Tuesday, June 23, 2015

¿Instituciones débiles o instituciones extractivistas?

Economistas, politólogos y otros profesionales está difundiendo la idea de que el problema central en el Perú de hoy está en la existencia de instituciones débiles. No sorprende que los acólitos del llamado milagro económico (el alto crecimiento de los años 2003-2013) estén de acuerdo con este diagnóstico. Son los que difunden la idea de que «los culpables de esta debilidad son «los gobiernos». Son los mismos que sostienen –contradictoriamente-- que la causa del milagro de las «realizaciones económicas y sociales» fue la Constitución de 1993. ¡Fue una nueva institución –la constitución del 93—la que hizo posible el aumento de la inversión privada (y también de la pública), generando, por lo tanto, crecimiento, creación de empleo, disminución de la pobreza, etc.!   

«Milagro» con instituciones económicas extractivistas

Lo que no se entiende bien es por qué coinciden con este diagnóstico, los que sostienen que el crecimiento de los años 2003-2013 fue un falso milagro y que sus causas fueron totalmente externas (crecimiento de la demanda mundial, precios altos de los minerales y condiciones financieras favorables). Reconocen que fue un crecimiento con un alto porcentaje (73.7%) de trabajadores informales y con un pobre desempeño de la productividad (véase el libro de Ganoza y Stiglich: El Perú esta Calato – El falso milagro de la economía peruana y las trampas que amenazan nuestro progreso).

Si se acepta que este crecimiento fue el resultado de la operación de instituciones económicas extractivistas, entonces no será difícil concluir por qué éstas fueron acompañadas por instituciones políticas también extractivistas. Decir que las instituciones son débiles, es, por lo tanto, un eufemismo, para encubrir que el extractivismo es la característica fundamental del modelo neoliberal, modelo que  se introdujo precisamente con la constitución del año 1993. Las instituciones políticas extractivistas son fuertes, no son débiles, y para sustituirlas con instituciones políticas inclusivas, se tiene que cambiar el modelo económico y político neoliberal, y el contrato social que le dio origen.

Las instituciones económicas extractivistas son las que operan extrayendo rentas, sin transformar ni innovar, y que promueven, junto a la concentración del poder económico, el desmantelamiento de los estándares regulatorios. El neoliberalismo, como ideología de la libertad irrestricta del mercado, ha promovido la explotación (especialización en la producción) de recursos con alta renta natural, como los minerales. Pero también, la obtención de ganancias espurias de competitividad mediante la flexibilización del mercado de trabajo y el abaratamiento de los costos laborales; por eso no hemos tenido ganancias de competitividad sobre la base de aumentos en la productividad. Hay extractivismo en todos los sectores de la economía. Es la institución de la ganancia fácil (piense en las AFP, en los seguros, o, más específicamente, en las ganancias cambiarias de los bancos).

Las instituciones políticas extractivistas

Las «deficiencias institucionales» de las que nos hablan Ganoza y Stiglich no se pueden desvincular del extractivismo neoliberal de los últimos 25 años, aunque su origen o parentesco es más remoto. La «debilidad de los partidos políticos, la incapacidad del Estado para imponer seguridad y combatir el crimen, y la pérdida de legitimidad de los poderes del Estado», así como el deterioro de la calidad de la Educación y de los servicios de Salud, tienen relación con las políticas económicas neoliberales implementadas en los últimos veinticinco años. ¿Quién no sabe que en los años noventa se generaban superávit primarios para servir la deuda externa, recortando gastos en educación, salud y mantenimiento de la infraestructura económica y social? ¿Quién no recuerda que en pleno «milagro» se generaron superávit primarios de 3.2% del PBI en los años 2004-2008 y de 2.8% en los años 2011-2013? ¿Quién no sabe que esta ideología de la austeridad es, en todo momento y en todo lugar, una ideología neoliberal?

Krugman dice que «las ideas realmente malas tienen un extraordinario poder de resistencia (…) Y el ejemplo perfecto de una idea realmente mala es la determinación, contra toda evidencia, de defender que el gasto público que ayuda a los desfavorecidos es una causa fundamental de nuestros problemas económicos». A los neoliberales no les importa que «la ayuda a los desfavorecidos» en Perú, sea mejorar la calidad de la educación y salud públicas, o aumentar los sueldos de los maestros, del personal del poder judicial y de la policía. Por eso decimos que las instituciones económicas extractivistas no están disociadas de las instituciones políticas extractivistas. Estas últimas no incentivan la innovación ni la eficiencia en el ejercicio de la función pública; erosionan la democracia porque no promueven la virtud cívica y la rendición de cuentas de los elegidos; evaden la fiscalización; y, favorecen la penetración de la corrupción en las instituciones de Estado. Entonces, la llamada debilidad institucional es funcional al modelo neoliberal extractivista.

Shock institucional o cambio de modelo

Para superar esta «debilidad» se requiere un shock institucional –dicen Ganoza y Stiglich—orientado a lograr «cuatro cambios fundamentales para tener instituciones políticas y judiciales conducentes al desarrollo: 1) fortalecimiento y concentración de los partidos políticos; 2) representatividad de esos partidos con mecanismos de democracia interna; 3) calidad de los jueces y fiscales por medio de una carrera judicial meritocrática; y, 4) transparencia y rendición de cuentas en las instituciones judiciales (poder Judicial, Ministerio Público y Consejo Nacional de la Magistratura)».

Pero se trata de un shock que no va al fondo del problema. El proceso político determina el tipo de instituciones económicas y son las instituciones políticas las que determinan cómo funciona este proceso. Por lo tanto, de acuerdo con Acemoglu y Robinson, «El problema está en quién tiene el Poder (cómo se toman las decisiones, quién toma esas decisiones y por qué los que tienen el poder deciden hacer lo que hacen) (…) Diferentes instituciones tienen distintas consecuencias para la prosperidad de una nación, sobre cómo se reparte esa prosperidad y quién tiene el poder» La solución está entonces por el lado de la acción política y de los procesos políticos.






Publicado en el Diario UNO, el sábado 20 de junio

Saturday, June 13, 2015

Los daños del neoliberalismo peruano

El neoliberalismo atraviesa por una «coyuntura crítica» (véase David y Ruth Collier, 1991). El enfriamiento económico y la crisis política e institucional, han configurado un escenario de ruptura del equilibrio que existía entre el poder político y económico y que, por lo tanto, abre la posibilidad de cambios significativos en la economía y en la política. El proceso electoral que se avecina estará así dominado por la discusión sobre la insostenibilidad del modelo económico neoliberal, con la participación de expresiones políticas nuevas que pondrán en entredicho a las viejas estructuras partidarias. Se trata de un momento de cambio decisivo porque recién, después de veinticinco años, son evidentes los daños causados por el neoliberalismo en la economía y en la sociedad.
 
Los daños en la estructura económica
El reciente crecimiento de cerca de una década y los cuatro años de crecimiento en los noventa, tuvieron como fuente a factores externos y no a factores internos: aumento de los precios de las materias primas, crecimiento de los países desarrollados y condiciones financieras favorables. El neoliberalismo nos inserta a la economía internacional desmantelando, fundamentalmente, los estándares regulatorios existentes en el comercio exterior y en el mercado de trabajo. Este tipo de inserción nos mantiene como productores de materias primas, dadas nuestras ventajas comparativas, sobre todo naturales.
No fueron las políticas monetaria y fiscal, ni la cambiaria, las que explicaron el crecimiento. Tampoco fueron las privatizaciones que encarecieron los precios de los servicios públicos.  La apreciación monetaria que generó el boom primario exportador, en ambos períodos, y la apertura comercial, ayudaron a combatir la inflación, pero dieron lugar a una espectacular penetración de importaciones en el mercado interno.   
Como el boom fue el resultado de factores externos, la recesión y el enfriamiento económico (como el actual), también fueron el resultado de los mismos factores externos, pero con signo contrario: disminución y/o estancamiento de los precios de las materias primas, estancamiento económico de los países desarrollados y condiciones financieras desfavorables.
Las políticas neoliberales, entonces, en lugar de sentar las bases para un crecimiento económico determinado por factores o fuentes internas, debilitó esta posibilidad. Largos periodos de caída del tipo de cambio real hicieron perder competitividad a las actividades productoras de transables o comercializables, como las actividades manufactureras y agroindustriales. La estructura de precios relativos configurada en veinticinco años de neoliberalismo, favoreció el crecimiento de las actividades terciarias de no-transables (servicios y comercio), que acompañó al boom de las actividades primario-exportadoras. Las actividades terciarias y la construcción emplean al grueso de los trabajadores de baja calificación y productividad. En consecuencia, el crecimiento económico neoliberal no se basó en aumentos sostenidos de la productividad, sino en las ventajas naturales de las materias primas (sobre todo minerales).
En resumen, el neoliberalismo dañó la estructura productiva. La hizo menos industrial y agrícola y más productora de servicios de baja productividad. El crecimiento de la capacidad productiva per cápita se rezagó frente al crecimiento de la PEA. Por eso fue incapaz de resolver  el problema de la informalidad.
Los daños institucionales  
Pero el neoliberalismo no solo dañó la capacidad de la estructura productiva para crecer mediante aumentos en la productividad. También dañó las instituciones. Quizás sería mejor decir que fortaleció a  las instituciones extractivitas, a las instituciones que favorecen el rentismo y no la innovación, a las que debilitan la democracia y facilitan la corrupción. Estas instituciones no son débiles, sino todo lo contrario. Pero, son las instituciones que acompañan al extractivismo económico.
¿Cómo llegamos a esta situación? Las instituciones extractivistas no son nuevas en nuestro país. Pero, con el neoliberalismo se han hecho corrosivas, a tal punto que han puesto en cuestión a la democracia constitucional liberal. Son el resultado de las políticas neoliberales que se introdujeron en nuestro país con los paquetes de ajustes patrocinados por el FMI y el Banco Mundial desde fines de los años setenta, pasando por los ochenta y hasta los noventa.
Las políticas de austeridad, obligaron a recortar el gasto (en los presupuestos de educación, salud, seguridad, defensa, etc.) y a reducir el personal (comprando sus renuncias) de la administración gubernamental del Estado. Los recortes de gasto también afectaron el mantenimiento de la infraestructura económica y social (carreteras, hospitales, escuelas, universidades públicas, etc.). Estas políticas de austeridad  --las mismas que ahora pretenden imponerle a Grecia--, sirvieron para pagar los servicios de la deuda externa del país. Dañaron la capacidad del Estado para proveer seguridad y educación de calidad, y menoscabaron la independencia del poder judicial durante las discusiones presupuestales.
Además, el neoliberalismo, en su expresión política, fomentó el individualismo y la despolitización, privatizó la función pública y propició la penetración del poder económico en las funciones de gobierno. A todo esto se sumó la crisis de los partidos que desprovistos de ideologías después de la caída del muro de Berlin, se convirtieron en estructuras formales de poder y de usufructo del poder (ejecutivo y legislativo) por las oligarquías partidarias que compiten periódicamente con ese fin.
A modo de conclusión
Con una estructura productiva dañada y con instituciones que conspiran contra la propia democracia, contra el principio de que el origen del poder político proviene  de la comunidad de ciudadanos, ya no es posible apostar por la sostenibilidad del modelo neoliberal.
 
 
Publicado en Diario UNO, el sábado 13 de junio-

Saturday, June 06, 2015

Tía María y el Estado de Derecho de Ollanta Humala

El presidente Humala dejó la decisión sobre el proyecto minero Tía María en manos de la empresa transnacional Southern Peru Copper Corporation. Dijo: «No podemos tomar una decisión unilateral que no esté regida en el marco de la ley», porque expondría al Estado «a demandas legales internacionales por incumplimiento». Luego añadió: «la labor del Ejecutivo es defender el principio de autoridad y el Estado de derecho en el país».
 
El Estado de derecho de Humala
 
Humala reveló así que abandonó su filiación nacionalista y que, además, tiene una sui generis concepción sobre el Estado de Derecho. Por un lado, el nacionalismo para Humala ya no es «una alternativa democrática a la actual modernización neoliberal excluyente y desnacionalizadora»; ya no es «un programa político de cambio radical del modelo neoliberal que acentúa la desigualdad social, depreda los recursos naturales, violenta la legalidad y la democracia, y no genera desarrollo». Por otro lado, al dejar en manos de la empresa transnacional la decisión sobre el proyecto minero Tía María, Humala renunció a defender la soberanía nacional y a garantizar la plena vigencia de los derechos humanos.
 
Profano en Política y Derecho, Humala somete al Estado Peruano a la fuerza de los flujos y reflujos económicos dependiente de las decisiones de las empresas transnacionales. No sabe que «cuando alguien hace lo que le manda un amo, entonces ese alguien no es un ser libre, es un esclavo» (Férnadez Liria et al.). No sabe que la ley deja de ser la «gramática de la libertad», si es esclavizada por el poder económico, y, cuando esto ocurre, se violenta el Estado de derecho.
 
Humala ha olvidado que fueron leyes esclavizadas (como los contratos de estabilidad) las que heredamos del «fujimorato» y que él se comprometió a revisar para restituir la soberanía y la autodeterminación nacional. El Estado de Derecho que defiende Humala es entonces un Estado donde las leyes son órdenes del poder económico y que, por lo tanto, no son expresiones de la razón, la justicia y la libertad.  
 
La violación del principio democrático
 
Humala, al igual que sus antecesores, ha puesto al Estado al servicio de los intereses económicos transnacionales. Por esta razón regenta un gobierno que solo de nombre es democrático, porque «ya no es el pueblo el que detenta el poder». Quiere imponer a toda costa el proyecto minero Tía María, como quiso imponer el proyecto minero Conga y lo hará con otros proyectos extractivos en las concesiones efectuadas, sin consulta previa, en los distintos lugares de la sierra y la selva del país. No respeta los derechos humanos ni el derecho de los pueblos «a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma». Tampoco respeta el derecho que tienen los pueblos «a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos». (Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Artículos 26 y 29).
 
En línea con el carácter antidemocrático de su gobierno, Ollanta Humala ha decretado el Estado de emergencia en la zona, en lugar de abrir el diálogo y convenir en la realización de un nuevo Estudio de Impacto Ambiental por la evidentes externalidades negativas que tiene el proyecto. Como anota Jürgen Schuldt, el proyecto de la Southern de construir una planta desalinizadora en las playas de Mejía «afectaría la vida submarina» e implicaría «un exagerado uso energético». No se puede avalar, entonces, un proyecto que se suma a otros en perjuicio del equilibrio ecológico. 
 
El estado de emergencia no solo cancela el diálogo o, por lo menos, lo hace más difícil, sino también deslegitima al actual gobierno. Es a todas luces condenable que se haya recurrido a la fuerza cuando no es el pueblo, sino el propio gobierno el que ha vulnerado el Estado de Derecho, sometiéndose al poder económico.
 
Luchar contra el extractivismo neoliberal
 
El reciente paro exitoso de 48 horas de las regiones del sur (Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna) en solidaridad y defensa de los derechos del pueblo del Valle de Tambo que se opone al proyecto minero Tía María, es otro cuestionamiento importante al modelo económico neoliberal extractivista. El primero lo hicieron los jóvenes, hace apenas cinco meses, movilizándose contra la «ley Pulpín» que les recortada derechos laborales.
 
Las masivas movilizaciones en defensa de los derechos laborales y de los derechos de los pueblos y comunidades, son parte de una incursión política de nuevo tipo. En general, las movilizaciones por la defensa de los diversos derechos ciudadanos, apuntan a la restitución del principio democrático de participación en las decisiones que atañen a los integrantes de la comunidad de ciudadanos.
 
Si las movilizaciones continúan y se expanden a lo largo y ancho del país; si los jóvenes, los trabajadores, los movimientos regionales y otros movimientos democráticos y progresistas construyen coaliciones efectivas en defensa de sus derechos, entonces surgirá una importante innovación política en el país; el surgimiento de un vasto movimiento popular con una agenda política precisa: cambiar el modelo económico neoliberal extractivista y rescatar el principio democrático según el cual el origen y la legitimidad del poder político proviene del pueblo. Ni gobiernos que practican la impostura, ni actividades económicas que violenten los derechos del pueblo y el equilibrio ecológico. 

 
Publicado en el Diario UNO, el sabado 6 de junio.