El
principal problema del actual modelo económico de «mercado libre» es que las
fuerzas del mercado orientan la asignación de los recursos (inversiones
privadas) hacia las actividades primarias y de no-transables, y no hacia las actividades
industriales manufactureras. La solución no es, por lo tanto, un shock de confianza para el empresariado.
El gobierno les puede «jurar de rodillas a los grandes empresarios» que no se
apartará del modelo neoliberal y esto no detendrá los efectos de la crisis
internacional ni provocará un cambio hacia la ruta del desarrollo industrial.
La
institucionalidad neoliberal es contraria a la Política Industrial
Optar desde el gobierno por la Política Industrial es, entonces, optar
por el cambio del actual modelo neoliberal que ha estimulado el comportamiento
rentista y desalentado el desarrollo de la actividades manufactureras. Desarrollar
industria en el país es transformar no sólo la actual manera de acumular
capital y crecer, sino también las
actuales instituciones políticas y económicas extractivistas.
El trato privilegiado a la inversión
extranjera y las exportaciones basadas en reducciones salariales son parte de las
políticas del Consenso de Washington. Ninguna de las dos generó externalidades
tecnológicas y de aprendizaje para la diversificación productiva. El ministro
Castilla fue y es el abanderado de estas políticas: es el campeón de los Road Shows externos y enemigo del
salario mínimo como instrumento de política de ingresos. Con Road Shows internos hubiera identificado
obstáculos y oportunidades de inversión privada en actividades industriales, y
la inversión pública respondería a una visión de integración del país y al objetivo
de estimular la inversión privada y la capacidad empresarial nacionales.
La inversión extranjera es atraída con
una serie de privilegios que ponen en desventaja a la inversión nacional. Los
tratados de libre comercio y la propia Constitución de 1993, permiten a los
inversionistas extranjeros someter las disputas legales internas al arbitraje
internacional. El neoliberalismo alienta la competencia entre los países
«pobres» para atraer a la inversión extranjera, con incentivos que generan
comportamientos rentistas y no innovadores (Race
to the Bottom). Ha desmantelado los estándares regulatorios. La inversión
extranjera en nuestro país no es el motor del cambio tecnológico ni promotor de
actividades manufactureras.
En general, los acuerdos
multilaterales, regionales y bilaterales impulsados por los neoliberales han
limitado la capacidad del Estado para emprender, con autonomía, políticas para
industrializar y diversificar la producción.
Los Estados Unidos son los campeones en imponer estas restricciones en
los acuerdos en los que participa: son notables las cláusulas sobre el trato
privilegiado a la inversión extranjera, la protección a la propiedad
intelectual y el rechazo asimétrico a los subsidios a la producción agrícola de
los países como el nuestro.
La Política Industrial: ¿un retorno al
pasado?
Promover la industrialización no es invitar
a retomar las políticas del pasado. Hace ya un buen tiempo que mostramos que la
industrialización sustitutiva de importaciones aplicado en el país, en lugar de
fomentar actividades manufactureras competitivas alentó, al igual que el
neoliberalismo actual, el comportamiento rentista y extractivista de los
empresarios (véase Jiménez, F. et al. De
la industrialización proteccionista a la desindustrialización neoliberal,
PUCP-CIES 1999).
Ni la industrialización sustitutiva de
importaciones ni el modelo primario exportador neoliberal, han logrado integrar
el país. La economía «moderna» sigue sin integrarse plenamente a la demografía
y geografía del interior del país. No hay desarrollo industrial ni
agro-industrial; no hay actividades nuevas e innovadoras en la sierra y en la
selva. Por lo tanto, el país necesita un nuevo modelo de desarrollo que ---respetando
nuestra diversidad étnica, cultural y ecológica--- promueva la eclosión y
expansión de los mercados internos con una nueva Política Industrial; que recupere el control nacional de los
recursos energéticos; y, que termine con la desarticulación productiva y la
ausencia de oportunidades de trabajo con ingresos dignos.
La nueva
Política Industrial requiere, por lo
tanto, que el Estado recupere su soberanía, es decir, su capacidad de impulsar
la diversificación productiva, convirtiendo las restricciones potenciales del
actual entorno internacional ---como dice D. Rodrik (2004)--- en oportunidades.
La búsqueda de mayor acceso a los mercados a costa de la capacidad promotora
del Estado, es un mal negocio. La nueva Política Industrial debe ser concebida
como un proceso de interacción entre el Estado y los empresarios privados
nacionales, para desarrollar mercados internos –sin cerrarse al mundo-- con inversiones
en infraestructura, en educación, en programas específicos de capacitación, en
ciencia y tecnología apoyando el surgimiento de actividades nuevas, y con un mercado
de capitales para financiar las inversiones privadas nacionales.
A modo de Conclusión
Optar por la ruta de la diversificación
productiva y el desarrollo industrial supone cambiar de raíz las instituciones
políticas extractivistas que son las que conspiran contra el desarrollo
inclusivo y, contra la democracia y la libertad republicanas. La nueva Política Industrial requiere de
instituciones políticas inclusivas.
Publicado en el diario La Primera, el sábado 17 de agosto
No comments:
Post a Comment