Tía María y la agenda de las izquierdas para el siglo XXI

El conflicto por el proyecto minero Tía María –como los de Conga y Bagua en su momento--, es la expresión de la fractura del país en dos: el Perú oficial y el otro Perú postergado, menospreciado, discriminado y violentado en sus derechos. No hay reconocimiento político y jurídico explícito del carácter multicultural del otro Perú de la sierra y de la selva. Por eso, el Perú Oficial, actualmente aliado con el extractivismo neoliberal, menosprecia sus demandas de preservación ecológica y sus derechos de posesión o uso de sus territorios.

Los agricultores del valle de Tambo, en cuya cabecera se encuentran los yacimientos de cobre Tía María y  La Tapada, temen que la ejecución del proyecto minero afecte su actividad agrícola al disminuir y contaminar el flujo de agua. Y tienen razón por el historial ambiental negativo de la Southern. Pero los defensores del modelo neoliberal del Perú oficial, usufructuarios del crecimiento económico impulsado por la inversión de los grandes proyectos mineros, los acusan de enemigos de la minería y de la modernidad. Su visión etnocentrista les impide aceptar que la población del valle de Tambo puede tener razón y que, por lo tanto, sería mejor someter a evaluación de expertos neutrales el  Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Imponer un proyecto minero sin contar con una licencia social legítima, es políticamente etnocrático  –como diría Rodolfo Stavenghagen-- y antidemocrático, porque viola los derechos de las comunidades.

Preservación ecológica y defensa del multiculturalismo

Este es el tema de fondo del actual conflicto que revela el carácter aun inacabado de la Nación. Es un tema que debiera ser parte del ideario de la izquierda del siglo XXI y que, por lo tanto, debiera convocar ahora mismo a una amplia coalición progresista con una agenda de transformación económica y política del país.

La defensa de los derechos de las comunidades y sus demandas de preservación ecológica, se inscriben en la concepción de Democracia republicana que reivindica la soberanía de la comunidad de ciudadanos frente a sus representantes elegidos. Como dice Ambrosio Velasco: es el pueblo el que «autoriza a ciertos miembros de su comunidad a gobernar en su representación».

La libertad política de los ciudadanos y de los pueblos, es decir, su participación en las decisiones que atañen a su comunidad, es un valor democrático fundamental que los liberales y neoliberales obvian. Como afirma Ambrosio Velasco, «Los principios fundamentales de la democracia liberal, que exigen igualdad de derechos entre todos los individuos de un Estado, excluyen la posibilidad de satisfacer el reclamo multiculturalista del reconocimiento jurídico y político de las diferencias sociales y culturales entre diferentes grupos, principalmente étnicos, que conforman la población de todo Estado».

La agenda de transformación de la izquierda del siglo XXI debe incorporar, en consecuencia, la construcción de una democracia donde el ejercicio del gobierno se base en «leyes que expresen el consenso entre las diferentes clases y grupos sociales que conforman el pueblo y que por lo tanto conduzcan al bien común de toda la sociedad».

Otra democracia y otro patrón de crecimiento económico

Con la globalización económica neoliberal «los Estados se han puesto al servicio de la economía, con lo cual --dice Todorov-- lo único que queda de democracia es el nombre, porque ya no es el pueblo el que detenta el poder». La democracia bajo el neoliberalismo, entonces, propicia la despolitización y privatización de la vida pública. Por esta razón, cambiar esta situación en nuestro país significa cambiar íntegramente el modelo neoliberal, es decir,  cambiar el patrón de crecimiento extractivista primario exportador y, simultáneamente, la democracia constitucional liberal reivindicando el principio de la participación política en sociedad. Se requiere una nueva Constitución para generar las condiciones institucionales y legales de una democracia donde, no solo el origen, sino también la legitimidad del poder político provengan del pueblo, incorporando mecanismos explícitos de comunicación y control ciudadano sobre los elegidos por el voto popular.

Pero, para que esta fundamental reforma política no encuentre su muerte en el «orden espontáneo del mercado», como lo advertimos en nuestro artículo del 14-03-2015, hay que transformar el modelo económico neoliberal y crear «un contexto social que permita mejorar la calidad de la democracia bajo los principios de la justicia social y económica, del interés general y de la libertad política». Con este fin, el nuevo modelo  económico debe basarse en la expansión de mercados internos mediante el desarrollo agrícola, agroindustrial e industrial, diversificando, al mismo tiempo, las exportaciones. En esta estrategia de desarrollo que hemos denominado Economía Nacional de Mercado cabe la producción minera que respete los derechos de las comunidades, que contribuya a la preservación ecológica y que funde su legitimidad en la licencia social.

A modo de conclusión

Hay más, pero esta es la agenda mínima que debe convocar a la unidad de las izquierdas. Es el parteaguas de una postura progresista y de izquierda en los tiempos actuales. El parteaguas no puede ser la «integración sudamericana», como afirma otro articulista de este diario. ¿Qué tipo de integración?; ¿una unión monetaria?, ¿una programación económica conjunta?, ¿una integración comercial?, ¿una integración política? ¿Cuál? La globalización neoliberal es también una integración, pero que vulnera la autodeterminación nacional y resta soberanía a los Estados de nuestros países. La estrategia que planteamos es de autodeterminación frente a la presión de la globalización; pero esta, sin duda, requiere de mecanismos de cooperación política y económica como la Comunidad Andina, el MERCOSUR, la UNASUR y el CELAC, para mantener nuestra independencia de las grandes potencias.

 

Nota: El Diario UNO no salió el sábado 9.