Friday, June 24, 2016

Consecuencias políticas del triunfo de la democracia


Las diferencias en las propuestas económicas de las dos agrupaciones —Fuerza Popular (FP) y Peruanos por el Kambio (PPK)— que compitieron en el balotaje, pasaron a un segundo plano. Keiko Fujimori quiso convertir esta competencia en una disputa entre los intereses de las pequeñas y medianas empresas, cuya representación ella se adjudicó, y los intereses de las grandes empresas que según ella defendía PPK; pero esta treta no le dio resultado, pues traía una historia —su directa vinculación con la dictadura corrupta de su padre— que se reveló intacta con la denuncia de que el secretario general de su «partido» y principal financista de su campaña, Joaquín Ramírez, es investigado por la DEA por lavado de activos y narcotráfico. A esto se agregó la práctica «montesinista» de alterar un audio para tratar de desmentir esta denuncia, con la participación nada menos que de su candidato a la vicepresidencia, José Chlimper.   
La defensa de la democracia      
Las agrupaciones FP y PPK se revelaron, entonces, como dos opciones políticas contrapuestas con relación a la democracia. Los electores tenían que optar, en consecuencia, por una candidatura —la de Pedro Pablo Kuczynski— que representaba la defensa del régimen democrático y la otra —la de Keiko Fujimori— antidemocrática, contraria a la virtud cívica por sus prácticas descaradamente clientelares. El fujimorismo organizado en FP aparecía como la negación de un régimen donde los «todos los ciudadanos tienen iguales derechos y son igualmente Dignos».
Con la elección de PPK, entonces, triunfó la Democracia y perdió la opción que hizo de la mentira una forma de hacer política; perdió la opción vinculada al narcotráfico y al crimen, adornada con un discurso populista. Podemos decir, por otro lado, que el resultado del balotaje es histórico no solo porque revela la existencia en nuestro país de una población (y de una juventud) mayoritariamente democrática, sino también porque es la primera vez que la izquierda liderada por Verónika Mendoza optan por la defensa de la Democracia. Esta es una aceptación abierta de que la transformación del orden social puede y tiene que hacerse en democracia y fortaleciendo la democracia.
Cambios políticos e institucionales
La participación exitosa del conjunto heterogéneo de fuerzas democráticas en el balotaje  puede convertirse, o podemos convertirla, en el inicio de un proceso político conducente al cambio radical en la forma de gobernar y también en la forma de hacer política en nuestro país.
El objetivo de este proceso de este proceso debe ser fortalecer la Democracia o, más precisamente, iniciar una transición verdadera a la Democracia. Primero debe impulsarse una reforma política integral que cierre la posibilidad del retorno de otra amenaza contra ella (como la penetración de la corrupción y el narcotráfico en las organizaciones políticas, las violaciones de los derechos y libertades, el clientelismo como modalidad de organización política, la constitución de oligarquías políticas, etc.). Por otro lado, exigir la práctica de la consulta, el diálogo y la rendición de cuentas como forma de gobernar. El respaldo de la población y sus organizaciones sociales, será indispensable para impedir una oposición intransigente desde el Congreso.
Gobernar a espaldas del pueblo y mediante componendas con el «liderazgo» del fujimorismo que controla el poder legislativo, conspirará más temprano que tarde contra la gobernabilidad. Las condiciones están dadas para gobernar con independencia de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), pero introduciendo mecanismos y reformas institucionales que aseguren que el Estado no solo brinde equitativamente servicios, sino que sea garante absoluto de la legalidad democrática. No habrá seguridad ciudadana ni Estado de Derecho si no se elimina la corrupción en todos los poderes del Estado, en especial en el Poder Judicial y el Ministerio Público.
Para completar la transición democrática se requiere de una descentralización basada en un nuevo esquema de regionalización. Este esquema debe ser macro-regional y resultado de un ordenamiento territorial que asegure una integración armoniosa de la economía, con la geografía y la demografía. La regionalización actual (que es idéntica a división departamental del país) ha generado más problemas que soluciones. El crecimiento es desequilibrado y desigual, porque no se aprovechan plenamente las potencialidades de áreas geográficas y económicas que traspasan las fronteras de las actuales regiones. Estas son compartimentos estancos que no ayudan a aprovechar las externalidades de las inversiones públicas ni a su gestión eficiente.
Cambios en las propuestas económicas
Se puede empezar con el diseño de la macro-región del sur, para masificar el uso doméstico e industrial del gas, renegociando los contratos respectivos. Es una gran oportunidad para desarrollar industria vinculada a la explotación del gas. No es difícil que el nuevo gobierno encuentre un consenso rápido sobre este tema, incluso dentro del propio congreso, pues también fue una propuesta electoral del fujimorismo.
El nuevo gobierno recibirá una economía cuasi-estancada, con varios desequilibrios y desajustes estructurales, con una menor presión tributaria y con una espectacular penetración de importaciones. El principal reto entonces será articular la gestión del corto plazo (políticas macro) con las políticas orientadas a la diversificación productiva. El objetivo debe ser reducir la dependencia del crecimiento de la expansión de la demanda externa y altos precios de materias primas.
A modo de conclusión
Finalmente, la coyuntura económica actual, interna y externa, es propicia para poner en debate el papel del tipo de cambio como instrumento de cambio estructural, por su impacto directo en la expansión de las actividades transables y, en especial, de las industrias manufacturera y agroindustrial.
 
 
Publicado en el Diario UNO, el sábado 18 de Junio.

El tardío mea culpa del Fondo Monetario Internacional


El FMI —a través del artículo «Neoliberalismo: sobrevendido?» escrito por sus funcionarios Jonathan D. Ostry, Prakash Loungani y Davide Furceri, y publicado en la edición de junio de este año de su revista Finance & Development—,  acaba de reconocer que las principales reformas y políticas neoliberales han tenido efectos contraproducentes en la sostenibilidad del crecimiento y en la distribución del ingreso. Pero este mea culpa no incentiva a sus autores a explicitar aquellas políticas que debieron adoptar países como el nuestro para superar las restricciones al crecimiento y fortalecer la democracia. Tampoco hay un recuento de los daños que esas reformas y políticas hicieron a nuestras economías y a la institucionalidad democrática.
Los ejes del programa neoliberal
Los dos ejes principales del programa neoliberal fueron: a) el aumento de la competencia mediante la desregulación y la apertura de los mercados nacionales —incluidos los mercados financieros— a la competencia extranjera; y, b) la reducción del papel del Estado, mediante la privatización de las empresas públicas y la limitación de la capacidad de los gobiernos para gestionar el déficit fiscal y la deuda pública.
¿Qué políticas no dieron los resultados esperados, según sus patrocinadores? Los autores del artículo señalan que hay dos políticas cuyos efectos económicos y sociales fueron negativos. La primera, la política orientada a la eliminación de las restricciones a los movimientos del capital internacional (o la liberalización de la denominada cuenta de capital); y, la segunda, la política de austeridad (denominada también de consolidación fiscal) orientada a reducir el déficit fiscal y los niveles de la deuda pública.
Los autores reconocen que los efectos de estas políticas, primero, no fueron beneficiosos para apuntalar el crecimiento económico de «un amplio grupo de países»; segundo, sus «costos en términos de aumento de la desigualdad [fueron] prominentes»; y tercero,  el aumento de la «desigualdad afectó el nivel y la sostenibilidad del crecimiento». En general, el registro de estos efectos es correcto, sobre todo si pensamos en nuestro país. Se creció en función a los ciclos de la demanda mundial y precios de las materias primas; y aumentó la desigualdad en la distribución funcional del ingreso junto al desmantelamiento de los derechos de los trabajadores.
Lo que no dice ni reconoce el FMI
Se suponía que la libre movilidad de capitales canalizaría los ahorros del resto del mundo hacia actividades productivas en países como el nuestro. Pero, según el FMI esto se cumplió sólo en el caso de la Inversión extranjera directa (mediante la cual se transfirió —dice—tecnología y capital humano)  y no en el caso de los otros capitales —fundamentalmente de corto plazo— que se dirigieron a inversiones de cartera, a endeudamiento externo de los sistemas bancarios nacionales y a otras inversiones de carácter especulativo.
Lo que no se dice dice en el artículo, es que, con la liberalización comercial y financiera, las inversiones extranjeras se dirigieron básicamente hacia actividades de alta renta natural (materias primas) y/o hacia actividades con mercados cautivos (como la telefonía y la electricidad). Estas inversiones generaron, por un lado, una economía especializada en la producción de materias primas y de bienes no transables, junto a un proceso de desindustrialización asociado a la «enfermedad holandesa» (sistemática apreciación cambiaria); y, por otro lado, un aumento en el costo de producción por el aumento de las tarifas públicas proveniente de las empresas privatizadas.
La apertura financiera también permitió la práctica del «carry trade» por parte de los bancos nacionales. Se endeudaron en el exterior para prestar en moneda extranjera a empresas y familias locales con ingresos en moneda nacional. La consecuente dolarización de los créditos fue la causa de una crisis bancaria por el salto del tipo de cambio provocado por la crisis asiática y rusa; y, en los dos últimos años, ha provocado una «pérdida» masiva de reservas internacionales del Banco Central para impedir un nuevo salto cambiario durante la crisis de 2008-2009 y durante el período que siguió al anuncio de una política monería menos laxa por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos. El FMI no dijo nada durante el proceso de dolarización de los créditos en los años 1990 y del que ocurrió a partir de julio de 2006. Tampoco dijo nada respecto al proceso de desindustrialización y a la expansión de los sectores terciarios donde se encuentra el grueso de los trabajadores con baja productividad y calificación.
Finalmente, la privatización y los recortes de gastos para reducir el déficit fiscal y la deuda pública, tuvieron un costo económico y social elevado.  Disminuyeron los presupuestos de educación, salud, seguridad social como porcentaje del PBI; se desmanteló el sistema de planificación de las inversiones públicas; y se redujeron los gastos en mantenimiento de la infraestructura económica y social. El FMI y Banco Mundial, fueron los responsables de la década perdida de América Latina (los años 1980); y, en nuestro país, del deterioro de la calidad de la educación, de la salud, de la infraestructura y de las instituciones que conforman la administración gubernamental del Estado.
A estas dos instituciones que participaron activamente en la renegociación de la deuda externa, nunca se les ocurrió crear un mercado interno de deuda en moneda local para pre-pagar la deuda externa y eliminar el riesgo cambiario y de tasas de interés de la deuda pública. Era y es la manera de asegurar la sostenibilidad fiscal.
A modo de conclusión  
No solo había que recuperar soberanía en la política cambiaria mediante restricciones al movimiento internacional de capitales, sino también desarrollar el mercado de deuda publica en soles. El tipo de cambio debió convertirse en el principal instrumento de industrialización y el mercado de deuda pública «solarizada» contribuiría no solo a la sostenibilidad fiscal, sino también al desarrollo del mercado de capitales.
 
 
 
Publicado en el Diario UNO, el sábado 4 de Junio