¿Deben cambiar las actuales políticas fiscal y monetaria?

Entre los opositores al gobierno actual hay dos grupos: i) los que le exigen cambiar las políticas macroeconómicas y, ii) los que denuncian el modelo económico. Permítanos, estimado lector, compartir algunas reflexiones sobre la primera exigencia, dejando para después el tema del modelo económico. Nuestro objetivo es contribuir a enriquecer la discusión, proporcionando elementos que permitan diferenciar las políticas monetaria y fiscal actuales de las que se practicaron en gobiernos anteriores.

El grupo que arremete contra la política económica no es homogéneo. Unos piensan que en países como el nuestro, en verdad, en cualquier país, sea este industrializado o no, y también en cualquier momento, por ejemplo, ante shocks externos positivos o negativos como el actual de aumento en la tasa de interés internacional, es –nos dicen-- contraproducente utilizar activamente las políticas monetaria y fiscal. Es suficiente, dicen, crear confianza en el mercado, pues este es autoestabilizable y capaz de resolver, solo, todos los problemas económicos del país. Otros piensan, creo, por desconocimiento, que las actuales políticas monetaria y fiscal son causa de la ausencia de mejoras tangibles en el empleo y en los ingresos de la población.

A los primeros no tenemos mucho que decirles. Quizá sólo recordarles que la confianza no es condición suficiente para aumentar la inversión privada, elemento, sin duda, fundamental para sostener el crecimiento económico a largo plazo. Pero, a los segundos, junto con reconocerles la justa motivación de su crítica, es decir, su preocupación por la pobreza y la carencia de empleos suficientes en nuestro país, debemos recordarles que las actuales políticas monetaria y fiscal fueron útiles para salir de la recesión y reiniciar el crecimiento, y que estas políticas han desplazado la preocupación hacia la sostenibilidad del crecimiento económico en el contexto de una baja inflación, dejando para la historia, ojalá, el fenómeno de la hiperinflación que en los años 80 tuvo su origen precisamente en políticas, monetaria y fiscal, totalmente distintas a las actuales.

La actual administración ha hecho cambios importantes en las políticas macroeconómicas. El lector debe saber, por ejemplo, que desde el año 2002 el BCRP introdujo un nuevo esquema institucional de política monetaria que incluye, primero, metas explícitas de inflación para anclar las expectativas inflacionarias de los agentes económicos; segundo, una regla monetaria a la Taylor, es decir, una función de reacción de la autoridad monetaria donde el instrumento tasa de interés es administrado para reaccionar ante los desvíos de la inflación con relación a su valor meta o ante la brecha del producto efectivo respecto al potencial; y, tercero, un régimen de tipo de cambio flexible. Con este nuevo esquema de política, la cantidad de soles que circula en la economía se determina endógenamente en el mercado. Están equivocados, por tanto, aquellos que recurren a la teoría cuantitativa del dinero para explicar el reciente aumento de la inflación. No entienden que este repunte inflacionario se debe a factores de oferta exógenos. Por último, hay que mencionar que este nuevo esquema, ha contribuido no sólo a salir de la recesión, sino también a reducir el descalce de monedas (desdolarización) del sistema financiero.

También se han hecho cambios importantes en el esquema institucional de la política fiscal, cuyos objetivos centrales de mediano plazo son: a) la disminución del déficit y el aumento progresivo de los superávit primarios que permitirán reducir la relación deuda/PBI; y, b) el mantenimiento de un perfil de endeudamiento público total con niveles de riesgo aceptables. Parte de este último objetivo es sustituir gradualmente deuda externa por deuda interna. El nuevo esquema institucional para el logro de estos objetivos comprende: a) el Marco Macroeconómico Multianual en el que de definen las hipótesis macro y los límites del presupuesto, así como las políticas de endeudamiento y de reperfilamiento de la deuda pública; b) un instrumento de evaluación de la sostenibilidad fiscal y una estrategia de colocaciones y operaciones de manejo de deuda pública interna y externa que hace énfasis en la administración de los riesgos de mercado, del costo de financiamiento y del riesgo de refinanciamiento; y, c) el Programa de Creadores de Mercado puesto en funcionamiento desde marzo del 2003, en el que participan cinco importantes bancos privados, y cuyo propósito central es desarrollar el mercado doméstico de deuda pública en soles, para expandir el mercado de capitales en moneda local. Con el crecimiento de este mercado será posible transformar los ahorros domésticos disponibles en inversión doméstica de largo plazo, con lo cual el crecimiento económico será realmente liderado por el sector privado doméstico en una economía de mercado menos vulnerable y volátil.

Estos son los cambios en políticas que nos han sacado de la recesión de los años 1998-2001 y que, por cierto, no son necesariamente responsables de que los ingresos y empleo generados estén muy por debajo de las expectativas de la población. Finalmente, hay que destacar que para gastar más, por ejemplo, en infraestructura, la principal limitación se encuentra en los niveles de ingresos fiscales. La presión tributaria en el Perú es de 13%, mientras que la de Chile es de 17.3%. Hay que aumentar, en consecuencia, la presión tributaria, hay que fomentar la cultura tributaria. Pero para ello se requiere una reforma impositiva integral y, ciertamente, este es un tema que compromete a todos y no sólo al gobierno actual.

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