Con
la imposición del neoliberalismo desde fines de los años 1970, se abandona la
idea de que el Estado debería regular el funcionamiento de los mercados para
impedir el surgimiento de asimetrías de poder y las consecuentes injusticias
sociales. A esta tarea del Estado, que fue parte del consenso que duró casi
treinta años desde la post segunda guerra, se le adicionó la de velar por los
equilibrios macroeconómicos. La idea neoliberal de que el Estado es el
problema, excluye la posibilidad de este consenso, y en su lugar se impone la
concepción del funcionamiento libre de
los mercados para que «florezca la creatividad empresarial y no se destruyan puestos
de trabajo».
Los
efectos de las desregulaciones
Los
efectos de las desregulaciones en países como el nuestro, han frenado el
desarrollo en lugar de promoverlo. La liberalización comercial y los tratados
de libre comercio con países industrializados y desarrollados, redujo el
mercado doméstico para la producción nacional y nos especializó en la
producción y exportación de materias primas. Trabó las posibilidades de industrialización
y diversificación productiva. Este efecto negativo en la industria fue
exacerbado por la entrada de capitales, sin restricciones, que, junto con el
boom primario exportador, redujo el tipo de cambio haciéndoles perder
competitividad a las actividades productivas de transables.
La
desregulación de los préstamos de la banca comercial en el exterior estimuló la
dolarización de los créditos domésticos, haciéndole perder autonomía a la
autoridad monetaria. Desde que se agotaron las condiciones de mercado y
financieras favorables para el crecimiento primario exportador de nuestro país,
se revirtió la tendencia a la baja del tipo de cambio. Así, para impedir que la
devaluación ponga en riesgo a los bancos que prestaron en dólares, la autoridad
monetaria reaccionó vendiendo sus dólares (o reduciendo su posición de cambio);
pero también lo hizo para impedir que la devaluación siga incrementando la
inflación. Con la venta de dólares el Banco Central perdió casi el 50% de sus
reservas. Esta espectacular merma de sus reservas, obligó al Banco Central a
elevar su tasa de interés de referencia en pleno enfriamiento económico.
El
deterioro de la autonomía de la autoridad monetaria ha provocado desconfianza
en la moneda nacional, la misma que se expresa en la creciente dolarización de
los depósitos bancarios: 56.9% corresponden a personas jurídicas y 46.44% a
personas naturales. Esta dolarización es otro factor que acrecienta las
presiones devaluatorias, y ocurre al mismo tiempo que aumenta el retiro de los
depósitos bancarios en soles que reduce la liquidez en moneda nacional de los
bancos.
La
flexibilización del mercado de trabajo y el recorte de derechos laborales, es
otro ejemplo de desregulación que ha afectado a los trabajadores y a su calidad
de vida, convirtiéndose en fuente de conflicto social. Cerca del 75% de los
trabajadores tienen ingresos menores a mil soles y un poco más del 74% son
informales. De otro lado, hay que mencionar que la gran mayoría de los
conflictos sociales están relacionados con las actividades extractivas. Los
últimos gobiernos han vuelto más laxas las regulaciones orientadas a proteger
el medio ambiente y los derechos de las poblaciones indígenas. Por ejemplo, se
acortaron los plazos para los estudios de impacto ambiental.
No
hay regulación en el «mercado» de la salud. El acceso a genéricos de
todo tipo es limitado y será aún peor si el gobierno firma el Acuerdo de Asociación
Transpacífico (TPP). En carta dirigida al presidente Humala, Joseph E. Stiglitz
-premio Nobel de Economía- y Adam S. Hersh -economista senior en el Instituto
Roosevelt-, advierten que ese acuerdo irá «mucho más allá de una simple
reducción de aranceles y cuotas, pues exigirá cambios fundamentales en las
instituciones jurídicas, judiciales y reguladoras de cada país, lo que
constituye una concesión a los poderosos grupos de presión». Elevará la protección de los derechos de
propiedad intelectual no para innovar, sino para mantener, por ejemplo, a los
competidores de los «Big Farma», como son los genéricos, fuera del mercado.
La
pérdida de soberanía del Estado
Los
tratados comerciales y este último, el TPP, no solo cercenan la capacidad
regulatoria del Estado, sino también su soberanía. Como dicen los economistas
citados, el TPP reducirá su capacidad «de aprobar normas legales regulatorias
para proteger la salud pública, la seguridad y el ambiente, porque creará
mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y Estados, que
permitirían a los extranjeros a demandar al gobierno cuando consideren que
alguna regulación afectará sus ganancias. El arbitraje sería privado y vinculante, incluso si el
fallo fuera contrario a las leyes nacionales».
Esta
pérdida de soberanía que favorece a los inversionistas y grupos de poder
extranjeros, además de someter al Estado a un arbitraje privado internacional,
le bloquea las posibilidades de realizar transformaciones sociales y
económicas, en particular, por ejemplo, para adoptar medidas orientadas a la integración
el país sobre la base de un nuevo esquema de regionalización y ordenamiento
territorial.
A
modo de Conclusión
Adam
Smith se declaraba a favor de la regulación argumentando que, si bien la
presencia de un muro es una violación de la libertad
natural del fuego, su construcción es indispensable para impedir la
propagación de los incendios. Al respecto, cuando la libertad natural «está concentrada en pocas manos de un modo
inapropiado –dice Casassas--, esa libertad
natural puede poner en riesgo a la sociedad entera». El Estado debe
intervenir entonces «para que no se den esas inapropiadas concentraciones de la
libertad natural». La sociedad se pone en riesgo cuando el Estado
«rompe los lazos que lo vinculan a la sociedad civil» y ya no promueve el bien común
porque está controlado por una plutocracia.
Publicado en el Diario UNO, el sábado 3 de octubre
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