Política Económica y Crecimiento Económico

I. Crecimiento Económico, Ahorro-Inversión y Condiciones Iniciales

Las «condiciones iniciales» y políticas económicas pueden acelerar o retrasar el crecimiento de largo plazo a través de su influencia en el desarrollo tecnológico y en la intensidad de capital o relación capital trabajo, es decir, en la cantidad de stock de capital (equipo, edificios, autopistas, puertos, máquinas) que tiene a su disposición un trabajador o promedio. Una economía intensiva en capital es más productiva y genera mejores condiciones de bienestar para la población.
La cantidad y calidad del gasto en educación e investigación, mejoran la tecnología y aumentan el nivel de eficiencia del trabajo, es decir, su capacidad para utilizar las tecnologías modernas. Por su parte, la proporción del PBI que se ahorra y se invierte, y la inversión necesaria para dotar de capital a los nuevos trabajadores o para reponer el stock de capital gastado u obsoleto, ambas, determinan la intensidad de capital.
Las políticas económicas que afectan el gasto en educación e investigación, así como a los coeficientes de ahorro e inversión, y aquellas que estimulan la inversión para por lo menos mantener la intensidad de capital, son las que específicamente afectan la tasa de crecimiento económico a largo plazo. Pero, la influencia negativa o positiva de estas políticas sobre el crecimiento económico puede acentuarse dependiendo de las «condiciones iniciales». En nuestro país, estas «condiciones iniciales» están constituidas por tres grandes problemas estructurales: a) la desigualdad y pobreza y, por consiguiente, la insuficiencia de empleos e ingresos decentes; b) las débiles o inexistentes relaciones sectoriales y espaciales que hacen difícil crear nuevos mercados internos o expandir los ya existentes; y, c) el estilo de crecimiento liderado por la producción primaria, la misma que tiene reducidos efectos sobre el empleo y los ingresos.

El gobierno actual no tiene una propuesta integral de políticas para enfrentar estos problemas estructurales y sostener la tasa de crecimiento económico a largo plazo. La opción por la propuesta económica de la derecha se expresa en el énfasis que hace este gobierno en el papel de la inversión extranjera, descuidando la inversión privada nacional. Desde que se introdujeron las políticas neoliberales en el país, el coeficiente de inversión privada ha disminuido en lugar de aumentar. Entre los años 1996 y 2005, el coeficiente de inversión privada a PBI se redujo de 18.6% a 15.7%. Esto ocurrió cuando, en el mismo período, el coeficiente de ahorro privado a PBI aumentó de 12.5% a 17.4%. Así, desde el año 1999 la brecha Ahorro-Inversión privados se hace positiva y, desde el año 2004, el país exporta capitales. Esta situación se exacerba en el último semestre, cuando el ahorro externo se hace notoriamente negativo: está por encima del 5% del PBI, en valor absoluto.









El país registra en su historia hipos de coeficientes de inversión originados por los aumentos intermitentes en la inversión extranjera, después de los cuales vuelve a sus bajos niveles promedio consistentes con la persistencia de los problemas estructurales mencionados anteriormente. El «imperialismo como primera fase del desarrollo del capitalismo en nuestro país» no tuvo éxito. Hoy, con la pérdida de soberanía del Estado ante las empresas de capital transnacional, como las mineras y la telefónica, el gobierno aprista habrá convertido al ahorro interno en un «perfecto cipayo». Nótese, además, que la Renta de Factores de la balanza en cuenta corriente, como porcentaje del PBI, ha pasado de -6.4% en el 2005 a cerca de -8% en el 2006.








La exportación de capitales debilita la relación entre el ahorro y la inversión internos, ahondando los problemas estructurales de la economía cuyo déficit de inversión en infraestructura supera los 23 mil millones de dólares. Esta exportación es estimulada por un manejo cambiario que favorece el aumento de las inversiones de las AFP en el exterior.

Tipo de Cambio Real Bilateral y Multilateral
II. Crecimiento Económico, Tipo de Cambio Real y Política Monetaria

En una economía abierta y de mercado, la estructura de precios relativos es fundamental para orientar la asignación de los recursos; ella influye en la constitución de un patrón o estilo de crecimiento. Al respecto, es importante mencionar que el tipo de estructura de estos precios, que favoreció a la exportación no-tradicional, fue configurado por la «nueva» política monetaria introducida por el anterior Directorio del BCRP. Uno de los precios relativos clave, el tipo de cambio real, se mantuvo en niveles que, a diferencia de lo que ocurrió en los años 90, no conspiraron contra la competitividad de los exportadores no tradicionales.
En consecuencia, el aumento de las exportaciones no-tradicionales a los EE.UU. no fue sólo resultado del ATPDEA, sino también de un tipo de cambio real que se mantuvo en niveles competitivos. Además, la baja inflación, la más baja de nuestra historia, y las bajas tasas de interés (otro precio relativo importante), son también resultados de esa «nueva» política que impidió la ocurrencia de bruscas fluctuaciones del tipo de cambio.

Tasa de Interés Activa promedio en MN
Y ¿qué podemos esperar del Directorio actual presidido por Julio Velarde? Sus deseos de flotar más el tipo de cambio pueden crear expectativas hacia una cada vez mayor apreciación de la moneda, con lo cual se estaría remando a contracorriente en un contexto en el que los volúmenes de las exportaciones han empezado a desacelerarse por la relativa contracción de la economía internacional. Y, quizás, también, la apreciación monetaria sea el pretexto construido para seguir aumentando el límite operativo de las inversiones en el exterior de las AFP. Ya lo elevó una vez de 10.5 a 12.5% y ha anunciado que lo seguirá haciendo. De continuar en esta ruta, el Directorio actual pasará a la historia por haber acentuado la exportación de nuestros ahorros en lugar de generar canales adecuados para invertirlos en la economía nacional.
Aparte de la tasa de interés interbancaria, el BCRP tiene como otro instrumento independiente la compra o venta esterilizada de dólares. Cuando compra, simultáneamente inyecta soles en la economía. El BCRP esteriliza estos soles, retirándolos de la economía con la venta de sus certificados de depósitos. Ahora bien, a diferencia de lo que ha ocurrido con el uso del instrumento tasa de interes, donde no hay anuncios de cambios, el nuevo Directorio del Banco Central está, al parecer, introduciendo modificaciones en el uso del instrumento compra-venta esterilizada de dólares: su presidente ha dicho que habrá una mayor flexibilidad cambiaria. Para el mercado cambiario este es el anuncio de una especie de via libre hacia la apreciación de la moneda nacional (una caída del precio del dólar) y, por lo tanto, ha empezado a apostar en esa dirección.
En este mercado no sólo se transan dólares que se pagan y se entregan hoy. Los bancos comerciales tambien venden y compran dólares para entrega en el futuro. Si alguien que gana en soles tiene que pagar una deuda en dólares dentro de, por ejemplo, seis meses y no quiere correr el riesgo de una fuerte subida del tipo de cambio, puede acudir a este mercado de dólares a futuro, o forwards. El banco le venderá dólares para entrega dentro de seis meses a un precio que se fija hoy. El saldo de ventas netas de forwards es el total de dólares que los bancos han vendido a futuro a sus clientes menos el total de dólares que los bancos han comprado a futuro a sus clientes.
Si el mercado espera que el tipo de cambio suba, como ocurrió durante el periodo electoral, el saldo de ventas netas de forwards normalmente aumentará. Y viceversa, si el mercado espera que el tipo de cambio baje, como ocurrió una vez terminado el proceso electoral, el saldo de ventas netas de forwards normalmente disminuirá. El siguiente grafico ilustra estos movimientos del saldo de ventas netas de forwards y su relacion con el tipo de cambio.

Entre octubre y la tercera semana de diciembre, este saldo de ventas netas de forwards ha caído notoriamente, mientras que el tipo de cambio se acercaba a la barrera de 3.20 soles por dólar. No obstante, hay que señalar que el BCRP ha comprado durante este mismo periodo casi $ 1,400 millones, elevando sus reservas de divisas (posicion de cambio) hasta un record de $ 10,480 millones.



Publicado en La República el 31 de diciembre de 2006

Democracia, Cambio Social y Oposición Política

La ex candidata de la derecha, Lourdes Flores, acaba de pedirle al próximo gobierno el control del BCR, del INDECOPI, de la SBS y de los organismos reguladores, para de esta manera –dice--, realizar una «oposición moderna». Su pedido se suma a la propuesta de modificación de la ley orgánica del BCR y a la ratificación del TLC por el actual Congreso de la República. Todos estos hechos, en conjunto, definen el rumbo económico y político que, según la derecha, debe adoptar el próximo gobierno. Para ello desarrollaron desde la segunda vuelta electoral, una campaña de descrédito de la oposición nacionalista, con la directa colaboración del gobierno de Toledo y de los medios de comunicación.

Hay continuidad en el carácter de los regímenes políticos de Fujimori y de Toledo. Aunque el primero fue un régimen de excepción que contó con los medios de comunicación como instrumento de «cohesión» social y política, ambos fueron regímenes de transacción con el poder económico transnacional. Peor aun, el gobierno de Toledo que nació de un proceso electoral democrático, frustró el proceso de transición a la democracia iniciado por el breve gobierno del Valentín Paniagua. En lugar de consolidar la democracia, Toledo gobernó, al igual que Fujimori, con la derecha neoliberal. Recordemos que en el siglo XIX los emisarios del gobierno de Washington venían a «presionar» por la liberación de los puertos, la disminución de aranceles o la firma de tratados comerciales; hoy, ese gobierno tiene a Toledo como su emisario «especial». Por otro lado, el crecimiento económico que exhibe Toledo como éxito de su gobierno, no le pertenece. El nuevo esquema institucional de política monetaria y el escenario internacional de precios favorables, son los que explican dicho crecimiento. ¿Habría crecido la economía si el BCR dejaba de intervenir en el mercado cambiario y aumentaba a 20% el límite operativo de las inversiones en el exterior de las AFP? Al respecto, es importante señalar que el ministro Pedro Pablo Kuczynski intentó varias veces copar el directorio del BCR con economistas neoliberales y que, ciertamente, no hizo nada destacable para reducir de la pobreza cuando se desempeñó como ministro de economía.

Mantener este es el tipo de régimen de transacción fue el objetivo de la conspiración de la argentocracia contra el nacionalismo en la segunda vuelta electoral. A los hechos mencionados anteriormente, hay que agregarle la aceptación de García Pérez de no renegociar los contratos de «estabilidad jurídica y tributaria» y de otros firmados violando los intereses nacionales, es decir, de no cambiar las reglas que impuso el fujimorismo económico. Como señalamos en otro artículo, se ha optado por la mediatización del cambio económico, social y político, es decir, se ha renunciado a promover una autentica justicia e integración social y, por lo tanto, a desarrollar la democracia en la sierra y la selva del país. Según el racista Pedro Pablo Kuczynski, «esto de cambiar las reglas, cambiar los contratos, nacionalizar que es un poco una idea de unas partes de los Andes, lugares donde la altura impide que el oxígeno llegue al cerebro, es fatal y funesto» (Gestión, 10 julio).

Estamos entrando entonces a un régimen político que no es de ruptura con el modelo neoliberal. El gobierno de Toledo permitió el cinismo como forma de reciclaje de los fujimontesinistas. Por eso Kuczynski fue capaz de afirmar que la economía crece porque se mantuvo «lo bueno de Fujimori». La perversión de la transición es la que hoy domina el escenario político. Este tipo de régimen obstaculiza la democracia concebida como «sistema para la dinámica de la sociedad, que exige una actitud proclive a la aceptación del cambio social». No hay transición a la democracia si se frena no sólo el progreso, sino el «el proceso lógico de cambio que la sociedad, como organismo móvil, suscita reiteradamente».

Por las razones anteriores, la oposición política nacionalista debe ser leal a la democracia como proceso de cambio social. Esta lealtad no se riñe con la confrontación a un régimen que no está dispuesto a «recibir lo nuevo y a darle una estructura formal mediante leyes». Confrontar, en este sentido, es «hacer audible» las propuestas de cambio ante el resto de los conciudadanos y ante el nuevo gobierno. Para entender a cabalidad este planteamiento, es importante reconocer que los países como el nuestro siguen lógicas económicas, sociales y políticas distintas a las de los de los países del centro. Estos tienen sociedades y economías más homogéneas. Por ello, en nuestros países el problema fundamental de la economía y de su desarrollo se encuentra en el tipo de orientación de la asignación de los recursos productivos. Y, el tipo de orientación que sigue dicha asignación de recursos, es el que determina la manera cómo se crece, cómo se acumula capital y, ciertamente, cómo se distribuyen sus frutos.

Publicado en el Diario La República

La conspiración de la argentocracia: BCR y TLC

Tres hechos caracterizan la coyuntura política actual: la arremetida oficiosa y mediática contra la oposición nacionalista; el proyecto de modificación de la ley orgánica del BCR impulsado por el APRA y la ratificación del TLC o Acuerdo de Promoción Comercial. Los dos últimos son parte, sin duda, del pago puntual a los grupos de poder que conspiraron contra el proyecto nacionalista, para hacer posible la elección del señor García Pérez. Curiosamente, analistas de canteras opuestas coinciden en culpar a Ollanta Humala de la polarización política de estos días, como si esta no hubiera sido fruto de la conspiración del dinero durante la segunda vuelta electoral. La cortedad de este punto de vista es evidente porque no toma en cuenta el editorial irrespetuoso e insidioso de El Comercio en contra de Ollanta ni el saludo del APRA al tránsfuga Carlos Torres Caro como ejemplo de valentía democrática.

¿Qué pretende el APRA y la derecha con la modificación de la Ley Orgánica del BCR? «Castigar» a sus actuales directores y abrirle el paso a un ex presidente con fama, pero poco calificado, para luego quitarle al BCR la facultad de fijar el límite operativo de las inversiones en el exterior de las AFP. El lector recordará que al inicio de la campaña electoral, en la segunda mitad del año pasado, la especulación de estas instituciones contra la moneda nacional fue parada en seco por el BCR y con serias pérdidas de dinero para ellas y sus cómplices. Se habló del efecto Humala y, cuando les salió «el tiro por la culata», se acusó al directorio del BCR de ser cómplice del nacionalismo. El APRA está jugando con fuego al querer disminuir las atribuciones de la autoridad monetaria en el mercado cambiario. Su ignorancia lo lleva a no reconocer que el crecimiento económico de los últimos años se debe, en gran parte, al nuevo esquema de política monetaria introducido en mayo del año 2002 por el actual directorio del BCR.

Por otro lado, ¿por qué el Congreso ratificó el TLC de madrugada, con un debate breve y a espaldas del pueblo? El lector recordará que en plena segunda vuelta del proceso electoral se restauró la argentocracia, heredera de los librecambistas del siglo XIX entre cuyos integrantes destacaban los comerciantes y cónsules extranjeros que abogaban, con la presión de los Estados Unidos, por la apertura de los puertos y la firma de tratados comerciales. La bancada aprista del Congreso tenía que pagar los servicios conspirativos de la nueva argentocracia y de sus medios de comunicación contra el nacionalismo.

García Pérez faltó a su palabra al apoyar una ratificación que, al igual que el pacto infame APRA-UNO, mediatizará el cambio social y económico que enarboló el nacionalismo. Se ratificó una evidente expresión de engaño al pueblo, porque desde el inicio se mintió. Se dijo que no firmarlo significaría la pérdida de un millón de empleos formales y de 5 millones de dólares de exportaciones a los Estados Unidos, pues en diciembre culminaría el ATPDEA. Nada de esto fue ni es verdad. Con una PEA ocupada de 13 millones 367 mil personas, un tasa de subempleo de 65 %, un 20% del empleo ubicado en el sector exportador y coeficientes sectoriales de empleo iguales, el número de puestos de trabajo formales generados por las actividades exportadoras (tradicionales y no tradicionales) asciende a 930 mil personas. De este total, 279 mil empleos adecuados corresponden a las exportaciones no tradicionales y solo 116 mil pertenecen a las exportaciones no tradicionales dirigidas al mercado de los Estados Unidos. Por lo demás, si con el ATPDEA se duplicaron las exportaciones y el empleo, entonces se habrían creado únicamente 58 mil puestos de trabajo adecuados y no el millón que divulgaron para «persuadirnos» de las bondades del TLC. Se mintió igual cuando se dijo que perderíamos 5 mil millones de exportaciones a los Estados Unidos. Esta cifra corresponde al total de las exportaciones dirigidas a ese mercado, de las cuales solo el 36% corresponde a las exportaciones no tradicionales.

El TLC entrega nuestro mercado interno a productos agrícolas subsidiados de manera permanente por el gobierno norteamericano. Frente a ellas, las compensaciones aprobadas por el Congreso de nuestro país, son ridículas (112 millones de soles anuales y solo por un lapso de 5 años, para el algodón, el maíz amarillo duro y el trigo). El enfoque estático adoptado no toma en cuenta las sustituciones en la producción y el consumo que generaría la libre importación de productos norteamericanos y que, a la larga, atentaría contra la seguridad alimentaria de nuestro país.

Por último, el TLC es más que un acuerdo de promoción del comercio, porque incorpora temas que no han sido motivo de acuerdos en las negociaciones dentro de la OMC como propiedad intelectual y patentes, solución de controversias y tratamiento de inversiones. En especial, el capítulo de inversiones limita la capacidad soberana del Estado para dictar normas tributarias o para exigir requisitos de desempeño a las empresas transnacionales, so pena de ser demandado en los tribunales internacionales con el argumento de «expropiación indirecta» por supuestamente habérseles afectado sus expectativas de ganancia futura. El TLC, por lo tanto, bloquea la posibilidad de un cambio en el modelo de crecimiento y desarrollo de nuestro país, al atarnos a la dinámica de la economía norteamericana cuyo futuro, por lo demás, no es nada promisorio.

Diario La República

La reedición del pacto infame APRA-UNO

La primera vez que en nuestro país se efectuaron elecciones en pleno crecimiento económico y con una población que exigía transformar el modelo primario exportador, fue al inicio de la década de los años 60. En 1959 se había promulgado la ley de industrialización y la economía crecía por encima del 8% anual. Fueron elecciones accidentadas. Ganó Fernando Belaúnde Terry, fundador de Acción Popular, en nuevas elecciones convocadas por un gobierno militar surgido de un contragolpe de Estado. Pero también fueron los años del primer pacto infame del APRA con la derecha. Se aliaron con la Unión Nacional Odriísta (UNO) para enfrentar al líder acciopopulista durante todo su gobierno. Boicotearon su propuesta de colonización vial que favorecía la incorporación al mercado interno de vastas tierras a la agricultura y que, en perspectiva, apuntaba a la interconexión sudamericana. ¿Se acuerdan de la marginal de la selva y de su versión ampliada, la unión vial de países vecinos para alcanzar la integración del continente? Además, aliados al capital financiero de la época, la coalición APRA-UNO imposibilitó la revolución del crédito cuyo objetivo era expandirlo orientando el ahorro interno hacia el desarrollo nacional.

Se creó así una industria incapaz de articular la economía y el mercado internos, y de modificar la composición del comercio exterior. En el interior del país, particularmente en las regiones más apartadas, se sufrió este abandono: crecieron la pobreza y la migración, pero también la desesperanza y el rencor que posteriormente sirvieron de caldo de cultivo para la subversión terrorista. Esa industria, surgida de la transacción y la componenda, después parasitó y exigió una alta protección efectiva de los gobiernos militares de Velasco y Morales Bermúdez. El efecto negativo de la coalición APRA-UNO sobre el Desarrollo Nacional fue después exacerbado por el irresponsable y corrupto gobierno alanista de 1985-1990, cuyas consecuencias, ahora, muchos de sus antiguos críticos no quieren recordar: se redujo el PBI per cápita y la producción industrial en 30%; se destruyó la capacidad adquisitiva del salario; y, aumentó la pobreza de 16% a 45% y el subempleo de 42.4% a 73.1%.

Ahora, a pocos días de la segunda vuelta electoral, Alan reedita ese pacto infame. Como el aprismo lo hizo, primero, durante la “convivencia con el pradismo”, y después, con la “superconvivencia con Odría”, el alanismo aprista de hoy pacta con la mafia fujimontesinista. Este es, además de una capitulación ante los representantes del entreguismo y del mercantilismo neoliberal, un pacto de impunidad. Así como el pacto APRA-UNO pervirtió el proceso de industrialización, este nuevo pacto infame pretende castrar el reclamo de transformación del modelo económico neoliberal que la amplia mayoría de la población expresó con su voto en la primera vuelta electoral.

Durante casi 45 años perdimos la oportunidad de crecer construyendo país. No permitamos que el alanismo prolongue este drama histórico. Las propuestas del alanismo (bajar el SOAT, desaparecer los services que su propio gobierno creó, apoyar la libre desafiliación de las AFPs, bajar tarifas públicas, titulación, etc.) tienen como objetivo crear la sensación de un «cambio responsable» para que nada cambie. El alanismo, al igual que la derecha neoliberal, acepta el TLC negociado con EEUU; rechaza la nacionalización del Estado y de las actividades estratégicas; y, por lo tanto, renuncia a la construcción de un Estado soberano y de una economía nacional.

Pero la reedición del pacto infame también impedirá la cura Moral de nuestro país. Para el alanismo aprista la lucha contra la corrupción no es una política de Estado. Por eso advertimos que este nuevo pacto infame va a impedir --ya lo está haciendo-- que la decencia se instale definitivamente en todos los peruanos como el supremo valor moral de la política y de las relaciones sociales y personales.

Diario La República

La necesaria reforma de la política fiscal

Los objetivos de la política fiscal no deben circunscribirse sólo a morigerar las fluctuaciones y a cumplir con las obligaciones de largo plazo. Es importante que también tenga como objetivo la recuperación del papel del Estado como proveedor de servicios básicos de educación, salud, agua y saneamiento. Esta propuesta tiene que ver con el diagnóstico de la política fiscal de los últimos quince años. Creo sinceramente que esta fue una de las más irresponsables de la historia moderna del país. Se privatizó y se gastó mal lo que se obtuvo. Se pudo haber prepagado la deuda pública externa o se pudo haber invertido en infraestructura básica; pero en lugar de hacerlo se dilapidó el dinero.

La disminución del déficit que ocurrió hasta el año 97 no fue producto de una política tributaria responsable o de una gestión eficiente del gasto, sino del uso de los ingresos de las privatizaciones para financiar gastos con objetivos exclusivamente políticos. La política fiscal de esos años, de carácter pro cíclica, dio lugar a una caída espectacular de la inversión pública. En el primer lustro de los años noventa, esta inversión se aproximaba al 5% del producto bruto interno (PBI) y ahora representa sólo el 2.9% del PBI. El resultado fue el aumento del déficit de infraestructura de salud, de educación, de agua, de saneamiento, de electrificación, etc. Esto tiene que cambiar. Se debe recuperar la participación de la inversión pública hasta por lo menos 5% del PBI. Para ello debe cambiar la estructura de financiamiento del gasto público total e introducirse una regla de política fiscal contra cíclica.

Para cambiar la estructura del financiamiento del gasto público total hay dos mecanismos. El primero es aumentar la duración de la deuda pública, es decir, disminuir notoriamente su riesgo de refinanciamiento porque la deuda pública se encuentra concentrada en los próximos 7 u 8 años. Por ejemplo, la magnitud del servicio de la deuda en el año 2006, asciende a más o menos 3% del PBI. Esto es demasiado en un país que ha acrecentado su déficit de infraestructura social. Las operaciones de reperfilamiento son las que permiten aumentar la vida media de la deuda y para ello el instrumento fundamental es la deuda pública doméstica. La expansión y desarrollo de esta última puede permitirnos matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, cuando aumenta el peso de la deuda interna en el total, disminuyen sus riesgos de mercado, es decir, el riesgo cambiario y el riesgo tasas de interés. Estos últimos existen porque la deuda, que es fundamentalmente externa, está pactada en monedas distintas al sol y parte importante de la misma está pactada a tasas de interés variables. Por lo tanto, la deuda pública actual no sólo tiene riesgo de refinanciamiento sino riesgos cambiarios y de tasa de interés. Por otro lado, si se utiliza la deuda interna para sustituir deuda externa, se puede aprovechar para alargar con esa operación la vida media de la deuda total. En suma, con las operaciones de reperfilamiento estaríamos haciéndole un mayor espacio a la inversión pública para recuperar sus niveles históricos. Imaginemos que con dichas operaciones se ahorren recursos equivalentes a un punto, o un punto y medio del PBI, entonces, en lugar de destinar esos recursos al pago de los servicios corrientes de la deuda año tras año, estaríamos destinándolos a la inversión pública.

El segundo mecanismo es el aumento de la presión tributaria. Hay que fomentar la cultura tributaria, hay que combatir la evasión y la elusión, al mismo tiempo que se modifica la composición de la estructura tributaria aumentando el peso de los impuestos directos. Además, hay que introducir un impuesto a las sobreganancias en la explotación de recursos naturales, así como eliminar las exoneraciones sectoriales y regionales que no cumplen su cometido.

Finalmente, para impedir que la inversión pública siga disminuyendo, hay que introducir en la ley de responsabilidad y transparencia fiscal una regla contracíclica basada en el superávit estructural que hace sostenible la política fiscal. En un régimen de tipo de cambio flexible, la mejor recomendación que proviene de la teoría, es contar con estabilizadores automáticos y, por supuesto, en este caso es mucho más potente una regla fiscal contracíclica que estar pensando en sanciones a los funcionarios que incumplen con las metas fiscales.

Gestión, Diario de Economía y Negocios

El plan Humala y las mentiras de Bustamante

Confieso que me es difícil debatir con los que, además de practicar el camuflaje, mienten. Con ellos, no hay aprendizaje alguno. Esta será, por eso, mi última mención a Bustamante. Él sigue criticando el Plan de Humala sin haberlo entendido. No acepta que la globalización también tiene efectos negativos y, claro está, no ha leído a Stiglitz. Este ex gerente de la empresa quebrada Orión nunca comprenderá que la lucha por los mercados externos es un "juego de suma cero".

Su respuesta a mi defensa del Plan de Humala fue una behetría mental. Empezó apoyándose en Stiglitz para afirmar que, de aplicarse el Plan, "se destruiría la economía peruana y daríamos un estúpido salto hacia atrás". Mi reacción a esta injuria fue glosarle unos párrafos del libro de Stiglitz que él citó (con número de página equivocado), para ayudarle a comprenderlo. Pero he recibido una capullada de respuesta. Dice que "analizo la realidad nacional a través de los ojos y pensamiento de un norteamericano". Ciertamente, no puedo exigirle que lea mis libros y artículos sobre nuestra economía, ni menos pedirle que renuncie a su pensamiento meteco para defender el interés nacional.

El ingeniero Bustamante no entenderá jamás que el comercio es de flujos de exportaciones e importaciones, y que la balanza de estos flujos, solo bajo ciertas condiciones –lo decían ya los fisiócratas basándose en Cantillón (1755)--, podría incrementar el ingreso. "En la generación de flujos –sentencia Bustamante– está la creación de riqueza, tanto por la ampliación de los mercados como por la especialización, la división del trabajo". ¿Sabrá lo que dice o será solo un camuflaje?

"Queremos –se dice en el Plan de Humala– que nuestra economía sea capaz de diversificar y expandir sus mercados internos, generar cambios tecnológicos endógenos y aumentos sostenidos en la productividad. Así, al reducirse los costos por unidad producida, la competitividad del Perú crecerá" (página 20). Los mercados en expansión permiten que se extienda la división del trabajo y la especialización y, por lo tanto, que aumente la productividad. Cuando la productividad aumenta, los costos unitarios de producción disminuyen y, en consecuencia, aumenta la competitividad o la capacidad de penetración en los mercados externos. Si una participación acrecentada en el comercio exterior se suma al crecimiento del mercado interno, es decir, no lo reduce, entonces continuará el círculo virtuoso de aumento de la productividad y la competitividad.

Los globalizadores y neoliberales no entienden este argumento, por eso defendieron la tercerización del trabajo y la precarización salarial como medios para aumentar la competitividad. "Esta estrategia de disminución de costos del trabajo para ganar participación en los mercados externos –se dice en el Plan de Humala– tiende a reducir el tamaño de mercado doméstico porque comprime los ingresos de los trabajadores". Además, esta estrategia no es el camino para construir relaciones internacionales armoniosas porque privilegia la participación en los mercados externos a costa de los mercados internos (página 35).

Bustamante me acusa de no creer en el mercado. Su behetría lo lleva a confundir la realidad con un acto de fe. El Plan de Humala es para una economía de mercado. En él se propone una estrategia de incorporación a la modernidad de la población pobre, excluida, de la costa, sierra y selva del país. Se propone construir Nación. "La agenda de un crecimiento integrador del país con un nuevo modo de crecer creando mercados internos, aumentando el empleo e incorporando al mercado a la población excluida y provinciana del país –se dice en el Plan–, es avanzar desde adentro y hacia afuera, sin cerrarse al mundo y sin crear déficit externos" (página 35).

Bustamante afirma que planteamos "suplantar la inversión privada por la inversión pública" y "condenar al país a la falta de inversión". No es una cita; es otra mentira. Lo que en verdad se propone en el Plan de Humala es, además del fortalecimiento de los organismos reguladores y la adecuación del marco legal para una real defensa de la competencia, que "la energía, los hidrocarburos, el gas, la electricidad, los servicios esenciales, el agua y saneamiento, el espacio aerocomercial y los puertos, (sean) actividades estratégicas puestas al servicio del desarrollo de la Nación" (página 41). En este sentido se dice que serán nacionalizadas. Y, para que no quepa dudas, se señala que su régimen empresarial será pluralista: "coexistirán en cada caso las empresas privadas, públicas, mixtas, asociaciones y operadores, y (se establecerán) reglas de juego para asegurar la contribución al desarrollo de las empresas de capital extranjero" (página 41).

Solo los que no conocen las fronteras de lo Nacional pueden decir que estos planteamientos atentan contra la inversión.

Diario La República

El mercado y el señor Pablo Bustamante

A Pablo Bustamante le parece increíble que la lucha por los mercados externos sea un juego de suma cero porque, imagino, nunca ha leído un texto elemental de comercio. Si en el mundo hubiera sólo dos países y uno tuviera superávit comercial, el otro tendría que tener déficit. La suma de sus balanzas comerciales tendría que ser, por lo tanto, igual a cero. Si hay países superavitarios tienen que haber necesariamente países deficitarios. ¡No pueden ser todos superavitarios! Stglitz lo menciona en el libro que supuestamente ha leído Bustamante: “…si un país importa más de lo que exporta (es decir, tiene déficit comercial), otro país debe estar exportando más de los que importa (tiene un superávit comercial). Una regla inquebrantable de la contabilidad internacional es que la suma de todos los déficits del mundo debe igualar a la suma de todos los superávits” (“El malestar de la globalización”, Taurus, 2002, página 253). Increíble que no lo sepa el ex gerente de la desaparecida Orión.

Es verdad que la globalización es una realidad, pero también es verdad que tiene efectos nocivos en economías como la nuestra, donde la pobreza sigue siendo superior al 50% de la población después de tres lustros de neoliberalismo. Según Stiglitz: “…las políticas económicas derivadas del Consenso de Washington y aplicadas en las naciones subdesarrolladas no eran las apropiadas…” (Ídem, página 41). “Forzar a un país en desarrollo a abrirse a los productos importados que compiten con los elaborados por alguna de sus industrias, peligrosamente vulnerables a la competencia de buena parte de industrias más vigorosas en otros países, puede tener consecuencias desastrosas, sociales y económicas. Se han destruido empleos sistemáticamente…antes que los sectores industriales y agrícolas de los países pudieran fortalecerse y crear nuevos puestos de trabajo” (Ídem, página 42). Precisamente, en el Plan de Humala se propone fortalecer la industria y el agro nacionales, y sus mercados internos, para competir en mejores condiciones en los mercados internacionales.

Stiglitz no dice que la globalización per se ayuda a eliminar la pobreza. “Los críticos de la globalización acusan a los países occidentales de hipócritas, con razón: forzaron a los pobres a eliminar las barreras comerciales, pero ellos mantuvieron las suyas e impidieron a los países subdesarrollados exportar productos agrícolas privándolos de una angustiosamente necesaria renta vía exportaciones” (Ídem, página 31). Más adelante agrega, “Si los beneficios de la globalización han resultado en demasiadas ocasiones inferiores a los que sus defensores reivindican, el precio pagado ha sido superior, porque el medio ambiente fue destruido, los procesos políticos corrompidos y el veloz ritmo de los cambios no dejó a los países un tiempo suficiente para la adaptación cultural” (Ídem, página 33).

A Bustamante no le gusta que la economía de mercado sea regulada y que el Estado tenga responsabilidad de velar por el interés económico nacional frente a las empresas extranjeras que operan en actividades estratégicas para el desarrollo. Stiglitz dice: “...los avances más recientes de la teoría económica...han probado que cuando la información es imperfecta y los mercados incompletos (es decir: siempre, y especialmente en los países en desarrollo), entonces la mano invisible funciona de modo muy deficiente. Lo significativo es que hay intervenciones estatales deseables que, en principio, pueden mejorar la eficiencia del mercado” (páginas 103-104). Y, como si estuviera refiriéndose al Perú de hoy, Stiglitz afirma: “La privatización, sin políticas de competencia y vigilancia que impidan los abusos de los poderes monopólicos, puede terminar en que los precios al consumo sean más altos y no más bajos. La austeridad fiscal, perseguida ciegamente, en las circunstancias equivocadas, puede producir más paro y la ruptura del contrato social” (Ídem, página 115)

“Los fundamentalistas del mercado -dice Stiglitz- creen que en general el mercado funciona bien y que en general el Estado funciona mal” (página 248). “El Estado puede cumplir y ha cumplido un papel fundamental no sólo en mitigar (los) fallos del mercado sino también en garantizar la justicia social (…). En países que han tenido grandes éxitos… (los) Estados suministraron una educación de alta calidad a todos y aportaron el grueso de la infraestructura (…). Regularon el sector financiero y lograron que los mercados de capitales operaran más como se suponía que debían hacerlo; aportaron una red de seguridad para los pobres; promovieron la tecnología, de las telecomunicaciones a la agricultura, los motores de aviación y los radares. Aunque hay un vivo debate sobre cual debería ser el papel preciso del Estado…, existe un amplio acuerdo de que el Estado cumple una función para que cualquier sociedad y cualquier economía actúen con eficacia –y humanidad-” (Ídem, páginas 273-274).

Diario La República

Estatismo, Economía Cerrada y Otras Mentiras

Hace unos días, escuché con estupor un diálogo endogámico entre Althaus y Bustamante. Hablaban supuestamente del Plan de Gobierno de Ollanta Humala y, como si lo hubieran «leído», competían en criticarlo. Son practicantes del periodismo amarillo que inventan planteamientos económicos para, luego de adjudicárselo al adversario, criticarlo. Son los mismos que confundieron el verbo revisar, con el verbo aplicar; los mismos adictos a la ponzoña de una prensa que no conoce los valores de la decencia y la honestidad.

Los dos se repitieron que el Plan Nacionalista propone cerrar la economía y retornar al pasado estatista, y que en él se rechaza a la inversión privada. No leyeron párrafos ni citaron páginas. Mintieron para favorecer las propuestas de Unidad Nacional, heredera del fujimorismo económico. No saben de Globalización, no han leído a Stiglitz, ni saben que la lucha por los mercados externos es un «juego de suma cero» de consecuencias impredecibles a largo plazo. Por eso apoyaron las propuestas de dolarización de la economía y, en la crisis de los años 1998-2000, se callaron cuando el fujimorismo endeudó al país por más de mil millones de dólares para rescatar al sistema bancario que ellos debilitaron con sus políticas neoliberales.

En el Plan de Ollanta Humala no hay propuestas de retorno al pasado. Por el contrario, se propone cambiar el país desarrollando la industria, la agro-industria y la agricultura, en el marco de una economía abierta y de mercado, con un régimen cambiario estable y competitivo, y con créditos tributarios para la reinversión de las utilidades de los productores privados. Se parte, sin duda, de reconocer que el argumento proteccionista es lógicamente incompleto: hace énfasis en el abastecimiento de los mercados internos con producción doméstica, pero falla en explicar el origen y determinación de la correspondiente demanda agregada doméstica. Por eso sus defensores de los años 60 y 70, exageraron el daño de la apertura comercial, como los neoliberales de ahora exageran el supuesto beneficio de los tratados de libre comercio.

Los dos se dijeron que las propuestas de revisión de los contratos de estabilidad tributaria, de nacionalización de las actividades estratégicas, de fortalecimiento de los organismos reguladores, y de una nueva ley de fomento de la competencia en los mercados de los servicios públicos para favorecer a los consumidores, ahuyentará la inversión extranjera y, al afectar el crecimiento, nos hará más pobres. Esos señores no saben el contenido de lo Nacional. Por eso no pueden entender que la inversión privada extranjera en actividades estratégicas para el desarrollo nacional, puede, con ese fin, cumplir reglas y ciertos requisitos de desempeño. Ponerlas al servicio del desarrollo nacional, no es estatizarlas. Sin embargo, esos señores nos proponen suscribir el TLC negociado por este gobierno, con el argumento de que no hay otro modo de asegurar el crecimiento a largo plazo de nuestra economía. No les importa que se enajene nuestros mercados internos a los productos agropecuarios subsidiados de los EE.UU. Y no dicen abiertamente que creen en el aumento de la competitividad básicamente mediante la reducción de los ingresos de los trabajadores, es decir, en el «cholo barato». Ciertamente, no conocen nada de las modernas teorías del comercio internacional.

El lector debe saber que la estrategia neoliberal es contraria a la estrategia nacional de expandir los mercados internos y crear otros, para integrar económica y socialmente al país. Hay, pues, otra manera de relacionarse al mundo y es la de construir Nación mediante la expansión de los mercados internos, la consecuente descentralización y desconcentración del aparato productivo, y la integración económica y social el país. Para que este proyecto de construcción de Nación sea viable, debe además eliminarse la restricción de financiamiento que enfrentan las empresas pequeñas, medianas y grandes, mediante la movilización de los ahorros nacionales y el fortalecimiento de su relación con la inversión privada de estos productores nacionales.

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Globalización, nacionalismo y democracia

La manera tradicional de hacer política está en crisis. Ningún partido tradicional recogió el mensaje del proceso económico y social que está surgiendo como respuesta a la compulsión por globalizarse y, más específicamente, como rechazo a las políticas neoliberales que aumentaron la pobreza y el desempleo, que redujeron la autoridad del Estado y que debilitaron la Nación al excluir del desarrollo a poblaciones provincianas enteras de la costa, sierra y selva del país.

Globalización

La ola globalizadora sesgó las políticas económicas hacia los mercados externos, embargando nuestros reducidos mercados internos a los intereses de los grupos de poder transnacional, precisamente cuando el desempeño económico de los países industriales desarrollados depende más de sus exportaciones. El resultado fue el deterioro de la calidad de vida de la inmensa mayoría de la población, junto a la exacerbación de la exclusión y marginación social y económica.

Por la dialéctica de los procesos económicos y sociales, esta situación de deterioro abrió posibilidad de construir e integrar al país como Nación. Por un lado, la crisis financiera internacional de 1998-99 puso fin a la hegemonía económica del neoliberalismo y, por otro, el surgimiento de movimientos nacionales integradores, no excluyentes, está minando, en nuestro país y en la región latinoamericana, su hegemonía política. La institucionalización política de este movimiento dependerá del peso de las fuerzas sociales que luchan por fortalecerlo y consolidarlo en su interacción con las fuerzas, de dentro y fuera, que desean frenarlo o bastardizarlo. Entre estas últimas se encuentran las que visten el disfraz del ‘cambio con rostro social’ y que pugnan por seguir integrándonos al mundo, con la misma estrategia neoliberal de reducción de los ‘costos salariales y no salariales de la mano de obra’ para aumentar la productividad y la competitividad. Junto a estas fuerzas hay, además, otras, corruptas por su pasado fuji-montesinista, que tratarán de impedir que la decencia se constituya en el valor supremo de la práctica política.

Nacionalismo

Para evitar que la economía y la política sigan caminos distintos o contradictorios, ahora hay que seguir la ruta de la construcción de la Nación y de la legitimación del Estado ante la población pobre y excluida, es decir, hay que soldar la democracia con el desarrollo nacional. Esta es la ruta del llamado ‘nacionalismo’, del movimiento cuyo norte es construir Nación, integrando su economía con su geografía y demografía, para insertarse al mundo en mejores condiciones, en un proceso, simultáneo y no secuencial, de fortalecimiento de sus mercados internos y penetración de los mercados externos.

Los partidos políticos tradicionales permitieron que la dictadura fujimorista impusiera las políticas del Consenso de Washington que reprimarizaron la economía y empeoraron la calidad de vida de la inmensa mayoría de la población. El 2001 triunfó la democracia sobre la dictadura, pero sin una concepción de Estado y de Nación. Para fusionar la democracia con el desarrollo hay que refundar la política mediante una agenda de crecimiento integrador del país, con un nuevo modo de crecer, creando mercados internos, aumentando el empleo e incorporando al mercado a la población pobre y provinciana del país; es decir, avanzando hacia adentro sin cerrarse al mundo y sin crear déficit externos ni presiones inflacionarias.

Democracia

Si la democracia es un proceso que genera nuevas situaciones que “obligan a su discusión y a darles cauce”, la contribución a la institucionalización política del movimiento que encarna lo que hemos llamado ‘nacionalismo’ es un deber de demócrata. “No se puede frenar la serie de cambios que la propia sociedad promueve por su huida hacia adelante, y que obliga a tomar decisiones sobre ellas –dice Castilla del Pino–. Lo que vaya a ocurrir lo desconocemos porque ocurrirá de una manera absolutamente inédita. Un demócrata es el que se enfrenta al problema y da soluciones razonables y no inmovilistas”.

Por otro lado, a diferencia de la derecha inmovilista, patrimonialista y conservadora, la participación en la institucionalización de ese movimiento nacional es apostar por el cambio de la sociedad; y esta es una posición de izquierda. Por lo demás, en nuestro país la derecha nunca tuvo ‘conciencia de la dinámica y evolución sociales’; por eso participó o apoyó muchas dictaduras. En consecuencia, el demócrata, el de izquierda, tiene que enarbolar la libertad “como fuerza creadora, como motor de la evolución de la sociedad”. Hoy los pobres y excluidos están haciendo audible su protesta y su anhelo de Nación ante el resto del país, y en abril lo harán en la urnas eligiendo a los que han recogido esta protesta y anhelo, convirtiéndolos en ‘palabras precisas’.

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Proteccionismo, Populismo y Otras Mentiras

La confrontación de ideas, decente y honesta, no es práctica común en nuestro país. Justamente porque creo en los valores de la decencia y la honestidad, considero importante denunciar la práctica de inventar planteamientos económicos para, luego de adjudicárselo al adversario, criticarlo con la ayuda de cierta prensa adicta a la ponzoña.

Se dice que han vuelto a aparecer temas arcaicos, populistas, proteccionistas y contrarios a la inversión privada, que significan un retorno al pasado. Pero los autores de esta afirmación, no citan fuentes. Son los mismos que esconden las propuestas que heredaron del fujimorismo económico. Incapaces de aceptar que la estabilidad macroeconómica actual no es fruto de las políticas neoliberales, temen evidenciar su propuesta electoral de flotación cambiaria libre, sin intervenciones de la autoridad monetaria. Son los que promovieron la dolarización de la economía y que, en la crisis de los años 1998-2000, endeudaron al país por más de mil millones de dólares para rescatar al sistema bancario que ellos mismos debilitaron.

No hay, pues, propuestas de retorno al populismo ni al proteccionismo. Por ejemplo, el plan de gobierno de Ollanta Humala propone industrializar el país en el marco de una economía abierta y de mercado, con un régimen cambiario estable y competitivo, y con créditos tributarios para la reinversión de las utilidades de los productores de bienes manufacturados y agroindustriales. Se parte, sin duda, de reconocer que el argumento proteccionista es lógicamente incompleto: hace énfasis en el abastecimiento de los mercados internos con producción doméstica, pero falla en explicar el origen y determinación de la correspondiente demanda agregada doméstica. Por eso sus defensores exageraron el daño de la apertura comercial, como los neoliberales de ahora exageran el supuesto beneficio de los tratados de libre comercio.

Se dice que las propuestas de revisión dialogada de los contratos de estabilidad tributaria y de mayor intervencionismo estatal en asuntos tarifarios y regulatorios, aumentarán la pobreza. Sus autores son los mismos que nos proponen suscribir el TLC negociado por este gobierno, con el argumento de que no hay otro modo de asegurar el crecimiento a largo plazo de nuestra economía. No les importa que se enajene nuestros mercados internos a los productos agropecuarios subsidiados de los EE.UU. Y no dicen abiertamente que creen en el aumento de la competitividad básicamente mediante la reducción de los ingresos de los trabajadores, es decir, en el «cholo barato».

El lector debe saber que la estrategia neoliberal es contraria a la estrategia nacional de expandir los mercados internos y crear otros, para integrar económica y socialmente al país. Los tratados comerciales no son buenos per se; son útiles siempre que no reduzcan los mercados internos ni impidan su crecimiento. De otro lado, el argumento de que estos tratados de libre comercio favorecen a los consumidores, es también incompleto, porque el bienestar de los consumidores no mejorará con la competencia entre productores cuando, por sus efectos negativos sobre los ingresos y el empleo, se reduce el tamaño del mercado doméstico y, visto dinámicamente, se inhibe la creación de otros.

Si el tamaño del mercado doméstico y la actividad económica declinan a medida que los productores extranjeros capturan una larga porción del mismo, el nivel de bienestar de los consumidores nacionales tendrá que declinar debido a la reducción del empleo y de los ingresos. Sólo bajo el supuesto de pleno empleo, la competencia internacional podría no afectar los niveles de ocupación de la mano de obra. Pero, además, los economistas saben que con altos niveles de desempleo y subempleo, con una notable distribución desigual del ingreso y con exclusión social a lo largo y ancho del país, ya no es posible una asignación eficiente de los recursos. En consecuencia, el argumento que el libre comercio mejora el bienestar de los consumidores mediante una localización más eficiente de los recursos, es totalmente cuestionable.

Hay, pues, otra manera de relacionarse al mundo y es la que propone construir Nación mediante la expansión de los mercados internos, la consecuente descentralización y desconcentración del aparato productivo, y la integración económica y social el país. Para que este proyecto de construcción de Nación sea viable, debe además eliminarse la restricción de financiamiento que enfrentan las empresas pequeñas, medianas y grandes, mediante la movilización de los ahorros nacionales y el fortalecimiento de su relación con la inversión privada de estos productores nacionales.

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