La
persistencia de la fragmentación «política» así como la presencia de un alto
porcentaje de candidatos con antecedentes de corrupción y de actos ilícitos, es
atribuida, por una de las explicaciones más sofisticadas, a la existencia de un
vasto sector informal popular cuyas necesidades son recogidas por alguno de
estos candidatos en una suerte de contrato implícito: me das tu voto y yo a
cambio no me inmiscuyo en tu conducta informal pero te ayudo a resolver tus
necesidades básicas. Este tipo de contrato implícito prolifera, se dice, porque
no hay partidos ni políticos con «propuestas sostenibles de reformas que hayan
logrado involucrar a esos sectores mayoritarios». Pero, no se dice por qué no
hay esos partidos ni esos políticos.
La
explicación alternativa y el neoliberalismo
En
nuestro país la corrupción en la «política» tiene una larga historia, pero su
generalización a nivel de todos los poderes del Estado hasta el punto de
degradar la naturaleza de la función pública, es reciente. Empezó durante el
primer gobierno de Alan García y se
exacerbó durante el «fujimorato» y la imposición del neoliberalismo. El inicio
de este período de corrupción generalizada coincidió con la caída del muro de
Berlín y el fin de la Guerra Fría, hechos que dieron lugar a una crisis de las
ideologías, principal fuente de identidad de los partidos políticos de ese
entonces. Lo que siguió fue una crisis de estos partidos, principales usufructuarios
de las ideologías que dominaron gran parte del siglo XX.
Con
la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría desapareció el
competidor ideológico del modelo constitucional democrático. Esta desaparición facilitó
la propagación de los postulados democráticos por casi todos los países del
mundo, pero al mismo tiempo, puso al descubierto sus debilidades y, en países
como el nuestro con escasa historia democrática, estas debilidades de la
democracia constitucional se revelaron en forma más dramática: proliferaron
«políticos» y agrupaciones «políticas» que degeneraron y pervirtieron la
esencia misma de la democracia. Fue el golpe de muerte a los partidos políticos
y/o a sus principios y programas que les dieron origen.
La
crisis se exacerbó con la llegada del neoliberalismo que colocó a la libertad
económica en el mismo nivel que las demás libertades individuales. Se fomentó el
individualismo, desacreditando el interés público, se privatizaron los
servicios públicos y se destruyeron funciones sociales importantes del Estado. Los
grupos de poder privados penetraron las instituciones de casi todos los poderes
del Estado, desnaturalizando el papel de la función pública. Con el neoliberalismo,
entonces, se agudizó la crisis del modelo constitucional democrático en nuestro
país: el fomento del individualismo (de la tiranía de los individuos, diría
Todorov) puso en peligro el bienestar de toda la sociedad. El funcionamiento
real de la democracia se alejó así de los principios que lo inspiran; y la vida
política se convirtió en una lucha por el «botín del poder». La lógica de la
política como lazo de conexión social fue desplazada como nunca por la lógica
del poder y del tráfico mercantil.
El
modelo económico neoliberal
El
neoliberalismo, además, reforzó un estilo de crecimiento rentista o
extractivista, que mantiene a la economía desconectada de la geografía y la
demografía, y que tiene efectos sociales y ambientales nocivos. Los conflictos
sociales regionales y locales proliferan porque los frutos del crecimiento no
se distribuyen por igual. Es un estilo de crecimiento que se funda en la
minimización del papel económico del Estado, que fomenta la especialización en
la producción y exportación de materias primas, que crea enclaves que no tienen
conexiones dinámicas con la economía interna, que no desarrolla los mercados
internos y que alimenta la informalidad.
Por
lo tanto, el estilo de crecimiento neoliberal no toma en cuenta los intereses
de la comunidad nacional de la sierra y de la selva del país, ni de la
periferia de las grandes ciudades. Además, el neoliberalismo fomenta una
competencia internacional espuria basada en la supresión de los derechos de los
trabajadores, el mantenimiento de los salarios reales estancados, y la
desatención de los costos medioambientales de la explotación de los recursos
primarios.
El
neoliberalismo no fortalece, entonces, la institucionalidad democrática. Privilegia
las inversiones extranjeras en la actividad primaria exportadora, beneficiándolas
con contratos de estabilidad tributaria y otras exoneraciones. Favorece la
especialización en actividades primarias sin mayor transformación que dependen
de los mercados externos, en lugar de promover la creación y el desarrollo de
mercados internos, la diversificación productiva y la innovación.
En
suma, el neoliberalismo ha erosionado la institucionalidad democrática de
nuestro país y han vuelto a truncar la culminación de la construcción de un
Estado Nacional soberano.
A
modo de conclusión
Sin
embargo, la crisis descrita no ha desaparecido el principio democrático. Sigue
vigente la fuente de su legitimidad. Pero se precisa de reformas que permitan
convertir a los electores en ciudadanos, superar la concepción de la democracia
como solo un procedimiento
institucionalizado, controlar y vigilar a los representantes elegidos, respetar
la diversidad cultural y promover una verdadera descentralización política, y hacer
énfasis en la virtud cívica de los ciudadanos y en su participación responsable
en los asuntos públicos bajo un marco legal e institucional adecuado. Estas
reformas democráticas deben basarse, además, en una concepción de la libertad
como no-dominación, y en la consideración del Estado y del mercado como instituciones
sociales indispensables y no contrapuestas.
Publicado en el Diario UNO, el sábado 11
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