El paquete «reactivador», aprobado por
el Congreso el jueves 3 de julio, contiene medidas que debilitan la
institucionalidad y los mecanismos de fiscalización ambiental y erosionan los
efectos disuasivos de las sanciones a infracciones ambientales. Se establece un
plazo de 45 días para la emisión de opiniones vinculantes y no vinculantes
necesarias para aprobar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA); se reduce las
multas ambientales a 50% durante tres años; se debilita el Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA); pierde importancia el Sistema
Nacional de Certificación Ambiental (SENACE); y, se menoscaban las funciones
del Ministerio del Ambiente al pasar al Consejo de Ministros la decisión sobre
la creación de áreas reservadas y la fijación de los estándares de calidad
ambiental. No hay que olvidar, además, que este gobierno no implementa la ley
de consulta previa que aprobó el año 2011.
La continuidad de la «modernización»
neocolonial
El Decreto Supremo N° 060-2013-PCM ya
reducía los plazos de los procedimientos para ejecutar proyectos de inversión
con «mayor celeridad y menores costos». Esta vez se va más allá: se debilita la
institucionalidad de la protección ambiental y la propia capacidad sancionadora
del gobierno frente a corporaciones privadas que infringen los estándares
ambientales. El objetivo es el mismo: impulsar las inversiones. Los directos
beneficiarios de estas medidas son los grandes inversionistas transnacionales
que operan en los sectores minería y de hidrocarburos. La concepción de
modernización y crecimiento económico del gobierno de Humala se basa en este
tipo de inversiones.
Siguiendo a Alan García --propulsor de esta «modernización»
neocolonial--, el gobierno de Humala reduce los estándares laborales y
ambientales, y debilita las instituciones encargadas de su regulación, para aumentar
la inversión en la extracción de recursos naturales y, de este modo, enfrentar
la actual desaceleración en la tasa de crecimiento del PBI. No le importa el
costo socio-ambiental de sus medidas; le importa más satisfacer a los grupos de
poder económico que usufructúan de la renta que les proporciona la explotación de
nuestros recursos naturales. Su apuesta por el crecimiento económico impulsado
por las grandes inversiones mineras y de hidrocarburos, facilitadas además por
concesiones con poca o ninguna fiscalización, es la expresión de su ideología neocolonial que subordina los intereses nacionales
y los derechos de las poblaciones nativas, a los intereses del capital
transnacional.
No se busca desarrollar la
minería con altos estándares ambientales y laborales, con industrialización de
los recursos minerales, con transferencia de tecnología, y con impuestos que
compensen el agotamiento de los recursos para no perjudicar a las generaciones
futuras de país. Esta sería una ruta democrática y soberana. Por el contrario,
el gobierno de Humala ha optado por una acumulación de capital de tipo
neocolonial que orienta la inversión privada hacia áreas de complementación
económica transnacional, sin progreso tecnológico y con un modelo exportador
basado en el «cholo barato», en el desmantelamiento de los estándares laborales
y ambientales, y en contratos de estabilidad tributaria que le restan soberanía
al Estado.
Extractivismo político y
económico
El consonancia con su
ideología neocolonial,
el gobierno de Humala fomenta la expansión de instituciones
económicas extractivistas (que extraen ingresos y riqueza de una parte de la
sociedad en beneficio de las élites económicas). Estas instituciones practican
la fácil obtención de rentas, pero no lo redistribuyen. Son instituciones que no
fomentan la innovación y la adopción de nuevas tecnologías, la creación de
actividades productivas manufactureras, la expansión de fábricas industriales,
ni menos la mejora de las condiciones de vida y el aumento de los salarios de
los trabajadores. Los productores de materias primas son cada vez más ricos,
pero esta «riqueza caída el cielo ha hecho muy poco para crear un economía
moderna diversificada». Por lo tanto, el tipo de crecimiento y modernización que
impulsa este gobierno no puede ser inclusivo. «Las instituciones económicas
inclusivas –dicen Acemoglu y Robinson-- fomentan la actividad económica, el
aumento de la productividad y la prosperidad económica».
Tampoco se desarrollan instituciones
políticas inclusivas. No hay mecanismos que faciliten el control de los
políticos y que le permitan a los ciudadanos influir en su comportamiento. No
se innova la manera de hacer política, no se distribuye el poder, no hay límites
reales al ejercicio de este poder, ni se fortalece la democracia. Por eso el
gobierno de Humala no puede ser concebido como el agente de los ciudadanos que
lo eligieron para defender sus derechos individuales y colectivos. «Las
instituciones políticas extractivistas –dicen Acemoglu y Robinson-- permiten
que la élites económicas controlen el poder político para elegir instituciones
económicas con menos limitaciones o fuerzas que se opongan». El ejemplo de este
tipo de control, es precisamente el paquete «reactivador».
A modo de conclusión
«Con instituciones
políticas extractivistas –dicen Acemoglu y Robinson-- quienes ejercen el poder
son capaces de establecer instituciones económicas para enriquecerse y aumentar
su poder a costa de la sociedad».
Publicado en el Diario Uno, el sábado 12 de julio.
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