Saturday, July 26, 2014

Instituciones y democracia: notas para un debate

Desde hace ya un buen tiempo en nuestro país se habla de crisis en el sistema de partidos políticos. Se dice que el sistema existente es fragmentado y débil; que los pocos partidos que existen son dirigidos por «caudillos» sin programas o idearios que movilicen a los electores.  La institucionalidad del país, dicen otros, es débil; pero al igual que los primeros, no nos dicen cómo lograr organizaciones fuertes o cuáles serían los elementos fundamentales de un necesario cambio institucional.
En lo que sigue intentaremos brindarle al lector un conjunto de reflexiones --todas discutibles, por cierto--, con el único propósito de iniciar un debate que nos permita construir consensos sobre las soluciones a los problemas que enfrentan las instituciones y la democracia en nuestro país.
Hay una crisis de la democracia constitucional
La corrupción generalizada en todos los ámbitos de la institucionalidad del Estado, está degradando cada vez más el sistema de representación política y el propósito de la división de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial). Bajo la democracia constitucional opera una «clase política» (para usar una frase que gusta a muchos) que actúa violentando la idea democrática y provocando el hundimiento de la llamada «representación política».
Los elegidos por el pueblo tienen una «amplia independencia y discrecionalidad», que les permite practicar la impostura. Son «agentes» con un amplio ámbito de decisión propia y que no respetan al «principal» (sus electores). Sin mecanismos eficaces de control, estos «representantes o agentes» operan en un marco institucional donde prevalece la impunidad. De otro lado, la democracia constitucional ha conspirado ella misma, por así decirlo, contra la «virtud cívica», contra la participación ciudadana, contra el interés de los ciudadanos por su comunidad. En suma, «El Estado como forma de institucionalización de la política democrática –dice E. García-- sufre hoy enormes embates que amenazan su estabilidad interna y externa».
Hay una crisis de paradigmas ideológicos
Desde la caída del muro de Berlín, las ideologías que le dieron identidad y programa a los partidos políticos de importante protagonismo en el siglo XX, desaparecieron o, por decir lo menos, perdieron vigencia. Entonces, los partidos vacíos de contenido se convirtieron  en grupos de interés, más privado que público, dirigidos por «políticos profesionales» que  empezaron a operar con una lógica ajena a la democracia y al bien público.  A esto se sumó la lógica neoliberal en el ejercicio de la función pública y de las libertades individuales, que terminó convirtiendo a los partidos –no a todos, por cierto--, en instrumentos de tráfico mercantil.  
Con la crisis de paradigmas, sin embargo, no terminó la práctica de la concepción «weberiana» de la política. Según Weber, el fundamento de la política es el poder; y, «el poder se define  como la capacidad de imponer a un tercero la propia voluntad, bien recurriendo a la fuerza bien a través de otros medios. El poder es, en esencia, dominación». Como señalé en otro artículo periodístico, políticos tradicionales de derecha y de izquierda comparten esta idea; los une el discurso weberiano.
Cuando la política se inserta en  la lógica del poder, en la lucha por el poder, pierde su sentido de quehacer colectivo, pierde su esencia de lazo de conexión social o instrumento de justicia social. Política y  justicia están unidas por el mismo vínculo, por eso no puede haber divorcio entre la ética y la política. La ruptura de este vínculo abre el camino a la corrupción, a la aparición de «buenos políticos», en el sentido de que se hacen del poder fácilmente, pero de conducta inescrupulosa y corrupta. 
El neoliberalismo es contrario al «bien público»
El neoliberalismo hace énfasis en el interés privado individual. Fomenta la minimización del Estado, pero acepta su intervención para socializar las pérdidas de los grupos de poder (recuérdese los rescates bancarios de fines de los noventa), o para reducir sus costos de producción y estimular sus inversiones. En este sentido hay un neoliberalismo de  Estado que le hace perder a la política su carácter de instrumento de justicia social, su orientación hacia la satisfacción del interés público. La experiencia de las últimas décadas nos muestra un espacio público crecientemente copado por el interés privado, entre los que destacan los grupos de poder económico. 
Además, con el neoliberalismo se ha hecho más evidente la sustitución de los ciudadanos por los electores y la conversión de la democracia en solo un procedimiento mediante el cual los electores eligen periódicamente a sus representantes. La concepción atomista del individuo «conduce a una desafección política creciente respecto del interés colectivo». Por eso, al neoliberalismo no le importa la pertenencia de los ciudadanos a una comunidad ni que se posibilite su participación en el control de sus representantes. La discrecionalidad e independencia de estos aumenta con el neoliberalismo.
A modo de Conclusión
Para que su carácter de lazo de conexión social retorne a la política, tenemos que abandonar la idea de que la política es lucha por el  poder y la dominación. Si la política –como sostienen los republicanos-- es  concebida como instrumento de transformación de una realidad construida en la  convivencia colectiva, no puede ser sino instrumento de justicia social, y esta  es la base de su relación con la ética.
 
 
 
Publicado en el Diario UNO, el sábado 26 de julio

Saturday, July 19, 2014

Camino a la recesión y la responsabilidad de los neoliberales

Según el INEI, en el mes mayo el PBI creció a la tasa de 1.8%. Si no se tomara en cuenta el crecimiento de la producción de las actividades Financiero y Seguros (12.59%), Servicios prestados a Empresas (6.07%) y Alojamiento y Restaurantes (5.26%), la tasa de crecimiento habría sido de sólo 0.9%. La tendencia a la caída en la tasa de crecimiento es sostenida; así lo revela la evolución del índice del PBI desestacionalizado (véase gráfico). Desde diciembre del año pasado --con excepción del mes de febrero de este año--, la tasa de variación del PBI desestacionalizado ha sido negativa. Si la tendencia decreciente del PBI desestacionalizado continua en los meses de junio y julio, la desaceleración económica se habrá convertido técnicamente en una recesión. Los que piensan que esta tendencia a la recesión se revertirá con el desmantelamiento de los estándares laborales y ambientales, y eliminando trabas burocráticas que frenan las inversiones, tratan ilusamente de curarse en salud.  
 
Los límites del estilo de crecimiento
El actual enfriamiento económico no es un fenómeno de corto plazo y que requiere, por lo tanto, solo de políticas de demanda anti-cíclicas. Los que piensan así, en el fondo confían en el «rebote» de la producción primaria. Son claramente partidarios del actual estilo de crecimiento y confían en su sostenibilidad. Pero esta confianza choca con el fin del crecimiento de los precios de los minerales y con el estancamiento de la economía internacional que continuará en los próximos años. En el mismo lado se encuentran los que promueven una mayor flexibilización del mercado laboral, como los que creen que mejorando el humor y expectativas de los empresarios se estimulará la inversión privada.
Ninguno de estos analistas cae en la cuenta que los límites del estilo de crecimiento se encuentran en el propio patrón de acumulación de capital y en la estructura productiva terciarizada de baja productividad que fue configurada en las casi dos décadas de neoliberalismo.  El crecimiento fue liderado por las exportaciones primarias (minerales) y por los sectores no transables de comercio, servicios y construcción, que generan el 70.5% del PBI y emplean a cerca del 70% de la PEA ocupada. Estos sectores no-transables y el sector agropecuario que es predominantemente tradicional, generan el 79% del PBI y dan empleo al 88.7% de la PEA ocupada que en su gran mayoría es de baja calificación y productividad.
La estructura de precios relativos que configuraron las políticas neoliberales, redujeron relativamente la inversión en maquinaria y equipo para la industria y la agricultura, favoreciendo a la inversión en construcción y en la explotación de productos primarios. El resultado ha sido un lento crecimiento de la capacidad productiva per cápita, junto a una penetración masiva de importaciones que ha desplazado a la producción local. Durante el período 2000-2013, el PBI potencial creció a la tasa de 5.6%, mientras que el producto potencial manufacturero y agropecuario lo hizo sólo a la tasa de 4.8% promedio anual. En consecuencia, aumentos sostenidos del PBI per cápita provocarían aumentos significativos de importaciones y crecientes déficits comerciales.
En otras palabras, sin impulsos externos que estimulen las exportaciones primarias, crecer solo con impulsos de demanda interna generaría, más temprano que tarde, fuertes presiones inflacionarias y/o déficits importantes en la balanza comercial y en la balanza en cuenta corriente. Nótese que durante el primer trimestre de este año se registró una tasa de crecimiento del PBI de 4.8%, junto a un déficit en la cuenta corriente de 6.0% del PBI.   De otro lado, la tasa anual de inflación, correspondiente a los últimos 12 meses (junio 2013 a junio 2014), fue de 3.45%, muy por encima del límite superior de la meta de inflación establecida por el Banco Central.
La responsabilidad de los neoliberales
Es posible que los neoliberales como Castilla ahora estén implorando para que China vuelva a crecer como antes. Recuerden que este ministro dijo, en octubre de 2011: «De verdad le prendo una velita todos los días y rezo para que la China no se nos caiga». No hizo nada para impedir el actual enfriamiento; siguió en piloto automático y gastando «velitas». Todos los economistas neoliberales se negaron a ver las vulnerabilidades y límites del estilo de crecimiento que apuntalaron. Hacerlo habría significado poner en duda a su credo neoliberal y quizá optar por su transformación. 
La década de alto crecimiento fue desaprovechada porque no se construyeron las bases institucionales que determinan los incentivos y apoyos a la inversión privada nacional y extranjera, orientada al desarrollo de la  agricultura, de la agroindustria y de la manufactura. Se requería un nuevo marco legal para poner en igualdad de condiciones a la inversión nacional y extranjera, y promover su orientación hacia actividades de transformación y creación de valor. También se requería un nuevo esquema de financiamiento basado en el mercado de capitales para apoyar las inversiones de las medianas y pequeñas empresas. No se hizo la revolución educativa para elevar los niveles de educación y salud de la población. No se emprendió una auténtica reforma tributaria para evitar la descapitalización del país (salen más capitales que los que entran por inversión extranjera) y aumentar significativamente los presupuestos de educación y salud. No hicieron planes de inversión en infraestructura para ayudar a crear mercados internos con base a un nuevo esquema de regionalización.
A modo de conclusión
Hay más cosas que no se hicieron, pero no se puede dejar de mencionar que los neoliberales justificaron la caída sistemática del tipo de cambio real, con lo cual afectaron la producción de transables y acentuaron el lento crecimiento de la capacidad productiva per cápita.  
 
Publicado en el Diario UNO, el sábado 19 de julio.
 

Monday, July 14, 2014

Ollanta Humala: la continuidad de la «modernización» neocolonial

El paquete «reactivador», aprobado por el Congreso el jueves 3 de julio, contiene medidas que debilitan la institucionalidad y los mecanismos de fiscalización ambiental y erosionan los efectos disuasivos de las sanciones a infracciones ambientales. Se establece un plazo de 45 días para la emisión de opiniones vinculantes y no vinculantes necesarias para aprobar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA); se reduce las multas ambientales a 50% durante tres años; se debilita el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA); pierde importancia el Sistema Nacional de Certificación Ambiental (SENACE); y, se menoscaban las funciones del Ministerio del Ambiente al pasar al Consejo de Ministros la decisión sobre la creación de áreas reservadas y la fijación de los estándares de calidad ambiental. No hay que olvidar, además, que este gobierno no implementa la ley de consulta previa que aprobó el año 2011.
 
La continuidad de la «modernización» neocolonial
El Decreto Supremo N° 060-2013-PCM ya reducía los plazos de los procedimientos para ejecutar proyectos de inversión con «mayor celeridad y menores costos». Esta vez se va más allá: se debilita la institucionalidad de la protección ambiental y la propia capacidad sancionadora del gobierno frente a corporaciones privadas que infringen los estándares ambientales. El objetivo es el mismo: impulsar las inversiones. Los directos beneficiarios de estas medidas son los grandes inversionistas transnacionales que operan en los sectores minería y de hidrocarburos. La concepción de modernización y crecimiento económico del gobierno de Humala se basa en este tipo de inversiones.
Siguiendo a Alan García  --propulsor de esta «modernización» neocolonial--, el gobierno de Humala reduce los estándares laborales y ambientales, y debilita las instituciones encargadas de su regulación, para aumentar la inversión en la extracción de recursos naturales y, de este modo, enfrentar la actual desaceleración en la tasa de crecimiento del PBI. No le importa el costo socio-ambiental de sus medidas; le importa más satisfacer a los grupos de poder económico que usufructúan de la renta que les proporciona la explotación de nuestros recursos naturales. Su apuesta por el crecimiento económico impulsado por las grandes inversiones mineras y de hidrocarburos, facilitadas además por concesiones con poca o ninguna fiscalización, es la expresión de su ideología neocolonial que subordina los intereses nacionales y los derechos de las poblaciones nativas, a los intereses del capital transnacional.
No se busca desarrollar la minería con altos estándares ambientales y laborales, con industrialización de los recursos minerales, con transferencia de tecnología, y con impuestos que compensen el agotamiento de los recursos para no perjudicar a las generaciones futuras de país. Esta sería una ruta democrática y soberana. Por el contrario, el gobierno de Humala ha optado por una acumulación de capital de tipo neocolonial que orienta la inversión privada hacia áreas de complementación económica transnacional, sin progreso tecnológico y con un modelo exportador basado en el «cholo barato», en el desmantelamiento de los estándares laborales y ambientales, y en contratos de estabilidad tributaria que le restan soberanía al Estado.
Extractivismo político y económico
El consonancia con su ideología neocolonial, el gobierno de Humala fomenta la expansión de instituciones económicas extractivistas (que extraen ingresos y riqueza de una parte de la sociedad en beneficio de las élites económicas). Estas instituciones practican la fácil obtención de rentas, pero no lo redistribuyen. Son instituciones que no fomentan la innovación y la adopción de nuevas tecnologías, la creación de actividades productivas manufactureras, la expansión de fábricas industriales, ni menos la mejora de las condiciones de vida y el aumento de los salarios de los trabajadores. Los productores de materias primas son cada vez más ricos, pero esta «riqueza caída el cielo ha hecho muy poco para crear un economía moderna diversificada». Por lo tanto, el tipo de crecimiento y modernización que impulsa este gobierno no puede ser inclusivo. «Las instituciones económicas inclusivas –dicen Acemoglu y Robinson-- fomentan la actividad económica, el aumento de la productividad y la prosperidad económica».
Tampoco se desarrollan instituciones políticas inclusivas. No hay mecanismos que faciliten el control de los políticos y que le permitan a los ciudadanos influir en su comportamiento. No se innova la manera de hacer política, no se distribuye el poder, no hay límites reales al ejercicio de este poder, ni se fortalece la democracia. Por eso el gobierno de Humala no puede ser concebido como el agente de los ciudadanos que lo eligieron para defender sus derechos individuales y colectivos. «Las instituciones políticas extractivistas –dicen Acemoglu y Robinson-- permiten que la élites económicas controlen el poder político para elegir instituciones económicas con menos limitaciones o fuerzas que se opongan». El ejemplo de este tipo de control, es precisamente el paquete «reactivador».
A modo de conclusión
«Con instituciones políticas extractivistas –dicen Acemoglu y Robinson-- quienes ejercen el poder son capaces de establecer instituciones económicas para enriquecerse y aumentar su poder a costa de la sociedad».
 
 
Publicado en el Diario Uno, el sábado 12 de julio.