de la manufactura en el empleo y la producción del conjunto de la economía. Su participación en la generación de empleo crece sistemáticamente desde 8.3% en 1950 hasta 12.6% en 1975. Después  se derrumba con la crisis de comienzos de la década de 1980. Su posterior recuperación solo dura hasta inicios de los años 1990, para luego mostrar una notoria tendencia decreciente que llega hasta 9.4% en el año 2015. Asimismo, su participación en la generación del PBI total muestra un comportamiento similar. Sube desde 13.8% en 1950 hasta un poco más de 18% a comienzos de los años 1970. Después, cae en la década de 1980 y en el período 1990-2015, decrece sistemáticamente hasta 13.4% en 2015.

La desindustrialización prematura tiene efectos retardatarios sobre el crecimiento económico a largo plazo, porque reduce su contribución a este crecimiento.  Como se observa en el Gráfico, durante los años 1950-1975 la contribución al crecimiento económico de la industria manufacturera se mantuvo por encima de 19% hasta el año 1972. Después se redujo hasta 14.3% en el año 1976. Los años posteriores hasta 1990, fueron de crisis continuas que cubren más del 50% del total de años del periodo 1976-1990. En estos años la industria manufacturera decrece a la tasa de -0.8% promedio anual.

 


Durante los años del neoliberalismo 1990-2015, la contribución de la industria manufacturera al crecimiento económico de largo plazo, es sistemáticamente inferior a la que se registró entre 1950-1976. Se mantiene por debajo del 15% entre los años 1991-1999; se recupera hasta alcanzar un máximo de 17.7% en el año 2003 —porcentaje menor al registrado en 1973— y, finalmente, decrece sistemáticamente hasta alcanzar el porcentaje de  6.4% en el año 2015.

A modo de conclusión

Rodrik se pregunta si las actividades de servicios podrán sacar a nuestros países del subdesarrollo. Su respuesta es NO. «En principio, muchas de esas actividades podrán beneficiarse de mejores tecnologías, una mejor organización y una mayor formalización, pero […] los aumentos parciales de la productividad en (estas) actividades son en última instancia autolimitadores, porque las actividades de servicios no pueden ampliarse sin volver su relación de intercambio contra sí mismas: bajando sus propios precios (y rentabilidad). En la manufactura, los países en desarrollo pequeños podrían prosperar a partir de algunos éxitos en la exportación y diversificarse secuencialmente en el tiempo: ahora camisetas, después el montaje de televisiones y hornos de microondas y así sucesivamente, ascendiendo por la cadena de los conocimientos técnicos y del valor» (Rodrik, 2014).



Publicado en el Diario UNO, el domingo 16

Friday, April 14, 2017

Coyuntura Económica y Opciones de Política (Final)

En nuestro artículo anterior presentamos una estimación preliminar del costo de reconstrucción de viviendas, carreteras, canales de riego, puentes y colegios destruidos y/o inhabilitados por el llamado fenómeno El Niño Costero. Este costo ascendía a 46,761 millones de soles (US$ 14, 388 millones de dólares), equivalente al 7.1 % del PBI de 2016.  La información al 29 de marzo, utilizada para este cálculo, pertenece al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y fue publicada por el diario La República el 30-03-2017.

El costo de los daños es más alto

Con información al 1 de abril proporcionada por esta misma institución, el costo por los mismos conceptos sube hasta 66,412 millones de soles (US$ 20,434 millones) y equivale al 10.1 del PBI de 2016. Los kilómetros de carreteras destruidas disminuyeron de 3,599 a 2443, pero los otros rubros aumentaron. Estos son: puentes destruidos y afectados de 523 a 681; canales de riego de 1,004 kms a 4,470 kms; colegios colapsados e inhabitables de 1,672 a 1,796; y, viviendas colapsadas e inhabitables de 30,184 a 226,345. Si le adicionamos los 610 centros de salud colapsados y afectados, el costo aumenta a 67,632 millones de soles (US$ 20,810 millones), que es equivalente al 10.3% del PBI.

 

Si los activos afectados o inhabilitados (es decir, no destruidos) solo son reparados (o parchados), el costo total se reduciría a 50,054 millones de soles (US$ 16,940 millones), equivalente al 8.4% del PBI. Solo en la reconstrucción de carreteras y puentes el costo oscila entre 5.6% a 6.5% del PBI.

El lector comprenderá que nuestras estimaciones son aproximaciones. No estamos tomando en cuenta, por ejemplo, el costo de la construcción de muros de contención o de defensa ribereña para impedir el desborde de los ríos en el futuro, ni el costo de la reubicación y construcción de las viviendas de la población damnificada y afectada.

Cambios necesarios en la política fiscal y monetaria

El ministro de economía dijo que el costo de US$ 12,000 millones (mencionado por el ministro de defensa) era «bastante elevado» y que su sector es el que definirá «cuál es el monto de la reconstrucción». Esperamos que lo haga pronto. Que defina los respectivos costos unitarios y que le diga al país si está pensando en parches o en obras nuevas y de larga duración.

El temor del ministro es sin duda el déficit fiscal, sobre todo ahora que la presión tributaria se encuentra por debajo del 14% del PBI. El déficit tiene necesariamente que subir hasta situarse alrededor del 4% del PBI para que el compromiso de reconstrucción sea creíble. Empezar gastando 2 puntos adicionales del PBI en la ejecución de un plan de inversiones en infraestructura (plan que cubra el período de este gobierno y que sea concebido como parte de un plan de reordenamiento territorial), es esencial no solo para aumentar la demanda agregada sino también para estimular la expansión de la oferta agregada. Si no se hace, la depresión económica y el conflicto social serán inevitables.

Hay financiamiento. El gobierno tiene el FEF y depósitos en el BCRP que ascienden a un poco más del 7% del PBI. Pero también se puede recurrir al endeudamiento interno, emitiendo, en el mercado local, bonos en soles de 30 o 40 años de plazo destinados exclusivamente a la reconstrucción. Es el momento, además, de introducir la «regla de oro» en la gestión y contabilidad fiscal: endeudarse solo para financiar inversiones en infraestructura. Asimismo, el MEF puede garantizar las emisiones de deuda en soles en el mercado local por parte de medianas y pequeñas empresas (individualmente o asociadas) con buen historial crediticio y que se comprometan a modernizar y ampliar su capacidad productiva.

Por su parte el banco central (BCR) tiene que acompañar a la nueva política fiscal contra-cíclica y de apoyo  a la reconstrucción.  Primero,  debe aumentar la meta de inflación a 3% ± 1 punto. El propósito es ampliar el espacio para hacer política monetaria. Desde que el actual presidente del BCR redujo la meta, la inflación se mantuvo por encima del límite superior de la banda en la mayor parte del tiempo. Segundo, debe bajar su tasa de interés de referencia para estimular el crédito y de esta manera contribuir con la recuperación económica. Tercero, debe aplicar la regla de intervenciones esterilizadas en el mercado cambiario cuidando la competitividad de las actividades productoras de transables. Cuarto, debe iniciar la sustitución de sus certificados de depósito por bonos y letras del tesoro en sus operaciones de mercado abierto, operaciones cambiarias y operaciones para fijar la tasa de interés, para así contribuir a la profundización y liquidez del mercado doméstico de capitales.

A modo de conclusión

Si a todo lo anterior se le agregara una nueva política industrial, este gobierno contribuiría no solo con la creación de empleos seguros y bien remunerados, sino también con el fortalecimiento de la democracia.




Publicado en el Diario UNO; el domingo 9 de abril.

Monday, April 03, 2017

Coyuntura Económica y Opciones de Política (II)

En nuestro artículo anterior explicamos que nuestro país se encuentra en una coyuntura crítica por la confluencia de una tendencia al estancamiento de la economía y de un proceso de degradación de las instituciones del Estado de Derecho. En relación al estancamiento y considerando los efectos del llamado «niño costero», pronosticamos para este año una tasa de crecimiento del PBI de 2 a 2.5%  si la inversión pública aumenta en 10% en términos reales. Si la inversión pública aumenta en solo 5% como está previsto en el Marco Macroeconómico Multianual, el crecimiento podría ser incluso mucho menor sobre todo porque no es seguro que la inversión privada aumente en 5% como espera el MEF.

 La pobreza descubierta por las inundaciones

Los daños del «niño costero» han revelado que veinticinco años de neoliberalismo no han servido para resolver los problemas estructurales de pobreza y miseria que afecta a la gran mayoría de la población en casi todas las regiones del país. Ciudades sin infraestructura adecuada, asentamientos humanos  y zonas periféricas a las grandes ciudades tugurizadas y con precarios servicios públicos. Las inundaciones mostraron la pobreza en que viven gran parte de nuestros compatriotas, que sin duda, son en su mayoría de baja calificación y de bajos ingresos.  Diez años de alto crecimiento no sirvieron para mejorar las condiciones de vida en la mayoría de nuestras regiones, aunque ya nos jactábamos de ser los futuros miembros de la OCDE. 

No se modernizó la agricultura ni se industrializó el país. El 63.7% del empleo total se encuentra en los sectores de servicios, comercio y construcción. Este porcentaje sube a 89.2% si le agregamos la agricultura que sigue siendo fundamentalmente tradicional. La gran mayoría de los trabajadores de los cuatro sectores está mal remunerada y es de baja productividad. Estos cuatro sectores son los que generan 74.2% del PBI, según los datos del INEI para 2015.  No olvidemos, además, que cerca del 74% del  total de trabajadores es informal. 

La ausencia del motor externo y los desastres naturales, han puesto al descubierto nuestra miseria y pobreza. Se redujo relativamente la capacidad productiva per cápita y nuestra economía se hizo menos industrial y menos agrícola. Siguiendo la lógica del credo neoliberal se subordinó la sociedad y la política a la economía o a los intereses económicos. Con ello la educación, los servicios médicos, el mantenimiento de la infraestructura social, la seguridad social y la propia seguridad pública, fueron sometidos a la lógica del mercado.  No es difícil entender, entonces, que la práctica de un neoliberalismo de Estado en nuestro país,  condujo a la erosión de la democracia y de sus instituciones. 

Sin duda, los daños del «niño costero» que se ha ocurrido precisamente en plena coyuntura crítica, harán que en la sociedad peruana surja un movimiento de autoprotección que reivindique al mercado como institución social y, de este modo, sitúe al país en el camino de la justicia social, de la virtud cívica y del fortalecimiento de la democracia. 

El costo de la reconstrucción

Los daños del «niño costero» deben servir para reflexionar sobre la necesidad de un cambio en la manera  cómo se hace la política macroeconómica. Hay que priorizar los objetivos sociales. El Banco Central de Reserva no puede seguir inactivo frente a la  desaceleración económica y a la necesidad de reconstruir los activos perdidos por los desastres naturales. Por su parte el MEF no puede seguir con su política de meta rígida del déficit fiscal. El ajuste que hizo en el último trimestre del año 2016, afectó a la inversión pública y, por supuesto, al crecimiento económico. 

Pero, para calificar el sentido del cambio en las políticas macroeconómicas, tenemos primero que cuantificar el monto en soles de los daños que, a nivel nacional, han ocasionado los recientes desastres naturales. En una evaluación rápida con la información proporcionada por Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y los costos unitarios respectivos para los diversos rubros considerados, hemos encontrado que, a nivel nacional, el costo de la reconstrucción de las viviendas, carretas, canales de riego, puentes y colegios asciende a 46,761 millones de soles, monto equivalente al 7.1 % del PBI de 2016. Solo la reconstrucción de 3,599 kilómetros de carreteras y de 523 puentes (cifras a nivel nacional) costaría 41,530 millones de soles, que equivale al 6.3% del PBI. Los costos por unidad respectivos son: 5 millones de soles por km de carreta y 45 millones de soles por puente. El 0.8% del PBI restante corresponde a canales de riego destruidos, a colegios afectados e inutilizables, y viviendas colapsadas e inhabitables  

Hay que señalar que estos costos son aproximados y que, sin duda, los especialistas podrán corregirlos. Pero, estoy seguro que las cifras en soles aumentarán, en lugar de disminuir, porque como bien se ha dicho, la reconstrucción no debe ser la restauración de lo viejo. La infraestructura reconstruida debe tener larga vida, y los colegios y viviendas deben reconstruirse en zonas sin riesgos, con los respectivos  estudios de suelos y con los servicios públicos necesarios. Además, hay que sumar tanto el costo de la construcción de muros de contención o de defensa ribereña para impedir el desborde de los ríos en el futuro, como el costo de reubicación de los miles de damnificados.

A modo de conclusión

En nuestro siguiente artículo trataremos sobre la adecuación de las políticas monetaria, fiscal y cambiaria, a los objetivos de reconstrucción y relanzamiento del crecimiento económico.



Publicado en el Diario UNO, el domingo 2 de abril.
 

Coyuntura Económica y Opciones de Política (I)

La economía peruana tiende a estancarse en un escenario de muy bajo crecimiento y de reducción del PBI per cápita en dólares. No será posible superar y sostener una tasa de crecimiento por encima de 4% (El FMI pronostica una tasa de 4.1%). El segundo semestre se reducirá sustancialmente la contribución al crecimiento de minería y no hay razones para esperar una reactivación sustancial de la inversión privada. Los recientes desastres naturales (del llamado niño costero), también reducirán la tasa de crecimiento. En consecuencia, el crecimiento para este año podría situarse entre 2 y 2.5%, si la inversión pública aumenta en 10% en términos reales. Solo si esta última crece entre 20 y 30% en términos reales, como lo hizo en el año 2009, la tasa de crecimiento del PBI se situaría en un promedio anual de 3 a 3.5 %. Las razones son las siguientes:

El contexto externo es desfavorable e incierto
 
Las economías avanzadas enfrentan un escenario de bajo crecimiento (alrededor de 2% en los años 2017 y 2018). Con un estímulo fiscal en USA, las tasas pueden subir a 2.3% en 2017 y a 2.5% en 2018. Pero, hay que considerar que la FED acaba de elevar este miércoles su tasa de interés al rango de 0.25% s 0.50%, y ha anunciado una política de endurecimiento monetario gradual que elevará el costo del crédito. (Nótese que su PBI subió solo en 1.6% el 2016).

Las economías desarrolladas, como señalan varios economistas importantes, han entrado a un período de  estancamiento secular (bajas tasas de crecimiento con reducciones del ingreso per cápita). No hay, por lo tanto, razones para esperar una recuperación sostenida de los términos de intercambio y de esta manera relanzar el crecimiento primario exportador en nuestro país.

Por su parte, las economías de mercado emergentes y en desarrollo crecerán por encima de 4.0% este año. China crecerá a una tasa cercana al 6%. Hay consenso en que la recuperación de la post-crisis financiera de 2007-2008 es muy débil en comparación con la de ciclos recesivos registrados desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Este contexto externo es, además, totalmente incierto porque las ligeras recuperaciones del período reciente no son indicación de una tendencia de crecimiento sostenido. Podríamos estar cerca de una nueva recesión. Si hay un fuerte estímulo fiscal en USA como lo anunció Donald Trump (con gasto público y privado en infraestructura y  recortes de impuestos para los más ricos), entonces aumentará la tasa de crecimiento del producto. Sin embargo, en un contexto en el que aumenta la tasa de inflación, la Reserva Federal endurecería su política monetaria aumentando más la tasa de interés,  con lo cual se afectaría notablemente a los sectores dependientes del crédito, y también a las exportaciones debido a la consecuente apreciación del dólar. Todo esto eventualmente podría conducir a una nueva recesión —como dice J. K. Galbraith en «Can Trump overcome secular stagnation?»—, echando a perder los beneficios del estímulo fiscal para la expansión de la manufactura. Las medidas proteccionistas, también anunciadas por Trump, podrían revertir este efecto, pero —como dice Galbraith—, esas medidas generarían inflación, escasez de productos, desempleo y una caída importante en el consumo.

El contexto interno en «Coyuntura Crítica»

A nivel interno el país atraviesa una Coyuntura Crítica por la confluencia de la tendencia al estancamiento económico y el proceso de degradación de las instituciones del Estado de Derecho. La salida de esta coyuntura puede implicar una regresión política o un cambio hacia un nueva expresión política favorable al desarrollo. (Para una revisión del concepto de «coyuntura crítica», véase David y Ruth Collier, Shaping the Political Arena: Critical Junctures, the Labor Movement, and the Regime Dynamics in Latin America, 1991).

La tendencia al estancamiento ocurre en una economía cuya estructura productiva no tiene motores internos listos para relanzar el crecimiento. Nuestra economía se ha desindustrializado en lugar de diversificarse. La manufactura redujo su participación en la generación de empleo y del PBI y, por lo tanto, su contribución al crecimiento económico de largo plazo. Cayó notablemente la participación de la producción para el mercado interno en la demanda interna y, se redujo relativamente la capacidad productiva per cápita que explica la existencia de un alto porcentaje (73.7% del empleo total) de trabajadores informales. Por eso decimos que la otra cara del proceso de desindustrialización es la terciarización prematura de la economía. El 84.7% de la PEA ocupada de la última década se encuentra en los sectores Agrícola (30.7%) y de Servicios (54.0%), y en estos dos sectores se encuentra el grueso de las empresas de «1 a 10 trabajadores»  de baja productividad y bajos ingresos.

A esta situación económica se suma una crisis política e institucional de envergadura, con la corrupción convertida en una forma de gobierno. La crisis atraviesa a toda la estructura institucional del Estado y a las instituciones políticas. No hay confianza en los partidos ni en los «políticos». Cada vez se evidencia más la necesidad de una reforma constitucional, con un rediseño de las relaciones entre los poderes del Estado y de las relaciones de este con la sociedad y la institución del mercado. De las misma manera, se hace imprescindible una reforma electoral y política, que siente las bases para florezcan instituciones políticas de nuevo tipo.

A modo de conclusión

La Coyuntura Crítica es la expresión local de la crisis de la Globalización Neoliberal que ha acrecentado la desigualdad económica y social en todo el mundo, ha inyectado mucho dinero en la política y ha degradado a las instituciones de la democracia constitucional liberal.

 

Publicado en mi Columna Economía y Democracia en el Diario UNO, el domingo 26 de marzo.

Sunday, March 19, 2017

Corrupción y Neoliberalismo en Perú (Final)


La práctica de atribuirle a otro un argumento que no le pertenece, para luego supuestamente criticarlo, es también un comportamiento inmoral. Uno de estos críticos dice que yo sostengo que «el modelo económico neoliberal es el único causante de la corrupción en el Perú». Aunque una frase de este tipo no existe en ninguno de mis dos artículos anteriores, el crítico de marras afirma que el concepto de corrupción que desarrollo en ellos, es economicista.  Luego sentencia muy orondo que el uso de fondos del tesoro o la práctica de patrimonialismo es una costumbre de los que detentan el poder desde la época virreinal.

La concepción de corrupción que desarrollo en mis artículos no alude exclusivamente al acto ilícito penal de  usufructo privado y, por lo tanto, inmoral de la cosa pública. Estos actos han existido siempre y no tienen necesariamente colores ideológicos. Lo que sostenemos es que la corrupción que caracteriza a la sociedad peruana actual, es un proceso sociológico colectivo de degradación. Hay una alteración generalizada de la conducta social y política que desnaturaliza las instituciones de la sociedad. Parafraseando a Eloy García, podemos decir que la sociedad se ha corrompido porque lo que los hombres hacen en su vida social, difiere de lo que tienen por norma, aunque la reconozcan formalmente.

El significado de la Globalización Neoliberal

El neoliberalismo es un planteamiento ideo-político que  se impone en el mundo a fines de los años 1970, mediante cambios constitucionales y las políticas públicas. El nuevo andamiaje institucional subordina a la sociedad y a la política a la dinámica de lo que se concibe como mercado autorregulado.  Se impone un modelo político y económico que cambia los equilibrios de poder debilitando notablemente la sindicalización de los trabajadores, y que genera exclusión social, exacerba los problemas de distribución, mina los acuerdos sociales básicos dentro de cada país,  y acrecienta la desigualdad en la distribución de los ingresos. Así, a nivel mundial se impone la práctica extractivista de ganancia fácil, que abre paso a una degradación moral generalizada.     

De otro lado, con la globalización neoliberal los Estados Nacionales pierden soberanía, dejan de actuar en defensa del interés de su colectividad, facilitado la expansión de las empresas multinacionales que son responsables únicamente ante sus administradores y accionistas. Pierden soberanía. Y, como dice Dani Rodrik «las multinacionales que solicitan tribunales de arbitraje especiales no tienen (…) consideración por el interés público». Con Estados subordinados, la corrupción se convierte en una forma de gobierno. Sin duda, la intensidad de esta degradación estará en relación directa con la historia pasada de los gobiernos y de su relación con la respectiva comunidad política.

Sin estado soberano y con una conducta individualista que antepone el interés privado sobre el público, se abandona los deberes cívicos y la importancia de estar «socialmente vinculado». Se llega así a un estado social colectivo de irrespeto deliberado y generalizado de las normas e instituciones que definen el Estado de Derecho.

Como dice J. M. Ros, el repliegue de los individuos en su esfera privada «fomenta su obsesión por el bienestar material y les hace indiferentes hacia los asuntos públicos, lejos de aumentar (…) su independencia y realización personal, los sitúa en realidad, de manera subrepticia y paternalista, a merced de las nuevas formas de despotismo (el providencialismo estatal, la metafísica economicista del mercado etc.) (Véase su artículo «Consideraciones sobre la crítica republicada al liberalismo»).

Como salir de la crisis

No se sale de esta situación de degradación solo cambiando el modelo económico o el capítulo económico de la constitución. Como señalamos en nuestro libro «Otra Ruta de Desarrollo para el Perú: crítica del neoliberalismo y propuesta de transformación republicana», los ejes de las reformas político-constitucionales  deberían ser:

1) Como la legitimidad democrática se expresa y compendia en la Constitución,  es importante crear condiciones institucionales y legales mediante un cambio de la Constitución, para que la legitimidad del poder político provenga del pueblo. Ello implica, entre otras cosas, incorporar mecanismos explícitos de comunicación y control ciudadano sobre los elegidos por el voto popular.
2) Reivindicar el principio de la participación política, desarrollado ciudadanos como sujetos activos de derechos y deberes. No puede haber ciudadanos súbditos, ni gobernantes soberanos ni representantes elegidos que practican la impostura.  El ciudadano, como propietario de su soberanía, debe tener canales para asegurar su participación activa en la discusión y toma de decisiones que atañen a la colectividad, a su vida en sociedad;
3) Transformar el modelo neoliberal. Se tiene que crear un contexto económico y social que haga posible la justicia, libertad, la preservación ecológica, y que funde la legitimidad de la democracia en la licencia social para explotar los recursos naturales.

A modo de conclusión

En el libro también proponemos medidas específicas de reforma política para: a) Fortalecer a los partidos sin quitarle poder a los ciudadanos; b) Desprofesionalizar la política, y fortalecer la ciudadanía y la política; c) Fortalecer la independencia de los poderes del Estado e introducir el control constitucional de los elegidos, y, d) Institucionalizar la vigilancia permanente de la ciudadanía a sus representantes.





Publicado en el diario UNO, el domingo 19 de marzo. 

Saturday, March 18, 2017

Corrupción y Neoliberalismo en Perú (II)


En nuestro artículo anterior sostuvimos la tesis de que la corrupción que sufre el país, es un proceso caracterizado por una conducta social y una práctica política que operan en el sentido del deterioro de la sociedad. Las instituciones que definen a una sociedad como comunidad política, se degradan. También dijimos que hay dos períodos en la historia moderna con este tipo de fenómeno sociológico: el Gilded Age de los años 1800 a los años 1920, y el actual de Globalización Neoliberal que empezó a fines de los años 1970. En ambos se denostó contra el papel regulador del Estado y se promovió el mercado auto-regulado. En esos períodos se transformaron a las instituciones en extractivistas, se subordinó el interés público al interés privado, se promovió la «carrera hacia el fondo», afectando a los trabajadores y aumentando la desigualdad en la distribución del ingreso.

La crítica a nuestro concepto de corrupción

Hay, como era de esperarse, destacados analistas para quienes este estado de degradación de la sociedad y de la democracia no es propio de la globalización neoliberal.  Por más que el mercado esté regulado como lo estaba en la URSS y como también lo está ahora en China —dice por ejemplo Oswaldo de Rivero—, hay gran corrupción y esta no es un resultado del modelo neoliberal. Ilustra su afirmación señalando que en el Perú se «echó mano al tesoro público» desde el virreinato y en toda la República.

Primero, ni la fenecida URSS ni la China actual pueden ser ejemplo de regulación de los mercados. Estatización o control estatal de las inversiones, no es regulación. Segundo, la definición de corrupción que utiliza, es general. Una descripción excelente de la práctica constante de aprovechamiento de los recursos y patrimonio del Estado, desde el poder político y en muchos casos con participación de intereses privados, es la que hace Alfonso Quiroz en su libro «Historia de la corrupción en el Perú»; sin embargo, tampoco trabaja el concepto que nosotros utilizamos.

No nos referimos a la corrupción en general, como acto ilícito y reñido con la moral. Para nosotros la corrupción que impera en nuestro país ahora --y que ciertamente lo incluye--, alude a un proceso sociológico colectivo de degradación. Hay un trastocamiento de la conducta social y política que afecta al conjunto de la sociedad, degradándola. Y, un proceso sociológico de este tipo no puede ser a-histórico. Tiene su propia especificidad. Las instituciones extractivistas han existido desde la colonia, como por ejemplo el obraje; pero el extractivismo que hoy practican las AFP, los Seguros, las empresas extranjeras que usufructúan de concesiones en detrimento de la población y del medio ambiente, o lo que hacen las combis con el transporte en la ciudad, responden a la lógica del fundamentalismo de mercado que sobrepone el interés privado sobre el público. Este proceso de degradación colectivo no ocurre en una sociedad colonial, sino en otra donde impera el fundamentalismo de mercado.

Privatización del Estado y degradación de la democracia

El fundamentalismo de mercado y la ideología contra el papel regulador del Estado, se impuso en los últimos 35 años en el mundo desde el poder político, mediante cambios legales y constitucionales. Es global porque trata de convertir al conjunto de las naciones en un mercado gigante, mediante la apertura  comercial y los tratados de libre comercio que operan en contra de la soberanía de los Estados Nacionales. Con la globalización neoliberal, se reproduce, a escala mundial, comportamientos y prácticas rentistas (o de ganancia fácil)  en la economía, en la política y en la conducta social.  Se acrecienta la desigualdad en la distribución del ingreso y las injusticias sociales, se deteriora el medio ambiente y se violan los derechos de los pueblos originarios, al mismo tiempo que se degradan las instituciones de la democracia constitucional liberal.

Con el neoliberalismo, entonces, se impone el interés privado sobre el público, y la política se convierte en un ejercicio de marketing de las oligarquías políticas que compiten por llegar al poder del Estado comprando directa o indirectamente el voto. Los medios de comunicación también operan con la lógica del mercado, y no del interés público. Por lo tanto, el neoliberalismo es enemigo de la democracia.  Las oligarquías políticas «roban pero hacen obras», y los votantes no son libres ni siquiera en el acto de votar porque han sido compradas sus conciencias.

En esta lógica privatista, las ganancias son siempre privadas, no importa como se obtengan, pero los riesgos (como en el caso de las famosas APP) se socializan. El Estado sale a rescatar a los bancos en crisis, por ejemplo, pero le quita derechos a los trabajadores y les impone la flexibilidad laboral. El Estado se ha privatizado o se ha impuesto un neoliberalismo de Estado, como dice Todorov. El Estado se pone al servicio de los intereses privados. Cuando la actividad económica privada se convierte en global, «ya no está sometida al control político de los Estados. Todo lo contrario, dice Todorov. Son los Estados los que se han puesto al servicio de la economía. Los Estados son, en efecto, tributarios de las agencias privadas de calificación, que orientan sus decisiones y a la vez quedan al margen de todo control político. Lo único que les queda de democracia es el nombre, porque ya no es el pueblo el que detenta el poder» (T. Todorov, Los enemigos íntimos de la democracia).

A modo de conclusión

La corrupción como degradación social, no puede ser entonces un fenómeno cultural, o una ceguera que impide distinguir entre patrimonio privado y el público.






Publicado en el diario UNO, el domingo 12 de marzo.