El gobierno de Humala acaba de crear un nuevo
régimen laboral para jóvenes entre 18 y 24 años (Ley N° 30288 del 16-12-14), quitándoles,
entre otros, los siguientes derechos y beneficios sociales: compensación por
tiempo de servicios, vacaciones de 30 días, gratificaciones, asignación
familiar, participación en las utilidades de la empresa, seguro de vida y
seguro por trabajo en riesgo.
La ley es anticonstitucional
Esta ley que atropella los derechos de los
jóvenes es una norma anticonstitucional. El artículo 26 de la Constitución
señala que la «igualdad de oportunidades sin discriminación» es uno de los
principios que debe respetarse en las relaciones laborales.
Los jóvenes de 18 a 24 años que entren a
trabajar no tendrán los beneficios de los trabajadores que se encuentran dentro
del régimen general ni dentro del régimen de pequeña empresa o de la modalidad
formativa juvenil. Un ejemplo flagrante de discriminación es la mutilación de
su derecho a participar en las utilidades de la empresa, derecho reconocido por
el artículo 29 de la Constitución y en otras normas regulatorias y que
establecen el porcentaje de las utilidades que debe repartir la empresa según
el tipo de actividades que desarrolla.
La ley no combate la informalidad
El 57.3% de los jóvenes entre 18 y 24 años
trabaja sin contrato laboral. Esta ley no impide la sustitución de trabajadores
que culminan sus contratos, implícitos o explícitos, por jóvenes contratados
bajo el nuevo régimen laboral especial. Ella sólo prohíbe la sustitución
mediante cese de los trabajadores sin causa justa. Es una ley de
seudo-formalización. Los trabajadores informales son los que no tienen derechos
ni beneficios sociales, ahora con esta ley los
trabajadores jóvenes entre 18 y 24 años, careciendo de esos derechos y
beneficios, serán incorporados a la planilla electrónica, con lo cual se habrán
convertido en trabajadores formales. La ley solo cambia «mocos por babas».
Los beneficios y derechos sociales de los
trabajadores, son tratados como costos no-salariales que incrementan el costo
del trabajo y que –según los voceros del gobierno--, fomentan la informalidad.
Pero, ¿puede ser verdad que estos costos sean responsables de la existencia de 11.5
millones de trabajadores informales? No. La informalidad se debe al bajo
crecimiento de la capacidad productiva per cápita, resultado de un estilo de
crecimiento y acumulación de capital que no expande la capacidad productiva
industrial, agroindustrial y agrícola. Entre 1990 y 2013 el stock de capital
per cápita aumentó 26.9%, mientras que el empleo total lo hizo en 96%. Gran
parte de este aumento del empleo, es informal.
La ley ratifica la política del «cholo barato»
Se reduce los costos laborales eliminando
derechos y beneficios sociales de los trabajadores, supuestamente para
estimular las inversiones y aumentar la competitividad. Sin embargo, no es cierto
que los costos salariales no laborales sean los más altos en la región. Por
ejemplo, se dice que en Chile estos costos representan el 31.3% de salario mensual
promedio y que en Perú representan el 59%. Pero no se dice que el salario en
Perú es solo el 56.4% del salario en Chile.
De otro lado, no hay experiencia histórica
que muestre que la reducción del costo del trabajo estimule el aumento de las
inversiones y el crecimiento económico, y menos en un contexto de enfriamiento
económico como el actual. Cuando no existe certidumbre de una expansión de la
demanda y de las ventas, no hay empresarios que arriesguen su capital. No se
puede afirmar, entonces, que con esa ley aumentará el empleo y, por lo tanto,
la producción.
La ley es una nueva institución extractivista
La política del «cholo barato» es
extractivista porque facilita la obtención de rentas por parte de las empresas
privadas y no fomenta la innovación. Recuérdese que el programa neoliberal
incluye la flexibilización del mercado de trabajo mediante la eliminación de
la estabilidad laboral y de la
protección social a los trabajadores. Humala es ahora un discípulo destacado
del autor del «perro del hortelano». Es el gran impulsor de instituciones políticas
y económicas extractivistas.
Cuando era candidato ofreció practicar la
democracia y asegurar la plena vigencia de los derechos civiles, sociales,
políticos y humanos. Ahora es un militante del extractivismo neoliberal. La ley
que acaba de promulgar es un grotesco regalo a los egresados de Beca 18, porque
de acuerdo con su artículo 2, se aplica a jóvenes con educación completa o
incompleta de secundaria, y también a jóvenes con educación superior técnica o
universitaria. Humala no respeta los derechos laborales y sociales, y miente
cuando dice que la ley no se aplica a jóvenes con educación superior o
universitaria.
A modo de conclusión
La disminución o estancamiento de los
salarios reales y el recorte de los derechos y beneficios sociales de los
trabajadores, conspira contra la cohesión social, contra el sentimiento de ser
parte de una comunidad. Adam Smith decía que un salario que no le permite
subsistir al trabajador y a su familia es un estímulo a la mendicidad o a la
delincuencia. Por su parte, J.B. Clark –creador de la teoría de la
productividad marginal--, sostenía que las actividades improductivas se
expanden cuando se paga salarios bajos respecto a la productividad, lo que
deviene en una dinámica de productividad y salarios reales bajos que afecta al
conjunto de la sociedad. Los neoliberales criollos de nuestro país deberían
leer a los economistas neoclásicos de fines del siglo XIX.
Artículo que será publicado en el Diario UNO, el sábado 20 de diciembre.
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