Democracia, Crecimiento y la Behetría de Ollanta Humala

La muerte de dos conciudadanos con la violenta represión de la protesta social en Espinar efectuada por el actual gobierno, y su decisión concertada con el poder judicial para juzgar fuera de su jurisdicción al alcalde Óscar Mollohuanca, constituyen una grave violación a los derechos humanos y al Estado de Derecho. Decidir que los supuestos delitos cometidos durante la protesta social en Cajamarca y Espinar sean tratados en los juzgados de Chiclayo e Ica, respectivamente, es anticonstitucional. El inciso 3 del artículo 139° de la Constitución vigente señala como parte del principio de observancia del debido proceso que «Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación».

La concepción del «orden y autoridad» de Ollanta Humala

Humala sabe que uno de los objetivos de La Gran Transformación es practicar la democracia garantizando la separación de poderes y la vigencia plena de los derechos civiles, sociales, políticos y humanos; restituyéndole a la política el carácter de instrumento de la justicia; e instituyendo la evaluación y control constitucional de los gobernantes. Si propusimos el cambio de la Constitución, fue precisamente para profundizar la democracia y transformar el Estado para hacerlo más descentralizado y  promotor del desarrollo y de los derechos sociales universales. Pero, Humala ahora está siguiendo la ruta del autoritarismo, de los que siempre sacrificaron la libertad y los derechos ciudadanos en el altar del orden y la autoridad.

La descalificación de la legítima protesta y su violenta represión es contraria al nacionalismo que vertebra la propuesta de La Gran Transformación. El nacionalismo fue concebido como una alternativa democrática a la gestión excluyente y autoritaria de los gobiernos neoliberales. Nos propusimos construir un Estado Nación que constituya el espacio de vigencia de la democracia y los derechos ciudadanos. Por eso, transformar el país no podía implicar sacrificar la libertad y los derechos humanos y ciudadanos.

El actual gobierno que dice seguir La Gran Transformación  está confundiendo la naturaleza del Estado de Derecho, con la consecución del orden y el supuesto respeto a la autoridad, usando la ley. La autoridad, sobre todo la autoridad pública, se logra con una conducta ajustada a la ética y al derecho, no con la represión policiaca. Por eso, no hay ejercicio democrático con el monólogo ni con la imposición. La democracia tiene sentido cuando muchos, individuos y grupos, tienen algo que decir en las decisiones que toman los gobernantes. Esto implica abandonar la vieja y retrógrada costumbre de mirar por encima del hombro a los llamados gobernados; y para que esto ocurra, la ley y las instituciones deben limitar a los gobernantes.

No hay que olvidar que cuando un gobernante concentra mucho poder, se mina los fundamentos de la democracia y del pluralismo; se renuncia a las instituciones inclusivas y se opta por el extractivismo. Las instituciones inclusivas se basan en restricciones al ejercicio del poder y en una distribución plural del poder político en la sociedad. La habilidad de un grupo de imponer su voluntad a los otros sin restricciones, amenaza al propio Estado de Derecho.

No hay crecimiento ni desarrollo con autoritarismo y sin democracia

Humala debe saber que el crecimiento económico sostenido requiere que los gobernantes respeten los derechos ciudadanos y fortalezcan la democracia. La práctica de la democracia dota de credibilidad a los gobernantes.  Hay estudios que muestran que el Estado actúa buscando su propio interés, a menos que las instituciones democráticas lo obliguen a actuar en pos del bien común. Desde esta perspectiva, los dictadores son una fuente de ineficiencia y, por lo tanto, la dictadura no está asociada a un crecimiento más acelerado.

La democracia tiene un mejor desempeño –dice Dani Rodrik-- en varias dimensiones: produce menos incertidumbre y volatilidad (con respecto a las tasas de crecimiento futuras y a las fluctuaciones macroeconómicas), presenta un mejor manejo de los shocks y produce resultados distributivos que son más deseables. Por un lado, en democracia, las políticas económicas están restringidas por las preferencias del votante mediano, por lo tanto, la probabilidad de que se produzcan resultados extremos es baja. Por otro lado, las formas institucionalizadas de participación política permiten una mayor capacidad de expresión reduciéndose la necesidad del conflicto social. Tercero, en democracia resulta más difícil excluir a los rivales políticos de los beneficios económicos, reduciéndose los incentivos a la no cooperación. Además, la democracia mejora la distribución del ingreso desde los beneficios hacia los salarios, mientras que los regímenes autoritarios transfieren ingreso desde los trabajadores hacia los empleadores.

A modo de conclusión

Es importante que Humala sepa que los regímenes democráticos favorecen el proceso de participación política, de competencia y fiscalización por parte de la ciudadanía,  e incrementan el poder de negociación de los trabajadores y de los que menos tienen. Pero también es importante que sepa que no puede haber crecimiento, ni desarrollo, con represión y ausencia de libertad. El progreso no se puede fundar en la esclavitud o la servidumbre.

Publicado en el diario La Primera, el sábado 9 de junio.