El
objetivo de la política industrial tiene que ser transformar el actual estilo
de crecimiento, es decir, pasar de la especialización primario exportadora a la
diversificación productiva y, por lo tanto, a un crecimiento sustentado en la
productividad. A diferencia del actual extractivismo, la política industrial
debe promover el desarrollo de instituciones económicas inclusivas --que redistribuyen
los recursos y fomentan la innovación, la competencia y el empleo-- en una nueva
relación del mercado con el Estado. «Los mercados ---dicen Acemoglu y
Robinson--- no son por si mismos una garantía de existencia de instituciones
inclusivas. Los mercados, abandonados a su suerte, pueden dejar de ser
inclusivos, y llegar a ser dominados por intereses económicos y políticos
poderosos». Por eso las instituciones económicas inclusivas no pueden
prescindir del Estado.
La
necesidad de instituciones políticas inclusivas
La
diversificación productiva y el desarrollo de mercados internos deben ser
procesos simultáneos. Así, la industrialización, para beneficiar al conjunto de
la sociedad, debe contribuir a la integración económica, social y política del
país. Las instituciones económicas que operan con este fin, deben
«simultáneamente redistribuir el ingreso y el poder». Estas instituciones económicas
inclusivas «requieren de mercados inclusivos que generen igualdad de
condiciones y oportunidades económicas para la mayoría de la población».
En
el modelo actual, el Estado ha sido tomado por los grupos de poder económico
que no innovan, que rechazan la regulación de los mercados, que se oponen a la
redistribución de los ingresos y que debilitan la democracia. Para que se
abandone este modelo y ocurra el cambio estructural a favor de la industria, se
necesitan instituciones políticas inclusivas. Si la industrialización implica la
creación de instituciones económicas inclusivas, ella debe ser resultado de un
proceso político determinado por instituciones políticas distintas a las actuales.
Las nuevas instituciones económicas industriales, para ser inclusivas, no
pueden surgir de un entorno constituido por instituciones políticas donde
predomina la corrupción, el clientelismo y los intereses de los grupos de poder.
Se
tienen que desarrollar instituciones que incentiven la innovación en la
política, que fomenten la democracia y libertad republicanas, que respeten los
derechos de las poblaciones nativas, que no toleren la depredación del medio
ambiente, que extirpen la corrupción del aparato del Estado, que aseguren que se
gobierne a favor de toda la población, y que promuevan el desarrollo de
mecanismos eficientes de fiscalización y la rendición de cuentas en todos los
poderes del Estado.
«Las
instituciones políticas de un país –-según Acemoglu y Robinson--- son las que determinan la capacidad
de los ciudadanos para controlar a los políticos e influir en la forma cómo se
comportan. Esto a su turno determina si los políticos son agentes de los
ciudadanos, si abusan del poder que se les ha confiado para amasar sus fortunas
y perseguir sus propios intereses en detrimento de los intereses de los ciudadanos».
Una de estas instituciones es la Constitución de la República.
La
institucionalidad para el desarrollo industrial
La
diversificación productiva debe ser fruto del esfuerzo conjunto entre el Estado
y el empresariado privado, para innovar, para crear nuevas actividades
productivas a lo largo y ancho del país, y para generar externalidades de
aprendizaje y tecnológicas en beneficio de toda la sociedad. El dominio del modelo
extractivista ha mostrado que el mercado no orienta las inversiones hacia la
diversificación y el desarrollo de mercados internos; pero, de aquí no se
deduce que esta debe ser una tarea exclusiva del Estado.
La
administración del Estado, es una institución social como lo es el mercado.
Ambos no están libres de comportamientos rentistas y corruptos, y de colusión y
abuso de poder. Por eso, para industrializarnos, las inversiones que se
orientan a generar igualdad de condiciones para el desarrollo de actividades
empresariales rentables, y los sistemas de incentivos a la empresa privada
orientada a la diversificación, deben ser producto de la coordinación, de la
deliberación y del intercambio de información entre las instituciones públicas
y privadas. Para ello, podría constituirse un Consejo de Desarrollo Industrial
público-privado donde, además de otras tareas, se identifiquen las necesidades
de inversión en infraestructura para crear mercados internos, los proyectos de
normas para eliminar costos de transacción y obstáculos a la inversión privada
orientada a la diversificación, los sistemas de incentivos y sus
condicionalidades, y los apoyos financieros a las inversiones innovadoras.
A modo de Conclusión
Rodrik,
en Industrial Policy for the Twenty-First
Century (2004), propone un conjunto de elementos constitutivos de la
«arquitectura institucional» para la nueva política industrial: apoyo político
de alto nivel; coordinación y deliberación público-privada; transparencia y
rendición de cuentas; y, criterios para el diseño de las políticas entre los
que se encuentran: incentivos solo para nuevas actividades, condiciones de éxito
y fracaso, cláusulas de extinción de los incentivos, apoyo público a
actividades y no a sectores, y apoyo a actividades que generen externalidades
tecnológicas y de información.
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