El Estado y la Política según La Gran Transformación

La concepción del Estado y de la política de La Gran Transformación (LGT) se aleja de la dicotomía Estado-Mercado, y hace énfasis en la construcción de una comunidad política territorializada e integrada y de una democracia republicana que le devuelve a la política su carácter de elemento de conexión social.

El neoliberalismo y la perversión de la política

El retorno a la democracia representativa desde los años 80s coincide con la aplicación de las políticas neoliberales y el rechazo a la intervención del Estado, salvo el período 1985-1990 en el que se aplican políticas de signo distinto pero irresponsables. En todos los gobiernos del período 1980-2011, la democracia representativa pierde legitimidad debido a la práctica arbitraria del poder y a la corrupción.  Los historiadores dirán que casi todos los gobiernos, desde la independencia, «hicieron de la impostura el principio vertebrador del poder» porque traicionaron con frecuencia los intereses de los de abajo.

La pérdida de legitimidad y su degeneración en corrupción fue más elocuente durante el fujimorato y el segundo gobierno aprista. La política dejó de ser instrumento de justicia social, se violaron los derechos humanos, se practicó la corrupción, y se gobernó con los grupos de poder económico, en contra de los que los eligieron o, peor aun, se utilizó la asistencia y caridad envileciendo a las grandes mayorías en lugar de generar empleo con ingresos dignos.

La propuesta de La Gran Transformación

Frente a la impostura y la «confiscación del poder por una clase política que opera siguiendo una lógica ajena a la democracia», en LGT se plantea «combatir la corrupción como método de gobierno y transformar el modo de hacer política restituyéndole el carácter de instrumento de la justicia». Es el primer paso para cerrar el hiato entre teoría y praxis de la democracia, y para iniciar la cura moral de nuestra sociedad.

Y, para devolverle a la política su carácter de elemento de conexión social en LGT se propone «Practicar una forma republicana de gobierno, con mecanismos explícitos de evaluación y control constitucional de los gobernantes». No es suficiente garantizar la separación de poderes. Para asegurar la vigencia plena de la democracia republicana es indispensable «impedir la captura del poder político por los poderes fácticos y por los grandes grupos económicos, tanto nacionales como extranjeros, que nadie elige, nadie controla y nadie fiscaliza».

Pero, todo esto es apenas el primer paso para que la democracia sea lo que dice ser, para que el ideal de igualdad política sea algo más que simbólico, y para  iniciar la construcción de las bases materiales de la libertad y de la justicia.

El papel del Estado y el desarrollo del mercado

Las políticas públicas de los últimos gobiernos reprodujeron la desconexión de la economía con la geografía y demografía del país; acrecentaron la brecha entre la población urbana y la población rural, entre la economía moderna y la agricultura de la sierra y de la selva; y, como no se orientaron a desarrollar el agro y la industria, mantuvieron el modelo primario exportador y terciarizaron la economía con empleos de baja calidad y productividad.

Para superar estos problemas y culminar la construcción de la Nación, según LGT, se tiene que «forjar un nuevo modelo de desarrollo sobre la base de la construcción de una economía nacional de mercado abierta al mundo, que articule la costa, la sierra y la amazonía del país desarrollando mercados locales y regionales internos».  En la ejecución de esta tarea no se puede prescindir del Estado, pues es el instrumento de acción colectiva más importante.

En nuestra sociedad el papel del Estado debe ser asegurar el desarrollo armonioso del mercado con ejercicio efectivo de la democracia. El Estado tiene la particularidad de proveer bienes públicos puros (desarrollo e integración social, derechos sociales y políticos, superación de la exclusión social, reducción de la pobreza, profundización de la democracia, etcétera) porque tiene la capacidad política para administrar los incentivos selectivos o el poder legítimo de coerción. En este sentido, el Estado, y no el mercado auto-regulado, es el instrumento de acción colectiva para promover el desarrollo de una economía nacional de mercado abierta al mundo, como sustrato económico de la Nación.

Para proporcionar esos bienes públicos el Estado actual debe ser democratizado. Ello implica, de acuerdo con LGT, transformarlo «para hacerlo descentralizado y participativo; promotor del desarrollo social y de los derechos sociales universales; regulador de la economía de mercado; promotor de la institucionalidad democrática y de una gestión gubernamental descentralizada en base a regiones transversales, y defensor de la soberanía nacional». Pero, también, como se dice explícitamente en LGT, el Estado debe asegurar que «nuestros recursos naturales como el agua y la tierra, los bosques y la biodiversidad, el gas y los minerales» contribuyan al desarrollo de la Nación.

A modo de conclusión

De acuerdo con LGT, el Estado-Nación no pueden desarrollarse sobre la base de la fuerza y en contra de la libertad de los hombres y de los pueblos, y la libertad no existe, es decir, los hombres no son libres, si no tienen condiciones materiales de existencia, como es el caso de los pueblos de la sierra y de la selva de nuestro país, excluidos, discriminados y maltratados por siglos.

Publicado en el diario La Primera el sábado 3 de marzo.