Friday, December 26, 2014

La «Ley Pulpín»: absurdo remedio contra la informalidad

Los argumentos a favor de la «ley Pulpin», son inverosímiles. Se dice, por ejemplo, «que la mayor flexibilización laboral favorece el crecimiento del empleo; que para disminuir la informalidad hay que reducir los mal llamados “derechos laborales”; y, que la susodicha ley apunta justamente en esta dirección». Este es el argumento de los neoliberales criollos. Afirman que los que critican la ley, le están diciendo a los jóvenes «mira papito, si no tienes derechos, mejor no trabajes, quédate jugando Play Station en tu casa».
 
Hay otros más indoctos que sostienen que «la ley se inspira en la necesidad de un rol activo del Estado en campos como la diversificación productiva y que en esta lógica se considera que parte de la solución al problema de la informalidad pasa por reducir algunos beneficios laborales de manera temporal, hasta que los niveles de productividad del trabajador sustenten un mayor acceso a ingresos y derechos». Creen que esta «es la manera de aproximarse al verdadero objetivo de la norma: mejorar la productividad del trabajo».
 
Derechos laborales e informalidad
 
Los dos enfoques aceptan que la causa de la informalidad es la existencia de derechos y beneficios laborales. Creen por eso que la «ley Pulpin» aumentará la demanda de trabajo y, dado que hay un alto desempleo entre los jóvenes, aumentará el empleo formal.
 
Este es un argumento estático. No toma en cuenta el papel de la acumulación de capital que es la que en última instancia le pone un límite a la demanda de trabajo por parte de las empresas. Hay desempleo involuntario porque la tasa de acumulación de capital se estanca o se desacelera. Y, en países como el nuestro, cuando la tasa de acumulación de capital no crece de manera suficiente para absorber la creciente oferta de trabajo, los que buscan trabajo se emplean en actividades de baja productividad y calificación o, en su defecto, se crean un empleo para sobrevivir.
 
Los neoliberales tampoco toman en cuenta que la flexibilidad del mercado de trabajo no asegura el aumento del empleo si en la economía existen empresas que pagan salarios reales de eficiencia, precisamente para evitar pérdidas que le ocasionaría la consecuente caída de la productividad si pagaran un salario real menor. Y, también en este caso la dinámica de la demanda de trabajo depende de la tasa de acumulación de capital. Hay desempleo involuntario en la economía (o hay subempleo e informalidad), porque no hay demanda creciente de empleo; y, no hay demanda creciente de empleo, porque no crece a tasas adecuadas la acumulación de capital.
 
¿Por qué más del 70% del empleo sigue siendo informal si desde los años noventa se inició la flexibilización laboral? ¿Es acaso la «ley Pulpin» la primera reforma neoliberal en el mercado de trabajo? Hace cerca de 12 años se introdujo el régimen laboral de la microempresa (sin gratificaciones, sin CTS, sin asignación familiar, y con solo 15 días de vacaciones), precisamente allí donde el 95% de los trabadores son informales. Sin embargo, este régimen mantuvo en la práctica la tasa de informalidad. Según estadísticas oficiales se formalizaron menos del 5% de los trabajadores en 12 años.
 
La informalidad y la baja productividad
 
Los que adhieren al segundo enfoque reproducen el mismo argumento neoliberal: la reducción de la informalidad pasa por la disminución de derechos y beneficios laborales. Pero, afirman, solo hasta que el aumento de la productividad «sustente un mayor acceso a ingresos y derechos». Sus voceros repiten lo que se dice en el segundo y tercer ejes del llamado plan de diversificación productiva (Eliminación de sobrecostos y regulaciones inadecuadas, y Expansión de la productividad), para concluir que la ley es beneficiosa porque es parte de este plan. Semejante argumentación linda con la necedad. (Véase mi artículo del 07-06-14: «Diversificación productiva»: ejes del «gatopardismo» neoliberal).
 
Los autores del plan de diversificación productiva creen que la baja productividad se debe a las elevadas tasas de informalidad laboral causadas por fallas de mercado y distorsiones en la política laboral. Sin con menores derechos y beneficios laborales (distorsiones) disminuye la informalidad, entonces los menores derechos y beneficios deben ser la base del incremento de la productividad. En esta visión estática, la informalidad y la productividad son exógenas al estilo de crecimiento y acumulación de capital. No hay critica al modelo neoliberal por más que se diga que la ley se inspira en la necesidad de un rol activo del Estado para diversificar el aparato productivo, y que el enganche es la capacitación. 
 
No entienden que la tasa de acumulación de capital y el crecimiento de la productividad no son independientes entre sí. El desempeño de la productividad depende del ritmo y manera cómo se acumula capital y cómo se crece. Los neoliberales y los indoctos del plan de diversificación productiva creen que se requieren reformas microeconómicas para impulsar el crecimiento de la productividad, al margen de la tasa de crecimiento de la capacidad productiva per cápita.  
 
Como señalan los teóricos del desarrollo, la tasa de crecimiento de la productividad es una función directa de la tasa de crecimiento del capital per cápita «porque las innovaciones técnicas que aumentan la productividad del trabajo usualmente requieren el uso de más capital por trabajador y porque la tasa a la cual una economía puede absorber las invenciones e innovaciones del pasado que todavía están sin explotar está limitada por su tasa de acumulación de capital» (Ros, 2013; Kaldor, 1976 y 1981).
 
A modo de conclusión
 
Entre 1990 y 2013 el stock de capital per cápita aumentó 26.9%, mientras que el empleo total lo hizo en 96%. Esta es la razón por la cual los sectores de alta productividad no fueron capaces de absorber a la creciente fuerza de trabajo, y la explicación de por qué parte importante de esta fuerza de trabajo se ubicó en los sectores de servicios de baja productividad y donde se encuentra el grueso de los trabajadores informales. Asimismo, ese ritmo relativamente bajo de acumulación de capital per cápita limitó la velocidad de las innovaciones y la absorción de nuevas tecnologías, dando lugar a un bajo crecimiento de la productividad.
 
 
 
 
Artículo que será publicado en el Diario UNO, el sábado 27 de diciembre

Friday, December 19, 2014

La ignorancia y la política extractivista del «cholo barato»

El gobierno de Humala acaba de crear un nuevo régimen laboral para jóvenes entre 18 y 24 años (Ley N° 30288 del 16-12-14), quitándoles, entre otros, los siguientes derechos y beneficios sociales: compensación por tiempo de servicios, vacaciones de 30 días, gratificaciones, asignación familiar, participación en las utilidades de la empresa, seguro de vida y seguro por trabajo en riesgo.
 
La ley es anticonstitucional
 
Esta ley que atropella los derechos de los jóvenes es una norma anticonstitucional. El artículo 26 de la Constitución señala que la «igualdad de oportunidades sin discriminación» es uno de los principios que debe respetarse en las relaciones laborales. 
 
Los jóvenes de 18 a 24 años que entren a trabajar no tendrán los beneficios de los trabajadores que se encuentran dentro del régimen general ni dentro del régimen de pequeña empresa o de la modalidad formativa juvenil. Un ejemplo flagrante de discriminación es la mutilación de su derecho a participar en las utilidades de la empresa, derecho reconocido por el artículo 29 de la Constitución y en otras normas regulatorias y que establecen el porcentaje de las utilidades que debe repartir la empresa según el tipo de actividades que desarrolla.
 
La ley no combate la informalidad
 
El 57.3% de los jóvenes entre 18 y 24 años trabaja sin contrato laboral. Esta ley no impide la sustitución de trabajadores que culminan sus contratos, implícitos o explícitos, por jóvenes contratados bajo el nuevo régimen laboral especial. Ella sólo prohíbe la sustitución mediante cese de los trabajadores sin causa justa. Es una ley de seudo-formalización. Los trabajadores informales son los que no tienen derechos ni beneficios sociales, ahora con esta ley los trabajadores jóvenes entre 18 y 24 años, careciendo de esos derechos y beneficios, serán incorporados a la planilla electrónica, con lo cual se habrán convertido en trabajadores formales. La ley solo cambia «mocos por babas».
 
Los beneficios y derechos sociales de los trabajadores, son tratados como costos no-salariales que incrementan el costo del trabajo y que –según los voceros del gobierno--, fomentan la informalidad. Pero, ¿puede ser verdad que estos costos sean responsables de la existencia de 11.5 millones de trabajadores informales? No. La informalidad se debe al bajo crecimiento de la capacidad productiva per cápita, resultado de un estilo de crecimiento y acumulación de capital que no expande la capacidad productiva industrial, agroindustrial y agrícola. Entre 1990 y 2013 el stock de capital per cápita aumentó 26.9%, mientras que el empleo total lo hizo en 96%. Gran parte de este aumento del empleo, es informal.  
 
La ley ratifica la política  del «cholo barato»
 
Se reduce los costos laborales eliminando derechos y beneficios sociales de los trabajadores, supuestamente para estimular las inversiones y aumentar la competitividad. Sin embargo, no es cierto que los costos salariales no laborales sean los más altos en la región. Por ejemplo, se dice que en Chile estos costos representan el 31.3% de salario mensual promedio y que en Perú representan el 59%. Pero no se dice que el salario en Perú es solo el 56.4% del salario en Chile.
 
De otro lado, no hay experiencia histórica que muestre que la reducción del costo del trabajo estimule el aumento de las inversiones y el crecimiento económico, y menos en un contexto de enfriamiento económico como el actual. Cuando no existe certidumbre de una expansión de la demanda y de las ventas, no hay empresarios que arriesguen su capital. No se puede afirmar, entonces, que con esa ley aumentará el empleo y, por lo tanto, la producción.
 
La ley es una nueva institución extractivista
 
La política del «cholo barato» es extractivista porque facilita la obtención de rentas por parte de las empresas privadas y no fomenta la innovación. Recuérdese que el programa neoliberal incluye la flexibilización del mercado de trabajo mediante la eliminación de la  estabilidad laboral y de la protección social a los trabajadores. Humala es ahora un discípulo destacado del autor del «perro del hortelano». Es el gran impulsor de instituciones políticas y económicas extractivistas.
 
Cuando era candidato ofreció practicar la democracia y asegurar la plena vigencia de los derechos civiles, sociales, políticos y humanos. Ahora es un militante del extractivismo neoliberal. La ley que acaba de promulgar es un grotesco regalo a los egresados de Beca 18, porque de acuerdo con su artículo 2, se aplica a jóvenes con educación completa o incompleta de secundaria, y también a jóvenes con educación superior técnica o universitaria. Humala no respeta los derechos laborales y sociales, y miente cuando dice que la ley no se aplica a jóvenes con educación superior o universitaria.
 
A modo de conclusión
 
La disminución o estancamiento de los salarios reales y el recorte de los derechos y beneficios sociales de los trabajadores, conspira contra la cohesión social, contra el sentimiento de ser parte de una comunidad. Adam Smith decía que un salario que no le permite subsistir al trabajador y a su familia es un estímulo a la mendicidad o a la delincuencia. Por su parte, J.B. Clark –creador de la teoría de la productividad marginal--, sostenía que las actividades improductivas se expanden cuando se paga salarios bajos respecto a la productividad, lo que deviene en una dinámica de productividad y salarios reales bajos que afecta al conjunto de la sociedad. Los neoliberales criollos de nuestro país deberían leer a los economistas neoclásicos de fines del siglo XIX.
 
 
 
 
Artículo que será publicado en el Diario UNO, el sábado 20 de diciembre.
 

Wednesday, December 17, 2014

La desaceleración y la responsabilidad del Banco Central

Varios economistas han afirmado recientemente que el Banco Central no está acompañando el impulso fiscal del gobierno. Más precisamente han afirmado que el Banco Central no está bajando la tasa de interés de referencia para fortalecer los efectos supuestamente reactivadores de las medidas adoptadas por el MEF. Julio Velarde, presidente de su directorio, nombrado por Alan García y ratificado por Ollanta Humala, ha respondido (véase La República, 07-12-14) afirmando, ofendido, que «es injusto decir que no hemos reaccionado ante la desaceleración del crecimiento económico».

En lo que sigue vamos a mostrar que Velarde no tiene razón; que, por el contrario, su política cambiaria configuró una estructura productiva menos industrial y más productora de no-transables, estructura que ahora constituye una restricción al crecimiento. La política cambiaria de Velarde nos ha dejado con motores internos deteriorados y, por lo tanto, sin capacidad de sustituir al motor externo que actualmente se encuentra apagado. 

Las explicaciones de Velarde

Es verdad que por lo menos hasta octubre de este año --como dice Velarde-- no hubo impulso fiscal, pues de enero a octubre la inversión pública cayó en cerca del 2%. Y ¿qué hizo el Banco Central mientras las medidas impulsadas por el MEF no impedían la caída de la inversión pública? Velarde responde: «el Banco Central venía reduciendo el encaje desde junio del año 2013». Pero no reconoció que los efectos de estas reducciones demoran o se pierden en el camino y que, por lo tanto, no cumplen su cometido. El encaje es un instrumento de política monetaria ineficiente. Velarde evade su responsabilidad. No nos dice por qué utiliza un instrumento ineficiente si sabe que los bancos –sobre todo en la situación actual--, son más cautelosos en la promoción de su oferta de créditos.

¿Por qué no utiliza la tasa de interés de referencia, instrumento que introdujo en los años 2001-2003 el directorio del Banco Central de ese entonces? Otra vez, sin reconocer su responsabilidad de haber permitido durante su gestión que los créditos se dolaricen, dijo: «Cuando se tiene que la mitad del crédito de las empresas está en dólares, no es simplemente ver en cuánto bajar la tasa de interés en soles, sino también observar qué pasa con el tipo de cambio».

Los lectores recordarán que tanto Velarde como Castilla afirmaban que no les preocupaba la apreciación cambiaria. Que esta apreciación era la expresión de la fortaleza de la economía. Recordarán que en mayo de 2012 Velarde dijo que no le preocupaba la apreciación del sol, sino el fuerte rebote del tipo de cambio. Así, implícitamente responsabilizaba de la recurrente caída del tipo de cambio a otros factores, y no a su mezcla de medidas y a sus tímidas intervenciones en el mercado cambiario.

Durante cerca de siete años dejaron que los empresarios productores de bienes transables, perdieran competitividad. Permitieron, precisamente en los años de alto crecimiento impulsado por un motor externo (por la creciente demanda mundial y los incrementos en los precios de los minerales), que la moneda se apreciara de manera recurrente configurando una estructura de precios relativos contraria a la producción de transables, que debilitó e impidió la expansión y modernización de la industria y de la agricultura.

Si los motores internos del crecimiento se deterioraron con ese tipo de política cambiaria, ¿cómo puede sentirse ofendido Velarde cuando le dicen que «no han reaccionado ante la desaceleración del crecimiento económico»?.

La actual preocupación por el alza del dólar

Desde setiembre de 2012 el Banco Central cambio su política que consistía en mezclar diversos instrumentos en momentos distintos: compras de dólares en cantidades variables, incrementos en el encaje marginal en dólares y emisiones de Certificados de Depósito no transables. La nueva política anunciada por Velarde en setiembre de 2012, se dirigía supuestamente a enfrentar la apreciación cambiaria. Esta nueva política consistía en comprar dólares en montos fijos para «introducir más volatilidad en el tipo de cambio. Al tener una cantidad fija de intervención –dijo Velarde--, incluso si está comenzando a subir el tipo de cambio seguiríamos comprando, y eso haría que suba un poco más». Velarde tenía la esperanza que esto generaría un poco más de volatilidad en el tipo de cambio, que desalentaría la especulación a la baja y el incremento del crédito en dólares.

Desafortunadamente para Velarde su nueva política no frenó la caída del tipo de cambio real. De agosto de 2006 a enero de 2013, los tipos de cambio reales, bilateral y multilateral, disminuyeron en 26.9 y 14.9%, respectivamente; y, de agosto de 2012 a enero de 2013 las caídas en los tipos de cambio reales, bilateral y multilateral, fueron de 3.1% y de 1.0%. Lo que ocurrió después no tiene nada que ver con su «nueva política» cambiaria.

El anuncio del cambio en la política monetaria de los Estados Unidos y la consecuente salida de capitales, modificó la sistemática caída del tipo de cambio real. Si no fuera por este hecho, habría que decirle a Velarde que su «nueva política» fue contraproducente. La razón es que, según el propio Velarde, no se puede ahora bajar la tasa de interés porque desde el año 2013 se registra «una presión al alza del tipo de tipo de cambio enorme». En efecto, de enero a octubre de 2013 los tipos de cambio reales, bilateral y multilateral aumentaron en 7.1% y 6.2%, respectivamente. En los meses siguientes hasta noviembre de este año, sólo aumentó el tipo de cambio bilateral (4.1%). 

A modo de conclusión


Velarde no ha aprendido la lección. Una gestión como la de él, que no fue capaz de impedir la dolarización de los créditos y que dejó caer el tipo de cambio real, es ineficiente. Ante el nuevo contexto monetario internacional reacciona tarde y preocupado por los efectos de lo que dejó de hacer.




Publicado en el Diario UNO, el sábado 13 de diciembre.

Saturday, December 06, 2014

Los riesgos e inconsistencias en los paquetes del MEF

Luis Miguel Castilla dejó la economía en piloto automático. Lo asumió cuando comenzaba el enfriamiento y no hizo nada para superarlo. Después de la crisis de 2008-2009, Castilla frenó la inversión pública, en lugar de aumentarla y reorientarla para estimular la inversión privada en los sectores agrícola y manufacturero. Aparte de «prenderle velitas a China», el exministro se dedicó, desde 2013, a promover la aprobación de medidas administrativas para facilitar la inversión privada. Pero, la desaceleración de la inversión privada continuó, a pesar de sus normas de expropiaciones, de reposición de capitales, de aceleración de la entrega de certificados de inexistencia de restos arqueológicos, de creación de una ventanilla única para los EIA, de su política nacional para la calidad, de la reforma del mercado de capitales, de la eliminación de barreras burocráticas a la actividad empresarial, de la condonación de deudas tributarias de las empresas privadas, de la ampliación de los contratos de estabilidad tributaria en minería, en fin…de su mecanismo de obras por Impuestos.
 
Las medidas del ministro Segura
 
El opositor a los aumentos del salario mínimo fue reemplazo por Alonso Segura en setiembre de este año. Segura aparece luego como el promotor del cuarto y quinto paquete de medidas. A las normas administrativas que hizo aprobar Castilla y que hacen énfasis en factores de oferta, el ministro Segura le adicionó otras en la misma lógica de destrabar, desregular y generar incentivos a las inversiones privadas.
 
Además, Segura le ha agregado a los dos últimos paquetes, medidas de corto plazo contra-cíclicas, para generar una tasa de 5.5% de crecimiento en 2015. Pero, el estímulo fiscal de corto plazo propuesto en los dos últimos paquetes, es decir, el aguinaldo extraordinario, el gasto en pequeñas obras y la reducción del impuesto a la renta de los estratos bajos y medios de ingresos, bordea solo el 1% del PBI. Por lo tanto, el aumento en el ingreso disponible de las familias tendrá un reducido impacto en el consumo y en la producción interna, amén de que un porcentaje importante de este incremento se traducirá en mayores importaciones.
 
De otro lado, Segura ha propuesto para el mediano y largo plazo, medidas de oferta como el arancel cero para insumos y como la simplificación de procedimientos para la obtención de permisos y licencias, que al reducir costos y tiempo, se espera que estimulen la inversión privada. Entre estas medidas destaca la que busca agilizar los estudios de impacto ambiental (EIA) y el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos, entre otros permisos. Se pretende así reducir el plazo de estos estudios de 120 días a 30 días.
 
También ha propuesto la reducción del impuesto a la renta de los estratos de altos ingresos, haciendo más regresivo el sistema tributario y poniendo en riesgo los ingresos del estado en los próximos años. Con esta medida y la que aumenta el impuesto a los dividendos, se pretende incentivar la reinversión de las utilidades empresariales. Sin embargo, al igual que las medidas administrativas, estas últimas no constituyen, por teoría y por experiencia histórica, los determinantes de la inversión. Si el futuro para la producción y las ventas es incierto, los inversionistas no arriesgarán sus capitales. Con un motor externo apagado, la incertidumbre continúa. En estas condiciones, acrecentar las utilidades con reducciones de impuestos es una pura transferencia de recursos del Estado al sector privado.
 
La reducción de los costos laborales no salariales (como el costo de despido, el período de vacaciones, etc.) y la promoción del empleo juvenil sin derechos sociales, son otras medida por el lado de la oferta para estimular las inversiones. Pero estas medidas con contraproducentes porque debilitan simultáneamente la demanda que se quiere reactivar. La reforma neoliberal del mercado de trabajo, estancó los salarios reales y siempre ha buscado reducir los salarios para facilitar a los empleadores contratar y despedir trabajadores, afectando así la demanda en el mediano y largo plazo.
 
La dicotomía de las políticas
 
Hay una dicotomía en las políticas propuestas. A corto plazo se incide en factores de demanda y largo plazo en los factores de oferta. Esta dicotomía se sustenta en el supuesto de que el enfriamiento de la economía es solo un desvío del producto respecto a su nivel potencial. A largo plazo, es decir, para estimular el crecimiento del producto potencial, según el pensamiento neoliberal, hay que adoptar medidas por el lado de la oferta. No hay intención, entonces, de reorientar las inversiones a la generación de motores de crecimiento económico internos, como la manufactura, la agroindustria y la agricultura.
 
El énfasis en este tipo de políticas, solo acentuará la actual tendencia del crecimiento, donde los sectores que más crecen son el Comercio y algunos servicios como: Financiero y Seguros, Servicios prestados a empresas, Otros Servicios, Alojamiento y Restaurantes, etc.  En estos sectores, como se sabe, predominan los trabajadores de baja calificación y de baja productividad. Por lo tanto,  lo que se estimulará es un crecimiento que no fomenta el aumento de la productividad. Y, no hay manera de sostener el crecimiento del PBI con el crecimiento de estos sectores terciarios de baja productividad. 
 
A modo de conclusión
 
Las políticas contra-cíclicas son pertinentes, pero riesgosas en una economía cuya estructura productiva se ha hecho menos manufacturera y agrícola, y más productora de servicios de baja productividad. Las políticas contra-cíclicas, para ser exitosas, deben acompañarse de medidas específicas orientadas a cambiar el actual patrón de crecimiento y acumulación de capital.
 
 
 
Publicado en el Diario UNO, el sábado  6 de diciembre.