Los «cuasi-argumentos» de la derecha
Dicen que La
Pampilla no es un negocio rentable, con lo cual también están diciendo que
las inversiones que han hecho las AFP en esta refinería --tienen entre el 20% y 28% de las acciones— es poco menos que
una malversación de los ahorros de sus afiliados.
«Este viraje tiene el nombre de La Gran Transformación», dicen los más profanos entre los que se
encuentra el presidente de la Confiep. «Ollanta Humala quiere imponerle al país
un programa por el cual los peruanos no votaron como la compra de los activos
de Repsol por parte de Petroperú» --dice un congresista aprista. Pero seguro
que este mismo congresista votó en 2006 por la Ley 28840 de fortalecimiento y
modernización de Petroperú. De acuerdo con esta ley –que el actual gobierno
demoró en reglamentarla--, Petroperú está facultado a desarrollar «actividades
de Hidrocarburos en todas las fases de la industria y comercio del petróleo, incluyendo
sus derivados, petroquímica básica y otras formas de energía».
«Ni La Gran
Transformación ni un presidente mutante –dijo el congresista Fujimori-- va
a echar a perder todo lo avanzado con el modelo económico de la Constitución
del 93». Este congresista no sabe que el crecimiento económico actual es el
resultado de los altos precios de los metales y que la estabilidad
macroeconómica se debe a las reformas efectuadas en los años 2001-2003.
Por último, el ministro Castilla dijo que el gobierno no
pretende «retomar las políticas desechadas de La Gran Transformación». Este ex-viceministro de hacienda de Alan
García, le ha hecho creer al presidente que manteniendo el presupuesto de los
programas sociales en 0.6% del PBI, se logra un crecimiento con inclusión
social. Él sabe que la compra de los activos de Repsol no afectaría para nada
al modelo neoliberal.
La seguridad energética y la autodeterminación nacional
El rechazo a las empresas estatales en áreas que en otros
países se asumen como estratégicas, es decir, decisivas para el desarrollo y la
autodeterminación nacional, es inverosímil. Casi todos los países de la región
tienen empresas estatales. Por ejemplo, Chile y México, cuyos gobiernos comparten
la ideología neoliberal de la derecha de nuestro país, tienen empresas
estatales en el área de los hidrocarburos: ENAP y PEMEX.
¿Por qué un grupo empresarial peruano que rechaza la
existencia de Petroperú se asoció con la empresa estatal petrolera Chilena
ENAP, para comprar los grifos de Shell? De acuerdo con un amigo historiador,
los intereses de gran parte de nuestras élites empresariales no coinciden
necesariamente con los intereses nacionales, sino con los intereses de sus socios
transnacionales. Por esta razón no entienden que comprando los activos de
Repsol fortaleceríamos nuestra seguridad energética, al mismo tiempo que
impediríamos que la estatal Chilena ENAP se haga de estos activos. Tienen un
problema de identidad porque siempre han operado con ideas heterónomas. ¿Es
acaso un tema ideológico afirmar que un país que no controla su energía no
controla su futuro? Si Petroperú compra los activos de Repsol con participación
privada –como dice el presidente— nuestros empresarios deberían asegurarse que
sea con ellos, es decir, con el capital privado nacional.
El Estado regulador del mercado y promotor del desarrollo
La adquisición de los grifos de Repsol también permitiría
la regulación de los precios de los combustibles. Estos son más caros en Perú que en Estados
Unidos. Lo que
es peor, los pecios se forman tomando en cuenta la paridad de importación del
petróleo, bajo el supuesto que importamos el 100% del petróleo. La seguridad
energética no sólo implica resguardar el abastecimiento de los combustibles,
sino también que sus precios no sean de monopolio o de oligopolio, y que los
combustibles que se venden no contaminen el medio ambiente.
Los mercados no se auto-regulan. En ellos operan grupos
de poder generando externalidades negativas como la pobreza, el desempleo y el
subempleo, la distribución desigual del ingreso, la degradación ecológica y los
abusos de poder de dominio. Estos son problemas de interés público que deben
ser enfrentados por el Estado. Pero por un Estado que «debe dejar de ser propiedad de unos
pocos y pasar a servir a todos los peruanos»; por un Estado regulador y
promotor del desarrollo.
A
modo de conclusión
Es
cierto que la estructura de poder que tiene el Estado, es una amenaza potencial
de despotismo. Por eso el Estado regulador y promotor del desarrollo debe ser
controlado democráticamente por una sociedad civil activa, debe rendir cuentas, y su
intervención en la economía y sociedad debe ser eficiente, incorruptible y
transparente. Y, para que ese Estado sea posible en nuestro país, los recursos
naturales deben estar al servicio del interés nacional, en especial, los
recursos energéticos. La autonomía nacional en las decisiones del gobierno y el
fortalecimiento de la democracia, presuponen el abandono de la «heteronomía»
ancestral que ha impedido desarrollarnos autónomamente.
Publicado en el diario La Primera el sábado 4 de mayo
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