El
presidente Humala dejó la decisión sobre el proyecto minero Tía María en manos
de la empresa transnacional Southern Peru Copper Corporation. Dijo: «No podemos
tomar una decisión unilateral que no esté regida en el marco de la ley», porque
expondría al Estado «a demandas legales
internacionales por incumplimiento». Luego añadió: «la labor del Ejecutivo es defender
el principio de autoridad y el Estado de derecho en el país».
El
Estado de derecho de Humala
Humala
reveló así que abandonó su filiación nacionalista y que, además, tiene una sui
generis concepción sobre el Estado de Derecho. Por un lado, el nacionalismo
para Humala ya no es «una alternativa democrática a la actual modernización
neoliberal excluyente y desnacionalizadora»; ya no es «un programa político de
cambio radical del modelo neoliberal que acentúa la desigualdad social, depreda
los recursos naturales, violenta la legalidad y la democracia, y no genera
desarrollo». Por otro lado, al dejar en manos de la empresa transnacional la
decisión sobre el proyecto minero Tía María, Humala renunció a defender la soberanía
nacional y a garantizar la plena vigencia de los derechos humanos.
Profano
en Política y Derecho, Humala somete al Estado Peruano a la fuerza de los
flujos y reflujos económicos dependiente de las decisiones de las empresas
transnacionales. No sabe que «cuando alguien hace lo que le manda un amo,
entonces ese alguien no es un ser libre, es un esclavo» (Férnadez Liria et al.).
No sabe que la ley deja de ser la «gramática de la libertad», si es esclavizada
por el poder económico, y, cuando esto ocurre, se violenta el Estado de
derecho.
Humala
ha olvidado que fueron leyes esclavizadas (como los contratos de estabilidad) las
que heredamos del «fujimorato» y que él se comprometió a revisar para restituir
la soberanía y la autodeterminación nacional. El Estado de Derecho que defiende
Humala es entonces un Estado donde las leyes son órdenes del poder económico y
que, por lo tanto, no son expresiones de la razón, la justicia y la libertad.
La
violación del principio democrático
Humala,
al igual que sus antecesores, ha puesto al Estado al servicio de los intereses
económicos transnacionales. Por esta razón regenta un gobierno que solo de
nombre es democrático, porque «ya no es el pueblo el que detenta el poder». Quiere
imponer a toda costa el proyecto minero Tía María, como quiso imponer el
proyecto minero Conga y lo hará con otros proyectos extractivos en las
concesiones efectuadas, sin consulta previa, en los distintos lugares de la
sierra y la selva del país. No respeta los derechos humanos ni el derecho de
los pueblos «a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras,
territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro
tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido
de otra forma». Tampoco respeta el derecho que tienen los pueblos «a la
conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de
sus tierras o territorios y recursos». (Declaración sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas, Artículos 26 y 29).
En
línea con el carácter antidemocrático de su gobierno, Ollanta Humala ha
decretado el Estado de emergencia en la zona, en lugar de abrir el diálogo y convenir
en la realización de un nuevo Estudio de Impacto Ambiental por la evidentes
externalidades negativas que tiene el proyecto. Como anota Jürgen Schuldt, el
proyecto de la Southern de construir una planta desalinizadora en las playas de
Mejía «afectaría la vida submarina» e implicaría «un exagerado uso energético».
No se puede avalar, entonces, un proyecto que se suma a otros en perjuicio del
equilibrio ecológico.
El estado
de emergencia no solo cancela el diálogo o, por lo menos, lo hace más difícil,
sino también deslegitima al actual gobierno. Es a todas luces condenable que se
haya recurrido a la fuerza cuando no es el pueblo, sino el propio gobierno el
que ha vulnerado el Estado de Derecho, sometiéndose al poder económico.
Luchar
contra el extractivismo neoliberal
El
reciente paro exitoso de 48 horas de las regiones del sur (Apurímac, Ayacucho,
Cajamarca, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna) en solidaridad y defensa de los
derechos del pueblo del Valle de Tambo que se opone al proyecto minero Tía
María, es otro cuestionamiento importante al modelo económico neoliberal extractivista.
El primero lo hicieron los jóvenes, hace apenas cinco meses, movilizándose
contra la «ley Pulpín» que les recortada derechos laborales.
Las
masivas movilizaciones en defensa de los derechos laborales y de los derechos
de los pueblos y comunidades, son parte de una incursión política de nuevo
tipo. En general, las movilizaciones por la defensa de los diversos derechos
ciudadanos, apuntan a la restitución del principio democrático de participación
en las decisiones que atañen a los integrantes de la comunidad de ciudadanos.
Si
las movilizaciones continúan y se expanden a lo largo y ancho del país; si los
jóvenes, los trabajadores, los movimientos regionales y otros movimientos
democráticos y progresistas construyen coaliciones efectivas en defensa de sus
derechos, entonces surgirá una importante innovación política en el país; el
surgimiento de un vasto movimiento popular con una agenda política precisa:
cambiar el modelo económico neoliberal extractivista y rescatar el principio
democrático según el cual el origen y la legitimidad del poder político
proviene del pueblo. Ni gobiernos que practican la impostura, ni actividades
económicas que violenten los derechos del pueblo y el equilibrio
ecológico.
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