Friday, December 19, 2014

La ignorancia y la política extractivista del «cholo barato»

El gobierno de Humala acaba de crear un nuevo régimen laboral para jóvenes entre 18 y 24 años (Ley N° 30288 del 16-12-14), quitándoles, entre otros, los siguientes derechos y beneficios sociales: compensación por tiempo de servicios, vacaciones de 30 días, gratificaciones, asignación familiar, participación en las utilidades de la empresa, seguro de vida y seguro por trabajo en riesgo.
 
La ley es anticonstitucional
 
Esta ley que atropella los derechos de los jóvenes es una norma anticonstitucional. El artículo 26 de la Constitución señala que la «igualdad de oportunidades sin discriminación» es uno de los principios que debe respetarse en las relaciones laborales. 
 
Los jóvenes de 18 a 24 años que entren a trabajar no tendrán los beneficios de los trabajadores que se encuentran dentro del régimen general ni dentro del régimen de pequeña empresa o de la modalidad formativa juvenil. Un ejemplo flagrante de discriminación es la mutilación de su derecho a participar en las utilidades de la empresa, derecho reconocido por el artículo 29 de la Constitución y en otras normas regulatorias y que establecen el porcentaje de las utilidades que debe repartir la empresa según el tipo de actividades que desarrolla.
 
La ley no combate la informalidad
 
El 57.3% de los jóvenes entre 18 y 24 años trabaja sin contrato laboral. Esta ley no impide la sustitución de trabajadores que culminan sus contratos, implícitos o explícitos, por jóvenes contratados bajo el nuevo régimen laboral especial. Ella sólo prohíbe la sustitución mediante cese de los trabajadores sin causa justa. Es una ley de seudo-formalización. Los trabajadores informales son los que no tienen derechos ni beneficios sociales, ahora con esta ley los trabajadores jóvenes entre 18 y 24 años, careciendo de esos derechos y beneficios, serán incorporados a la planilla electrónica, con lo cual se habrán convertido en trabajadores formales. La ley solo cambia «mocos por babas».
 
Los beneficios y derechos sociales de los trabajadores, son tratados como costos no-salariales que incrementan el costo del trabajo y que –según los voceros del gobierno--, fomentan la informalidad. Pero, ¿puede ser verdad que estos costos sean responsables de la existencia de 11.5 millones de trabajadores informales? No. La informalidad se debe al bajo crecimiento de la capacidad productiva per cápita, resultado de un estilo de crecimiento y acumulación de capital que no expande la capacidad productiva industrial, agroindustrial y agrícola. Entre 1990 y 2013 el stock de capital per cápita aumentó 26.9%, mientras que el empleo total lo hizo en 96%. Gran parte de este aumento del empleo, es informal.  
 
La ley ratifica la política  del «cholo barato»
 
Se reduce los costos laborales eliminando derechos y beneficios sociales de los trabajadores, supuestamente para estimular las inversiones y aumentar la competitividad. Sin embargo, no es cierto que los costos salariales no laborales sean los más altos en la región. Por ejemplo, se dice que en Chile estos costos representan el 31.3% de salario mensual promedio y que en Perú representan el 59%. Pero no se dice que el salario en Perú es solo el 56.4% del salario en Chile.
 
De otro lado, no hay experiencia histórica que muestre que la reducción del costo del trabajo estimule el aumento de las inversiones y el crecimiento económico, y menos en un contexto de enfriamiento económico como el actual. Cuando no existe certidumbre de una expansión de la demanda y de las ventas, no hay empresarios que arriesguen su capital. No se puede afirmar, entonces, que con esa ley aumentará el empleo y, por lo tanto, la producción.
 
La ley es una nueva institución extractivista
 
La política del «cholo barato» es extractivista porque facilita la obtención de rentas por parte de las empresas privadas y no fomenta la innovación. Recuérdese que el programa neoliberal incluye la flexibilización del mercado de trabajo mediante la eliminación de la  estabilidad laboral y de la protección social a los trabajadores. Humala es ahora un discípulo destacado del autor del «perro del hortelano». Es el gran impulsor de instituciones políticas y económicas extractivistas.
 
Cuando era candidato ofreció practicar la democracia y asegurar la plena vigencia de los derechos civiles, sociales, políticos y humanos. Ahora es un militante del extractivismo neoliberal. La ley que acaba de promulgar es un grotesco regalo a los egresados de Beca 18, porque de acuerdo con su artículo 2, se aplica a jóvenes con educación completa o incompleta de secundaria, y también a jóvenes con educación superior técnica o universitaria. Humala no respeta los derechos laborales y sociales, y miente cuando dice que la ley no se aplica a jóvenes con educación superior o universitaria.
 
A modo de conclusión
 
La disminución o estancamiento de los salarios reales y el recorte de los derechos y beneficios sociales de los trabajadores, conspira contra la cohesión social, contra el sentimiento de ser parte de una comunidad. Adam Smith decía que un salario que no le permite subsistir al trabajador y a su familia es un estímulo a la mendicidad o a la delincuencia. Por su parte, J.B. Clark –creador de la teoría de la productividad marginal--, sostenía que las actividades improductivas se expanden cuando se paga salarios bajos respecto a la productividad, lo que deviene en una dinámica de productividad y salarios reales bajos que afecta al conjunto de la sociedad. Los neoliberales criollos de nuestro país deberían leer a los economistas neoclásicos de fines del siglo XIX.
 
 
 
 
Artículo que será publicado en el Diario UNO, el sábado 20 de diciembre.